Pese a que ha llegado alcoholizado e ingerido bebidas embriagantes en su área de trabajo, el titular del Juzgado Séptimo Municipal, Ricardo Esparza Vázquez –hermano del diputado local Juvenal Esparza y amigo del presidente de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz–, no ha sido despedido del ayuntamiento, sólo se le trasladó a otra dependencia.
Ricardo Esparza fue captado in fraganti en pleno esparcimiento alcohólico en la cocineta del juzgado y en compañía del defensor de oficio Israel Sánchez Gastélum. Ahí también se encontraban los custodios Jesús Medrano Lara y José Luis Nuño Rojas, mientras que el analista Salvador Romero Buenrostro estaba en el cubículo aledaño a la oficina de Esparza.
De acuerdo con el expediente LAB/032/2011, el 19 de marzo de 2011, a las 21 horas, el coordinador general de juzgados municipales, José Manuel Enríquez del Toro, recibió un aviso telefónico anónimo en que le avisaron que “en el juzgado ubicado en la zona centro habían metido cervezas otra vez, y que el juez Ricardo Esparza Vázquez y su personal se encontraban tomando en el área de cocina”.
Enríquez dio aviso al director de Visitaduría, Juan Alberto Prado Bayardo, quien junto con los visitadores Carlos Alberto Vega Martínez y Juan Armando Magaña, así como la administradora de los juzgados, Graciela Guzmán Rodríguez, se trasladaron a la sede judicial, ubicada en la calzada Independencia y la calle Hospital, con el fin de comprobar la veracidad del reporte.
Llegaron a las 23:40 horas y comprobaron que la oficina municipal se encontraba sin personal y que en el área de analistas solamente estaba Salvador Romero Buenrostro, quien “despedía un fuerte olor a alcohol y que al parecer estaba tomándole el informe a dos policías”, se lee en el acta circunstanciada.
Posteriormente a los visitadores y a la administradora se les unieron el director de juzgados municipales, Ignacio Quintero Stoupignan, y el propio coordinador general Enríquez del Toro.
“Arribamos a las instalaciones del juzgado municipal por la puerta de acceso al patio de maniobras por la calle Hospital y nos dirigimos al área de cocina (lugar señalado por la denuncia anónima), donde nos percatamos de que en el lugar se encontraban el juez Ricardo Esparza, el defensor de oficio Israel Sánchez Gastélum y los custodios José Luis Nuño Rojas y Jesús Medrano Lara, y sobre la mesa estaba una lata de cerveza de la cual ingería Ricardo Esparza”, se estipula en el documento, redactado por Quintero.
Continúa: “Ante tal situación, el suscrito les interpelé si en ese momento se encontraban tomando bebidas alcohólicas, reconociendo el juez municipal Ricardo Esparza y el defensor Israel Sánchez que efectivamente sí estaban tomando y que las cervezas se encontraban en el refrigerador en una bolsa negra, momento en el cual el licenciado Enríquez lo abre y se encontraron 12 cervezas de lata”.
Se les pidió a los involucrados que pasaran a la oficina del juez municipal, pero Ricardo Esparza se negó con el “argumento de que no quería ser grabado por el sistema de video del juzgado municipal, por lo que permanecería en la terraza y la cocina”.
Quintero le pidió a la médica de guardia del juzgado municipal, Liliana Chino Morales, que levantara los partes médicos al personal masculino que estaba en el área de la terraza y cocina, con el fin de que quedara constatado que Esparza, Sánchez y Romero tenían aliento alcohólico, mientras que Medrano y Nuño estaban sobrios.
Los partes médicos se entregaron a los visitadores Vega y Magaña para que levantaran el acta y pudieran aplicar los exámenes de alcoholemia.
Quintero sostiene que Ricardo Esparza le dijo en la terraza que “la había regado, que quería presentar su renuncia, pero que antes necesitaba esperar a una persona a la que había llamado”. El director de juzgados le indicó a Esparza que pasaran a la oficina, pero éste se rehusó para evitar que lo grabaran las cámaras. “En ese instante (el juez) recibió una llamada telefónica y se retiró. Al regresar me pidió que esperara unos minutos a que llegara una persona que lo asesoraría”, dice el funcionario en el acta.
Añade que ya era la 1 de la madrugada del 20 de marzo cuando llegó el jefe de la Contraloría, Alfonso Barajas Ortiz, quien en tono prepotente le dijo a Quintero que “no permitiría que sancionara de alguna forma al juez municipal Ricardo Esparza; que no se le realizaría ningún examen de alcoholemia, y que antes de que corrieran a Ricardo correrían del trabajo a todos”.
Entonces tuvieron que interrumpir el servicio en el juzgado municipal, para lo cual se argumentó “que se tenía problemas con el personal”. Los detenidos presentes a esa hora fueron canalizados a los juzgados de las zonas 6 y 7.
En su reporte, el director de Juzgados reiteró que Barajas Ortiz “entorpeció la labor de los visitadores a favor de un juez a quien se le imputaba beber bebidas embriagantes en el interior de las instalaciones de los juzgados municipales de la zona uno, dentro de horario de labores, oponiéndose a que se le practicaran los exámenes de alcoholemia”.
