Eduardo González R.
Cuando José López Portillo decidió a mediados de su mandato que México pospondría indefinidamente su ingreso al GATT, escogió para hacer pública tal determinación una fecha simbólica: el 18 de marzo (1980). En el discurso que pronunció ese día añadió al tema del GATT dos asuntos: el anuncio del Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y la comunicación de que las exportaciones petroleras, por así convenir a los intereses estratégicos de México, se sujetarían a un tope máximo no rebasable.
Ese 18 de marzo José López Portillo vivió probablemente uno de sus momentos estelares como presidente. Tenía en sus manos, intacto, el recurso formidable del petróleo para mantener las perspectivas de un crecimiento económico acelerado y estable. Había espacio para ser nacionalista y populista, se tenían los recursos y la voluntad para resistir las presiones del imperio y al mismo tiempo ofrecer a los mexicanos (se suponía que a todos) un futuro más o menos halagüeño. Quince meses más tarde, en junio de 1981, se iniciaría el incontenible derrumbe de los sueños y las ofertas.
Hoy vivimos en el lado oscuro de la luna. El gobierno de Miguel de la Madrid decide que México ingrese en el GATT y lo anuncia casi de noche, con sordina, al extremo de que hay quienes creen que está en curso una “consulta” sobre el tema. No hay tal. Nuestro ingreso en el GATT es una decisión ya tomada y en proceso de ejecución, según se infiere de lo dicho por Héctor Hernández Cervantes, (ante la Comisión Permanente del congreso de la Unión, el pasado ocho de agosto) y que hasta hoy nadie ha desmentido. Ahora bien, la circunstancia de que estemos ante un hecho en vías de consumación no invalida, sino más bien refuerza, la necesidad de convertir el tema del GATT en objeto de un amplio debate nacional.
Así vistas las cosas parecería que hay por lo menos tres temas que merecerían ser discutidos: a) ¿qué ha cambiado entre 1980 y 1985?; b) ¿esos cambios obligan a revisar la decisión que tomó José López Portillo?; c) ¿cuáles son el significado y las consecuencias del ingreso en el GATT en las condiciones de hoy?
El primer elemento por consignar es que, a diferencia de 1979, hoy no estamos “montados” en un proceso de recuperación sino instalados en una recesión que se combina con una extremo precariedad en los frentes externa y fiscal. En el tránsito de una situación a otra, la deuda externa ha jugado un papel central, con el resultado neto de que las divisas provenientes del petróleo prácticamente no nos pertenecen, puesto que casi cuatro quintas partes de ellas se van, “sin tocar baranda”, a los bolsillos de los acreedores. Este hecho, combinado con las dificultades que hoy presenta el mercado petrolero para los exportadores, ha sustraído de las manos de México lo que en 1980 era su carta fundamental para diseñar el futuro y negociar fuerte: el petróleo.
Por otra parte, mientras nuestra economía y capacidad negociadora se han debilitado, ha ocurrido lo inverso en los Estados Unidos. En la actualidad la conducta económica del gobierno norteamericano hacia México tiene una incidencia que carece de precedentes en el último medio siglo. La dirección en que tal conducta influyente se emplea puede ser inferida de la Ley de Comercio y Aranceles vigente desde finales de 1984, misma que, por ejemplo, la secretaría permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), caracteriza en los siguientes términos:
“Estados Unidos se propone emprender negociaciones multilaterales y bilaterales con el propósito de establecer un marco legal internacional que facilite la liberación del comercio de servicios y bienes de alta tecnología, así como la expansión de las inversiones estadunidenses en el extranjero. La Ley de Comercio y Aranceles define políticas y establece procedimientos y mecanismos necesarios para lograr estos objetivos, por lo que esa legislación es, en realidad, un verdadero instrumento de política exterior”. /…/ Sus disposiciones tienden a aumentar la protección de las industrias estadunidenses frente a la competencia externa y establecen los mecanismos que Estados Unidos podrá utilizar para promover la liberalización del mercado internacional de servicios, alta tecnología e inversiones, en beneficio de los sectores más dinámicos de su economía”.
La conclusión del SELA es contundente; “desde la perspectiva de América Latina, el posible efecto inmediato de la Ley será no sólo dificultar el acceso de sus exportaciones al mercado de Estados Unidos, sino también condicionar tal acceso al grado de compatibilización entre las políticas nacionales de desarrollo y los intereses de Estados Unidos que estén dispuestos a aceptar los países de la región”. (América Latina y la Ley de Comercio y Aranceles de Estados Unidos. Secretaría Permanente, de SELA, 12 de marzo de 1985).
La cita, aunque larga, contribuye a dejar en claro que las cosas efectivamente han cambiado en los últimos tiempos. Pero la pregunta relevante para el caso es si frente a este hecho resulta obligada una reinserción internacional en los términos que el gobierno actual plantea, esto es ¿efectivamente no existe otro camino que la liberalización y el ingreso al GATT?
Colocados en este punto es ineludible intentar ir al fondo del debate y ello pasa por tomar en consideración el estado que guarda la industria mexicana. Veamos.
