Hace tres años que Tracy Álvarez Chávez, quien se desempeñaba como inspectora de Reglamentos de Zapopan, fue acusada de cohecho y perdió su trabajo. Aun cuando demostró su inocencia, hasta ahora no ha recuperado su trabajo por problemas extralegales, pues su expediente laboral desapareció del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Su abogado, Francisco Orozco Rubio, dice que en sus tres décadas como litigante nunca se había encontrado con anomalías de esta naturaleza.
El expediente laboral de Tracy Álvarez Chávez, quien durante la administración del priista Arturo Zamora fue inspectora de Reglamentos en Zapopan, desapareció del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, lo que hoy le impide regresar a su puesto, del que fue separada en raíz de la fallida denuncia de una particular que la acusó de cohecho en junio de 2008.
Francisco Orozco Rubio, abogado de Álvarez, relata que su cliente ha vivido una pesadilla desde hace tres años, luego de que el ayuntamiento le notificó que ya no laboraba ahí, por lo que presentó una demanda laboral (expediente 476/2008-D) que ganó desde el principio, sólo que el documento desapareció del tribunal “aparentemente por cuestiones políticas”.
El litigante sostiene que Tracy Álvarez, militante priista, y su compañera Irma Karina Cárdenas Cebreros, de filiación panista, fueron falsamente acusadas de intento de soborno por Norma Ofelia Arámbula de la Cruz, encargada de la empresa Triplay Ofertas, S.A. de C.V., ubicada en la avenida Laureles 367.
Ambas fueron aprehendidas y exhibidas ante los medios de comunicación, incluso fueron encarceladas durante 24 horas el 3 de junio de ese año.
En su denuncia, Arámbula de la Cruz expuso que Tracy e Irma Karina quisieron extorsionarla con mil pesos, según la declaración ministerial 417/2008-C. Según ella, como carecía de licencia municipal, ambas le exigieron 5 mil pesos por cada una de las cinco sucursales de su empresa para dejarla trabajar.
El abogado dice que Álvarez Chávez comenzó a laborar en el ayuntamiento zapopano durante la administración del priista Arturo Zamora Jiménez (2003-2006). No obstante, cuando hubo cambio de administración y el ayuntamiento quedó en manos del panista Juan Sánchez Aldana, su cliente fue acusada de cohecho y encarcelada; y aun cuando ella comprobó su inocencia y recuperó su libertad, no ha podido reintegrase a su trabajo por problemas extralegales desde hace tres años.
Según Orozco Rubio, el expediente no está perdido, sino que fue “sustraído” por algún servidor público interesado en que Tracy no regrese a su cargo. Dice que es difícil que algún documento de ese tipo desaparezca, puesto que todos tienen un control; además, en cada libro se consigna el nombre del funcionario que lo consulta y la fecha en que lo hace.
–¿Cualquier persona pudo consultar ese expediente? –se le pregunta al litigante.
–No. Tuvo que haber sido un funcionario público. Los expedientes se encuentran bajo resguardo de las autoridades, en este caso de los secretarios del tribunal. Por ello, si algún expediente se pierde, se altera o es robado, es obligación del secretario proceder ante una agencia del MP del fuero común para interponer una denuncia de hechos, para que a su vez se haga una investigación de tipo penal.
El documento laboral desapareció del tribunal y, lo más grave, el ayuntamiento zapopano tampoco tiene una copia. Según su apoderada legal, Sandra Fátima Salcedo Sánchez, en diciembre de 2009 “robaron un vehículo en el que se encontraba la totalidad del expediente”.
“Lo curioso es que al ayuntamiento le roban copia del expediente y ese mismo documento desaparece del tribunal”, comenta Orozco Rubio.
Eso constituye un delito penal, según el abogado, quien se dice sorprendido de que ni el ayuntamiento ni el tribunal interpusieron la demanda correspondiente. “Jamás, a lo largo de 30 años de experiencia como litigante y de ejercer por décadas cátedra en la división de Estudios Jurídicos en la Universidad de Guadalajara (UdeG), me había encontrado con anomalías de esta naturaleza”, relata a Proceso.
–¿A quién protegen las autoridades?
–No lo sé. Lo que sí digo es que este hecho levanta suspicacias. Una cosa es que como abogado pierda un juicio por no asistirme la razón y otra cosa es que pierda la demanda a través de un proceso sucio… Si se repiten irregularidades como ésta, en breve tendremos una justicia selectiva para ciertos funcionarios.
En el portal electrónico del ayuntamiento de Zapopan, el currículum de Salcedo Sánchez indica que es licenciada en derecho, título que obtuvo en 1997 en la UdeG. Además, tiene un diplomado en derecho administrativo e hizo otro curso del que obtuvo constancia.
Hasta hoy, el mayor desempeño de Salcedo Sánchez ha sido en el controvertido Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, donde fungió como secretaria entre 1997 y 1998; oficial mayor notificador de 1998 a 1999 y auxiliar de instrucción de 1999 a 2000.
