Joel Solar
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.- En Chiapas, por los recortes presupuestales, más de 300 obras se encuentran paralizadas, 25,000 trabajadores de la industria de la construcción han perdido su empleo, la alianza de camioneros sufre pérdidas por más de 50 millones de pesos y el 10% de los comercios de la capital se encuentra en la quiebra total.
La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC), delegación Chiapas, sufría hasta el 17 de marzo de este año una “enorme” descapitalización, porque el gobierno se negaba a cubrirle un adeudo superior a 3,000 millones de pesos. Y ante la negativa oficial decidió, un mes después, paralizar totalmente las obras en construcción.
El problema se agravó debido a que la CNIC tenía deudas por 1,250 millones de pesos con los camioneros y el comercio organizado de la entidad.
El 5 de junio, “ante la imposibilidad de la CNIC para seguir financiando la obra pública”, según declaró el presidente de la agrupación, Raúl Silverio Peña Culebro, los constructores decidieron estacionar 25 unidades móviles, entre camiones y maquinaria pesada, a lo largo de la avenida central de esta capital, invadiendo 9 calles de la ciudad, “en protesta por la equivocada política económica del gobernador Absalón Castellanos Domínguez”.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio con sede en Tuxtla Gutiérrez, Enoch Araujo Sánchez, declaró que las 1,200 personas que tiene afiliadas ese organismo sufren el problema de que el 10% se encuentra en la quiebra total.
Entre tanto, el presidente de la Alianza Camionera, Mario Bustamante Grajales, indicaba que de no cubrirse el adeudo oficial a los constructores, el 80% de los 9,000 transportistas chiapanecos quebrarían irremediablemente al no tener siquiera capacidad para darle mantenimiento a las unidades.
El problema se agravó de modo tal que la CTM de la entidad, que encabeza José Namindamo Vilchis, urgió al gobierno del estado a renovar la construcción de obras públicas, porque el desempleo en las filas de ese gremio es cada día más alarmante.
La crítica situación mejoró dos días después del plantón de los constructores, ya que el gobierno, por medio de su contraloría federal, prometió el pago de 1,600 millones de pesos en 12 días, como máximo. Sin embargo, este acuerdo fue sólo parcialmente cumplido.
A los constructores sólo se les pagaron 900 millones de pesos. Y en un boletín de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado se decretó “una investigación a fondo de las obras realizadas en el marco del plan Chiapas”. Se dejó entrever la posibilidad de un fraude, del cual sería inmediato responsable el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José María López Sánchez.
Y por más que el deseo del gobierno es de continuar las construcciones, la CNIC sostiene que no las reanudará en tanto no tenga el pago total del adeudo.
El 8 de agosto pasado, 25 constructoras de Tapachula, apoyadas por proveedores, contratistas y miembros de los colegios de ingenieros y arquitectos, realizaron un plantón frente al palacio municipal por más de 20 horas. Los inconformes demandaron el pago de 315 millones de pesos que les adeuda el gobierno estatal.
Salustio Arrevillaga y Antonio Ríos Jara, dirigentes de los inconformes, responsabilizaron al secretario de Obras Públicas, José María López Sánchez, y al contralor general del Gobierno, Jaime Acosta Polanco, de obstaculizar las pláticas con el gobernador, quien prometió liquidar el adeudo en el término de una semana.
Al no cumplir, se renovó la protesta. En el segundo paro general de actividades, los constructores bloquearon con maquinaria pesada el 90% de la circulación vial en Tapachula.
A la protesta se sumaron el comercio organizado y las empresas relacionadas con el ramo de la construcción.
De nueva cuenta, el gobierno de Chiapas se comprometió a liquidar lo debido en un plazo de 24 horas. Al filo de la medianoche se empezaron a otorgar los primeros cheques a los contratistas, transportistas y proveedores. Estos protestaron por anomalías y el bloqueo parcial de la ciudad se prolongó hasta el 17 de agosto.
Hasta el momento, el adeudo del gobierno a los constructores asciende a 1,200 millones de pesos y restan algunos pagos parciales y aislados. Siguen paralizados el comercio y la industria de la construcción, ya que a todo esto se suma la negativa de la banca para proporcionarles nuevos créditos.
Las protestas empresariales en contra del estado por la falta de liquidez empiezan a sumarse, en tanto que cientos de comunidades urbanas y rurales sufren las consecuencias al negárseles el derecho de contar con escuelas, caminos, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y pavimentación de calles, entre otros.
