Carlos Acosta y Guillermo Correa
Optimista, en septiembre de 1979, Gustavo Carvajal Moreno presumía que la permanencia de su partido en el poder era “cuestión de siglos”. Tres años después, un consejo de notables priístas, entre ellos Jorge de la Vega Domínguez, calculó que el sistema necesitaba para sobrevivir, aparte del de Miguel de la Madrid, otros dos presidentes de la República.
Los integrantes del entonces Consejo Consultivo de Exdirectores del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) reflexionaban: “… la tarea del próximo sexenio será quizá la más dura, la más difícil de los tres sexenios que integran esta cadena para llegar al 2000”.
Pero nada de eso se cumplió y ahora, apenas a dos semanas de las elecciones presidenciales en que fueron derrotados, entre los jerarcas priístas todo es preocupación.
Y ante la angustia de ver a un partido sumido en la peor crisis de su historia, Dulce María Sauri Riancho convocó, el martes 11, a todos los exdirigentes del PRI para construir un mecanismo de “gobernabilidad interna” que frene las confrontaciones y divisiones internas.
Sólo que los supuestos salvadores, son los mismos que, paulatinamente, en sus distintos liderazgos, hundieron al PRI.
A los convocados se les recuerda sobre todo por los escándalos que han protagonizado; sus dirigencias sumisas y siempre dispuestas al halago presidencial; los enfrentamientos y escisiones que provocaron; su alianza con la tecnocracia.
Así, el rescate del PRI parece una misión imposible para los 17 exdirigentes priístas vivos. Ellos son: Alfonso Corona del Rosal y Alfonso Martínez Domínguez, que se encuentran enfermos; Gustavo Carvajal Moreno, Pedro Ojeda Paullada, Adolfo Lugo Verduzco, Jorge de la Vega Domínguez, Genaro Borrego, Ignacio Pichardo Pegaza, Fernando Ortiz Arana, Santiago Oñate, Humberto Roque Villanueva, María de los Ángeles Moreno, Mariano Palacios Alcocer, José Antonio González Fernández y Dulce María Sauri.
En 1968 dirigía al PRI el regiomontano Alfonso Martínez Domínguez, quien acusó a los estudiantes de la UNAM de “reaccionarios” y haber tratado de “destruir nuestras instituciones y de provocar el caos y la anarquía”. Sostenía que “los hijos de los ricos sí están estudiando en las escuelas particulares y hasta en el extranjero; ellos no están perdiendo el tiempo, y si los hijos de los campesinos, de los obreros y de la clase media popular desperdician las escuelas superiores, el porvenir no será gobernado por los hijos del pueblo”.
Aunque participó poco en la campaña presidencial de Luis Echeverría Álvarez, éste lo nombró jefe del Departamento del Distrito Federal, pero lo despidió haciéndolo responsable de los hechos sangrientos del 10 de junio de 1971. Actualmente tiene 78 años de edad.
Gustavo Carvajal Moreno fue de los primeros en declarar después del 2 de julio que el presidente de la República debería dejar de tener injerencia en el PRI. El político veracruzano olvidó que llegó a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI gracias al “dedazo” del presidente José López Portillo, quien lo hizo líder de 1979 a 1981. Se le recuerda, entre otras cosas, por haber atacado a los priístas que simpatizaban con el expresidente Echeverría, los que, dijo, fueron “besados por el diablo”. Después prometió que el PRI volvería a ser “un partido de demandas, de banderas”. Organizador de la Décima Asamblea Nacional, sostuvo: el PRI “se renovará y actualizará para que siga en el poder hasta el siglo XXI”.
Pedro Ojeda Paullada dirigió al PRI de 1981 a 1982 y como “premio” fue designado posteriormente secretario de Pesca, no sin antes haber sido Procurador General de la República, secretario del Trabajo y hasta aspirante presidencial. Ejemplo de institucionalidad y disciplina, sólo se limitó a cumplir los protocolos que le exigía la campaña electoral de Miguel de la Madrid.
