A pesar de que tuvo posibilidades de hacerlo, la LII Legislatura, que concluye el sábado próximo, nada hizo por evitar que la crisis económica, y sus efectos sociales, fueran de la magnitud en que hoy los padece el país. Si cuando llegó a la Cámara de Diputados, en septiembre de 1982, lo hizo en medio de una situación económica grave y alarmante, ahora que abandona el recinto las cosas no son distintas.
El juicio es de Rolando Cordera y Enrique Provencio, coordinador y asesor, respectivamente, de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México. Dicen, a tres años de que entramos a la Cámara no hay ninguna perspectiva de recuperación económica real y duradera. La inflación sigue siendo alta, el mercado cambiario no se ha estabilizado; la gente sigue especulando, los empresarios prefieren hacerlo a invertir; las cuentas externas se desequilibran cada vez más; las finanzas públicas son un caos, no hay divisas…
Lo peor de todo, agrega Cordera, es que lejos de ampliar y cuidar la infraestructura básica del país, la están echando a perder. Cosas que ya existen no se utilizan; proyectos importantes en marcha se están frenando, como el de bienes de capital en Las Truchas; barcos pesqueros están amarrados a los muelles, sin trabajar desde hace años; el 30% de la flota atunera está parada… En fin, estamos viviendo una situación de desplome, en un momento en que tenemos una población que crece rápidamente: millones de niños y jóvenes demandan satisfactores elementales y no se les están ofreciendo.
La legislatura saliente, aceptan los entrevistados, pudo contribuir a que esa situación no fuera tan grave: pudimos elaborar –por citar un ejemplo– un presupuesto diferente, que no dañara de manera tan pesada y tan de bulto a los más pobres; también pudimos haber iniciado una discusión más organizada sobre opciones de política económica, habida cuenta de la gravedad de la situación.
Sin embargo, deslindan responsabilidades: si no pudimos hacer eso fue, simplemente –dice el diputado Cordera–, porque el PRI y algunos de sus voceros fueron intransigentes en todo momento: cumplieron a carta cabal su papel de ser fieles representantes de la doctrina y la posición, en materia de política económica, del presidente De la Madrid y sus secretarios. Los presidentes y secretarios de las comisiones legislativas económicas (la de Hacienda y la de Programación y Cuenta Pública), y los demás priístas que las integraron, fueron simples voceros de las posiciones oficiales: no hacían más que repetírnoslas.
Agrega Enrique Provencio, en charla aparte: en materia económica, la mayoría priísta se empeñó –inútilmente, por cierto– en que la crisis no pasara por la Cámara, en hacer creer que la magnitud de aquella no era la que cotidianamente vivíamos. Concretamente, se empecinaron en sostener que las drásticas reducciones al gasto público no afectaban los niveles de vida de las mayorías; en que la política económica oficial no se ajustaba a las líneas del Fondo Monetario Internacional; en ocultar múltiples irregularidades en la ejecución del gasto; en afirmar que las modificaciones fiscales no lesionaban el ingreso de la población, siendo que por aprobación de la Cámara se incrementaron drásticamente los cobros por derechos, la tasa del IVA, los precios y tarifas del sector público, etcétera; en sostener siempre que los planes y programas del gobierno representaban los intereses populares, tratando de ignorar que eran resultado de acuerdos salidos de los escritorios de la tecnocracia.
En congruencia con ello, añade Provencio, los diputados priístas de las comisiones económicas se dedicaron a detener, congelar toda iniciativa, toda propuesta que viniera de la oposición y apuntara a hacer cambios, a mejorar las cosas, en particular las de nuestro partido.
Este es el inventario que hace el asesor parlamentario del PSUM: nos congelaron una propuesta para modificar la Ley de Planeación, en la que se sugería que el Plan Nacional de Desarrollo se discutiera en la Cámara y se daban formas prácticas de hacer real la participación popular que, de acuerdo con Miguel de la Madrid –desde su campaña presidencial–, sería la base del sistema nacional de planeación.
También congelaron una propuesta de modificaciones a la Ley para Regular la Inversión Extranjera y promover la mexicana, en la que el partido sugería mecanismos de selección, regulación y control de las inversiones extranjeras; de eliminar las facultades discrecionales que le permiten a una secretaría de Estado autorizar inversiones con el 100% de capital foráneo.
Quedaron paradas las propuestas de modificación a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, al artículo 73 de la Constitución (que habla de las facultades del Congreso), a la Ley General de Deuda Pública y a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. Se buscaba, con ello, introducir mecanismos distintos para la discusión del gasto público y elaboración del presupuesto de egresos de la Federación. La idea era que se empezara a discutir el presupuesto un año antes de que entrara en vigor. Hoy en día se discute y aprueba un mes antes de que empiece su vigencia y es precisamente en diciembre, cuando la Cámara se encuentra saturada de iniciativas y colmada de trabajo.
“Si bien no se pueden discutir con un año de anticipación todos los renglones del presupuesto –reconoce Provencio–, si puede hacerse con la distribución sectorial, las metas de los principales programas, las asignaciones regionales, las estructuras de pago en el sector público. Todo ello puede ir discutiéndose desde antes y no esperar que las prisas se coman el análisis y la revisión seria.”
En sus propuestas, el PSUM criticó el hecho de que el Plan Nacional de Desarrollo y en general todos los planes fueran aprobados por el Ejecutivo y que el poder Legislativo no tuviera ningún poder real en el proceso de planeación. A las Cámaras –reprocha Provencio– se les turnó el PND sólo “para su conocimiento”. Por ello insistió el partido en modificaciones constitucionales que le dieran facultades al Legislativo para participar en la elaboración, discusión y aprobación de los instrumentos de planeación nacional.
