Fue tal el desaseo con el que actuaron la mayoría de los diputados locales en el nombramiento de 12 nuevos integrantes del Poder Judicial, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya invalidó uno de ellos, el de Jaime Gómez, quien debió tomar posesión como consejero juez el jueves 1. Integrantes del Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia manifiestan su descontento porque, dicen, en su afán por repartirse cuotas de poder, los legisladores desacataron una suspensión de la Corte, por lo que ahora pueden ser sancionados.
Por violar una suspensión dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el nombramiento de funcionarios judiciales, los diputados locales se pusieron la guillotina y podrían ser destituidos.
Además, integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ), Supremo Tribunal de Justicia (STJ), cúpulas empresariales y organizaciones no gubernamentales –no así los partidos políticos que se repartieron a su antojo el Poder Judicial– se muestran indignados por las ilegalidades en que incurrieron los legisladores en la sesión del 23 de agosto pasado, cuando designaron 12 plazas de magistrados y consejeros.
No obstante, al cierre de esta edición, el STJ logró frenar el primer relevo y se avecinan juicios en cascada.
En un cuestionado arreglo político, las fracciones parlamentarias acordaron la repartición de una magistratura en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE); cuatro asientos en el CJ; cuatro magistraturas del STJ de nueva creación, según una modificación a la Constitución local que fue impugnada por el Ejecutivo en la controversia 90/2011, y tres puestos de magistrados numerarios, para relevar a quienes rebasan los 70 años –tres de ellos rondan los 80 años–, pero se niegan a abandonar el cargo, por lo que promovieron una controversia (la 87/2011) para prolongar su cargo.
Tras la designación y toma de protesta de los nuevos funcionarios del Poder Judicial en el Congreso local el 23 de agosto, los integrantes en funciones del Supremo Tribunal celebraron un pleno extraordinario privado dos días después, en el que acordaron promover ante los ministros de la SCJN las acciones que lleven a la destitución de los 37 diputados que votaron por las nuevas designaciones por el desacato a la suspensión que les ordenaba abstenerse de celebrar la elección de magistrados.
El STJ ya presentó el recurso de defensa ante la Corte y cuenta con la acreditación de que el máximo tribunal del país notificó en tiempo y forma al Congreso en oficialía de partes.
Por su lado, jueces y abogados que participaron en la convocatoria para obtener un puesto en el Poder Judicial y juzgan desaseado todo el procedimiento, preparan amparos y aseguran que los diputados se verán obligados a repetir el proceso.
Se reenciende la alarma
Por lo pronto, la SCJN emitió una nueva resolución (controversia 92/2011) en que ordena suspender la toma de posesión Jaime Gómez, electo por el Congreso, para desempeñarse como consejero juez a partir del 1 jueves, en sustitución de Gabriela de León, cuya gestión venció el pasado 31 de agosto.
En un boletín de prensa, fechado el día anterior, el STJ informa que se inconformó por el acuerdo legislativo 1053-LIX-2011, aprobado por el Congreso del estado el 26 de julio pasado, en el cual se dio luz verde a la convocatoria para la elección de consejero de juez por un periodo de cuatro años.
Fueron 22 los aspirantes a ocupar la vacante de De León. No obstante, el ministro Salvador Aguirre Anguiano, instructor de la controversia, declaró que “a la fecha no existe vacante alguna en el CJ del estado de Jalisco, ya que su integración se encuentra completa y a ninguno de los consejeros se le ha vencido su nombramiento”.
El boletín del 30 de agosto precisaba: “Aguirre Anguiano advierte que si bien es cierto que para finales de este mes concluye el encargo de la consejera juez, esta circunstancia no es motivo suficiente para que, de manera anticipada, se pretenda elegir a quien la sustituirá, toda vez que para ello es menester que exista una vacante y que el Congreso local haya recibido la respectiva comunicación por parte del presidente del Consejo de la Judicatura”.
El texto también menciona que el CJ puede funcionar con sólo tres consejeros.
La víspera del fin de su nombramiento, De León envió a los jueces de primera instancia un mensaje de despedida en que ofrece disculpas por no haber cumplido con su función “como hubiera deseado (a causa de) las circunstancias que me tocaron”.
La consejera juez se enfrentó con Celso Rodríguez, presidente STJ y del CJ; incluso él intentó denostarla al señalar en una sesión plenaria que ella frecuenta con regularidad centros de apuesta (casinos).
Carlos Sepúlveda Valle, exmagistrado del TAE, justifica la premura de nombrar a cuatro consejeros “por la situación de caos que impera en el Consejo de la Judicatura” y los enfrentamientos de sus integrantes que recientemente libraron una solicitud de juicio político.
Propone incluso resolver problemas pendientes, como los cambios de adscripción de jueces, la aplicación de sanciones y acusaciones de que se actúa por consignas “y hay despachos paralelos litigando”.
Para Sepúlveda, aun cuando se han cometido errores graves en el CJ, éste no debe desaparecer, como sugieren algunos diputados y el propio Celso Rodríguez.
“Soy partidario de que se dé la oportunidad de que funcione la Judicatura, aunque reconozco que es onerosa y ese dinero debería aplicarse a los juzgados”, expresa Sepúlveda Valle, al tiempo que elogia el modelo de judicatura en otros países en los cuales este tipo de organismos están ciudadanizados y los gastos que se invierten en ellos son mínimos.
