Carlos Marín
Encarcelados por haber asesinado, robado o cometido alguna falta administrativa; recluidos por haber delinquido por móviles políticos; confinados con o sin juicio en una especie de pueblo amurallado; racionados en su alimentación y dotación de agua; perseguidos, humillados y explotados por pandillas de favorecidos; convertidos en mendigos a falta de trabajo; hacinados, obligados a dormir a la intemperie, degradados, los 2,700 reclusos del penal de Oblatos, en Guadalajara, se amotinaron contra sus verdugos y consumaron, el lunes 10 de octubre, la más atroz matanza que consigna la historia penitenciaria del país.
Las autoridades culpan a miembros de las llamadas Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo –FRAP– y de la Liga Comunista 23 de Septiembre, cuya presunta intención habría sido apoderarse del colosal negocio que representa el sistema corrupto de control que venían detentando grupos sucesivos de delincuentes.
Los activistas presos, por su parte, afirman que son víctimas de un plan nacional para exterminarlo: “A los detenidos recientemente se les ha desaparecido y a los que estamos encarcelados nos quieren asesinar”, dijeron Juan Razo González, Raymundo Valenzuela y Fernando Acosta Vera.
En Oblatos, a donde Proceso entró tres días después de que la fuerza pública sofocó el motín, los testigos y protagonistas de la rebelión, los reos, aseguran que fue “el pueblo” –la población recluida– el que masiva, tumultuariamente, se hizo “justicia”.
Si parecen esquemáticas las posiciones que sobre los sucesos cada quién adopta, cabe resaltar que junto al desbarajuste administrativo y social de esta cárcel, inmersa en él, se ha desarrollado violenta pugna entre los guerrilleros presos, quienes levantan cargos de “delator” y “agente”. La pugna comprende inclusive “ajusticiamiento” en los que, de una u otra manera, participan o son utilizados presos comunes, algunos de los cuales –”chacales”, les dicen– han asesinado a tantas personas que sus condenas sumadas rebasan los 200 años.
La lucha de facciones se ha desarrollado frente a pandillas que, a su vez, luchan entre sí y contra “los subversivos” por el manejo del penal.
Autoridades y reclusos coinciden en que los 13 (para el director de Oblatos) o 14 (para el gobernador de Jalisco) asesinados obtenían millones de pesos por dejar entrar familiares, por alquilar camastros, por rentar celdas colectivas o “de lujo”, por vender alcohol, por dar trabajo en los talleres, por concesionar negocios, por traficar mariguana, cocaína, heroína y tíner; por perdonar castigos “disciplinarios” y fajinas (limpieza de excusados), por permitir poseer televisores y radios, por dejar vivir.
“El problema del penal es fruto de la incurría y el descuido de muchos años”, dijo a Proceso el gobernador Flavio Romero de Velazco, quien al tercer día de la sublevación –que duró del 10 al 21 de octubre– dispuso el inicio de la construcción de la nueva penitenciaría del estado que deberá funcionar dentro de un año.
Por lo tanto, casi mil presos duermen a la intemperie debido a la insuficiencia de celdas, admite Pedro Ibarra, director de Oblatos.
Cuando hace 45 años comenzó a funcionar la penitenciaría, su capacidad era para 700 reos. Con los 2 mil adicionales que soporta, la cárcel representa uno de los más graves problemas sociales de Jalisco.
Entrevistados en la penitenciaría de Santa Marta Acatitla en la ciudad de México, los miembros del grupo que mayor resonancia alcanzó en la historia violenta y reciente de ese estado, conocidos como “los Pelacuas” (uno de ellos acusado de 18 asesinatos) informaron que hasta hace unas cuantas semanas “era más fácil conseguir drogas en Oblatos que en cualquier lugar de Guadalajara”.
Desde afuera, el penal de Oblatos parece un castillo medieval de torres y muros almenados. Al trasponer el portón, el visitante se topa con la insólita imagen de una barriada de arquitectura pueblerina, serrana, en la que los hombres privados de la libertad se apiñan lo mismo si se encuentran en proceso que si ya están sentenciados. Por partes iguales, mitad y mitad de los 2,700, más o menos.
“Ya se está elaborando un nuevo código penal. El que existe es obsoleto. Vamos a hacerlo nuevo. No vamos a parchar el viejo”, informa el gobernador Romero de Velazco, para añadir que quienes cometan delitos imprudenciales no ingresarán a la penitenciaría. Y subraya: “Esta cárcel yo no la construí, así me la entregaron”.
