Un grupo de académicos de la Universidad de Guadalajara demanda a la rectoría general les explique por qué decidió suprimir de la lista de beneficiarios del Programa de Estímulos de Desempeño Docente a más de 600 de sus compañeros. Organizados ya fuera del sindicato que los representa, cuestionan incluso que en ese listado se incluya a funcionarios, como el propio Marco Antonio Cortés Guardado.
Más de 400 académicos están indignados contra los directivos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la forma arbitraria en la que manejan el presupuesto y los recursos de la institución, en particular los que se destinan al Programa de Estímulos al Desempeño Docente (Proesde) y a la promoción de iniciativas desligadas de la docencia y a la formación de recursos humanos.
Los inconformes argumentan que, aun cuando el monto asignado al Proesde para el periodo 2011-2012 asciende a 231 millones de pesos y tendría que repartirse entre mil 531 docentes, los directivos universitarios alegan que es insuficiente, por lo que redujeron a 679 el número de beneficiarios.
Además, para justificar sus arbitrariedades aducen que requieren un techo presupuestal de 318 millones de pesos, comentan a Proceso Jalisco varios de los afectados. Según ellos, las autoridades de la institución desvían hacia obras y proyectos los recursos del programa de estímulos que se reparte cada año entre el personal que se destaca por su trayectoria y méritos académicos.
Pero llegó el momento de revisar los resultados y los recursos obtenidos de proyectos como el Auditorio Telmex, la Feria Internacional del Libro (FIL) en Los Ángeles, el Teatro Diana y otros más, encabezados todos por “el líder del grupo UdeG” (Raúl Padilla López), exponen los docentes, aunque se cuidan de citarlo por su nombre.
Pablo Sandoval Cabrera, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas (CUCEA), indica que decenas de universitarios cercanos a la cúpula de poder o funcionarios de la red que lidera el exrector Raúl Padilla aparecen como “beneficiarios condicionados” del Proesde, lo que les permite regresar a sus puestos en la academia ante un eventual despido de sus plazas de confianza. “Ellos tienen una especie de derecho reservado”, comenta el entrevistado.
Por desgracia, dice, para muchos de nosotros el Proesde está controlado por los directivos; también comenta que algunos funcionarios de la universidad aparecen en la lista como “beneficiarios condicionados”, aun cuando el Proesde es sólo para docentes, no para los administrativos ni autoridades de la institución.
“Algunos cuestionamos la forma en que nos piden constancias de nuestras actividades. Consideramos que los directivos quieren manejar a la universidad como si fuera un corporativo; y es precisamente ese mecanismo el que aprovechan personas cercanas a ellos para lucirse y presentar expedientes gordos.”
El docente del CUCEA asegura que el estímulo a los docentes va de uno a nueve salarios mínimos por mes y detalla que 80% de los profesores en la UdeG reciben hasta 12 mil pesos de sueldo; además, los que se benefician con el Proesde tienen un ingreso extra de 50%.
Sandoval dice que en la lista de apoyos hay nombres de personas cercanas a las rectorías o a las áreas directivas de la universidad, por lo que es difícil garantizar equidad y transparencia en la ejecución de programa de estímulos y en la distribución de los recursos.
Derechos reservados
Al escrutar los nombres de los “beneficiados condicionados” en la lista de Proesde, