Desde hace meses varios especialistas, habitantes de Chapala e incluso funcionarios han alertado sobre el daño ambiental y de los graves riesgos que causa la edificación de desarrollos inmobiliarios ilegales en el Cerro Viejo de este municipio. Sin embargo, la maquinaria burocrática, alimentada con dinero, sigue expidiendo licencias de construcción o avalando las anteriores con la esperanza de que el desastre no llegue durante la presente administración panista.
Por su nula supervisión, las autoridades ambientales y el ayuntamiento panista de Chapala han contribuido a que empresarios de bienes raíces y del ramo turístico atenten contra el Cerro Viejo, en el municipio de Chapala, ya que actualmente se edifican ahí por lo menos cuatro desarrollos inmobiliarios sin licencia municipal.
Consultados al respecto, funcionarios de las secretarías de medio ambiente federal (Semarnat) y estatal (Semades) argumentan que desconocen el proceso de ecocidio porque no han recibido ninguna solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para realizar obras en la zona. En cuanto al ayuntamiento de Chapala, asegura que el asunto no le compete.
Los cuatro fraccionamientos que se construyen en dicho cerro, en la delegación de San Antonio Tlacayapan, son: Las Minas, Chula Vista Norte sección II, Colinas del Lago de San Antonio y Lake Chapala Hotel and Casino Resort. Todos estos desarrollos suman cerca de 100 hectáreas.
Precisamente en la cima del Cerro Viejo, en el área conocida como Tierra Salada, se está construyendo Colinas del Lago de San Antonio. Es el fraccionamiento de mayor superficie y está registrado a nombre de Roberto Ibarra Moreira, Víctor Manuel Villar Fuentes y Édgar Jesús Gómez Bustamante. Ocho de sus más de 40 hectáreas las destinó al proyecto turístico de élite Lake Chapala Hotel and Casino Resort, impulsado por Palacio Development Group, una compañía de Phoenix, Arizona, que ha trabajado en proyectos como el Holiday Inn, Best Western, La Quinta Inn & Suites, Days Inn y Super 8 Hotels, entre otros.
Ahora esta firma estadunidense invierte cerca de 40 millones de dólares en la construcción ilegal de este hotel-casino en Chapala (Proceso 1818), que al estilo de Las Vegas tendrá tres edificios de cinco pisos cada uno con 300 habitaciones y 30 suites, además del casino con 3 mil máquinas de apuestas y 24 mesas de juego.
Los desarrolladores anunciaron que el complejo incluirá un auditorio para 3 mil personas, spa, albercas, tres restaurantes gourmet y un club nocturno con vista panorámica a la ribera de la laguna. Al parecer, en esta minuciosa planeación sólo se olvidaron de la licencia de urbanización de las autoridades municipales.
Gerardo Luna Buenrostro, responsable del proyecto, reconoció en entrevista a un medio impreso del municipio que para construir el hotel-casino “no fue necesario” presentar la MIA, ya que, según él, los socios mexicanos presentaron un estudio de impacto que fue aprobado en la administración pasada.
El expediente técnico de planeación urbana, del que este semanario tiene copia, indica que la licencia de uso de suelo se autorizó el 4 de octubre de 2006 con el dictamen 404/2006, pero fue la administración anterior, encabezada por el priista Gerardo Degollado González, la que autorizó la construcción en esos predios, clasificados como área de actividad silvestre.
De acuerdo con el reporte de ingresos del municipio de Chapala, tan sólo por concepto de licencias de construcción la presidencia municipal de Degollado González cobró más de 27 millones de pesos. El entonces director de Planeación Urbana, José de Jesús Arce Rodríguez, así como el director de Biología, Moctezuma Medina Corona, otorgaron permisos para movimientos de tierras y despalmes en zona protegida.
Posteriormente, pese al cambio de administración, en vez de frenar las obras el ayuntamiento recibió el finiquito del pago. De acuerdo con el citado informe municipal, el año pasado ingresaron más de 2 millones y medio de pesos por licencias de construcción.
No obstante, la nueva administración sí comenzó a supervisar el lugar. El 7 de septiembre de 2010, el inspector Carlos Alberto Ramírez Hernández, de la Dirección de Ecología, reportó que en Tierra Salada encontró “trabajos de movimientos de suelos, corte de material geológico, deforestación e invasión de cauces federales”.
Cuando Ramírez Hernández le preguntó al responsable de los trabajos, Jaime Orozco Tavares, si él tenía la licencia municipal o si estaba en trámite, su respuesta fue que no, y que “su patrón, el señor Víctor Villar Fuentes, la tenía”.