Mientras, presuntos y confesos (seguro que inocentes y culpables), sin identidad en la masa, deambulan por cientos en las callejuelas terregosas al tiempo que otros cientos, cautivos del sopor y el tedio, se sientan o se acuestan en el piso donde por las noches muchos de ellos duermen.
Sólo 200 de los 2,700 tienen trabajo en los talleres, que como los de calzado, son propiedad de convictos con capacidad para invertir. Van y vienen con sus herramientas y productos para platicar con otros presos que entran y salen de la iglesia o con los que toman refrescos o almuerzan en las tiendas, fondas y estanquillos que, en el amontonamiento, parecen abundar en el penal.
El lunes 24 de octubre, decenas de albañiles levantaban bardas que dividirán el de por sí subdividido reclusorio. Se trata ahora de seccionar a la población, con la esperanza de que no ocurra otro levantamiento de la magnitud que alcanzó el 10 de octubre.
Por lo pronto, entre la población hay la seguridad de que subsisten las causas que hicieron posible el estallamiento que, no fue sino uno más, el más cruento, de los que a partir del 28 de abril han ocurrido.
A las 9 de la mañana del lunes 10 de octubre, Reynaldo Arellano, cacique del penal, acompañado por sus allegados y favorecidos, abrió la reja que divide el corral del resto del reclusorio, azuzando a guerrilleros y rancheros segregados para que fueran a enfrentarse con otros guerrilleros y chacales confinados en el rastro.
Cuando se abrió la reja, los segregados se abalanzaron contra Reynaldo y su gente y, seguidos por varios cientos de reos del área común, se dedicaron, utilizando puntas (pedazos de fierro, cucharas afiladas, tenedores, cuchillos, etcétera) a dar muerte a quienes detentaban la autoridad y la arbitrariedad.
“Se actuaba sobre una lista como de 60 que habían elaborado los del corral”, informan reos que afirman no haber tomado parte en la persecución.
La matanza, especie de festín multitudinario, la capta en toda su dimensión de horror la nota del periodista Felipe Cobián publicada en el número 50 de Proceso. Al último en matar, Rafael González Guzmán, la turba lo desnudó, violó, torturó. Semiconsciente, le cortaron el cuero cabelludo. Luego le sacaron los ojos, lo castraron, le dieron 135 piquetes en todo el cuerpo y le prendieron fuego.
Al mismo tiempo, muchos reclusos que no participaban de la barbarie demandaban a gritos la intervención de la policía, pero la orden para que esto ocurriera se dictó 10 días después.
“Hubo grandes presiones para que se interviniera con el armamento convencional, lo que hubiera provocado una verdadera masacre”, dijo a Proceso el gobernador Romero de Velasco. “Me negué en absoluto a que tal cosa se hiciera. Preferí ver el problema con toda serenidad. A problemas calientes, cabeza fría”, añadió pausado, preciso, cuidando que sus palabras fueran transcritas textualmente.
Médicos y personal de enfermería del Hospital Civil de Guadalajara, explicaron la causa clínica de la mayoría de las muertes de ese día (hasta donde se supo, en los nueve siguientes ya no hubo asesinatos):
Cuando una persona es “picada” en los intestinos, la sangre se envenena rápidamente al contaminarse con la sustancia fecal. Uno de los que llegaron heridos a ese nosocomio, relatan los que lo vieron, presentaba además de incontables golpes contusos en todo el cuerpo, 34 perforaciones en el abdomen.
El mismo día de la matanza renunciaron 13 de los 75 vigilantes del penal, en protesta por la inseguridad en que sobrevivieron y la pasividad de la policía.
Para cuando 750 policías y agentes recuperaron la cárcel, asesorados por instructores llegados de la ciudad de México, los renunciantes sumaban ya 25.
Restablecida la “normalidad” en el reclusorio, los reos dudan de la efectividad de lo que para muchos fue un “escarmiento”: ocupa el lugar de Reynaldo Arellano Navarro uno de los lugartenientes que escaparon de la muerte. Rosalío Zaragoza, quien confinó en el corral a presuntos seguidores de los hermanos Campaña López y Manzano. De la suerte que corrieron estos cuatro, junto con otras que hacen un total de 25, informa un comunicado del gobierno del estado al director de la penitenciaría, Pedro Parra Centeno:
“Por acuerdo del C. Gobernador Constitucional del Estado, se le ordena entregar a los CC. Dr. César Lechuga Rojas, director de los servicios coordinados de prevención social de la Secretaría de Gobernación y Lic. Marcial Flores Reyes, subdirector de la misma dependencia, los reos recluidos en ese Centro a su digno cargo que abajo se listan, para que sean trasladados a diversos reclusorios de la República que la propia Secretaría de Gobernación determine.”
