Desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, tortura, impunidad, militarización, fallas recurrentes en la procuración y administración de justicia, “falta de voluntad política”, nula o casi nula respuesta a las recomendaciones y observaciones hechas a México por los diversos mecanismos intergubernamentales de derechos humanos, y muchas otras agravantes que hablan de una “situación de crisis”, son la “herencia” en materia de derechos humanos del gobierno de Ernesto Zedillo a Vicente Fox.
Las denuncias públicas tanto de organismos civiles no gubernamentales como de organizaciones internacionales promotoras de los derechos humanos, coinciden en que la “herencia” arrastra “graves y dolorosas violaciones” en contra de los sectores marginados de la población, particularmente los indígenas.
Y agregan que la participación de agentes militares y de la Policía Judicial en la mayoría de los hechos violatorios denunciados, aunado a una alta incidencia de violaciones en la procuración y administración de justicia, engloban un marco de impunidad que, hasta ahora, han impedido el avance mínimo necesario en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
La “herencia”, en materia de derechos humanos, es sumamente grave, dice el sacerdote jesuita Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”.
Afirma que en los últimos años, nacional e internacionalmente, se han señalado puntualmente los ámbitos de la problemática fundamental de violación de los derechos humanos, generada en la mayor parte de los casos por la militarización excesiva.
“La presencia militar está prácticamente extendida por todo el país; se acentúa en las regiones más deprimidas. Su presencia no sólo atenta contra una sana convivencia ciudadana, sino que significa una fuerte alteración del estilo de vida comunitario. Y, sin embargo, la política del gobierno mexicano ha sido ignorar una realidad que a todos lastima.”
Para doña Rosario Ibarra de Piedra, la herencia, a la que prefiere definir como “deuda”, no sólo es grave, sino enorme:
“Deudas y deudas de justicia; deudas y deudas de vidas; deudas y deudas de prisiones, de tortura, de violaciones sistemáticas a las garantías más elementales, de todo.”
Considera que eso es producto de un “sistema putrefacto, decadente, en franca debacle. Son los residuos de un gobierno y un partido en extinción, que durante 71 años encabezó, alentó, promovió y solapó todo tipo de tropelías”.
Sin embargo, advierte que mientras Ernesto Zedillo esté al frente del gobierno, a él estarán dirigidas sus demandas:
“Mientras Zedillo esté al frente de las fuerzas armadas, mientras sea el presidente de México, a él le exigiremos la libertad y presentación de los desaparecidos, el cese de la represión, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.”
La “mugre” del sistema
Preocupada porque el tema de los derechos humanos quedó fuera de los discursos y compromisos de los candidatos a la Presidencia de la República, incluido Vicente Fox, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, que aglutina a 52 organizaciones no gubernamentales, elaboró una “Agenda Mínima de Justicia y Derechos Humanos”.
El documento, de 20 cuartillas, que le fue entregado a Vicente Fox en propia mano el viernes anterior a las elecciones, resume en siete puntos los referentes mínimos necesarios que permitan apuntalar una estructura de defensa de los derechos humanos y evitar con ello las grandes violaciones.
“Tortura, ejecuciones, desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas, expulsiones, discriminación, impunidad, son violaciones a los derechos humanos propias de un régimen autoritario y militar; sin embargo, en México, país que se dice en transición a la democracia, ocurren cotidianamente”, subraya.
Sostiene que la democracia no es una cuestión solamente de elecciones. “La democracia es un sistema basado en el respeto a los derechos humanos. Sin garantías individuales no hay seguridad, así como sin derechos humanos no hay democracia”.
En el ámbito internacional, la posición del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) no deja lugar a dudas sobre la magnitud de la “herencia” de un gobierno a otro en materia de derechos humanos:
“Desapariciones forzadas, tortura; ejecuciones extrajudiciales; violaciones al debido proceso y a la libertad de expresión; retardo injustificado de justicia equivalente a su negación, o bien, aplicación de la jurisdicción militar cuando las víctimas son civiles.”
Según el organismo internacional, un dato relevante es que en la mayoría de los casos las víctimas son indígenas o sectores marginados de la población civil para quienes los derechos políticos y civiles les han sido sistemáticamente negados.
Durante años, al lado de las organizaciones mexicanas, CEJIL ha identificado diferentes patrones de actuación de los agentes del Estado mexicano, “generadores de reiteradas, graves y dolorosas violaciones a los derechos humanos”. Y ante el resultado de las elecciones, señala:
“Entendemos que los mexicanos con su voto aceptaron la oferta del presidente electo, consistente en un gobierno incluyente, democrático, respetuoso de los derechos humanos.”
Advierte: “Las políticas del nuevo gobierno deben ser claras y consistentes con su oferta, con el fin de responder los desafíos a los cuales se enfrenta”.
Según CEJIL, la constante es la participación de agentes militares y de la policía judicial en los hechos violatorios y una alta incidencia de violaciones en el ámbito de la procuración e impartición de justicia.
El director del Prodh, Edgar Cortez, dice a Proceso que el triunfo de Vicente Fox, sin duda, abre la posibilidad de que se concreten algunos de los cambios que de tiempo atrás los organismos de derechos humanos han demandado.