El periódico Guadalajara Reporter, que se edita en inglés, mencionó en su edición del 5 de agosto que el presidente de Palacio Development Group, Young Truong, dijo que no le preocupan las licencias porque trabaja en asociación con una empresa en Monterrey que tiene permisos federales para la gestión de casas de apuestas.
Otro fraccionamiento que se construye sin licencia de urbanización es el Chula Vista Norte sección II, que sólo cuenta con licencia de uso de suelo expedida desde 1997 y está registrado a nombre de Miguel Barragán.
Tampoco cuenta con un estudio propio de impacto ambiental, pues de acuerdo con el propio ayuntamiento el terreno está liberado y aprobado para fraccionar desde décadas atrás por órdenes de la oficina de Ecología del gobierno del estado, que en ese entonces cubría esa función de la Semarnat.
Asimismo, por el libramiento Chapala-Ajijic se está construyendo el proyecto “ecoturístico” Las Minas. Aunque los directores de Planeación, Fernando Rivas Villanueva, y de Ecología, Billy Kevin Rivera Ibáñez, culpan a la anterior administración de haberlo autorizado desde diciembre de 2008, existen documentos que los contradicen. Uno de ellos es el que envió el 12 de enero de 2010 el representante legal de Las Minas, Fernando Aguilera Delgado, al exdirector general de Ecología, Carlos Alberto Ramírez Hernández, para entregarle un informe preventivo de impacto ambiental correspondiente a la construcción del hotel y fraccionamiento. Aguilera expresó que el documento “tiene como finalidad dar seguimiento a las condiciones ambientales aplicables en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco y el Reglamento Municipal de Chapala”.
Añade en el oficio que “el proyecto es el desarrollo de un hotel y casas habitación de mínima y baja densidad dentro del predio rústico Las Minas, en un área de 172 mil 989 metros cuadrados”.
Justifica que la construcción se debe a la “demanda creciente de turistas propios de la zona, buscando cubrir la necesidad de viviendas y lugares exclusivos de hospedaje”. Este argumento contrasta con la declaración del expresidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios en Guadalajara, Sergio Dueñas, quien en una rueda de prensa el 6 de septiembre pasado reconoció que la violencia ha inhibido la actividad inmobiliaria, sobre todo en el norte del país.
Dueñas detalla que los extranjeros que radican en la Ribera de Chapala han abandonado o vendido sus casas tras la ola de asaltos y robos a viviendas por una banda de delincuentes que mantienen aterrorizada a la zona.
De acuerdo con el jefe de Ecología del ayuntamiento de Chapala, Billy Kevin Rivera Ibáñez, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) aprobó el desarrollo Las Minas. El funcionario afirma que tiene la MIA de la Semades en la que se hicieron observaciones para que se sigan los lineamientos para evitar que el área sufra daños ecológicos.
Cuando se le pregunta a Rivera Ibáñez a quién le corresponde supervisar que se cumplan las observaciones hechas en la MIA, responde que “debería ser la Proepa (Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente) quien se encargue de la supervisión de los fraccionamientos; a nosotros, mientras cumplan con la documentación, ya”.
Insiste en que el ayuntamiento no tiene jurisdicción en el tema y que sólo comprueba que la MIA emitida por la Semades esté actualizada. “Si el constructor se sale de algún lineamiento que esté por escrito o normado, vienen las clausuras. Al principio de la administración creo que sí se clausuró a Tierra Salada por salirse de las especificaciones”, recuerda.
La primera invasión a Cerro Viejo se detectó en julio pasado, en el norte del municipio, a la altura del fraccionamiento Brisas de Chapala. Aun cuando el propio director de planeación urbana, Fernando Rivas Villanueva, calificaba de “imposible” la construcción en dicha área, porque él mismo había clausurado la obra meses atrás, este semanario constató que el titular del terreno, Juan Pantoja Núñez, continuaba afectando el entorno ecológico de manera ilegal (Proceso Jalisco 298).
Ayuntamiento maniatado
En entrevista, el director de Planeación Urbana del municipio, Fernando Rivas Villanueva, reconoce que hay omisiones importantes, como el estudio de impacto ambiental en las licencias anteriormente otorgadas.
