De diciembre a la fecha, el alcalde tapatío Jorge Aristóteles Sandoval y 10 de sus colaboradores fueron acusados en dos ocasiones por la empresa española Equipamiento Urbano de México (Eumex) ante la procuraduría estatal. La firma alega tener la exclusividad para instalar y poner en funcionamiento los anuncios, parabuses y mobiliario urbano en el entorno de la ciudad. Y aun cuando a Eumex se le sigue un juicio de lesividad, Aristóteles no esperó a que éste concluyera y contrató a otra empresa.
Entre el 3 diciembre de 2010 y el pasado 1 de abril, la empresa Equipamiento Urbano de México (Eumex) presentó dos denuncias penales contra el presidente municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval, y 11 de sus colaboradores por presunto desacato, abuso de autoridad, así como desvío y aprovechamiento indebido de facultades.
La compañía de capital español alega que es la única autorizada para instalar y poner en funcionamiento los anuncios, parabuses y mobiliario urbano en general en el entorno tapatío, concesión que le fue otorgada y renovada por los anteriores gobiernos panistas. Por ello, los directivos de Eumex decidieron contratar a tres despachos de abogados para su defensa ante lo que consideran un agravio del ayuntamiento priista.
Además de Sandoval, en las querellas se menciona a su secretario general, Roberto López Lara; al titular de Seguridad Ciudadana, Servando Sepúlveda; al síndico Héctor Pizano Ramos, y a ocho funcionarios de primer nivel. Los defensores de Eumex estudian también la posibilidad de solicitar al Congreso local un juicio político contra el alcalde tapatío.
Los denunciantes mencionan que, al final de su administración, el panista Alfonso Petersen Farah inició un juicio para revocar la concesión a Eumex, por lo que en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) se inició el juicio de lesividad 344/2009 contra la firma española por incumplimiento del contrato.
Y aun cuando el litigio está en curso, el ayuntamiento que preside el priista Sandoval otorgó el año pasado la concesión del mobiliario urbano a la empresa Muebles Urbanos de Oaxaca (MUO), lo que reactivó el problema.
En noviembre de 2010, agentes del ayuntamiento tapatío golpearon a trabajadores de Eumex y les impidieron realizar su trabajo, por lo que la compañía interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ): la 10413, radicada el día 3 de ese mes.
En su querella, la empresa sostiene que empleados suyos fueron “golpeados, intimidados y amenazados, pero sobre todo porque los policías les impidieron realizar sus actividades. Como trabajadores que son, tienen el derecho y la obligación de cumplir con sus contratos y obtener sus salarios para poder subsistir”, expuso Jorge Tejeda, uno de los defensores de Eumex.
En una segunda queja (1981/11-I), presentada ante el ombudsman jalisciense el 7 de marzo último, los litigantes denunciaron detenciones ilegales de trabajadores del corporativo español “por parte de policías municipales de Guadalajara, ordenadas por los comandantes del ayuntamiento, el director de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana y el secretario de Seguridad Municipal”, aseguró Tejeda.
La inconformidad de Eumex
La primera querella contra el alcalde tapatío, Jorge Aristóteles Sandoval, y colaboradores se presentó el 3 de diciembre pasado ante la Procuraduría General de la República por “violación de suspensiones de amparo” y quedó radicada en la agencia III, mesa V, bajo el número de averiguación previa 7384/2010.
La segunda (AP 75/2011-V) fue interpuesta por los abogados de Eumex el 1 de abril último contra los mismos funcionarios por el delito de “desvío y aprovechamiento indebido de facultades al otorgar concesiones de prestación del servicio público” a otra compañía: MUO.
Los enredos de Aristóteles comenzaron el 7 de octubre de 2010, cuando el cabildo tapatío aprobó por mayoría calificada una iniciativa para autorizar que el ayuntamiento firmara un contrato de concesión con MUO, aun cuando los regidores panistas expusieron que eso contravenía el reglamento municipal por la falta de un estudio previo en las comisiones edilicias y porque la adjudicación no debía ser directa.
