Algunas áreas de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) pueden colapsar por la capacitación deficiente de su personal, la insuficiencia de efectivos y la carencia de equipos e infraestructura adecuados, ya que a partir del próximo año tendrá que participar en el combate al narcomenudeo, advierte Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara.
Como la dependencia encabezada por Tomás Coronado Olmos tiene la obligación de responder a un escenario más complejo a pesar de dichas carencias y de los señalamientos de corrupción interna, el especialista en asuntos jurídicos estima que la fiscalía deberá depurar entre 60% y 70% de su personal o dar de baja a los elementos que no superen las pruebas de confianza, honestidad y ética que requiere la nueva Ley de Salud para garantizar buenos resultados en el combate al narcomenudeo.
En entrevista, Jiménez Reynoso destaca que, a sólo tres meses y medio del cierre del año, la delincuencia en Jalisco está desbordada y su desafío parece difícil de enfrentar.
Recuerda que en junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las entidades federativas tienen la facultad de sancionar el delito de narcomenudeo, como lo determina el artículo 474 de la reforma a la Ley General de Salud publicada en agosto de 2009.
Aunque esta disposición debió acatarse desde el año pasado, señala Jiménez Reynoso, a causa de una confusión sobre las facultades del Ministerio Público de la Federación se malinterpretó que ese tipo de ilícitos se mantenía como un asunto reservado para las autoridades federales hasta agosto de 2012.
No obstante, ahora la propia PGJ ha expresado que para responder al nuevo escenario de trabajo deberá recibir un aumento sustantivo de recursos desde los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El titular de la Coordinación General de Asesores de la procuraduría, Omar Lenin Luna, destacó que la nueva disposición implica una mayor carga laboral. El total de averiguaciones por atender significa “un reto muy grande para la institución, porque el combate al narcomenudeo se realizará en todo el estado y no sólo en la zona metropolitana”, dijo el funcionario al diario El Informador.
Destacó que las “tienditas” y los narcomenudistas conforman sólo la punta del iceberg de la delincuencia organizada, y que es una actividad relacionada con el robo de vehículos, el secuestro y la extorsión.
En las proyecciones de la PGJ, la reforma mencionada implica que la Procuraduría General de la República le delegue cerca de 70% de las averiguaciones que ahora atiende la representación federal en Jalisco, es decir, cerca de 13 mil expedientes pasarán a la responsabilidad de la autoridad estatal.
Esto debe sumarse a los 75 mil 100 asuntos del fuero común que atiende cada año la PGJ. En total, el aumento de la carga de trabajo será cercano a 20%.
El investigador Jiménez Reynoso comenta que, al reclamar un incremento en su presupuesto, la PGJ parece olvidar su reto mayor: “Es necesario también que se contrate personal con nuevo perfil, con una visión diferente y que puedan llevar a cabo su labor en forma profesional. Hablamos de gente no contaminada por los viejos vicios de la estructura de corrupción, debido a que ese es el principal señalamiento que enfrentan muchos funcionarios que ahora trabajan en la fiscalía”.
Posteriormente, sostiene, tendrá que desarrollarse un esquema de capacitación idónea.
–Con los señalamientos por corrupción que se han hecho insistentemente a la PGJ, ¿esta institución podrá resistir ese cambio? –le plantea el reportero al experto.
–Existen serios riesgos de que el trabajo en la fiscalía podría colapsarse ante la dimensión del reto que representa un cambio como éste. Sin embargo, el procurador Tomás Coronado debe demostrar su capacidad de convencer y formar equipos interdisciplinarios de capacitación, de lo contrario, al no cumplirse con estos objetivos, la procuraduría iría directo a un colapso.
Explica que Coronado Olmos tiene ahora un buen pretexto para deshacerse de los malos elementos, para establecer filtros y reforzar los exámenes de confianza y garantizar que sólo se queden personas que valen la pena: “Yo creo que un 60% o 70% tendrán que irse, pero eso dependerá de las evaluaciones que se hagan de cara al diseño del nuevo perfil”.
En cuanto a los enemigos a los que habrá de enfrentarse la institución, define: “El narcotraficante común, sin dejar de ver que es un sujeto que trabaja en la ilegalidad, es un hombre que trabaja, arriesga e invierte en su negocio, pero la nueva generación viene marcada por hombres que olvidan todo eso y que por la vía de las armas amedrentan, asustan, extorsionan o asesinan para lograr su objetivo del cobro de fuertes sumas de dinero; acostumbran el menor esfuerzo para conseguir sus objetivos”.
Por ejemplo, continúa, “lo sucedido en el Casino Royale nos habla de sujetos despiadados que son capaces de quemar en vida a clientes o quienes están adentro de un lugar para cumplir sus objetivos, esa es una nueva forma de proceder de un grupo netamente violento que opera en el país. Se trata de sujetos que no invierten ni un solo centavo, cosa muy diferente a lo que ocurría con los narcos de otros tiempos”.
Indica que en una reciente visita a Ciudad Juárez encontró que decenas de restauranteros han optado por cerrar sus changarros ante la imposibilidad de pagar el “derecho de piso” que exigen los delincuentes, ya que no tienen límites para atacar a empresarios o autoridades.
Incluso, afirma que miembros del Poder Judicial en Chihuahua están preocupados por lo mismo: calculan que debido a la reforma para el combate al narcomenudeo se les incrementará hasta en más de 60% la carga laboral de agentes del Ministerio Público y jueces, quienes se quejan de que a su personal le falta capacitación.
Al respecto, Felipe de Jesús Garibay Valle, experto en derecho penal de la Universidad de Guadalajara, prevé que se susciten roces entre autoridades estatales y federales por problemas de coordinación, y “yo no creo que esto pueda bajar la actividad de los narcomenudistas”, alerta.
