Manuel Pérez Rocha
El Estatuto de la Universidad Autónoma de Nayarit es sin duda una de las leyes universitarias más avanzadas. Promulgado por el Congreso del Estado, después de un combativo movimiento universitario, faculta a los órganos colegiados de personal académico, de estudiantes y de trabajadores para determinar en todos sus aspectos la vida interna de la institución. Con este Estatuto dicha universidad puso en marcha hace tiempo un amplio programa de reforma destinado a vincular sus trabajos académicos con los sectores populares, poniendo en marcha diversas actividades de indiscutible sentido social.
Pero esta reforma resultó demasiado para los intereses económicos y políticos que dominan el estado y para las mafias incrustadas en la propia universidad; estos grupos e intereses, ante la imposibilidad de detener este proceso por vías legales, acudieron al terror y la violencia creando una situación grave en la UAN. En estas circunstancias intervinieron las secretarías de Gobernación y Educación Pública; la primera impuso un ilegal convenio para “regularizar” la vida de la institución, la realización de diversas auditorías solicitadas por las propias autoridades universitarias legítimas, la intervención de la SEP a través de dos funcionarios de ésta y la realización de un “referéndum” mediante el cual la “comunidad universitaria” decidiría si seguía rigiendo el Estatuto promulgado por el Congreso del Estado o si en su lugar se ponía nuevamente la vieja Ley Orgánica antidemocrática derogada por el mismo Congreso.
Con estas republicanas medidas lo que hicieron los promotores de la “reforma política” y de la educación nacional fue cancelar, violado todo derecho, el proceso de democratización de la Universidad Autónoma de Nayarit la cual permaneció intervenida por la SEP durante algún tiempo. Posteriormente, sin haberse efectuado las auditorías ni el referéndum, la SEP entregó la administración de la Universidad una “terna” designada por el “Colegio de Directores” cuerpos ambos inexistentes en el Estatuto Universitario que aún sigue vigente.
Desde los días de la intervención de la SEP, pero con más intensidad durante el tiempo que ha gobernado la terna, se ha llevado a cabo una intensa campaña para desmembrar el amplio sector de profesores, estudiantes y trabajadores que promovieron y realizaron el proceso de democratización de la Universidad. Dicha terna acordó arbitrariamente la desaparición de la Facultad de Ciencias de la Educación, del Instituto de Ingeniería y el Instituto de Investigaciones Económicas. Lo mismo pretende hacer con la “Preparatoria abierta” –lo han declarado públicamente– y para ello han empezado por retener los pagos de los profesores de la misma desde el pasado mes de junio.
Seguramente esos mismo propósitos persiguen con la implantación de un sistema de pagos “selectivo” en las escuelas de agricultura y economía; el sistema consigue en no pagar a quienes no les sean incondicionales.
En el tiempo que han durado los desgobiernos de la “intervención” y del “triunvirato” han sido despedidos más de cincuenta profesores de medio tiempo y tiempo completo y, según recuento del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicio de la UAN, se han cometido más de 23 violaciones importantes al convenio colectivo que tiene firmado con la Universidad, entre ellos: el despido injustificado de 23 trabajadores, el adeudo de un aumento de seiscientos pesos mensuales acordado en abril pasado, el adeudo también de las primas vacacionales de abril y junio y de tiempos extras, etcétera. A esto se suman condiciones de trabajo inhumanas y violatorias de los derechos constitucionales, como son la de los veladores, quienes trabajan doce horas diarias, siete días a la semana, sin vacaciones y sin que se les pague tiempo extra o cosa por el estilo.
Ante la negativa de la terna de desgobierno siquiera para entablar pláticas con el STESUAN éste decidió ir a la huelga el lunes 17 de octubre. Esta huelga tiene un aspecto singular: han sido cerradas las oficinas administrativas de la Universidad, pero las escuelas siguen trabajando, impartiéndose regularmente los cursos que se iniciaron hace unas semanas.
La respuesta de la terna, la cual cuenta con el reconocimiento y el apoyo del gobierno local y de las secretarías de Educación, de Gobernación y de Programación y Presupuesto, también tiene su aspecto singular: no pagaron a los trabajadores ni siquiera la primera quincena de octubre, que trabajaron regularmente.
“En México todo se puede hacer conforme a Derecho y dentro de Derecho” declaró hace ocho días el presidente López Portillo; hoy, como hace ocho y quince días, como otras muchas decenas de veces, reseñamos un caso que demuestra lo contrario.
