Miguel Angel Rivera
Un grueso legajo de memoranda, solicitudes, repuestas, comunicados, citatorios, denuncias y un antiguo mapa pintado a mano sobre tela con caracteres indígenas al estilo de un códice, constituyen el resumen de una lucha casi centenaria del pueblo indígena de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, distrito de Cuicatlán, Oaxaca, por integrarse al desarrollo del resto del país y defender su patrimonio.
Hasta ahora sus esfuerzos han resultado vanos.
Siguen aislados e incomunicados y parte de su tierra la perdieron como resultado de una resolución presidencial de dotación de tierras ejecutada “sobre el escritorio”.
Como en tiempos de la colonia, Tlacoatzintepec carece de un camino que lo comunique con las principales poblaciones del estado. Carece, asimismo, de agua potable, escuelas, servicios médicos drenaje, electricidad y del servicio de telégrafos y correos.
Y, lo más grave: la casi totalidad de sus poco más de 5,000 habitantes está imposibilitada de comunicarse con el exterior porque no habla español. Sólo una docena de ciudadanos de ese municipio han sido castellanizados y son ellos lo que se turnan en los cargos públicos, pero en ocasiones no son suficientes y tiene que completar sus planillas con alguno de sus hermanos, que sólo hablan chinanteco.
Para llegar a la carretera que va de la ciudad de Oaxaca a Tuxtepec tiene que caminar tres días por veredas.
Para lograr un poco de ayuda –al menos un camino que los una con el resto del país y, eventualmente, recuperar las tierras que les fueron arrebatadas– han creado una especie de ministerio de relaciones exteriores, constituido por un solo individuo que habla menos que medianamente el español, Celerino Bautista Hernández, para quien su misión se reduce a conseguir “algo” para los que se quedaron en Tlacoatzintepec.
Celerino ha estado ya en Tuxtepec, en Oaxaca y en la ciudad de México.
Se ha entrevistado con toda clase de funcionarios de prácticamente todas las dependencias estatales y federales. Ha recurrido también a diversas organizaciones campesinas, principalmente a la CNC.
Su peregrinaje se prolonga ya casi diez años y, a pesar de sus esfuerzos, no ha conseguido nada.
En su lenguaje, concentrándose largo rato antes de poder hilvanar frases en español o escribir unas líneas, Celerino relata con tristeza las respuestas siempre negativas, pero asegura que no desistirá.
Inclusive, se niega a obtener empleo permanente en México o en otra ciudad. Su argumento es contundente e irrebatible: “Si tengo dinero, me voy a olvidar de los míos”.
En todos los documentos que lleva siempre consigo en un viejo portafolios negro, hay sólo dos respuestas positivas: una de la Comisión Federal de Electricidad y otra de la entonces Secretaría de Obras Públicas, pero ambas resulta más desalentadoras que una negativa.
Obras Públicas, por ejemplo, les comunicó a los comuneros de Tlacoatzintepec que ya se habían concluido los estudios para un camino de mano de obra, pero que no se podrá iniciar a construir a corto plazo por su elevado costo.
La Comisión Federal de Electricidad fue más allá en su disposición a colaborar. Les dijo que sí podría llevarles energía. El presupuesto para tal obra era de un millón de pesos, pero como se realizaría con participación tripartita –federación, estado e interesados–, los indígena “sólo” tendrían que pagar 250,000 pesos, la mitad por adelantado, para poder iniciar las obras.
Esos 125,000 pesos son mucho más que el presupuesto total del municipio por varios años, habida cuenta que sus vecinos son agricultores que sólo producen para el autoconsumo y hasta la ropa –los hermosos huipiles de gran demanda en el país y en el extranjero– la tienen que elaborar sus mujeres. Son muy pocos los que pueden pagarse un pantalón o una camisa.
Las gestiones de Celerino por recuperar sus tierras resultan, si es posible medirlo, todavía más frustrantes.
Por principio de cuentas no sabe qué extensión de tierras les fue arrebatada. En el título que poseen –redactado todavía a mano– fechado en 1892, se habla todavía de leguas.
“Yo no sé cuánto es una legua y tampoco sé cuántas hectáreas son”, afirma el joven indígena al tiempo que en el mapa señala: “de aquí para acá nos quitaron y también nos quitaron del río para allá”.
Esas tierras que pertenecieron a los indígenas les fueron arrebatas por una comunidad vecina, casi totalmente indígena también, San Andrés Teotilalpan.
Los de Teotilalpan simplemente reportaron al entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización que había tierras desocupadas y las reclamaron para sí. Una resolución presidencial de 1970, cuando todavía era presidente Díaz Ordaz, se las entregó. Por supuesto, no hubo ningún estudio de campo para determinar si efectivamente eran tierras baldías.
Celestino explica el por qué sus vecinos lograron quitarles las tierras: “A ellos los ayudan caciques y ganaderos”.
La fuerza de los caciques se explica claramente en una de las múltiples denuncias cuyas copias tiene Celerino, dirigida al diputado federal sonorense Bernabé Arana León por las autoridades municipales de Tlacoatzintepec; cuya redacción original se respeta:
“En virtud de que los caciques ganaderos que responden de nombres Juan Jiménez, Julián Jiménez Cid, profesor Clicerio Playa Jiménez, Manuel Cid Vázquez, Efrén Ortiz Collado, Estanislao Sánchez Cid, Filogonio Ortiz Lozano, Fidel Rivera Lozano y Pedro Rivera Lozano, están mandando mucho a los campesinos que viven dentro de nuestras tierras comunales que les pagan un salario de siete pesos por día y a veces no les pagan nada y todos estos esclavos aplastados por caciques ganaderos que viven en nuestras tierras comunales se han presentado ante nosotros pidiéndonos la protección y diciéndonos que no cuenten ninguna clase de ayuda de ninguna autoridad. En este caso pedimos la intervención de usted ante el C. Lic. José López Portillo, presidente de la República, que se sirva atender este asunto a favor de los campesinos que viven en esta región indígena chinanteca”.
