Fernando Ortega Pizarro
El juicio por fraude que se sigue desde hace dos años al exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano –el único “pez gordo” atrapado por el gobierno de la renovación moral– parece llegar a su fin. La averiguación previa concluyó el 12 de agosto y el juez noveno de lo penal dio un plazo de cinco días para que las partes presenten sus últimas pruebas y 15 días más para desahogarlas. Una vez cumplidos estos requisitos, seguirán el proceso de instrucción, un careo y, finalmente, la sentencia.
Jorge Reyes Tayabas, el juez noveno de Distrito en materia penal, aseguró que el juicio aún puede alargarse; estimó un tiempo mínimo de tres meses para dictar sentencia, “si no existe una situación que modifique el trámite”.
El proceso que se sigue a Díaz Serrano nuevamente causó expectación pública, sobre todo por el enfrentamiento en la prensa entre la parte acusadora (la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Contraloría) y el exdirector de Pemex.
La PGR y la Secretaría de la Controlaría tampoco, en su inserción pagada del 21 de agosto de este año en los diarios, se refirieron a la compra fraudulenta de dos barcos realizada por Díaz Serrano, acusación que sustentaron en la presentación de 137 pruebas documentales y periciales. Las pruebas consisten en cartas, informes empresariales, oficios, convenios, memoranda, facturas, avalúos, peritajes y testimonios que comprometen a Díaz Serrano, cuyos defensores sólo han exhibido siete pruebas documentales, periciales y testimoniales.
En respuesta a la información de las dos dependencias públicas, el exdirector de Pemex publicó un desplegado de prensa en que señala que la Secretaría de la Contraloría, en plena austeridad, “ha gastado varias decenas de millones de pesos en inserciones pagadas para cometer otra vez las mismas torpezas que han caracterizado su actuación en mi contra”.
Ante todo, aseguró que el delito de fraude que se le imputa en la compra de dos barcos gaseros “es imposible de probar porque es una invención”.
Aunque tradicionalmente ha sido respetuoso de las formas institucionales, Jorge Díaz Serrano no dudó en decir que la Secretaría de la Contraloría tiene “una visión enana” del proceso que se le sigue. La acusa de violar la ley, pues hace a un lado las “diligencias que se han practicado en el curso de los dos últimos años” y, junto con la PGR, sólo han expuesto maniqueamente sus versiones distorsionadas y sin base”. Y agregó:
“Ninguno de esos papeles puede probar algo y menos lo inexistente.”
Sin embargo la acusación más grave del exdirector de Pemex es contra la justicia federal que, además de no hacer caso de sus solicitudes de defensa actúa bajo “la fuerza terrible de una consigna que se ha hecho presente a lo largo de mi proceso y que se inició con mi desafuero, sospechoso de unanimidad y a todas luces violatorio del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos”. El exlegislador rompió con las formalidades:
“Así construyen los cimientos para dudar de la defensa del estado como persona moral honorable.”
Díaz Serrano alegó que no ha habido legalidad en su juicio porque se ha ocultado documentación decisiva para aclarar los hechos; se ha pactado impunidad con su coacusado para que no comprueben su inocencia; se ha impedido el perfeccionamiento de la documentación aclaratoria, mediante “la burda maniobra de cerrar un proceso, precisamente unas cuantas horas después de su presentación ante el juez instructor”.
Asegura también que ha habido retraso en la aplicación de la justicia y que ha habido un sinfin de anomalías. Una de ellas es que jamás se requirió la presencia de Jaques Van Damm y Herman Sauer, “mis coacusados”, ni se pidió la extradición. Consideró que no se hizo porque “la solicitud de extradición no habría tenido ninguna base jurídica y, por lo consiguiente, sólo se habría visto culminada tal gestión por el más estrepitoso ridículo, materia en la que son especialistas mis infatigables perseguidores”.
El exdirector de Pemex sostuvo que la Contraloría de la Federación no aceptó y ocultó la documentación que Van Damm y Sauer entregaron a través de su representante, Domingo Plazas Navarro, sobre “la verdad de lo ocurrido en la compra de los dos barcos”, pero además no se la entregó al juez noveno de Distrito en materia penal. La razón se debe a que “en esos documentos se demuestra mi absoluta inocencia con respecto a la comisión del delito de fraude y la dudosa moralidad de los funcionarios de la citada dependencia”.
Díaz Serrano hizo finalmente una advertencia:
“Quiero asentar que me escogieron mal para el papel de ladrón, supuesto que en mi larga vida profesional y en mi trayectoria como hombre público no se podría encontrar ni la mínima mancha. Quiero asimismo dejar constancia de un juicio que no es únicamente mío, sino que se extiende ya a un amplio sector de la opinión pública: el error histórico cometido conmigo es irreparable, pero el error político tiene un ineluctable costo que habrá de pagarse en su oportunidad, que yo no veo muy lejana.”
