Señor director:
En la sección Palabra de Lector de Proceso 1822, página 81, se publicó una carta firmada por la señora Yuridia Magali Huerta, de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla, junto con la respuesta de la reportera Gabriela Hernández. (“Precisiones” al reportaje Amenaza al Patrimonio Cultural de la Humanidad.)
En virtud de que su reportera me cita, permítame a mi vez emitir mi punto de vista sobre las afirmaciones de la funcionaria.
En su réplica, la señora Huerta se refiere a una de las acciones que ella considera en “pro del desarrollo” de los poblanos: la fastuosa, carísima e inútil inversión pública en un viaducto elevado en Zona de Monumentos Históricos de Puebla, iniciado sin los permisos previos que exigen las leyes estatales y federales.
Desde junio, cuando nos dimos cuenta de que la modernización vial del gobernador Rafael Moreno Valle avanzaba con un viaducto elevado, realizando calas en zona de monumentos (en las inmediaciones del Cerro de Loreto y Guadalupe y a un costado del Arco de Loreto), exigimos hacer públicos los dictámenes del INAH y los requisitos de ley (como, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental federal previos) para intervenir un área como ésa.
Un grupo de académicos –todos especialistas en urbanismo, antropología o historia regional– nos unimos entonces al reclamo de los mismos investigadores del INAH-Puebla para que se nos permitiera estudiar las justificaciones técnicas de que la actual administración introduzca un mayor tráfico vehicular en zona de monumentos.
En programas de radio, artículos periodísticos y en un foro académico (abierto al público y a autoridades, al cual por cierto sólo asistió un regidor del PRD) preguntamos al gobernador qué razones tuvo para aprobar ese proyecto con costos millonarios sólo para favorecer al automóvil.
El “gobernador del diálogo”, Rafael Moreno Valle, respondió con soberbia y amenazas a nuestros cuestionamientos: el 31 de agosto advirtió que nada iba a detener su gran proyecto de desarrollo para Puebla, menos unas “minorías” inconformes, y agregó amenazante que con nuestra oposición al viaducto lo “enfrentábamos” directamente a él. Es decir, al Estado, que es él.
Finalmente, el 24 de agosto pudo hacer público (colados los soportes del viaducto elevado) un acuerdo en lo oscurito con el director del INAH, Alfonso de Maria y Campos, quien a través de un comunicado de prensa (no hemos podido ver el dictamen técnico ni el documento oficial) dijo haber acordado una nueva maqueta que permitiría al gobernador continuar con su viaducto, pero ahora bajando el tráfico vehicular al subsuelo de Mictlán.
Que a nadie le quepa la duda: estas acciones provienen de un gobernador soberbio que ha violado la ley estatal y federal que protege la ciudad y sus monumentos. Se propone gastar 210 millones de pesos por kilómetro del erario para favorecer a 15% de la población que se moviliza en automóvil particular en la Zona de Monumentos Históricos de Puebla, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Atentamente
Antropóloga Anamaría Ashwell