Dicho en una nuez el sector industrial presenta, entre otras, dos deficiencias que son insostenibles: su bajo nivel de integración y su limitada eficacia productiva. La primera tiene por consecuencia que se importe una proporción altísima de los bienes de capital e intermedios que el funcionamiento de la economía requiere y la segunda se traduce en una insuficiente aptitud para exportar manufacturas.
Este par de hechos, a la luz de una crisis como la que hoy se enfrenta, deja en claro que el proceso de industrialización que México ha vivido en los últimos cuarenta y cinco años, y las políticas económicas que lo han propiciado y acompañado, han llegado a su límite, no pueden continuar. La necesidad de una reconvención industrial en México, con o sin liberalización, es insoslayable y además urgente. Esta no puede esperar a “mejores tiempos”, el asunto es cómo y con quiénes.
Frente a este desafío la opción liberalizadora seguida por el gobierno es, por decir lo menos, temeraria: las fuerzas del mercado –internas y externas– serán agente clave en la reconvención industrial y en la reinserción internacional de nuestra economía. Tal es la idea que se puede derivar del ingreso al GATT, de la firma con Estados Unidos del “endeudamiento sobre subsidios y derechos compensatorios” y de la sustitución masiva de los permisos previos de importación por aranceles (de las 8,000 que había, quedan sólo 900 fracciones sujetas a permiso).
Pasemos ahora breve revista a las virtudes y defectos que se atribuyen a la liberalización del comercio exterior mexicano.
Las primeras se asocian a los efectos que tendría una racionalización de las importaciones, el principal de los cuales consiste en la mejoría de la competitividad internacional de los productos elaborados en el país. Se trataría de una mejoría obligada por la competencia en calidad y precio que se establecería entre los bienes elaborados internamente y los elaborados en el exterior; pero si se compite adentro, también se puede competir afuera, por tanto se puede esperar un aumento de la capacidad para penetrar los mercados internacionales. Aunque se reconoce que la apertura se traduciría en la liquidación de las empresas incapaces de competir con los productos de importación, es decir, de las ineficientes, se espera que a la larga el sistema obtenga un volumen mucho mayor de divisas y los consumidores se beneficien con el acceso a productos de más calidad y a precios relativamente más baratos.
En lo que toca a las desventajas atribuibles a la liberalización se anotan las siguientes.
Sin bien hay certidumbre respecto a la quiebra de un número indeterminado pero significativo de empresas, que no estarán en condiciones técnicas y financieras de soportar la competencia de productos importados, no hay la mínima seguridad de que las que sobrevivan en el mercado nacional compensen las reducciones en producción y empleo provocadas por la depuración. En tales condiciones se corre un serio riesgo de lesionar a la industria nacional a cambio de prácticamente nada. Adicionalmente se propiciaría un proceso de desnacionalización puesto que las empresas con mejor aptitud para instalarse, sobrevivir y prosperar, serán las trasnacionales, que cuentan con el suficiente respaldo tecnológico y financiero de sus matrices para sentirse como peces en el agua de una economía abierta.
De acuerdo con esta apreciación, el ingreso al GATT y las otras medidas liberalizadoras significan renunciar, o por lo menos limitar, el uso discrecional de los instrumentos que permitirían dar cuerpo a una política para integrar un sector, básicamente nacional, que produzca bienes de capital y exporte manufacturas. Así, los incentivos fiscales, financieros, crediticios, comerciales, de precios diferenciados, de energéticos y de poder de compra del gobierno, son seriamente neutralizados como instrumentos de política económica.
Con este razonamiento, quizá estemos frente al real fondo del debate respecto al GATT. Lo que se afronta es una opción binaria: fuerzas del mercado versus conducción estatal como ejes alternativos en el procesamiento de la reconvención industrial y la redefinición del lugar de México en la economía internacional.
Para quienes valoramos que lo mejor de nuestra historia es la lucha pasada y presente por abrir paso a la utopía de una nación plenamente soberana, de una organización económica que se estructura a partir de las necesidades de las mayorías y la preservación de nuestra independencia, y de un sistema político plural, tolerante y participativo, la línea que actualmente impone el gobierno de manera inconsulta y arbitraria, es inaceptable.
Dejar a los más débiles librados a su suerte frente a los poderosos de dentro y fuera y abrir las avenidas de un proceso desnacionalizador, son instrumentos de modernización que no solamente son ajenos a la trayectoria histórica de nuestro pueblo, sino que no constituyen ninguna garantía de cumplimiento de sus propias pretensiones, según lo prueban experiencias como la chilena y la argentina.
frente a semejantes perspectivas, el problema es que tampoco podemos quedarnos con lo que tenemos. No basta en modo alguno decir que no a la liberalización. ¿De qué sirvió rehusarse a ingresar en el GATT en 1980?
Por ello es urgente una alternativa desde fuera del poder, como urge también que se acelere el proceso de integración de un amplio movimiento que en estas horas de incredulidad y dispersión formule propuestas e iniciativas que mantengan vivo el impulso nacionalista que el implacable desarrollo del capitalismo mexicano ha venido estrangulando. Es momento para sumar. No sea que mañana lloremos sin remedio lo que hoy contemplamos perplejos pero impasibles.