El propio síndico Héctor Pizano, autor de la iniciativa, admitió que el juicio de lesividad contra Eumex estaba en curso, por lo que propuso que el contrato con MUO tuviera una condición suspensiva para que, si el dictamen favorecía a Eumex, MUO “liberaría al municipio de responsabilidad”.
Pizano argumentó en esa sesión que la decisión de dar la concesión a MUO se debía al deterioro del mobiliario urbano. Eumex se inconformó y ese mismo día promovió ante el Juzgado Segundo de Distrito Federal en Materia Administrativa un amparo indirecto (número 1973/2010) para solicitar la suspensión del decreto.
Siete días después, el mismo Juzgado Segundo le concedió una suspensión provisional en la que expuso que el contrato de exclusividad con Eumex impide al ayuntamiento publicar el decreto aprobado por el cabildo a favor de MUO, así como celebrar y ejecutar el contrato respectivo.
El municipio fue notificado de la suspensión el 15 de octubre a las 13:40 horas. MUO inició un juicio de nulidad ante el TAE para evitar que quedara sin efecto el acuerdo de cabildo y solicitó una suspensión, que le fue concedida el mismo día en sólo 90 minutos, aun cuando procedimientos de ese tipo tardan por lo menos dos semanas, dice a Proceso Jalisco Carlo Hebert Gómez Arnaiz, otro de los defensores de Eumex.
De acuerdo con el abogado, MUO pidió la suspensión el 15 de octubre al mediodía y a las 13:35 horas ya había llegado la notificación al ayuntamiento. La notificación federal de Eumex llegó a las 13:40, pero esos cinco minutos de diferencia fueron suficientes para que Pizano Ramos inclinara la balanza a favor de MUO con “el criterio poco jurídico de que el primero en tiempo es el primero en derecho”, dice Gómez Arnaiz.
E insiste en que MUO interpuso el juicio de nulidad ante el TAE con el argumento “de que no había firmado el contrato y temía que no se hiciera, por lo que pedía que se obligara al ayuntamiento a hacerlo”.
En respuesta, el municipio sostuvo que el contrato ya estaba firmado. Sin embargo, en las dos primeras audiencias, la autoridad municipal no presentó ningún contrato, “sino hasta que ya estaba la suspensión definitiva”, recuerda Gómez Arnaiz.
Miembro del despacho Anuar García, el abogado señala que en su declaración ministerial el síndico Pizano Ramos admitió que no obedeció la suspensión del amparo que el juez federal concedió a Eumex puesto que “a él se le había notificado otra suspensión con antelación (de cinco minutos) por parte del TAE y decidió acatarla, toda vez que no existía jerarquía entre las determinaciones de un juez de distrito y las de los magistrados del TAE, lo cual es incorrecto”.
Prosigue Gómez Arnaiz: “Asimismo, Pizano señaló que los actos ya eran consumados, por lo cual no podía tener eficacia jurídica la suspensión concedida por Eumex. Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Circuito que tuvo conocimiento de la revisión incidental, resolvió a favor de la empresa (Eumex) y dijo que los actos no estaban consumados; por tanto, tenían plena eficacia jurídica las suspensiones del acto reclamado”.
Dice que aun cuando algunos de los señalados, como Servando Sepúlveda y su colaborador Javier Ignacio Salazar Mariscal, responsable de la Dirección de Fuerzas de Seguridad Ciudadana, comparecieron ante el Ministerio Público federal y se les notificó sobre la suspensión emitida por el juez federal, “han realizado detenciones ilegales en contra de los trabajadores de Eumex”.
Gómez precisa que hasta ahora han sido 22 los trabajadores de Eumex detenido por presuntos actos de vandalismo y destrucción de pavimento, aunque no se les pudieron probar los delitos. Menciona que las agresiones están documentadas a través de fotografías y actas notariadas.