En el acta circunstanciada se dice además que cuando Barajas hablaba por teléfono, “dejó entrever en voz alta que se estaba comunicando con el contralor municipal (Francisco Morales Aceves), haciéndole saber que había anomalías y que él las arreglaría”.
Para colmo, cuando Quintero se acercó a Barajas, percibió que éste también despedía un “marcado aliento alcohólico; me amenazó diciéndome que no sabía con quién me había metido, que Ricardo Esparza Vázquez tenía un hermano influyente que había sido diputado (se refería a Juvenal), que primero me corría a mí de los juzgados que a Ricardo”.
De los cinco servidores públicos involucrados en el incidente, sólo tres perdieron su empleo: Sánchez Gastélum, Romero Buenrostro y Medrano Lara. Ricardo Esparza renunció a su puesto de juez en marzo, pero le volvieron a dar cabida en el ayuntamiento como líder de proyecto en la Dirección de los Programas de Desarrollo Municipal. En tanto, el otro custodio, Nuño Rojas, sigue en el juzgado.
Procedimiento “sospechoso”
El analista Salvador Romero Buenrostro y el custodio Jesús Medrano Lara coinciden en que fueron despedidos sin apego al procedimiento administrativo, puesto que se les abrió un procedimiento administrativo, pero nunca se les notificó.
En entrevista, Romero Buenrostro, oficialmente cesado el 10 de junio –según el expediente LAB/044/2011, por acumular cinco faltas injustificadas– asevera que esa fue la consecuencia de no acatar la orden de Enríquez del Toro para evitar la consignación de una detenida a la procuraduría estatal.
Relata que la noche de la supervisión el juez Ricardo Esparza recibió una llamada del coordinador general de Juzgados para pedirle que liberara a la hija de un agente de tránsito que fue detenida por robar mercancía de un almacén Wal-Mart.
Esparza le comunicó la petición a Romero, pero éste se negó a acatarla porque la información ya estaba capturada en el sistema; además, en el juzgado estaba presente la abogada de la tienda y “la averiguación previa se tenía que ir a la procuraduría”.
Dice que una hora y media después de la petición frustrada de Enríquez “les cayó” la supervisión, pero aclara que los únicos que “estaban tomando eran Israel y Ricardo”.
Romero indica que entonces Quintero les pidió a todos la renuncia y que plasmaran su firma en una hoja en blanco. “Israel fue el único que firmó, yo me rehusé a hacerlo; sin embargo, el coordinador general de Juzgados me dijo que de todas formas estaba despedido”.
Por su parte, Medrano asegura que el día de los hechos subió al área de la cocina sólo para informarle al juez Ricardo Esparza que no le podía llevar los radios de comunicación que le había pedido momentos antes, porque estaban descargados.
El custodio afirma que su compañero José Luis Nuño introdujo al juzgado las bebidas embriagantes, ocultas en una mochila, y que en la supervisión no le detectaron aliento alcohólico “porque antes de que llegara la doctora tomó un enjuague bucal y cuando se le arrimó, pues no le encontró nada”.
Dice que, en efecto, Salvador Romero tampoco tenía aliento alcohólico: “Yo vi cuando le ordenaron a la doctora que le pusiera que sí presentaba. Él estaba trabajando y lo levantaron para que se fuera a la cocina”.
El custodio considera que fueron despedidos para que sus plazas fueran asignadas a personas afines al alcalde. Señala que el día que levantaron el acta “el juez llegó tomado, y el coordinador y el director sabían que estaba tomado. Incluso, el coordinador comentó que le había dicho a Ricardo que se retirara a su casa y no quiso (…) Ellos sabían que llegó tomado y lo dejaron laborar. El detalle está en que ahora él está trabajando y nosotros no. Eso se me hizo sospechoso”.
Agrega: “Esto está amañado y bien politizado. A mí no me consta que haya renunciado el juez, qué casualidad que sigue cobrando”.
Romero, Sánchez y Medrano se presentaron a trabajar hasta su siguiente guardia, que fue el 23 de marzo, pero Enríquez del Toro no les permitió entrar y los envío con el director de Recursos Humanos, Sergio Otal Lobo.
“Pero (Otal Lobo) nada más recibió al juez –dice Medrano–. A la oficina también entró Edgar Fong, (jefe de la Unidad de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad). Después de un buen rato salieron Fong y el juez. (Otal Lobo) Nos mandó llamar y nos dijo: ‘¿Saben qué, señores? Este es un asunto delicado y llegó hasta arriba. El presidente municipal, Aristóteles (Sandoval) le pidió a Ricardo (Esparza), porque es su amigazo, que renunciara y de la misma manera se lo pido a ustedes.”
Añade: “Yo le dije que no le iba a presentar mi renuncia. Le dije: Si no te firmamos ¿qué va a pasar? Fong contestó que simplemente estábamos despedidos”.
Los afectados decidieron presentar una demanda laboral por despido injustificado ante el Tribunal de Escalafón, así como una denuncia ante la procuraduría estatal por privación ilegal de la libertad por parte de los funcionarios que se encargaron de la visita sorpresa.
Llama la atención que a los despedidos se les siguió depositando su sueldo, pero los involucrados consideran que esto se debe a que sus superiores sabían que no cumplieron el procedimiento administrativo y tenían la esperanza de disuadirlos de presentar una demanda laboral.
