Cuando los regidores de Guadalajara decidieron licitar el servicio de estacionómetros en la pasada administración, no previeron que el procedimiento quedaría empantanado en litigios. Ahora, después de otorgar dos contratos a las empresas Simex y Metro Meters, el ayuntamiento enfrenta la posibilidad de que ésta le aplique una cláusula compensatoria por cientos de millones de pesos. Por si fuera poco, podrían fincarse responsabilidades a algunos funcionarios por el “robo” de aparatos de esta empresa.
Empleados del ayuntamiento de Guadalajara retiraron 12 estacionómetros electrónicos “multiespacio” de la zona Obregón la madrugada del 29 de julio pasado, y el lunes 1 de agosto se llevaron ocho más.
Los equipos pertenecen a Simex Integración y Sistemas, S.A. de C.V., que en 2006 obtuvo la concesión del servicio de estacionamiento en la vía pública. Javier Ulises Rodríguez Zúñiga, apoderado legal de la empresa, afirma que ésta ya denunció penalmente el robo de sus aparatos y señala que el ayuntamiento ha incurrido en “rarezas” que le pueden costar cientos de millones de pesos, ya que el contrato por 10 años que firmaron incluye una cláusula de penalización.
Según él, Simex ha defendido su concesión “en más de 10 juicios diversos durante los últimos seis años”, aunque todavía tiene abiertos dos frentes ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), sin sentencia definitiva. No obstante esto, el ayuntamiento tapatío ya entregó la concesión de los estacionómetros a Metro Meters, S.A. de C.V., como una forma de resolver otro litigio.
En efecto, después de que el ayuntamiento le adjudicó el contrato a Simex en junio de 2006, Metro Meters promovió un juicio de nulidad de la licitación, en la que fue descalificada, por considerar que hubo irregularidades. A finales de 2010, sin contar con una sentencia que invalidara el contrato con Simex, el ayuntamiento de Guadalajara le otorgó una nueva concesión a Metro Meters, que en el presente mes acaba de anunciar el inicio de la instalación de sus equipos.
Este contrato supuestamente le generará al municipio 50% de la recaudación, libre de impuestos, y Metro Meters se comprometió a ampliar la plantilla de trabajadores de 25 a 60, en dos turnos, e incrementar la captación de recursos por medio de infracciones, introducir equipo de cómputo para descargar en tiempo real las sanciones e inmovilizar los autos de otros estados cuyos conductores no paguen la tarifa.
Según el contrato de Simex, ésta debía instalar 4 mil 292 aparatos mecánicos y 949 digitales en 30 zonas del municipio y aportar a la comuna 30% de la recaudación. Hasta julio pasado, la empresa tenía 50 aparatos multiespacio en tres zonas –Obregón, Chapultepec y Centro Magno–; ahora vigila las 24 horas, especialmente de noche, para que los 30 equipos de su propiedad que continúan en la vía pública no sean retirados.
El abogado Rodríguez Zúñiga asegura que el incumplimiento del contrato que Simex firmó hace cinco años es imputable a la autoridad, que no le ha permitido trabajar.
Millonaria sanción
El apoderado legal de Simex sostiene que el contrato del ayuntamiento de Guadalajara con Metro Meters es ilegal y que la autoridad tendrá que asumir las consecuencias. Considera sospechosa la conducta del síndico Héctor Pizano, que ha ocultado el nuevo contrato:
“Si el ayuntamiento actuara en forma responsable, tendría que esperar a que concluyeran los procedimientos que al día de hoy se encuentran vigentes, para tomar una acción definitiva. El costo para Guadalajara puede ser muy alto, porque precisamente hay una cláusula del contrato de concesión que establece que si se hubiera revocado la concesión a Simex por una causa no imputable a la empresa, tendría que pagar una pena comercial muy alta. Hemos acreditado que la empresa sólo pudo instalar 50 estacionómetros multiespacio porque fue lo que permitió en su momento el municipio.”
La cláusula mencionada, dice, obligaría a la comuna a indemnizar a Simex en caso de anular la concesión, en la cual se establece: “Dado que en el otorgamiento de la presente concesión no existe error, dolo, lesión, violencia, enriquecimiento ilegítimo u otra causa que lo invalide, ésta no puede anularse administrativamente”.
Prosigue: “En el evento de que la autoridad judicial lo invalide (el contrato) por causas imputables al municipio, de acuerdo con la ley, reglamentos o disposiciones del contrato concesión, la concesionaria tendrá derecho al pago por parte del municipio de una indemnización que considerará el ciento por ciento del valor presente de los ingresos faltantes para la concesionaria con base en la corrida financiera elaborada por la Tesorería Municipal, por la duración de la concesión, descontando dichos ingresos por una tasa anualizada equivalente a la reportada por los CETES a 28 días más cinco puntos porcentuales, registrada al momento de la indemnización”.
