La Contraloría del municipio de Chapala realizará una investigación administrativa con motivo de las denuncias presentadas en agosto pasado por el extesorero Roberto Armando Molina Salazar ante la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el manejo irregular de alrededor de 15 millones de pesos durante el último trimestre de 2010.
En su edición del 25 de septiembre último, este semanario informó que Molina Salazar hizo una revisión detallada de las cuentas municipales y encontró gastos injustificados, presentación de facturas apócrifas, actos de simulación, adquisiciones a proveedores fantasmas, así como compras a sobreprecio y fraccionadas para evitar someterlas a licitación (Proceso Jalisco 359).
Para el día 26, José Guadalupe Dueñas Acosta, encargado de la Hacienda Pública Municipal, instruyó al contralor Jaime Nicolás Padilla Ramos para que procediera “de conformidad con el marco legal aplicable”, pero rechazó que los proveedores citados por su antecesor hayan expedido facturas falsas. No abundó sobre los procedimientos de las compras ni de la pertinencia de las mismas ni del proceso de selección del proveedor y los elevados precios.
Y en el caso de Proyectos y Estructuras de la Construcción, S.A. de C.V., que facturó a Chapala 7 millones 189 mil 84 pesos en los últimos meses de 2010, el actual tesorero niega que la empresa haya dado un domicilio inexistente. El funcionario también restó importancia al monto de las compras, así como a la diversidad de sus servicios.
“Dicha empresa cuenta con un objeto social amplio, mismo que la faculta para realizar cada una de las situaciones que pormenoriza el entrevistado”, sostiene Dueñas, al tiempo que muestra copia de su acta constitutiva.
Según Molina Salazar, todo apunta a que Proyectos y Estructuras de la Construcción tiene como único cliente al ayuntamiento de Chapala –pues nace el primer día hábil de 2010, fecha en que Jesús Cabrera Jiménez inició su gestión como alcalde– “y lo mismo le factura un saco de cal, que un proyecto y le renta maquinaria”.
Proceso Jalisco detalló en su edición 1359 que Proyectos y Estructuras de la Construcción, S.A. de C.V., factura con el domicilio de la calle Venezuela 117, en la colonia Moderna, en Guadalajara; pero ese domicilio no existe, pues la numeración va del 321, del cruce de la calle Prisciliano Sánchez, donde inicia, hasta el 3945, en avenida Washington, donde termina.
Dueñas se lava las manos y argumenta que “dicha situación es desconocida para el municipio, siendo que le corresponde la verificación de ello a la Secretaría de Hacienda y al SAT”, aunque los ayuntamientos deben hacer las verificaciones correspondientes para integrar su padrón de proveedores.
Este semanario descubrió que las facturas de Proyectos y Estructuras de la Construcción carecen de legalidad, toda vez que el domicilio que se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes es Venezuela 717, y no el que aparece en facturas y convenios celebrados con Chapala.
También llama la atención que el domicilio de la empresa está en Guadalajara y que se registró en la Administración Local de Hacienda en Zapopan el 21 de enero de 2010, aunque inició operaciones el día 4 de ese mes.
Las verificaciones
José Guadalupe Dueñas Acosta, quien sustituyó en el cargo a Molina Salazar, considera que hay un interés doloso de parte de su antecesor por desvirtuar la realidad.
Incluso entregó a la reportera copias de algunas facturas de los cuatro proveedores que, comenta, sometió al Servicio de Verificación de Comprobantes Impresos del SAT, como lo hizo el propio Molina. En todos los casos, dice, los datos del comprobante se encuentran registrados en los controles del SAT.
Proceso Jalisco validó los mismos comprobantes con los métodos empleados por Molina y por Dueñas Acosta. En el caso del extesorero, quien aportó todos los datos solicitados, incluyendo la serie de la factura –en caso de no contar con ella, según el manual de procedimiento del SAT, debe escribirse la palabra “única”–, el sistema verificador detectó que el documento es “presuntamente apócrifo”.
En el caso de Dueñas, quien presentó las facturas sin el número de serie correspondiente, los documentos fueron validados.
Molina Salazar admite que decidió indagar sobre las cuentas de Chapala tras enterarse de que la actual administración presentó una denuncia penal en contra del expresidente Gerardo Degollado González y contra él por el presunto desvío de 1.5 millones de pesos. Dice que eso es falso y que puede acreditarlo ante las instancias correspondientes, ya que se trata de recursos destinados a programas sociales.
El tesorero Dueñas indica que la denuncia presentada contra su antecesor y contra Degollado González (286/2011-C agencia 1) sigue vigente. Se encuentra, dice, en la etapa de integración por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), “sin que hasta el momento los exfuncionarios hayan acreditado la erogación del gasto de los recursos del programa PAC (Programa de Acción Comunitaria)”.
Molina Salazar mostró incluso información de la página de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Humano del estado que indica que en los proyectos del PAC por municipio y en el reporte correspondiente a Chapala se señala que en el cuarto trimestre de 2009 todo estaba liberado.
Asimismo, Molina Salazar asegura que un tercero cobró un cheque de 77 mil 610 pesos expedido a nombre del proveedor Salvador Camacho Gallardo, por lo que el ayuntamiento tuvo que desembolsar otros 77 mil 610 pesos para pagar a Camacho Gallardo.
Dueñas Acosta niega que haya habido un pago doble y adjunta la carta finiquito que ampara los pagos al proveedor. Sin embargo, Molina Salazar reitera que para evitar el escándalo el ayuntamiento pagó en efectivo esa cantidad a Camacho Gallardo, incluso reta al tesorero Dueñas a que muestre copia del cheque 0000647 de la cuenta 92-00147408-5, mismo que fue cobrado en el banco Santander Serfin el 30 de abril de 2010 para que, dice, se conozca la identidad de quien lo cambió, pues supone que nadie pudo hacerlo salvo el propio Dueñas.