Los listados son: Rafael Montoya Ramírez, Andrés Santos Lara, Héctor Quintero Lara, Rodolfo Pérez Tamayo, Raúl Fierro Ramírez, Ramón Campaña López, Juventino Campaña López, Eduardo Manzano Muñoz, Alfredo Manzano Muñoz, Joel Estebané Flores, Antonio Rentería Villegas, Alfredo Delgado Praga, Ignacio Gutiérrez Pérez, Roberto González Vázquez, Sergio Simons Carrillo, Rubén Oropeza Ortega, Gilberto Méndez Guillén, Ramón García García, Eusebio Pelayo Rubio, Cleofas Hernández, Pedro Casián Olvera, Jesús Rodríguez García, Arturo González Martínez, José de Jesús Ramírez Meza y Rubén Ramírez González.
En el corral, ahora, hay disparidad en el número de reos por cada una de las 10 celdas. Lo mismo están recluidos sólo dos que 15 (con tres camastros únicamente por recinto). En este “Departamento I” Proceso obtuvo la versión de Eduardo Higareda Alatorre, Jesús Gustavo Salvador García, Raúl Serna Ortiz, Armando Rentería (de la Liga), Héctor González Hernández y otros veinte. “Fue el pueblo”, afirman, el que se sublevó. “Dos veces antes vino Reynaldo con su gente a querer matar a los Manzano y los Campaña López, pero ellos se organizaron ese lunes, cuando llegaron los que se murieron, les dieron el voltión.”
Explican que la barbarie se produjo “porque eran muchas las vejaciones que la población había soportado.. explotó…” Y dicen que los castigos implementados por el sucesor de Reynaldo y la conservación del estado de corruptelas en que se ha desenvuelto la vida del penal “pueden causar un hecho peor”.
Para llegar al rastro hay que tomar una larga calzada, paralela a uno de los muros exteriores de la cárcel, trasponiendo portones de seguridad. A este corredor le llaman “zona prohibida”. En el área de confinamiento un gran Che pintado sobre un muro preside el escenario. En una de las celdas dan su versión Juan Razo González (FRAP), Raymundo Ibarra Valenzuela (MAR) y Fernando Acosta Vera (FRAP), mientras en el patio otros guerrilleros y varios chacales juegan en torno a una mesa o platican.
Los que hablan con el reportero, se aclara, lo hacen por todos (unos 20 en total).
“El capitán de corbeta nos invitó a reorganizar la penitenciaría. Nosotros nunca hemos tenido la intención de controlar nada. Participamos porque hacía falta. Hicimos los proyectos, solamente. El poder aquí lo tenían los Pelacuas, que manejaban crimen y droga en Jalisco hasta antes de caer en desgracia los funcionarios que los protegían.
“Por encima de los detalles, las riñas, los incidentes que precedieron la matanza está claro que la solución a nuestro problema, al problema sustancial de la población de Oblatos, no la representa un nuevo código penal ni una nueva cárcel. Es un problema inherente al sistema capitalista.
“Aquí lo que ocurrió es que, aprovechando las divisiones de hombres revolucionarios, se montó un plan para exterminar a los presos políticos de Oblatos. Los Campaña y los Manzano iban a hacerle el juego a Reynaldo para venir a matarnos, pero la noche anterior, cuando el cacique, borracho, pregonó que iba a correr sangre y cantaba como mariachi el corrido de Valente Quintero, los del corral descubrieron su maniobra. Primero seríamos nosotros y luego ellos. Y cuando Reynaldo llegó a abrirles el departamento, salió la gente y se levantó el pueblo.”
Afuera, en la ciudad, los padres de los activistas que fueron trasladados a la ciudad de México, representados por el señor Luciano Rentería, emiten boletines y dan conferencias de prensa para expresar su inquietud por lo que ocurre con sus hijos. Evitan en todo momento abordar el tema de las pugnas y repiten con angustia que entre los padres se mantiene una unidad esencial.
Para muchos guadalajareños libres el motín de Oblatos es una historia más en la larga historia de violencia que sacude de cuando en cuando al estado de Jalisco.
En Oblatos, en tanto, 2,700 presidiarios esperan condiciones mínimas de respeto a su humanidad.
