Froylán López Narváez
Manuel Buendía ha insistido, en sus análisis y crónicas: no existe un sistema de comunicación social respetable, fuerte, mexicano, nacionalista, democrático, eficaz. El ofrecimiento constitucional, según adición propuesta por la Cámara de Diputados, por supuesto a instancia presidencial, mal recoge o reconoce esta necesidad.
La anfibiología o equivocidad de la ley, lo primero que ha saltado al calar sobre la reforma legislativa, no es gratuita. Cuando se intenta manipular una necesidad, acomodarla a intereses hegemónicos, la hibridez y la confusión sobrevienen, a pesar de las pretensiones o declaraciones democráticas.
Mucho indica que dentro de las tácticas de poder priísta, en vez de cumplir con la ley vigente, se imponen reformas, también para ser incumplidas. Las faltas a la legislación vigente son atroces, constantes y cínicas, no obstante el acatamiento legal paliaría daños y entreguismos a los intereses extranjeros y mexicanos, monopólicos.
Lo cierto es que ahora no se ejercita el derecho a informar y ser informado. La concentración de los medios de comunicación social, la censura y la exclusividad, impiden que se acceda a las estaciones radiofónicas y televisoras, a las calles y paredes, a los mítines y manifestaciones. La indebida vigilancia del “orden público” sujeta a decisiones policiacas y administrativas inhibe la ventilación, discusión y reclamación de los otros derechos de los mexicanos. Peor aún: la contaminación hertziana ha envilecido la sensibilidad y la inteligencia populares. El gobierno federal remarca la maldad cuando entrega y se sujeta a los dueños y empleados de los monopolios de la difusión de los sucesos oficiales. Sí, los mismos que antaño loaban y reverenciaban a LE, y que, hogaño, repiten lisonjas, admiraciones y lacayismos mentirosos y estériles a José López Portillo; los mismos.
Pero quizás aquí no resida la dificultad y represión relevante, o no toda. La negación de actividad política en los centros laborales, en las plazas públicas, el impedimento de ejercer el derecho de reunión y asociación, correlativos de las libertades de expresión, son las formas inveteradas e ilegítimas que han soterrado la necesidad de informar y ser informado.
En el gobierno de JLP las cosas se han agravado por la injerencia de gente de mucho afecto y vecindad con el Presidente de la República. La desinformación nacional abarca la cinematografía, la radiodifusión, la prensa oficial, los periódicos tiempo atrás autónomos. México trastrabilla ciego, sordo, mudo.
A pesar de las reticencias que apuntaron algunos opositores del PAN, la reforma constitucional fue incluida ya en el texto jurídico mayor de la República. Como de costumbre falta su reglamentación, su aclaración, su viabilidad.
La reforma educativa y la reforma política, el reformismo apresurado y parco que se intenta, no tendrán sentido ni vigor, si no se alteran no tanto las leyes cuanto que las prácticas sociales. no se ha pedido tanto nueva ley, cuanto que cumplimiento que la rige, se supone.
Casi no hay tiempo ya para nada. Las treguas y los plazos pedidos y concedidos, se han agotado, a pesar de que se anuncia que en un bienio otro será el andar mexicano. Se ha difundido la hambruna proletaria, su correspondiente delincuencia social se incrementa, la represión acompaña a la otra violencia. Y a pesar de ello no se permite el grito, la denuncia, la reclamación directa, la organización independiente y reivindicadora. No se logrará mayor cosa con seguir callando a los mexicanos, continuando en el empleo de locutores y empresarios supuestamente adictos, pero en el fondo mercenarios de negocios propios y extranjeros.
Este es un renglón administrativo y político sumamente descuidado e incomprendido. Grave cosa.
