Ya lo habían hecho con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), el Instituto de Transparencia, el Instituto de Justicia Alternativa y hasta con la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Ahora, los integrantes de la LIX Legislatura también se repartieron espacios en el Poder Judicial.
En medio de la irritación ciudadana, los diputados nombraron en una sola sesión, la del 23 de agosto, a siete magistrados del STJ, cuatro del CJ, un magistrado del TAE. De los 12, siete se tambalean.
Las convocatorias 1056-LIX-2011 y 1057-LIX-11, aprobadas el 26 de julio por el Congreso, fueron combatidas legalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por tres magistrados que se niegan a dejar el cargo y por el gobernador Emilio González Márquez, quien refuta la creación de cuatro nuevas plazas.
El 23 de agosto la sesión legislativa arrancó a las 14:20 horas con tres horas de retraso. El motivo: los coordinadores parlamentarios tuvieron una encerrona con líderes empresariales encabezados por Óscar Benavides, de Coparmex, quienes intentaron persuadirlos, sin éxito, de que aplazaran los nombramientos.
Benavides y Manuel Herrera Vega salieron manoteando de la oficina del priista Roberto Marrufo. “Nos dijeron que ya todo estaba amarado y nada se podía hacer” dijo el líder de Coparmex, quien lamentó el reparto de los 12 espacios entre las cuatro fracciones.
Cinco minutos después de iniciada la sesión, se decretó un receso para que la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos analizara el veto del gobernador a la convocatoria para la elección de cuatro nuevas magistraturas.
Los diputados desecharon las observaciones del mandatario porque, argumentaron, eran improcedentes. Al reanudarse los trabajos, nombraron a los nuevos funcionarios. Y a las 16:00 horas incluso les tomaron la protesta y posaron para la foto.
Sin embargo, poco antes, la SCJN había ordenado al Congreso suspender la elección. La notificación llegó a Oficialía de Partes del recinto legislativo a las 14:50, según el sello de recibido.
Por ello, dos días después, el 25 de agosto, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez, anunció que presentaría una queja por el desacato del Congreso del estado.
Aun así, el presidente de la mesa directiva de la LIX Legislatura, Gustavo Macías, intentó justificarse al declarar a los medios que no hubo desacato porque la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso recibió la notificación a las 16: 55 horas.
Con el voto de 37 diputados presentes, el Congreso nombró a siete magistrados. Tres de ellos sustituirían a Joaquín Moreno Contreras, Jaime Cedeño Corral y José María Magallanes Valenzuela, que están en edad de retiro pero se han amparado alegando inamovilidad. Los otros cuatro son plazas de nueva creación, por lo que Jalisco tendrá 38 magistrados.
La rebatiña
Aunque los diputados niegan el desacato y que se hayan repartido las 12 plazas, los nuevos funcionarios judiciales están identificados con algún grupo político, de acuerdo a fuentes legislativas consultadas. Arguyen incluso que la elección estaba planchada desde días antes.
Según corroboró el reportero, el reparto quedó de la siguiente manera. El PAN afianzó tres magistraturas: la de Roberto Rodríguez Preciado, titular del Instituto de Investigación y Estudios Legislativos del Congreso local, quien está ligado al exgobernador Francisco Ramírez Acuña; José León Valle, originario de Arandas, diputado local en la LVI Legislatura y actualmente subprocurador de Representación Social y, Ramón Ramírez Hernández, integrante del Consejo de la Judicatura. Los dos últimos son parte del grupo del secretario de Gobierno Fernando Guzmán Pérez Paláez
Dos magistrados son afines al PRI: Elsa Navarro Hernández y José Juan Soltero Meza. Por el Grupo Universidad quedaron María Eugenia Villalobos Ruvalcaba, mientras que Jorge Mario Rojas Guardado, es cercano al Partido Verde, pues era secretario técnico de la Comisión de Vialidad que preside el diputado Enrique Aubry.
Además, el diputado José María Martínez “chamaqueó” a los priistas, pues se quedó con espacios en el CJ que no están impugnados. En el lugar de Gabriela de León Carrillo, quien concluyó su periodo el 31 de agosto, quedó el exmagistrado y juez Jaime Gómez, allegado al propio Martínez y a Raúl Padilla.
Con respecto a tres de los consejeros ciudadanos de la judicatura: Luis Enrique Villanueva, Miguel Gutiérrez Barba y Cristina Castillo, aun cuando finalizan su gestión en mayo de 2012, en la sesión del 23 de agosto los diputados nombraron a sus sucesores.
Se trata de Arturo Feuchter Díaz, consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), a quien se identifica con el ombudsman Felipe Álvarez Cibrián y con el grupo de José María Martínez; el PRI acomodó a Mario Pizano Ramos, hermano del síndico tapatío Héctor Pizano, y por el Grupo Universidad quedó Alfonso Partida Caballero, quien encabezaba el Consejo Político Estatal del PRD.
Como magistrado del TAE fue nombrado Laurentino López Villaseñor, gestionado tanto por priistas, pevemistas y perredistas. Él fue abogado en los juicios contra la concesión del Macrobús en 2009, en representación de la Federación de Transporte Colectivo de Jalisco que encabeza Enrique Galván.
