Carlos Acosta Córdova y Guillermo Correa
Con la mano en la cintura, y aprovechando “ahorros presupuestarios” de dependencias públicas -que al 31de marzo llegaron a 5 mil 544 millones de pesos-, el gobierno federal destinará una partida, sin conocimiento aún del Congreso, para apoyar a Vicente Fox y a su equipo en los gastos en que incurrirá en adelante y hasta el día de la transmisión de poderes.
El anuncio lo hizo el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Santiago Levy, el mismo que el viernes 14 fue demandado ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) por la Coordinadora Nacional de los Consejos Comunitarios de Abasto (CCA), por negarse sistemáticamente a otorgar a la Distribuidora Conasupo (Diconsa) el presupuesto que le fue aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado, lo que ha puesto al borde la sobrevivencia, por la falta de alimentos, a más de 30 millones de mexicanos, principalmente indígenas y campesinos.
En seis meses y medio que van del año, sólo 50 millones de los 716 millones de pesos aprobados -ni 7%, pues- han llegado a la paraestatal, que distribuye productos básicos a quienes se encuentran en las zonas de pobreza y pobreza extrema, a través de una red de 33 sucursales, 30 almacenes centrales, 294 almacenes rurales y 23 mil 304 tiendas propiedad de los Consejos Comunitarios de Abasto.
En escrito dirigido a Arsenio Farell Cubillas, titular de Secodam, los representantes de los CCA -Franco Torres Blancas, Valentín Zapata Pérez, Carlos Euan Xool, Candelario Arias Meza, Fernando González Aguayo, María José Arellano Castán y Leobardo García Hernández- denuncian a Santiago Levy por su persistente negativa a entregar los recursos públicos a Diconsa y solicitan la intervención del secretario para que el funcionario de Hacienda “con estricto apego a derecho, sea destituido inmediatamente del cargo que ocupa por incurrir en faltas graves a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por afectar con su actuación el patrimonio público y el funcionamiento de las instituciones como es el caso de Diconsa S.A. de C.V.”.
En su alegato, los dirigentes de los CCA señalan que Levy, “mediante prácticas dilatorias y sin justificación alguna, ha retrasado las ministraciones de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2000, en un franco desacato al mandato del Poder Legislativo”.
En entrevista con este semanario, el viernes, Franco Torres, Fernando González y Leobardo García, explican que desde septiembre pasado -cuando Hacienda amenazó con cerrar las tiendas de Diconsa en poblaciones mayores de 4 mil habitantes y en las que ya opera el Progresa- han hecho uno y otro intento, todos infructuosos, por entrevistarse con Santiago Levy. “Nunca nos ha querido recibir”, se quejan.
En los últimos meses del año pasado, prácticamente se apostaron en la Cámara de Diputados y debieron recurrir a cada una de las fracciones parlamentarias de todos los partidos representados en aquélla, lo mismo para evitar el cierre de las tiendas como para solicitar un incremento en el presupuesto de Diconsa para el año 2000, que Hacienda quería fuera el mismo que el asignado en 1999.
Lograron ser escuchados por los partidos más fuertes. Las tiendas no se cerrarán y el presupuesto se amplió. Pero los recursos siguen sin llegar.
Más adelante, en mayo, recurrieron a Carlos Rojas Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Social y, en esas fechas, candidato del PRI al Senado de la República. En plena campaña, Rojas los atendió. Documentos entregados a los reporteros por los representantes dan cuenta de que a finales de ese mes, Rojas envió al secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, un escrito en el que detalla las severas consecuencias por la no entrega de los dineros aprobados.
El retraso de los recursos fiscales, dice Rojas, “ha propiciado la falta de capital de trabajo”, que a su vez se traduce en una dramática caída en el abasto. Los productos básicos, pues, no llegan a las tiendas. Además, por una “excesiva normatividad burocrática”, las tiendas que operan los Consejos Comunitarios están obligados a vender el maíz a precios por arriba de los que prevalecen en el mercado. Ambos hechos, dice, han propiciado una drástica caída en las ventas.
Por otra parte, agrega Rojas en su carta al secretario de Hacienda, el sistema de abasto también enfrenta problemas de eficiencia por la obsolescencia del parque vehicular que se utiliza para el transporte de los vehículos: la mayor parte de los vehículos fue adquirido hace más de 20 años.
En conjunto, todos esos hechos, dice Rojas, “han colocado al sistema de abasto social en una situación crítica que, de no corregirse, podría agudizarse en los próximos meses afectando la economía y la alimentación de millones de familias en condiciones de pobreza, además de poner en riesgo la viabilidad de una institución pública como Diconsa”.
Termina su carta a Gurría: “Me parece inadmisible que por criterios de supuesta eficiencia burocrática se posponga la atención a las necesidades de más de 30 millones de mexicanos. Como si la alimentación y el abasto no fueran un asunto estratégico nacional. Estará usted de acuerdo en que es indispensable otorgarle la importancia debida a los programas sociales, como el que nos ocupa, más allá de valoraciones técnicas o de carácter político”.
Quince días después respondió José Ángel Gurría al candidato a senador Carlos Rojas, que el gobierno tiene como alta prioridad la atención de los más pobres del país; que Diconsa es para el gobierno un mecanismo de garantía de abasto en las localidades rurales marginadas, por lo que es falso que vayan a desaparecer tiendas; que no es cierto que no hayan llegado los recursos aprobados: “a la fecha se le han autorizado a Diconsa acuerdos de ministración por más de 170 millones de pesos para facilitar la adquisición de productos básicos”; que en los tres últimos años Diconsa ha actualizado su parque vehicular en más de 400 unidades, principalmente las destinadas a la distribución de productos; que no es cierto que las ventas de maíz y frijol hayan caído dramáticamente, y finalmente, que también es falso que los precios de Diconsa sean mayores a los del mercado: el del maíz está 20% abajo del precio nacional, el del frijol en 22% y el de la harina de maíz en 25% abajo del precio de mercado.
Casi un mes después, el 13 de julio, Rojas envió su réplica a Gurría. Con datos, cifras y comentarios textuales del director general de Diconsa, Juan Francisco Mora Anaya -recogidos de su informe ante el Consejo de Administración de la paraestatal-, desmiente a Gurría. En síntesis, de acuerdo con ese informe oficial: en seis meses no ha llegado un centavo del presupuesto aprobado para Diconsa; las ventas en el primer trimestre fueron menores en 10.5% a las del mismo período del año anterior; por la falta de liquidez causada por la no entrega de recursos, Diconsa está sobrendeudada con sus proveedores; respecto del desplazamiento de productos, el volumen de maíz fue 30.2% menor respecto al año anterior, y el desplazamiento de frijol disminuyó en 28.8%.
Por las diferencias entre las afirmaciones de Gurría y las contenidas en el informe al Consejo de Administración de Diconsa, Rojas le dice al secretario: “alguien está faltando a la verdad”.
En la entrevista con el semanario, los dirigentes de los Consejos Comunitarios de Abasto advirtieron que el desabasto de los productos básicos en las zonas marginadas pone al país en riesgo de un estallido social generalizado, porque “con el hambre del pueblo no se juega, y es poco menos de una tercera parte de la población la agredida con la falta de recursos para Diconsa”.
Dieron cuenta también de que en gran medida el PRI perdió las pasadas elecciones por las políticas “insensibles, de desprecio a los más pobres, impuestas por tecnócratas de la talla de Santiago Levy”.