Por el momento, Rodríguez Zúñiga no quiso ponerle números a la sanción que pagaría Guadalajara, sólo indica que son cientos de millones de pesos. Añade que el fallo de la Cuarta Sala Unitaria, en el que se basa el ayuntamiento para reponer el proceso de licitación (expediente 122/2006), está mal interpretado, pues el magistrado Armando García Estrada ordenó emitir una resolución fundada y motivada, lo que no necesariamente implica repetir el proceso desde la apertura de sobres, que es la etapa en que se descalificó a Metro Meters. Aun así, dice el abogado, Simex tenía derecho a participar en el proceso nuevo.
Por este motivo, agrega, el 15 de diciembre de 2010 Simex interpuso el juicio de nulidad 345/2010 ante la Quinta Sala del TAE en contra de todos los actos relativos a la reposición del proceso de licitación, debido a que el ayuntamiento no le notificó para que participara. Alega que mediante un dictamen “ilegal”, fechado el 23 de septiembre de 2010, se le pretendía desconocer como concesionaria y privarla de sus derechos. El TAE le otorgó una suspensión provisional, pero ésta fue revertida en abril de 2011.
El pleno del ayuntamiento aprobó el dictamen de septiembre en una sesión celebrada el 4 de noviembre de 2010, donde el síndico expuso a los regidores que la nueva adjudicación obedecía al cumplimiento de una sentencia “firme y definitiva” de la Cuarta Sala del TAE.
Pero eso es “totalmente es falso”, enfatiza Rodríguez Zúñiga, y refiere que se enteró de la nueva licitación del servicio de estacionómetros en los periódicos, que dieron cuenta de la sesión del ayuntamiento. Pero además advierte que la Comisión Dictaminadora de Espacios y Bienes Públicos del Municipio de Guadalajara que elabora el dictamen es ilegal, porque fue creada en 2005 con carácter transitorio y no fue ratificada por la actual administración.
“El municipio adquiere responsabilidades con una nueva empresa respecto de un mismo servicio público, e independientemente del resultado de los procedimientos, con alguna de las dos va a tener responsabilidad económica. Promover la firma de un contrato respecto de una concesión que está en litigio puede traer perjuicios muy serios y responsabilidad”, insiste el entrevistado.
Por su parte, Karen Lucía Pérez Padilla, presidenta de la Comisión de Servicios Municipales de Guadalajara, manifiesta su confianza en que la actuación de la sindicatura está apegada a derecho, pero admite que no conoce los términos del nuevo contrato, ya que no se lo han proporcionado pese a que lo solicitó formalmente. Aun así, ella da por hecho que Metro Meters “se amparó y ganó”, y en consecuencia el ayuntamiento volvió a licitar la concesión tal y como lo ordenó el tribunal.
“El contrato yo no lo he visto –admite la regidora priista– pero tengo conocimiento de que fue firmado en diciembre de 2010 y estoy en espera de que me lo hagan llegar. Pero hasta no saber exactamente qué menciona, tendré a ciencia cierta la confianza (…) Queremos que se instalen mejores aparatos y la (nueva) empresa cuenta con 180 días para instalar sus equipos, contados a partir de la primera instalación.”
Reconoce que actualmente hay calles con aparatos de las dos empresas, lo que genera confusión al usuario, que puede depositar su dinero en cualquiera. Ante esto, dice, el ayuntamiento decidió retirar los estacionómetros de Simex “y vamos a entregarlos al TAE porque sólo así tendremos la certeza de que el ciudadano va a hacer correctamente la aportación en el aparato correspondiente. Como queremos que Guadalajara marche de la manera correcta, hemos tomado la atribución de retirar los equipos, y el tribunal es el que los está resguardando”.
Mientras se revuelven los juicios en curso, Simex ya presentó una denuncia penal contra José Luis Lagunes Murillo, responsable de un tercer operativo de retiro de aparatos realizado el pasado 3 de agosto en la zona Centro Magno. Rodríguez Zúñiga cuenta que el ayuntamiento falló en el intento, ya que Simex solicitó la presencia de la policía y los empleados del municipio no presentaron una orden escrita para llevárselos.
Asimismo Simex presentó la ampliación de la denuncia por el delito de robo contra quienes resulten responsables. Al respecto, personal del ayuntamiento reveló que los estacionómetros fueron llevados a una bodega y no al TAE para su almacenamiento, versión que contradice la declaración de la regidora Pérez Padilla.
En la administración pasada, los regidores tapatíos resolvieron concesionar el servicio de estacionómetros en vista de la obsolescencia de los antiguos, la falta de presupuesto para renovarlos y la escasa captación de fondos por este concepto. Con excepción de los colocados por las concesionarias, los aparatos mecánicos con los que actualmente cuenta Guadalajara datan de 1965 y los digitales de 1997.