Las reformas que propuso a la Ley de Deuda Pública iban en el sentido de eliminar, entre otras, las facultades discrecionales que el Poder Ejecutivo tiene para contratar deuda adicional a la aprobada por el Congreso, factor que en otros años constituyó la fuente del endeudamiento excesivo e irracional.
Pese a su consistencia y seriedad –reconocidas hasta por los diputados priístas–, las propuestas del PSUM tuvieron la misma suerte que las de los demás partidos de oposición; no solamente no se discutieron en la Cámara, sino que ni siquiera se dictaminaron. “Simplemente –dice Provencio– se congelaron, sin explicaciones ni argumentos, no obstante que el reglamento interno de la Cámara dice que las propuestas e iniciativas deben dictaminarse, ya sea en contra o en favor”.
Por tener la mayoría –dice Rolando Cordera– los priístas creen que “uno debe resignarse y entender que las iniciativas de la oposición no tienen por qué discutirse. Están equivocados. Nosotros nunca aceptamos eso ni nos conformamos. Tan es así que estamos permanentemente denunciando el hecho. No nos queda otra que valernos del instrumento político de la denuncia y la crítica. No pretendemos que todas nuestras propuestas se aprueben –claro, sentimos que son correctas; por eso las hacemos; el problema es que ellos son la mayoría–; pero lo que sí no tiene justificación es que no se discutan”.
Reprocha Cordera la cerrazón de los legisladores del PRI: “en asuntos económicos logramos una amplia deliberación, pero defectuosa: nunca pudo centrarse en los problemas centrales del momento. Allí fue imposible llevar al PRI a una discusión que tuviera sentido y que ofreciera algunos resultados prácticos. Los voceros económicos del gobierno –sobre todo los presidentes de las comisiones legislativas económicas– entendieron que su función era no ceder, mantenerse estrictamente en la línea que les marcaba el Ejecutivo”.
La observación del diputado Cordera tiene antecedentes. Quienes estarían al mando de esas comisiones –Jorge Treviño y Ricardo Cavazos en la de Hacienda; Manuel Cavazos e Irma Cué en la de Programación y Cuenta Pública– se exhibieron desde un principio, cuando recién asumieron su gestión parlamentaria, en septiembre de 1982: ese mes recibieron un proyecto de Ley Orgánica del Banco de México, con el que se asignaba al instituto central un papel acorde con el nuevo sistema bancario y financiero, que se inauguraba con la nacionalización de la banca y el control de cambios decretados el día primero de septiembre.
La iniciativa la envió José López Portillo, todavía presidente de la República, pero los diputados de las comisiones económicas –salidos de las secretarías de Hacienda y Programación y Presupuesto, señaladamente “hombres de Miguel de la Madrid”– ni caso le hicieron. En su lugar quedó una propuesta de modificaciones a la ley –de carácter técnico sobre todo– que ya existía, elaborada por ellos mismos y que en nada se parecía a la iniciativa lopezportillista, que se enmarcaba en una idea central: que la banca “evolucione hacia el papel activo en la promoción del desarrollo y ya no neutral de simple prestamista”.
La de López Portillo, el presidente, quedó en la congeladora; la de los diputados priístas, por supuesto, se aprobó.
Fue la prueba inicial, fehaciente, de su fidelidad a las órdenes de Miguel de la Madrid, que para entonces no asumía todavía la presidencia. (Dicho sea de paso, desde ese momento se iniciaría el proceso de desvirtuamiento de la nacionalización de la banca –ésta, diría De la Madrid en sus primeros días presidenciales, “es irreversible pero perfectible”– que tanto interés le ha puesto el actual gobierno).
Desde ese momento, los diputados de las comisiones económicas, en particular, mostraron lo que sería su norma: disciplinarse, cerrar filas en torno de la doctrina y las posiciones del Ejecutivo, aunque en la personal no estuvieran de acuerdo.
Los premios no se hicieron esperar: Jorge Treviño es gobernador de Nuevo León; Manuel Cavazos pasó a ser oficial mayor de la Secretaría de Gobernación –y fue uno de los precandidatos a la gubernatura de Tamaulipas; Irma Cué quedó en la secretaría general del PRI, y Ricardo Cavazos Galván, de secretario de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pasó a ocupar la presidencia de la misma y, además, el mando de la Liga de Economistas Revolucionarios (LER), del PRI.
“Mantenerse estrictamente en la línea del gobierno –dice Rolando Cordera– fue la función de esos diputados”. (Por cierto, eran apodados por sus propios compañeros de los sectores obrero y campesino como los “supersabios”, por su constante, casi febril, ir y venir, de las curules a la tribuna, en defensa de las tesis gubernamentales).
Cordera ubica este hecho dentro de la “cultura política” que hay en el país: la cultura del partido dominante, salvador; la del hombre fuerte, carismático; la cultura que ve a la Cámara como una simple caja de resonancia de la política que hace el Ejecutivo.
En materia económica, esa cerrazón, ese aferrarse a la idea de que la oposición no debe tener un espacio real, una participación de efectos prácticos en la Cámara y en el conjunto de la sociedad –dice Cordera– tiene un costo para el país: en aras de satisfacer no sé que criterios de política económica, están sacrificando cosas concretas, echando a perder lo que existe y dejando de hacer lo que cualquier sentido común diría que debe hacerse”.
“El gran problema –concluye el diputado– es que la propia política económica, en sus propios términos, no está obteniendo los resultados que ofrecía, y sí está causando todos los daños que sus muchos críticos habíamos advertido. No ha tenido éxito. Nadie cree en la eficacia supuesta de la política económica, salvo el gobierno. El es el único que la defiende; todos la padecemos. Eso los debería llevar a recapacitar, pero con urgencia, ya.”
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