Luego de una atropellada convocatoria que nadie ganó y aun cuando tiene su propia dirección de Comunicación Social, el IEPC contrató los servicios de Cuarto de Guerra, S.C., para que le proporcione asesoría sobre comunicación y estrategias electorales. La consultora se embolsará 1 millón 162 mil 400 pesos por prestar sus servicios durante cuatro meses, lo que resulta paradójico, pues esas actividades pudieron realizarlas los cuatro empleados de esa dirección, que devengan alrededor de 1 millón 282 mil 200 pesos al año.
Aun cuando tiene su propia Dirección de Comunicación Social, en junio pasado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC) contrató por cuatro meses a la empresa Cuarto de Guerra, S.C., para que le brinde asesoría especializada.
El presidente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del instituto, Víctor Hugo Bernal Hernández, asegura que la compañía prestará el “servicio de consultoría y asesoría integral en diseño de estrategia, análisis y seguimiento en términos de comunicación”.
Según el contrato otorgado por adjudicación directa, Cuarto de Guerra cobrará 1 millón 162 mil 400 pesos por ese concepto, sin incluir los viáticos de su personal, ni las impresiones, diseño de página electrónica y lo que se derive de sus actividades profesionales.
El servicio de la empresa incluye “posicionar el uso de la urna electrónica, promover el ejercicio razonado del voto y de una cultura política; posicionar y fortalecer la imagen del IEPC, así como difundir las acciones y éxitos del trabajo cotidiano, entre otros aspectos.
La contratación de esa asesoría se realizó aun cuando en su organigrama el IEPC incluye la Dirección de Comunicación Social, cuya función intrínseca es crear conciencia entre la ciudadanía de la necesidad de votar, de fomentar la cultura política, además de difundir los proyectos y logros del instituto.
En ella, trabajan cuatro personas que, en conjunto, perciben 106 mil 850 pesos cada mes; anualizados, suman 1 millón 282 mil 200 pesos, apenas 119 mil 800 pesos más de los que cobrará Estrategia de Guerra, de acuerdo con las copias de documentos obtenidos por Proceso Jalisco.
La idea de contratar los servicios de “asesoría integral” fue del secretario ejecutivo del IEPC, Jesús Pablo Barajas Solórzano, quien el 4 de abril pasado solicitó que “de manera inmediata” le proveyeran de un servicio de consultoría.
Barajas comentó que los recursos saldrían de la partida presupuestal 3301 que tenía un fondo de 2 millones 706 mil 300 pesos. Su petición fue aprobada únicamente por el director general del instituto, Luis Montes de Oca Valadez, y por el consejero presidente José Tomás Figueroa Padilla.
Dos meses después, el IEPC optó por contratar el servicio externo con el propósito de “aprovechar la transmisión de conocimientos que le servirán al Instituto para otorgar un mejor servicio de comunicación y que al mismo tiempo brindará certeza a la institución de contar con asesoría permanente y con la más alta calidad para diseñar una estrategia y metodología, sustentables y efectivas de comunicación”.
En su justificación, los funcionarios del instituto exponen que con esos servicios el IEPC podrá posicionarse como “baluarte de los ciudadanos jaliscienses” por su “compromiso social, político y electoral”.
La convocatoria
Durante la sesión ordinaria del 8 de abril, la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del IEPC acordó invitar a empresas para que hicieran una cotización para la prestación del servicio de “consultoría y asesoría integral”.
Días después, el 13 de abril, el director de Administración y Finanzas, Juan Carlos Franco Jiménez, envió al menos una invitación por correo electrónico (clave DAF-INV-ASECOM04/11) a Cuarto de Guerra en la cual subrayó que la cotización era “urgente”, puesto que debía ser registrada a “más tardar el 14 de abril hasta las 15 horas”; de lo contrario, “no sería tomada en cuenta por la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del IEPC Jalisco”.
La empresa Cuarto de Guerra, cuyas oficinas se localizan en la calle Tennyson 17, colonia Polanco Chapultepec, en la Ciudad de México, contestó ese mismo día el correo de Franco Jiménez.
Quizá por la premura, la empresa cometió un error de redacción o copió datos de otra propuesta, concretamente de la estrategia de socialización de las obras del segundo piso en la Ciudad de México, toda vez que ha trabajado para el gobierno del Distrito Federal.
En la respuesta enviada a Franco Jiménez y al presidente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del IEPC, Víctor Hugo Bernal Hernández, Cuarto de Guerra expone que cobraría 385 mil pesos por elaborar el discurso estratégico y la identidad del proyecto del segundo piso.
Y agrega que por la asesoría en el manejo de medios de comunicación –ahora sí para el IEPC– cobraría 322 mil pesos y por el diseño de campañas y herramientas de comunicación otros 455 mil 400 pesos. Sumados, los tres rubros ascienden a 1 millón 162 mil 400 pesos.
No obstante, con letra chiquita, la sociedad civil aclara que “este presupuesto sólo considera el talento de consultores especialistas y no incluye ningún gasto adicional como impresión de folletos, manejo de actividades promocionales, investigación de mercado, diseño gráfico de la página de internet, producción de video, diseño y producción de CD ROM, servicio de clipping de medios electrónicos, costos logísticos de otras actividades coordinadas por nosotros, tiempos y espacios en medio de comunicación, costos por viáticos, etcétera”.
