De forma, no de fondo, serán las modificaciones que se harán al Reglamento de la Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno. El Departamento del Distrito Federal y el PRI capitalino consideraron que el ordenamiento, en vigor desde el pasado 11 de julio, es, en esencia, “benéfico y positivo”. Sólo, dijeron, reclama mayor claridad y precisión, para “evitar los abusos de autoridad, excesos y prácticas corruptas”.
El sentimiento popular, sin embargo, es otro. Se le ha tachado de inconstitucional y ambiguo. Por estas razones, la ciudadanía, organizada y a título personal, ha demandado de las autoridades su derogación.
De hecho, las impugnaciones al ordenamiento se dieron apenas 20 horas después que apareció publicado en el Diario Oficial. La creciente inconformidad obligó al Partido Revolucionario Institucional –que no se había pronunciado hasta entonces– a oficializar el descontento. Se organizaron foros de análisis en las 16 delegaciones políticas, en los que participaron 256 oradores. En la última reunión, en la delegación Cuauhtémoc, el lunes 19, se ratificó el sentir ciudadano que prevaleció en todas las reuniones: el Reglamento de la Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno debe ser derogado porque atenta contra la sociedad, propicia la corrupción y va en contra de la renovación moral que intenta la actual administración.
Esta misma actitud asumieron, desde un principio, las organizaciones políticas de izquierda. Y a ella se sumaron, el miércoles 21, otros partidos como Acción Nacional, Demócrata Mexicano y Socialista de los Trabajadores.
Todos demandaron la abrogación del Reglamento porque se significa como un documento “fascistoide” y violatorio de las garantías individuales consagradas en la Constitución.
En un comunicado conjunto que entregaron al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, PSUM, PST, y PDM se pronunciaron por la “invalidación del ordenamiento y su sustitución por la legislación respectiva que surja de un verdadero proceso democrático”.
En tanto, el PRI hizo su propia interpretación de la propuesta del resto de los partidos representados en la Cámara. El senador Celso Delgado dijo que el Reglamento “debe revisarse y corregirse”. Esta actitud fue criticada por Iván García Solís, del PSUM, porque, enfatizó, el PRI se pronunció por un ligero retoque a un cuerpo prácticamente ilegal.
El PMT, la Corriente Socialista y la Unidad de Izquierda Comunista constituyeron, paralelamente, un foro Permanente con objeto de lograr la abrogación definitiva del documento que fue tema de debate en la Cámara de Diputados en la sesión del miércoles 21.
Ese mismo día, en el Salón Independencia del DDF, el regente Ramón Aguirre Velázquez recibió las conclusiones y propuestas de los foros de análisis. Ahí, el jefe del gobierno capitalino, antes que otra cosa, explicó que el Reglamento “no fue una manifestación unilateral de voluntad del gobierno capitalino”. Recordó que antes fue sancionada por el Congreso de la Unión y sometido a un proceso de consulta popular.
Luego de apuntar que planteará al Presidente las proposiciones de los sectores que participaron en los foros de análisis, Aguirre Velázquez afirmó que el Reglamento deberá garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos en un marco de derecho. Deberán –añadió– evitarse las imprecisiones y las confusiones; deberá ser claro y preciso para evitar los abusos de autoridad, los excesos y las prácticas corruptas.
Para ello, “aprovechando este proceso de opinión y de análisis de este ordenamiento”, haremos una profunda reestructuración en los juzgados calificadores, como elementos que deben garantizar la justicia de barandilla al ciudadano del Distrito Federal.
Otra opinión tenía del mismo el DDF en julio pasado. Estaba convencido de que el Reglamento respondía a las necesidades de la población.
En un comunicado, fechado el 16 de julio, el DDF apuntó que el Reglamento constituye el instrumento que además de modernizar y hacer expedita la justicia de barandilla, precisa, por el contenido de su normatividad, elementos indispensables para una convivencia pacífica y ordenada en la ciudad.
Fija, además, claramente, en sus normas, protecciones tanto a los individuos como a todos los bienes y servicios que le son comunes, de tal forma que se asegura la integración de una superior y mejor administración de la ciudad.
Destacó también el DDF que el documento, como todos los instrumentos jurídicos y de administración, es susceptible de ser perfeccionado y se enmarca en la política que en materia de seguridad lleva a cabo el actual gobierno.
En la reunión efectuada en el DDF, el miércoles 21, el secretario general de la Federación Organizaciones Populares del DF, José Parcero López, salió en defensa del Reglamento de la Ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno. Mencionó que el documento “de ninguna manera está hecho sobre las rodillas”.
Pese a algunas imprecisiones y defectos de redacción que pudiese contener –agregó–, el objeto de este instrumento jurídico es regular de manera ordenada, respetando los derechos de los ciudadanos, sus actitudes y conductas, que no siempre son las mismas.
Parcero López –uno de los cuatro oradores del acto, en el que se notó la ausencia del secretario de Protección y Vialidad, Ramón Mota Sánchez–, criticó a los partidos de oposición por desorientar a la población con sus comentarios en torno del Reglamento. Recordó que ellos, antes que nadie, lo conocieron y que fue aprobado unánimemente por 325 votos en pro y cero en contra.
Lo que la LII Legislatura conoció fue la Ley Sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del DF, no el Reglamento de la Ley.
En su intervención, Juan Antonio Garza Hernández, presidente del Consejo Consultivo de la Ciudad de México y uno de los principales impugnadores del Reglamento, expuso que el documento debe analizarse y, en su caso, adecuarse observando escrupulosamente los siguientes principios: equilibrio, congruencia, previsión, claridad y precisión.
En las condiciones actuales, a juicio del dirigente de los vecinos en el DF, el Reglamento deja al criterio personal de policía y jueces su aplicación, además de que es “injusto y ambiguo”.
Dentro de las principales conclusiones de los foros de análisis del ordenamiento, que se efectuaron del 7 al 19 de agosto, destacaron las siguientes observaciones, según datos consignados en el informe que el PRI entregó al DDF.
De los 72 artículos que forman el Reglamento, cinco fueron los que se criticaron con mayor frecuencia. De ellos, el artículo 3o. ocupó el 95% de los comentarios. Este dice: alteran el orden público y afectan la seguridad pública y, en consecuencia, son faltas de policía y buen gobierno: adoptar actitudes o usar lenguaje que contrarie las buenas costumbres, orinar o defecar en lugares públicos distintos a los autorizados, mendigar habitualmente en lugar público…
Esta fracción (IV) tuvo 122 objeciones. El consenso fue que la mendicidad es consecuencia de la falta de oportunidades reales de empleo. Y así por el estilo, uno a uno, los artículos del Reglamento fueron impugnados.
También se puso de manifiesto la necesidad de capacitar exhaustivamente a las personas encargadas de aplicar el Reglamento para que no se propicie el abuso de autoridad. Muchos jueces y policías, se dijo en los foros de análisis, no tienen el criterio ni el aval moral para aplicar ese instrumento jurídico.
El sábado 17, 15 organizaciones de colonos, estudiantes y habitantes de la Ciudad de México y los comités del DF de PSUM, PRT y PMT efectuaron el primer Foro por la Derogación del Reglamento. Pedir la inmediata abolición fue el resultado de la reunión.
Y el jueves 22 salieron a la calle para exigir la abrogación del decreto expedido por el Presidente Miguel de la Madrid, además de solicitar el regente Ramón Aguirre Velázquez que cumpla con su palabra de que sus actos de gobierno correspondan invariablemente a la demanda ciudadana. “No queremos un Reglamento maquillado, queremos uno nuevo”.
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