Preocupado, dice que el ayuntamiento se encuentra “amarrado de manos” porque la administración pasada dejó sus cuentas en número rojos y ahora carece de capacidad financiera para enfrentarse a los constructores. “Desgraciadamente no podemos hacer nada si ya se aprobó la licencia de uso de suelo por la administración pasada. Si nulificamos la licencia tendríamos que indemnizarlos con miles de millones de pesos, y no tenemos ese dinero para hacerlo”, dice.
Explica que se está llevando a cabo una consulta pública a través de la Semades para declarar como área natural protegida a la zona de Cerro Viejo donde se ubican las construcciones, pero aclara que lamentablemente el daño ambiental ya está hecho.
El pasado 14 de julio, el Ejecutivo estatal publicó en el periódico oficial un “aviso de existencia de proyecto de declaratoria de área natural protegida de competencia estatal relativo” a la zona hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos”, para que en un plazo de 60 días naturales las instituciones, organismos especializados, los municipios y los pobladores que se encuentran en la circunscripción territorial, conozcan la declaratoria y “manifiesten lo que a sus intereses convenga”.
Rivas Villanueva expone: “Conocemos la inconformidad de los vecinos, pero creemos que es mejor condicionar a los fraccionadores a que se acoplen a las reglas y dejarlos urbanizar. Pedimos que el estudio de impacto ambiental no lo califique el municipio, sino la Semarnat, y si ésta dice que no es viable construir ahí, pues entonces se suspenden las obras”.
Por su parte, Rivera Ibáñez, quien tiene cuatro meses en Ecología de Chapala, asegura que los cinco permisos que emitió la pasada administración a los fraccionadores “alcanzan a morder el área” que se pretende declarar como zona natural protegida. Sin embargo, comenta que una vez que se declare zona de protección, “si ya hay licencias expedidas para construcción, ya no serán compatibles… Bueno, sí te permite hacer construcción en el área de amortiguamiento, pero con ciertas características ambientales, como el ya no permitir altas densidades”.
El jefe de Ecología asevera que la actual administración no ha otorgado ninguna licencia de construcción en el cerro que exceda la cota 1850, “y las que salieron son fraccionadores que vinieron a activarla; hay ratificaciones de hace dos o tres administraciones”.
Otra perspectiva del problema la aporta Luis Valdivia Ornelas, investigador del departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara, quien advierte sobre las consecuencias de urbanizar en lo alto del Cerro Viejo en la zona de Chapala-Jocotepec.
Explica que en los últimos años se ha puesto de moda edificar casas habitación y fincas de descanso en el cerro que compone la sierra de la ribera de Chapala, y que antes se tendía a construir cerca del lago, pero ahora se busca lo más alto del cerro, porque desde ahí se tiene la mejor vista.
El problema, dice, es que en la sierra proliferan las redes hidrológicas y todo lo que suceda en lo alto del monte repercute en sus partes media y baja: “Al urbanizar en lo más alto del monte se bloquea el paso de las microcuencas, ocasionando deslizamientos de tierra ante cualquier lluvia, incendio o sismo, y poniendo en mayor riesgo a la población que habita en las faldas del cerro”.
Recuerda que en 1997, en la zona aledaña de San Juan Cosalá, una tromba ocasionó en menos de una hora un deslizamiento de tierra que descendió a las zonas urbanas y dejó un saldo de mil 200 personas desalojadas y millonarias pérdidas materiales.
En su estudio Caracterización de los deslizamientos rápidos y de los riesgos en la vertiente sur de la sierra Las Vigas-El Tecuán, que actualiza cada año, el experto en geografía de los riesgos confirma que Chapala enfrenta uno de los problemas ambientales más graves del estado, ya que las condiciones del suelo son inestables y poco adecuadas para la urbanización, por lo que estos desarrollos inmobiliarios están condenados al fracaso:
“El riesgo de deslizamientos se ha incrementado principalmente por los cambios de uso de suelo que se han licitado en la zona. A la larga no es la urbanización la causante de los daños, sino el impacto ambiental que esto ocasiona a la reserva.”
El especialista señala que el gobierno municipal y la Semades, así como el gobernador, deben resolver estas anomalías porque de otra manera siguen exponiendo a la población de laz ribera. “Los riesgos se han subestimado –concluye–. Se necesita un estudio de la microcuenca para definir las condiciones de estabilidad del suelo y los riesgos. No basta con un estudio de impacto ambiental, se necesita un estudio de riesgos de ordenamiento territorial; estudios de geotecnia que permitan entender la magnitud de los riesgos, crear una política de reforestación, así como una política de crecimiento racional, entendiendo que no todo se puede urbanizar.”