La trampa
En enero de 2008, Tracy Álvarez recibió la orden del director general de Inspección y Vigilancia en Zapopan, Pablo Aguilar Lucio, y de su jefe directo, José Luis Villanueva, quien era el director de área técnica, para que clausurara 200 espectaculares y anuncios en vallas por presuntas irregularidades.
Ella cuenta que poco después la llamó por teléfono Francisco Uribe Tapia, responsable de la Sindicatura de Seguridad Pública, para pedirle que no procediera porque ya se había establecido un convenio con los propietarios de los espectaculares.
No obstante, Tracy actuó conforme a las instrucciones de sus jefes y clausuró los anuncios porque, dice, “estaban fuera de norma”. Poco después el alcalde Juan Sánchez Aldana removió a Aguilar Lucio y a Villanueva, jefes de Tracy.
Además, nombró como director de Inspección y Vigilancia a Uribe Tapia, el mismo que llamó a Tracy para que dejara sin efecto la solicitud de sus antiguos jefes; y en la sindicatura de la policía municipal fue designado Abraham González, amigo de Uribe Tapia.
“¡Sorpresa! –expresa Tracy–: Yo fui a la cárcel, perdí mi trabajo, mancharon mi nombre y el de mi familia.”
Según ella, el 3 de junio de 2008 acudió con su compañera Irma Karina Cárdenas Cebreros a la maderería Triplay Ofertas, S.A. de C.V., en avenida Laureles, para clausurarla por no contar con licencia municipal ni cumplir con las normas de seguridad.
Tras avisarle a la encargada del negocio, Norma Ofelia Arámbula de la Cruz, sobre la clausura, Tracy e Irma Karina abandonaron el inmueble para traer los documentos y colocar los sellos de clausura.
Ya en la calle, ambas vieron a cinco patrullas de la policía municipal con dos elementos en cada una; ahí estaba también Uribe Tapia, “quien casualmente pasaba por el lugar”.
La demanda penal contra Tracy e Irma Karina tuvo un proceso de casi un año. El 26 de mayo de 2009, el juez décimo sexto de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado, Jorge Luis Solís Aranda, las absolvió por no acreditarse la acusación del delito de tipo penal de cohecho.
Y aun cuando Tracy ganó el pleito, la demanda laboral 476/2008-D por despido injustificado fue sustraída del tribunal, lo que impide que se dicte una resolución. Actualmente Tracy labora en uno de los negocios de su padre.
En el caso de Irma Karina Cárdenas Cebreros, fue reinstalada en enero pasado como inspectora de Zapopan. Ella recibió 192 mil 890 pesos con 18 centavos por concepto de “finiquito y laudos” y las siguientes quincenas hasta agosto pasado. Además, según la página de Transparencia del ayuntamiento, tenía percepciones que variaron de 3 mil 500 a 6 mil 515 pesos.
–¿Por qué la reinstalaron a ella y a ti no? –se le pregunta a Tracy.
–Buena pregunta. Nadie sabe. Además, mi expediente laboral está perdido.
–¿Te consideras una víctima?
–No sé cuántos intereses hay; no sé ni por qué soy una víctima. Todo el tiempo que trabajé en el ayuntamiento no hubo una sola queja en mi contra. Yo tenía dos trabajos: en las mañanas en el Supremo Tribunal de Justicia y en las noches como inspectora en Zapopan.
“Mi familia tiene varios negocios; yo no tenía la necesidad de quemarme por mil o 1 millón de pesos. Soy una mujer de trabajo. El día que salí de la cárcel mi hija de siete años, la mayor, me dijo: “Mamá, si necesitabas mil pesos yo hubiera roto mi alcancía.”
–¿Qué harás ahora?
–Quiero que se limpie mi nombre. La información se divulgó a nivel internacional y hasta ahora nadie me ha ofrecido una disculpa pública. Me interesa que se sepa la verdad, quiero mi nombre limpio y mi trabajo que nunca debí haber perdido, porque lo ejercí con honestidad y dignidad.
Tracy insiste en que la pérdida de su empleo fue consecuencia de las mentiras en su contra. Y se pregunta: “¿Será contra mí? ¿Por qué mi otra compañera ya está trabajando desde principios de año?
Francisco Uribe trabaja ahora en la unidad de asesores de la bancada del PRI en el Congreso local. ¿Quién te tiene que ofrecer disculpas: Uribe, Héctor González o Norma Ofelia Arámbula?, pregunta la reportera.
“Yo creo que todos juntos. Todos me tendieron una trampa, se confabularon en mi contra; también se involucró Sánchez Aldana cuando era alcalde.”
Tracy nunca ha ocultado su filiación priista, ni Irma Cárdenas su militancia en el PAN. Tracy ingresó al municipio cuando estaba en la alcaldía su correligionario Arturo Zamora Jiménez y su viacrucis lo vivió con el panista Juan Sánchez Aldana.
Y hoy, que gobierna el municipio otro priista –Héctor Vielma Ordóñez–, resulta que el expediente laboral se perdió y las autoridades del Tribunal de Arbitraje y Escalafón no han presentado la denuncia; además, la copia que tenía el ayuntamiento fue robada en diciembre de 2009, lo que impide que Tracy recupere su cargo como inspectora de Reglamentos.