De acuerdo con los documentos, en la sesión extraordinaria del 4 de mayo pasado, la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del instituto declaró desierto el procedimiento de invitación para la adquisición del servicio de consultoría (acuerdo AC05/CAE/04-05-11) “en virtud que no se presentó ninguna propuesta que reuniera la totalidad de los requisitos establecidos en las invitaciones”. Nunca mencionó las empresas que participaron.
Entre los requisitos que debía cumplir la empresa ganadora se menciona que debía tener una experiencia mínima de cuatros años en áreas de comunicación estratégica, institucional y gubernamental en los ámbitos nacional e internacional; conocimiento del contexto político y social del estado de Jalisco, mediante su participación en proyectos dentro de la entidad; haber facturado por lo menos 1 millón de pesos en el último año fiscal, y que la propuesta económica no rebasara la cifra de 1 millón 162 mil 600 pesos.
Para el 31 de mayo, la Comisión de Adquisiciones determinó que la asignación sería directa. Expuso: “El artículo 25, párrafo 4 del Reglamento para las adquisiciones y enajenaciones del IEPC a la letra dispone: Si no se presenta ninguna propuesta, se declarará desierto el procedimiento de invitación, y la adjudicación se realizará mediante adjudicación directa. Para este caso, la comisión recabará tres cotizaciones como mínimo”.
La comisión incluyó las especificaciones de la primera convocatoria y agregó que la asesoría “deberá trabajar cercana y permanentemente con los órganos directivos del instituto”.
Asimismo, la empresa beneficiada
–Cuarto de Guerra S.C.– tendría que posicionar, entre otros aspectos, “el uso de la urna electrónica como herramienta para la implementación del sistema electrónico de votación, promover el voto razonado, posicionar la imagen del IEPC y realizar mensajes claros para promover una cultura política”.
Según la comisión, el acuerdo también especificó que el trabajo debía realizarse en un plazo de cuatro meses y que la cotización debía incluir los viáticos o “cualquier otro concepto que se deba cubrir”; además, el proveedor adjudicado debía entregar una fianza. El plazo para presentar la nueva propuesta económica vencía el 6 de junio al mediodía.
Cuatro días antes del vencimiento, Cuarto de Guerra entregó un documento con su propuesta en el que mencionaba que cobraría 105 mil 517 pesos por “posicionar el uso de la urna electrónica como herramienta para la implementación del sistema electrónico de votación”.
En el desglose de conceptos, la empresa incluía giras por universidades, cámaras empresariales y medios de comunicación en las cuales el consejero presidente del IEPC presentaría la urna; además, Cuarto de Guerra se encargaría de posicionar ese método de votación en las redes sociales y en la propia página electrónica del instituto.
Asimismo, en su propuesta económica Cuarto de Guerra expuso que se requieren 413 mil 794 pesos para promover el ejercicio razonado del voto y para posicionar la imagen del instituto, así como 137 mil 992 pesos para impulsar una cultura política y fortalecer la imagen del instituto. En total la empresa recibiría un 1 millón 162 mil 400 pesos, divididos en cuatro mensualidades de 344 mil 828 pesos.
Hasta el jueves 18, la empresa prestadora de servicios aún no publicitaba la urna electrónica en el sitio web del Instituto; tampoco había informado a los medios de comunicación sobre el nuevo método de votación. Hasta ahora sólo se ha publicado una nota en algunos medios locales para informar sobre la instalación de urnas en la Vía Recreactiva.
En las últimas semanas, el presidente del IEPC, Tomás Figueroa, más bien se destacó por incrementarse su salario y el de los seis consejeros electorales. No obstante, ante las críticas de los legisladores y la presión mediática, Figueroa y sus colaboradores tuvieron que recular (Proceso Jalisco 352).
Polémicas asesorías
Cuarto de Guerra, S.C. no tiene mucho tiempo en el padrón de proveedores del IEPC, puesto que ingresó su solicitud el 7 de diciembre de 2010 y se le asignó la clave IEPC-11/008.
De acuerdo con su acta constitutiva, se estableció el 15 de agosto de 2006 como empresa dedicada a la comunicación política electoral y de gobierno. Sus socios fundadores son Roberto José Trad Hasbun, José Adolfo Ibinarriaga Aragón, y Carlos Mandujano Fernández, quien hoy es el presidente. Después se incorporó Bernando Lartigue Contreras
La representante legal de la firma consultora es Érika Nicolás Paulino. Desde su fundación, Cuarto de Guerra ha brindado asesoría a candidatos del PRI y del PRD en varios estados del país, como Quintana Roo, Michoacán, Puebla y Guerrero, así como al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y al alcalde de la ciudad de San Salvador, Norman Quijano.
Mandujano Fernández fue director de Comunicación Social del PRD en el Senado y coordinó los trabajos para el Canal del Congreso, según informó Notisureste el 26 de agosto de 2010.
En Guerrero, Mandujano fue asesor del perredista Ángel Aguirre Rivero, quien finalmente ganó la gubernatura en los comicios realizados el 30 de enero último.
El presidente del Comité Directivo del PRI en Guerrero, Efrén Leyva Acevedo, acusó a Mandujano ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por “realizar acciones para inhibir y amedrentar el voto de los ciudadanos, y de hacer una guerra sucia para descalificar a nuestro candidato Manuel Añorve”.
Otro de los socios de la consultora, Lartigue Contreras está ligado con el PAN. Fue director general de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, así como secretario de Procesos Electorales de Acción Nacional, partido en el que milita desde 1993.