Con Adolfo Lugo Verduzco en nada cambió la actitud de los dirigentes priístas. Exjugador de las reservas del América, amante de la fiesta brava y miembro de una familia de caciques del estado de Hidalgo, presidió al PRI de 1982 a 1986 y aseguraba que “jamás” el partido se caería y que “el PRI siempre estará en alto”.
Impuesto por Miguel de la Madrid como líder del partido, Jorge de la Vega Domínguez fue el encargado de coordinar el teatro sucesorio del que resultó triunfante -de entre seis “notables priístas”- Carlos Salinas de Gortari como candidato del PRI a la Presidencia. En medio de ese proceso debió enfrentar la primera gran ruptura interna del partido, con la creación de la Corriente Democrática que encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
La salida de esos connotados priístas, minimizada por la dirigencia, cobró su verdadera dimensión en las elecciones de 1988 cuando, bajo las siglas del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas estuvo a punto de ganar la Presidencia de la República.
Genaro Borrego Estrada respondió con poca eficacia, pero con mucha adulación al presidente Carlos Salinas, la encomienda de encabezar al partido. De su anunciada “refundación estructural” del PRI sólo quedaron los buenos deseos. Los conflictos electorales de Michoacán y San Luis Potosí opacaron su gestión y le hicieron acreedor a las más duras críticas de los propios priístas.
Al relevo llegó Fernando Ortiz Arana, al que le correspondió presidir el partido durante la campaña electoral de Luis Donaldo Colosio. Después del asesinato de Colosio, surgió una corriente para impulsar la candidatura de Ortiz Arana, que fue derrotada finalmente por la decisión del presidente Salinas de imponer a Ernesto Zedillo. Meses más tarde, como premio de consolación, fue candidato del PRI a la gubernatura de Querétaro, pero lo venció el panista Ignacio Loyola.
Ignacio Pichardo Pagaza fue llamado a dirigir al PRI para “recuperar la estabilidad interna del partido” y garantizar el triunfo de Zedillo. Poco pudo hacer por lo primero. En lo segundo en casi nada logró intervenir: el voto del miedo dio una abultada mayoría de votos a Zedillo, en agosto de 1994. Pichardo pasó sin pena ni gloria en la dirigencia nacional del PRI, según sus propios correligionarios. Cuando se produjo el asesinato, en noviembre de ese año, de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido, sobre Pichardo y otros distinguidos priístas -María de los Ángeles Moreno, Huberto Benítez Treviño- se volcaron los reflectores: Mario Ruiz Massieu, hermano de aquél, los acusó públicamente de encubrir y obstaculizar la investigación del crimen.
Las primeras derrotas
Fueron pocos los días de sosiego de María de los Ángeles Moreno como presidenta del PRI. Ernesto Zedillo, contra su anunciada “sana distancia”, dispuso que desde el 3 de diciembre de 1994 dirigiera al priísmo nacional. El brutal ajuste económico que dispuso Zedillo para enfrentar la más grave crisis financiera del país, propició la también más grande irritación popular en contra del PRI. El aumento de 50% al Impuesto al Valor Agregado y el inicio del generoso rescate de los bancos -ambos aprobadas en la Cámara de Diputados, a regañadientes, por los priístas, que aún tenían mayoría-, junto con la quiebra de miles de empresas y el desempleo de millones de mexicanos, enfrentaron al PRI de María de los Ángeles Moreno con un creciente descontento de la sociedad.
Por ello sufrió espectaculares derrotas en Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, donde perdió ese año la gubernatura en las dos primeras entidades y la capital del estado en la tercera. Zedillo, decidió entonces que dejara la presidencia del partido.