Las componendas
El titular del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, uno de los 76 aspirantes a ocupar una magistratura en el STJ y uno de los 22 candidatos a consejero juez, optó por el amparo para, dice, hacer valer lo que marca la ley en relación a los nombramientos.
Él, al igual que otros compañeros, pide que el Congreso local elija a los mejores candidatos, al margen del reparto de cuotas entre los partidos políticos o quienes los representan en el Poder Legislativo.
“En esta elección hay violaciones constitucionales que no se deben permitir y, por tanto, es de esperarse que los jueces presenten sus recursos, ya que es necesario defender la Constitución y hacerla cumplir”, expresa categórico Cárdenas Rodríguez.
Considera que la falta del dictamen por cada uno de los expedientes de los aspirantes a magistrado es una enorme deficiencia. Sin embargo, dice, lo más preocupante es que, por ignorar una suspensión dictada por el máximo tribunal del país, los diputados se convierten en delincuentes:
“Esta es la cereza del pastel. En mi vida he visto tanto desaseo, tanta urgencia y tantas violaciones al procedimiento. Lo más grave sería que nos quedáramos sin Congreso… Estamos ante la posibilidad de que quiten a los diputados y llamar a los suplentes”.
E insiste: aunque es obligación del Congreso revisar cada expediente para elegir a los mejores candidatos, lejos de hacer una valoración seria, en sólo tres renglones los diputados dicen que todos los aspirantes cumplieron con los requisitos de elegibilidad”.
Manuel Bailón Cabrera, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco lamenta que no se respete la carrera judicial como marca la ley y critica la actitud de los diputados que pretenden argüir que la notificación (de la suspensión) no les llegó en tiempo.
Para el líder de los notarios, aun cuando los jueces tienen la experiencia y mayores posibilidades de ser nombrados magistrados, no se vale que lleguen a serlo mediante componendas y favores políticos, como sucedió el 23 de agosto, que llegaron precisamente los que no debían llegar. A irregularidades como estas se debe, puntualiza, que tengan que pagarse indemnizaciones millonarias.
El punto más burdo de los recientes nombramientos, que es motivo de comentarios entre abogados, magistrados y jueces, está relacionado con Jorge Mario Rojas Guardado, asesor del diputado del PVEM, Enrique Aubry de Castro Palomino, quien fue electo como magistrado numerario.
De acuerdo con documentos de la Comisión de Justicia, Rojas se tituló en mayo de 2006, por tanto no reunía los requisitos de elegibilidad, ya que la ley marca 10 años de antigüedad en la titulación.
Gustavo Luna Aguilar, catedrático en derecho de la Universidad de Guadalajara (UdeG), califica de vergonzoso el papel de los poderes Legislativo y Judicial en los nombramientos de funcionarios judiciales, ya que son producto de componendas políticas.
Anticipa incluso que el Poder Judicial ganará las controversias porque, asegura, “están apegadas a derecho”, aunque recuerda que con antelación el Congreso local presentó una controversia ante la SCJN contra el Supremo Tribunal de Justicia porque una vacante no le fue notificada y la asignó indebidamente.
En su edición del 17 de julio pasado, este semanario informó que el Congreso estatal promovió una controversia constitucional (la 40/2011) el 29 de marzo pasado contra el STJ, al que acusa de invadir su esfera de competencia por mantener al magistrado Aurelio Núñez López como integrante de este organismo.
El Poder Judicial aprovechó el lugar del magistrado Gregorio Rodríguez González, quien se jubiló el primero de febrero pasado, pese a que el nombramiento de Núñez es ilegal. Para los diputados, se generó una vacante, la que debió ser ocupada por quien ellos designaran (Proceso Jalisco 349).
Asimismo, reveló que la justicia federal amparó a la juez Marissa Vargas Castolo para que Leonel Sandoval Figueroa, papá del presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, sea removido del cargo de magistrado del STJ, y que el Congreso someta nuevamente a votación la planilla de aspirantes a la magistratura (amparo 1870/2009).
“La controversia es un acto más político que jurídico. El PRI ya siente que va a regresar a gobernar y, al ganar la controversia, le van a quitar un voto al presidente (del STJ) Celso Rodríguez, quien está con el gobernador. Estuvo bien que el Congreso haya tomado esta decisión, ya que vemos claramente que el PAN, por conducto de Emilio González Márquez, controla a la mayoría de magistrados”, señala Luna Aguilar.
También indica que en el máximo órgano de justicia del estado se sabe que 18 de los 34 votos posibles son incondicionales de Celso Rodríguez, quien recibió el espaldarazo del gobernador para repetir en el cargo por cuarta ocasión.
Rodríguez es uno de los políticos mencionados como posible sucesor del gobernador González Márquez cuando pida licencia en octubre, después de los Juegos Panamericanos.
La relación del presidente del STJ es tan cercana con González Márquez y con los legisladores del PRI, que el 18 de julio pasado los diputados federales de ese partido por Jalisco, en voz de Arturo Zamora Jiménez, calificaron a Rodríguez como el “mejor” candidato a gobernador interino.
Luna Aguilar destaca también la influencia del líder moral de la UdeG, Raúl Padilla López, en el nombramiento de magistrados, ya que es un político con intereses y alianzas fuertes. Es el caso, dice, de su relación con el alcalde tapatío. “Y que no quede duda que detrás del nombramiento de Leonel Sandoval está Padilla, quien dirige al PRI y al PRD”, apunta.
