Cuando se trata de invertir los recursos provenientes de las pensiones que maneja, el Ipejal es generoso: así lo muestran sus “rescates” de los proyectos de la Villa Panamericana y del “Nuevo Cancún”. Pero si se le pide información, ésta se administra a cuentagotas, maquillada, incompleta… Aun así, un informe obtenido a través de la Ley de Transparencia arroja datos alarmantes sobre la gestión del instituto.
Especulaciones en bancos y casas de bolsa privados; inversiones inmobiliarias cuestionables, como en la Villa Panamericana, así como gastos sin control en nómina, telefonía y energía eléctrica se han detectado en la operación del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), maniobras en las que arriesga el dinero de más de 117 mil burócratas, aprovechando la opacidad de la dependencia.
Aunque el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) lo califica como la institución “más transparente del estado”, el Ipejal mantiene oculto 99% de sus ingresos, inversiones financieras y proyectos inmobiliarios, como son el “Nuevo Cancún” en Chalacatepec y la Villa Panamericana.
Según la información obtenida a través del Itei, el Ipejal tiene contrato vigente con 19 casas de bolsa y 20 bancos privados, en los que está autorizado a poner en juego más de 6 mil 500 millones de pesos.
Entre las instituciones financieras en las que se ha invertido 66% de ese monto destaca el Banque Psche, cuyas oficinas centrales se ubican en Ginebra, el corazón de la capital financiera suiza. Además, tiene otro contrato vigente con la compañía intermediaria de operaciones Global Financial Contracts, con sedes en Canadá y Londres, lo cual le permite realizar operaciones de mercado en Inglaterra y Estados Unidos resguardando las cuentas a través de bancos como HSBC.
Otro banco privado suizo en el que el Ipejal tiene actividad de gestión es UBS, que cotiza en las principales bolsas del mundo, entre ellas las de Zurich, Fráncfort, Nueva York y Tokio.
Javier Santillán Oceguera, quien fue secretario de Administración y tesorero del Consejo de la institución jalisciense en 1984, durante el gobierno del priista Enrique Álvarez del Castillo, refiere en entrevista que el Ipejal no fue creado con el fin de bursatilizar los recursos de los trabajadores. Por eso, advierte, durante la actual administración panista esa dependencia ha incurrido en delitos graves que conciernen a la administración del dinero. Por ejemplo, asegura que sus directivos deberían ser sancionados por tener depósitos bancarios en el extranjero.
El mismo informe solicitado por Transparencia al Ipejal presenta sólo un acercamiento mínimo a los activos y pasivos –al parecer sólo aquello que le conviene a la institución– hasta julio pasado. Los ingresos que el Ipejal devela se limitan a 1% de sus ganancias netas. Según el documento, la recuperación anual es de 5 millones de pesos, que recauda exclusivamente de las aportaciones de sus afiliados.
El documento enumera solamente lo recaudado por el fondo de vivienda e intereses generados a través de préstamos a afiliados en corto y largo plazos, entre otros. Pero oculta todo lo que se refiere a ganancias o pérdidas generadas en sus inversiones privadas, públicas y financieras.
Y aunque el informe de egresos autorizado (por casi 10 mil millones de pesos) omite también el desglose detallado de las inversiones financieras –las que representan el mayor gasto de la institución con las casas de bolsa mencionadas–, entre su maquillaje financiero el propio documento revela que el Ipejal tiene autorizados 512 millones de pesos para la inversión privada de este año.
Además, aunque la institución refiere que sólo ha utilizado 30 millones y no especifica cómo lo hizo, el Ipejal omite incluir en los egresos de inversiones los mil 500 millones de pesos empleados en el macroproyecto turístico de Chalacatepec y en la Villa Panamericana, documentados en este semanario (Proceso Jalisco 274).
Caja chica y especulación
El derroche no termina ahí. Además de los casi 350 millones autorizados para “otros trabajos especializados”, se aprecian 250 millones de pesos para los servicios generales de la dependencia.
En este rubro se encuentra la energía eléctrica, que cuenta con un presupuesto de 5 millones de pesos, y si bien en lo que va del año aún no se llega a ese límite, parece imposible que la dependencia gaste más de 400 mil pesos mensuales en tal servicio, ya que una macroempresa fundidora de metal que trabaja con electricidad las 24 horas gasta en promedio 50 mil pesos bimestrales en energía.
De igual forma, en el Presupuesto de Egresos para 2011 del Ipejal se observa que para el agua se destinan casi 2 millones de pesos, y cerca de millón y medio para telefonía tradicional; sin embargo, en lo que va del año el instituto no ha consumido ni siquiera 18% de lo asignado. Lo mismo sucede con medio millón de pesos destinados al servicio postal, que parece innecesario porque la dependencia cuenta con más de 30 millones de pesos autorizados y canalizados al mantenimiento y servicios de tecnologías de la información.
La suma de sueldos base de los burócratas tampoco es austera: según el informe, el Ipejal cuenta con un presupuesto anual de más de 70 millones de pesos exclusivamente para su nómina.
El último estado financiero reportado al 30 de junio de 2011 también parece incongruente, dado que la diferencia del pasivo y el capital es por demás elevada. Si se comparan en los años recientes los estados financieros de empresas como Bimbo, Cemex y Pepsi –que cotizan además en la Bolsa Mexicana de Valores– se aprecia que su promedio de ganancias es de 40%; en tanto que el Ipejal reporta una ganancia de 80%.