Santiago Oñate la sustituyó y llegó con el ánimo de fortalecer y democratizar al PRI por órdenes expresas del presidente de la República. Su propósito fue hacer de los dirigentes del partido “verdaderos líderes y no simples empleados del presidente o de los gobernadores”. Se topó, sin embargo, con un PRI dividido, cuestionado dentro y fuera, y enfrentado ya a una fuerte irritación social por la crisis económica. Dos meses después de asumir la presidencia, Oñate sufrió la desbandada de personalidades del partido, que lo abandonaron por, según ellos, falta de democracia interna, la subordinación extrema a los designios presidenciales y, sobre todo, “el abandono de los principios que le dieron origen”.
El primero en salir fue Manuel Camacho. Le siguieron el diputado Alejandro Rojas Díaz Durán, el exgobernador de Veracruz Dante Delgado, la senadora Layda Sansores y la diputada Virginia Betanzos.
El relativo éxito de Oñate en la XVII Asamblea Nacional -donde se definieron los “candados” para impedir que militantes sin experiencia en cargos de elección popular, o en la estructura del partido, pudieran ser candidatos a la Presidencia de la República- se vio diluido por las derrotas electorales en varios municipios de Guerrero, Estado de México, Coahuila e Hidalgo, en 1996.
El principio del fin
Y llegó entonces Humberto Roque Villanueva. Contra el encono popular y el rechazo de muchos priístas, Roque Villanueva -como coordinador de la fracción priísta- había logrado que la Cámara de Diputados aprobara el polémico aumento al IVA, lo que celebró con su famoso gesto, la roqueseñal. Pero el festejo se acabó en 1997, con la derrota histórica del PRI en el Distrito Federal y la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados. Y tuvo que irse.
Le tocó recoger los escombros a Mariano Palacios Alcocer, quien también poco pudo hacer porque desde finales de 1997, luego de que el presidente Zedillo anunció que no designaría a su sucesor, se desató una tempranera y abierta lucha por la candidatura presidencial. Prácticamente durante todo 1998, Palacios Alcocer se dedicó a frenar a los desbocados: Se adelantaron Manuel Bartlett y Roberto Madrazo. Pero tampoco ocultaron sus esperanzas Humberto Roque Villanueva, José Ángel Gurría, Miguel Alemán, Esteban Moctezuma y, aun, Francisco Labastida Ochoa.
“Todos deben calmarse”, suplicaba” Palacios Alcocer. Los llamaba a la cordura y a concentrarse en los procesos electorales, estatales, en puerta. Y vaya que si tenía tarea el PRI. En el año habría elecciones para gobernador en 10 estados, y el PRI perdió las de Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur.
A José Antonio González Fernández le correspondió hacer frente a la desatada lucha por la sucesión, en su parte más candente. Cinco aspirantes -Bartlett, Madrazo, Roque, Labastida y Moctezuma, que al final declinó y se sumó a la candidatura del cuarto-, cada uno con sus simpatizantes, dificultaban la anhelada cohesión del partido. González Fernández fue el encargado de establecer las reglas para la contienda interna, de la cual surgiría el candidato presidencial del PRI.
Rebasado, por momentos, por el fuerte enfrentamiento, sobre todo en los medios, entre Madrazo y Labastida, pudo finalmente sacar adelante la elección interna, de la cual resultó ganador el segundo. Terminada su tarea, fue nombrado secretario de Salubridad, y sustituido por Dulce María Sauri, que pasará a la historia como la dirigente que permitió la derrota del 2 de julio.
Ahora la misión de los exlíderes priístas será hallar los “mecanismos que garanticen el fortalecimiento de la vida democrática interna y la elección de una dirigencia nacional futura”, la cual deberá convocar, tomándose los tiempos que sean necesarios, a la realización de la XVIII Asamblea nacional.
Pero la tarea no es nada fácil, porque, simultáneamente, los 21 gobernadores priístas -promovidos principalmente por Roberto Madrazo y José Murat, de Tabasco y Oaxaca, respectivamente- se unieron para arrebatarle el control del PRI al presidente de la República, empezando por renovar a todo el Consejo Político Nacional.