“En principio, se podría concretar el proceso de reforma de fondo del sistema de procuración e impartición de justicia, dada la nueva integración de las cámaras. Base fundamental será el alcanzar la plena independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, entre otros muchos aspectos.”
Destaca las recomendaciones y observaciones hechas a México por los diversos organismos intergubernamentales de derechos humanos, en muchos casos incumplidas.
En cambio, para doña Rosario Ibarra de Piedra, la llegada de Fox a la Presidencia es “la peor desgracia que nos podía haber ocurrido, y más sí se parte de su estrecha amistad con Carlos Salinas y de una relación simbiótica muy fea, aun cuando el PRI y el PAN son partidos diferentes.
“Nosotros correteamos la libre y él la alcanzó. Y la alcanzó gracias a todos. A Madera, Chihuahua; al 68 y al 71; a los maestros y a los ferrocarrileros; a todos los muertos del PRD, a todo lo que ha pasado en este país. No se vale.”
Y arremete: “Desde ahora le podemos adelantar que si Zedillo no resuelve, la obligación será de él; que no se le olvide que está heredando no sólo el aparato político y lo que significa el ser gobierno. También está heredando el excremento, la mugre, las cárceles, todo, todo, todo lo que está en descomposición”.
Por tanto, advierte, como heredero de un sistema “podrido y corrupto”, Fox tiene la obligación de cambiarlo. “Pero si quiere seguir igual, pues allá él, porque se va tener que enfrentar a nosotros”.
Doña Rosario cuenta que, según su experiencia con los gobiernos panistas en algunos estados, son “de una cerrazón tremenda” y de un “oscurantismo que qué barbaridad”.
Observa con escepticismo el discurso conciliador adoptado por Fox tras ganar las elecciones. “Habla de que quiere que gobiernen todos juntos con él. No quiero descalificarlo, pero vamos a ver sí es cierto”.
-¿Cómo ciudadana, qué le pediría al próximo presidente?
-No le pido nada. Le exijo. Exijo que cuando llegue al poder abra las cárceles clandestinas, porque será el jefe supremo de las fuerzas armadas. Que si no las abre Zedillo antes de irse, que las abra él. Que castigue a los responsables, si es que verdaderamente esa lucha, como él dijo, esa lucha perseverante de Rosario Ibarra por los desaparecidos, verdaderamente significa algo en su conciencia o fue una frase más para llegar al corazón del pueblo para ganar.
“Ver para creer”
En materia de derechos humanos, señala el sacerdote Edgar Cortez, los plazos ya no se pueden alargar. “Son muchas las cosas por hacer que ya no pueden esperar”.
En principio, apunta, “urge una revisión inmediata de los instrumentos internacionales de derechos humanos que el gobierno no ha reconocido o sobre los que hay reserva; acelerar la firma del convenio de Asistencia Técnica de Naciones Unidas y el gobierno mexicano, propuesto por la Alta Comisionada Mary Robinson, buscando que el convenio no quede sólo en el ámbito federal, sino que abarque los niveles estatales y municipales; en el corto y mediano plazo, quedaría la reestructuración en los órganos de procuración y administración de justicia, buscando su independencia del Poder Ejecutivo, y la reforma a fondo del Poder Judicial”.
Sin duda, añade, “un tema en materia de derechos humanos que ya no puede esperar es el referente a Chiapas y a los derechos de los pueblos indígenas. Vicente Fox decía que en 15 minutos lo resolvía. Honestamente, yo lo dudo y creo que todo el mundo lo duda. Pero me parece importante que se asuma la necesidad de un nuevo cauce al diálogo. Sin embargo, el primer paso debería ser el reconocer los Acuerdos de San Andrés”.
Considera que lo importante “es que no se caiga en los mismos vicios y se piense que el problema de Chiapas y de los pueblos indígenas se soluciona con un encuentro cúpular entre el presidente electo y el subcomandante Marcos. No importa que no sean 15 minutos. Es preferible que sea en más tiempo. Lo importante es resolver las demandas sociales de los pueblos indígenas en materia de trabajo, tierra, educación, vivienda y respeto a sus costumbres y cultura”.
Doña Rosario Ibarra de Piedra, la incasable luchadora social a la que Vicente Fox se refirió durante el segundo debate con los candidatos presidenciales, dice que le tiene miedo a los 15 minutos que el candidato triunfante afirmó que utilizaría para arreglar lo de Chiapas.
“Qué va a hacer en 15 minutos. Lo primero que tiene que hacer es aprobar que se cumplan los acuerdos de San Andrés. Zedillo había empeñado su palabra y ya sólo le quedan cinco meses. Si no cumple, pues le corresponderá a él (a Fox). Órale, que se cumpla. Yo, como Santo Tomás”, dice escéptica.
La Doña, como cariñosamente le dicen, confiesa que está harta: “Estoy harta de palabras; estoy harta de palabras huecas; estoy harta de falsas promesas, de promesas incumplidas. Estoy harta de demagogia y de mentira, y si vamos a tener más de lo mismo, pues con nosotros se van a enfrentar”.
La herencia que deja Zedillo, que deja el gobierno priísta, reconoce que es enorme y Fox “la recogerá. Él dice que lo va a enmendar. Pues vamos a ver que tan quijotesco nos resulta”.
Y reitera: “Yo en este momento sólo invoco a Santo Tomás: ver para creer”.