Este semanario encontró 61 demandas civiles y mercantiles en contra del Ipejal en los diferentes libros del gobierno, pero la Procuraduría General de Justicia de Jalisco se negó a informar sobre el número total de denuncias presentadas en contra de quien resulte responsable en el instituto y se limitó a señalar que existen dos averiguaciones previas contra el mismo.
En entrevista, Pablo Aguirre Ulloa, director de Finanzas del Ipejal, afirma que la dependencia no ha incurrido en ninguna irregularidad y que está funcionando mejor que en las administraciones priistas.
Según él, gracias a la modificación en la Ley de Pensiones aprobada en noviembre de 2009 por el Congreso local, la solvencia financiera del Ipejal se ha incrementado, ya que se le permite hacer inversión privada y la aportación salarial de los trabajadores creció a 6.5% y en cinco años será de 11.5%.
Agrega que si bien a la dependencia le cuesta cerca de 2 mil millones de pesos brindar sustento a más de 17 mil pensionados y jubilados, en el futuro será más difícil, pues hay casi dos pensionados por cada 10 trabajadores en activo. Por eso, dice, es importante “perderle el miedo a las inversiones y hacer proyectos atinados, como Chalacatepec y la Villa Panamericana, que generarán ganancias para las futuras generaciones”.
Sin embargo, al preguntarle directamente sobre el porcentaje que ganará cada pensionado por esas inversiones, el funcionario se niega a responder. Tampoco acepta explicar el manejo de sus actuales inversiones, ya que “es tema delicado para todos”. Se limita a manifestar que sólo los seis integrantes del consejo directivo del instituto –dos de ellos designados por el gobernador– deciden el destino de los recursos administrativos.
Reconoce que la mayoría de las inversiones se encuentran en el sector de gobierno y dice que los siguientes proyectos en los que participarán son la edificación de un estacionamiento en la plaza tapatía y el financiamiento del macrolibramiento para la zona metropolitana de Guadalajara.
Al respecto, el director de una reconocida casa de bolsa y experto en administración financiera, que prefiere omitir su nombre, advierte que las finanzas del Ipejal peligran porque el gobierno ha encontrado en él un mecanismo de financiamiento, pero este uso es poco redituable para el organismo.
Confía que por ello esa dependencia es un cliente codiciado entre los principales grupos financieros, ya que suele invertir grandes montos aun cuando impliquen un elevado margen de riesgo.
Una de estas inversiones, que costó a los afiliados mil 153 millones de pesos, es el complejo turístico de Chalacatepec, denominado “Nuevo Cancún” por el gobernador Emilio González. No fueron los únicos costos: los ejidatarios del lugar fueron despojados de sus tierras y se afectó el entorno ecológico (Proceso Jalisco 327).
Al gobierno estatal y al Ipejal tampoco les importó el fraude financiero a las pensiones en manos de la firma estadunidense Goldman Sachs, aun cuando ésta fue acusada por las propias autoridades de la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos, equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México. Las autoridades jaliscienses se hicieron de la vista gorda e invirtieron en dicho complejo poniendo en peligro la inversión (Proceso Jalisco 327).
El Ipejal también le entró al “rescate” de la Villa Panamericana con más de 900 millones de pesos para garantizar la conclusión de las obras. Ahora el instituto es dueño de 200 villas, pues tuvo que financiar 70% del capital que requería la empresa Corey Integra para construir el complejo habitacional en El Bajío, Zapopan. De ese modo, la compañía sólo aportó alrededor de 406 millones de pesos, es decir, tan sólo 30% del presupuesto total (Proceso Jalisco 338 y 347).
En tanto, exburócratas que solicitaron mantener el anonimato denuncian que se redujo la lista de establecimientos particulares que les prestaban atención médica y hospitalaria de segundo y tercer grado, como Puerta de Hierro, Ángeles del Carmen y el Hospital México Americano. Además, se quejan de la dramática reducción en el cuadro básico de medicinas.
José Herminio Jasso Álvarez, miembro de la Unión de Jubilados y Pensionados por el Gobierno de Jalisco, agrega: “Los jubilados necesitamos saber en qué tipo de inversiones juega nuestro dinero, porque cuando nos dicen que no hay dinero para más medicinas, nosotros necesitamos saber por qué y en qué se gastó. No estamos de acuerdo en que nuestros ahorros se vayan en inversiones privadas o en caprichos del gobernador y no en mejorar las condiciones hospitalarias”.
Advierte que los jubilados también votan y pide se sancione a todo aquel funcionario que autorice un gasto perjudicial para la institución y sus afiliados.
La opacidad del Ipejal y la falta de representación de los pensionados en su estructura causa preocupación ante el posible desvío de sus recursos, asegura el diputado priista Salvador Arellano Guzmán, presidente de la comisión especial para el estudio y análisis sobre la reforma a la Ley de Pensiones en el Congreso local.
Coincide en esto el presidente colegiado de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM), Cuauhtémoc Peña Cortés: “Existen dudas en el ejercicio del recurso, así como inversiones privadas bajo el agua, lo cual es urgente auditar”.
Añade: “El Ipejal se ha convertido en la caja chica del gobierno panista que encabeza Emilio González Márquez para cumplir caprichos que, de manera legal, otorga poder jurisdiccional al instituto para disponer sin tapujo sobre el dinero de la población afiliada; lo que el comité decida sobre el manejo de los recursos será en favor de ellos y no de los afiliados”.
Por si fuera poco, remata el líder sindical, la Auditoría Superior del Estado poco puede hacer contra el evidente desvío de recursos, pues su titular, Alonso Godoy Pelayo, sigue amarrado de manos tras ser acusado de recibir 9.8 millones de pesos adicionales a su salario.