Rubén Darío Gómez, otro de los abogados de Eumex, niega que su cliente haya incumplido con el contrato que firmó hace casi 11 años. Dice que “lo que quedó pendiente se superó con el convenio modificatorio de 2006”. Según él, entre los incumplimientos que se le atribuyen a la empresa está el no otorgar el servicio a casetas telefónicas, no instalar señales de paradas de autobús ni de taxis, no pagar la energía eléctrica ni colocar las papeleras y parabuses.
Y recalca que aun cuando Eumex hubiese incumplido, el gobierno municipal pudo disponer de la fianza de 7 millones de pesos que la empresa depositó para garantizar el debido mantenimiento del mobiliario, pero no lo hizo.
Destaca también que la firma ha invertido más de 5 millones de dólares en inmobiliario urbano y que cada año entrega al municipio regalías por más de 1.1 millones de dólares y más de 100 mil dólares anuales por el pago de derecho de licencias publicitarias.
Tras el juicio de lesividad que presentó la pasada administración contra Eumex, la VI sala del TAE, que preside Alberto Barba Gómez, acordó el 23 de junio de 2010 anular el contrato de concesión que el ayuntamiento de Guadalajara firmó con Eumex junto con el convenio de ampliación por 17 años; asimismo, la condenó a pagar 63 millones por adeudos al municipio.
Ante esto, Eumex interpuso un recurso de apelación ante el pleno del TAE el 6 de julio siguiente. Semanas, después, el 27 de octubre, el magistrado del TAE Armando García Estrada, en respuesta a la apelación de Eumex, confirmó la nulidad de la concesión.
El 22 de noviembre, la empresa interpuso un juicio de amparo directo para solicitar la suspensión de la sentencia del pleno del TAE. Tres días después se admitió el recurso y se le concedió a Eumex la suspensión “para que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan hasta que se resuelva de fondo la controversia”.
“Cuestiones electoreras”
Tras la presentación de las dos denuncias penales de Eumex, el presidente municipal Aristóteles Sandoval contrató al penalista Marco Antonio del Toro Carazo, quien cobra 100 mil pesos mensuales por honorarios.
En breve entrevista con Proceso Jalisco, Del Toro Carazo admite que las denuncias contra su cliente sólo son “para ejercer presión”. Insiste en que el amparo otorgado por el juzgado federal a la empresa llegó tarde puesto que ya se habían consumado una serie de actos.
“La suspensión refiere que la Gaceta Municipal no publique lo relativo al acuerdo de cabildo sobre la concesión a MUO, pero ya se había publicado el 8 de octubre de 2010. De igual forma, le otorgan la suspensión para que no se firme el contrato de concesión con MUO. Sin embargo, ese contrato se firmó el 11 de octubre de 2010. ¿Cómo le hago para suspender algo que ya hice?”, se interroga.
Del Toro insiste en que no se violó ninguna suspensión de amparo: “Nuestra defensa claramente hace ver que lo que está denunciando Eumex no tiene pies ni cabeza. Lo que deberían hacer es dedicarse a atender sus asuntos en los tribunales, en lugar de generar acciones penales infundadas para tratar de tachar la honra de funcionarios que han actuado de manera apegada al derecho”.
El abogado también señala que las denuncias que presentó Eumex en contra de los servidores públicos por abuso de autoridad “extrañamente las tienen medio escondidas en la procuraduría estatal; las han estado moviendo de una agencia a otra. No me explico por qué la procuraduría se presta a ese juego que puede tener alguna connotación política”, dice, y advierte que no va a permitir que la procuración de justicia sea usada “en beneficio de cuestiones electoreras”.
No es esta la primera vez que se exponen las irregularidades con las que ha venido operando la compañía española en las entidades en las que ha participado en los últimos años. En Jalisco, por ejemplo, este semanario abordó el tema en julio de 2005 (Proceso Jalisco 38 y 43).
En 2003, Eumex protagonizó un escándalo en el Distrito Federal, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, quien incluso le rescindió un contrato firmado años atrás con el priista Óscar Espinoza Villarreal. Las causas: el incumplimiento por parte de la empresa de las cláusulas de la concesión y una supuesta defraudación fiscal por 400 millones de pesos.
