Lucía Luna
Por primera vez en los 40 años de la posguerra las potencias occidentales han planteado con posibilidades serias de aplicación la discusión de sanciones económicas para presionar al gobierno racista de Sudáfrica a eliminar definitivamente el régimen del apartheid.
El 24 de julio, el gobierno de Francois Mitterrand convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para demandar el levantamiento del estado de emergencia en Sudáfrica, condenar el régimen del apartheid, pedir la libertad del líder negro opositor Nelson Mandela y otros presos políticos y solicitar el cese de diversas transacciones comerciales y financieras con el gobierno de Pretoria. Francia –expotencia colonial que todavía conserva fuertes intereses en Africa– decidió, asimismo, retirar a su embajador en la capital sudafricana y suspender todas sus futuras inversiones en protesta por la violenta represión que el régimen segregacionista ha desatado para contener el creciente descontento de la población negra.
Después de dos días de acres discusiones en el seno mismo del Consejo de Seguridad, dado que Estados Unidos y Gran Bretaña se opusieron desde un principio a la iniciativa –aunque finalmente decidieron abstenerse de votar–, el organismo de la ONU aprobó las siguientes sanciones económicas limitadas contra Sudáfrica: –suspender todas las inversiones; prohibir cualquier nuevo contrato en el campo nuclear; prohibir todas las ventas de computadoras y sistemas de comunicación que puedan ser utilizados por las fuerzas armadas o la policía.
La iniciativa de amenazar a Pretoria con sanciones económicas obligatorias en caso de que no cumpla con las disposiciones de la ONU fue vetada por Washington y Londres. Sin embargo, cinco días después, los países de la Comunidad Económica Europea decidieron retirar a sus embajadores de Sudáfrica para elaborar medidas comunitarias conjuntas que, advirtieron, serían puestas en práctica en caso de que el gobierno de Pieter Botha no levante el estado de emergencia y cese de la represión.
En Estados Unidos, la creciente indignación de la opinión pública ante la violencia del gobierno sudafricano contra la mayoría negra ha caldeado el debate sobre una iniciativa de ley que prevé sanciones similares a las aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Dicha iniciativa ya fue aprobada por 380 votos contra 48 en la Cámara de Representantes, donde prevalece la mayoría demócrata, pero fue detenida en el Senado, donde prevalece el voto republicano. Falta además que en septiembre Ronald Reagan de el veredicto final y el presidente norteamericano ha repetido abiertamente su propósito de mantener su política de “compromiso constructivo” y evitar cualquier medida drástica contra Pretoria.
La idea del gobierno norteamericano –que ha chocado repetidamente con las posiciones del Congreso y hasta del Pentágono– es promover cambios en el sistema institucionalizado del apartheid mediante la colaboración y no la confrontación. “No podemos tener influencia en el pueblo si lo tratamos como leprosos morales, cuando ellos mismos están empezando a apuntarse en la agenda del cambio”, explicó el secretario de Estado George Shultz y agregó que a pesar de que la segregación racial es “moralmente indefinible” la de Sudáfrica “no es una sociedad cercana al totalitarismo en la cual el gobierno controla todos los aspectos de la vida. todos los medios de comunicación y todas las vías de pensamiento”.
De hecho, los dos grandes argumentos no sólo de Estados Unidos, sino de todas las potencias occidentales para continuar su apoyo a Sudáfrica han sido que las inversiones extranjeras ayudan con trabajo y mejores condiciones de vida a la población negra y que la alianza política impide el avance del comunismo en Africa Austral. Esto ha convertido a Sudáfrica, según especialistas de la ONU en un “gendarme regional, apoyado por una intrincada trama de gobiernos, empresas trasnacionales y bancos occidentales”.
Un claro ejemplo de ello fue en noviembre del año pasado, cuando a pesar de la oposición del Tercer Mundo los votos de Canadá, Estados Unidos y la mayoría de las naciones europeas occidentales aseguraron para Sudáfrica la aprobación de un crédito de 1,100 millones de dólares para “obras de desarrollo”, cuando posteriormente se comprobó que la mayor parte fue destinada a fortalecer el aparato militar y represivo que las mismas potencias occidentales ahora tanto critican.
Por su parte, las trasnacionales en Sudáfrica como en todo el mundo, se han convertido en un Estado más allá del Estado. Según datos que proporciona el propio gobierno de Sudáfrica como incentivo para invertir en el país, actualmente operan en territorio sudafricano 1,200 empresas británicas, 375 norteamericanas y 350 de la República Federal Alemana, sin contar por supuesto cifras menores de empresas suizas, holandesas, belgas, italianas, etcétera.
Las principales inversiones se han realizado, además, en las áreas industriales de “punta” como son la petroquímica, la electrónica y la informática, así como también en la rama automovilística y de extracción de minerales. Como bien se sabe, Sudáfrica es el principal productor de oro y diamantes en el mundo y cuenta además con minerales estratégicos tan importantes como el uranio y el carbón.
Según refiere la revista Cuadernos del Tercer Mundo en su número especial dedicado a Sudáfrica, el régimen del apartheid presume de que “si Europa pierde a Sudáfrica como fuente de materias primas estratégicas, sólo la Unión Soviética estaría en condiciones de sustituirla…” Algunos ejemplos: con el 12% de la producción mundial de uranio, las exportaciones sudafricanas cubren el 40% de las necesidades de consumo de la República Federal de Alemania y 50% de las de Gran Bretaña. El cromo (26% de la producción mundial) satisface en 49% los requerimientos de la CEE (60% de la RFA, 63% de Gran Bretaña y 99% de Holanda) y el carbón, con sólo 2% de la producción mundial, suministra 19% de las importaciones de la CEE (22% RFA y 18% Francia). En conjunto, 80% de las exportaciones de minerales y productos agrícolas de Sudáfrica tienen como destino la Comunidad Económica Europea.
Todo este enorme potencial económico que despierta la codicia y amarra la dependencia ha forjado la malla de intereses que entrelaza a empresas, bancos y gobiernos en unánimes condenas verbales contra el apartheid, pero que hasta ahora nunca ha logrado traducirse en medidas prácticas de presión para abolir el régimen segregacionista. Por el contrario, puede afirmase que todas estas entidades tienen intereses “secretos” en que prevalece la discriminación racial que les asegura mano de obra barata, grandes ganancias y el control político de la zona.
Ello explica también la inefectividad de las resoluciones “aprobadas por mayoría” en las Naciones Unidas. Hasta el momento dos han sido los embargos aprobados por la ONU contra Sudáfrica por su política de segregación racial: uno voluntario que exhorta a los Estados miembros a cortar lazos económicos y comerciales; el segundo, obligatorio, prohibe la venta de equipo militar y la asistencia técnica logística.
Del primer embargo ni hablar; prácticamente nadie –de los aliados de Sudáfrica se entiende– ha cumplido el “compromiso voluntario”. En el segundo, todos han violado el acuerdo “obligatorio”. Por el contrario, el embargo de armas sirvió para convertir a Sudáfrica en una potencia de la producción bélica mundial.
En realidad, antes de que se decretara el embargo el gobierno de Pretoria ya se había asegurado de la asistencia militar técnica necesaria de sus aliados occidentales de siempre y algunos más como Israel y Taiwán. Después del embargo, gobiernos y empresas trasnacionales se las arreglaron para continuar con el envío de equipos bélicos a Sudáfrica bajo rubros comerciales tan tramposos como “uso impreciso” o de uso “no enteramente militar”. Aprovechó también el gobierno sudafricano para importar los bienes de producción necesarios para montar su propia industria bélica y, a principios de este año, anunció triunfante que ya estaba próximo a lograr su autoabastecimiento en la fabricación de aviones de combate, misiles, buques de guerra, tanques y artillería. Es decir, en casi todo. Los sistemas electrónicos y de comunicaciones se importan fácilmente.
Algo similar ha sucedido con el embargo petrolero decretado en 1977. Pese a que en este caso la mayoría de los países productores del crudo se ha opuesto efectivamente a establecer transacciones comerciales con Pretoria, las empresas trasnacionales y las compañías tanqueras que controlan todavía la mayor parte del mercado petrolero mundial han continuado asegurando el suministro de petróleo a Sudáfrica. Inclusive, se sabe que buques petroleros cambian de nombre, de bandera y hasta de carga en altamar para evadir el posible control de los países productores. La propuesta del Congreso Nacional Africano de establecer un centro de monitoreo de los buques-tanque que se desplazan hacia Sudáfrica fue rechazada por los países industrializados con el argumento de que constituía un asunto político que competía a la Asamblea General de la ONU. Ahí fue vetada. Un estudio de la empresa holandesa “Shipping Research Bureau” destaca, empero, que si bien el gobierno sudafricano pudo adquirir petróleo, tuvo que pagar por él un alto precio económico y político y actuar a través de una elaborada y costosa red secreta, lo que permite suponer que, con un poco más de control, violar el embargo podría resultar inaceptable para todas las partes.
Tal podría ser el caso si se llegaran a hacer efectivas algunas de las sanciones que actualmente se encuentran en discusión. Aunque tampoco cabe albergar demasiadas esperanzas. Según los analistas políticos, más que una verdadera preocupación de los aliados occidentales de Sudáfrica por que se suprima el régimen del apartheid, lo que subyace en su aparente cambio de posiciones es que la recesión y la creciente agitación social hacen peligrar sus antes seguros intereses.
Pese a sus ventajas económicas, el sostenimiento del régimen segregacionista ha resultado sumamente oneroso para el gobierno de Pretoria. El oro, que en 1980 alcanzó un precio récord de 800 dólares la onza, se ha desplomado a 335. La moneda (el rand) ha ido depreciándose y las tasas de interés se elevaron al 25% lo que determinó que este año el número de quiebras aumentara en 100% en relación con el año anterior. La inflación llegó a 14% y la demanda bajó 6.8%. Los despidos de las fábricas han sido masivos y el desempleo se calcula en algunas regiones en 66%.
Los primeros en reaccionar ante esta situación han sido los bancos y las empresas estadunidenses, que de inmediato anunciaron la reducción de préstamos e inversiones. El capital norteamericano invertido en Sudáfrica disminuyó en los últimos años de 2,600 a 2,200 millones de dólares y algunas empresas como la Ford Motor Company han disminuido casi al mínimo su personal y sus operaciones. La mayoría de las empresas estadunidenses piensa no obstante continuar sus operaciones en territorio sudafricano y los huecos dejados por sus compatriotas han sido ávidamente llenados por inversionistas germanoccidentales, británicos, holandeses y, más recientemente, japoneses, taiwaneses e israelíes. Las autoridades de Pretoria han disminuido inclusive las leyes discriminatorias contra los “asiáticos” para estimular estas inversiones.
Lo que efectivamente ya no parece satisfacer a nadie es la forma en que el gobierno de Pieter Botha está manejando la conflictiva social. Botha se había comprometido a llevar adelante una serie de modificaciones al régimen segregacionista, pero al sentirse apoyado por el capital occidental y la política anticomunista de la administración Reagan dejó de hacer concesiones y endureció su política. El aumento de la represión aunado a la severa crisis económica catapultó a las calles a la población negra descontenta.
En forma muy especial se conjuntó y organizó el movimiento obrero. Durante 1984 se realizaron 469 huelgas y una de ellas logró paralizar en dos días a 500,000 trabajadores. Este año la proporción de las huelgas y el tono de las demandas han ido en aumento. Ayer, 25 de agosto, debió haber estallado la huelga convocada por la Unión Nacional de Mineros, que podría paralizar toda la industria aurífera sudafricana, cuyas exportaciones implican la mitad de los ingresos del país. Por algo el ministro de Ley y Orden, Louis Le Grange ha calificado a los sindicalistas como “enemigos especialmente peligrosos del régimen”.
Pero sin duda el peor error que cometió el gobierno de Pieter Botha fue creer que el apoyo de Washington era para alimentar sus propios intereses y no los de Estados Unidos. El ataque de Sudáfrica a la capital vecina de Botswana el 14 de junio, el fallido intento de sabotaje contra las instalaciones de la Gulf Oil en Angola, la instauración de un gobierno interino en Namibia y el insolente discurso de este mes en que Botha en lugar de anunciar modificaciones al apartheid ratificó su decisión de conservar el poder para la minoría blanca, llevaron a la fuerte crisis entre Washington y Pretoria.
Pese a sus intentos de justificar la represión, el gobierno de Reagan se da cuenta que la creciente violencia en Sudáfrica no hace sino poner en entredicho su política de “compromiso constructivo”. La amenaza de sanciones para moderar la política sudafricana mereció por parte de Botha a su vez la amenaza de incrementar la represión. Un círculo vicioso que amenaza con el estallido.
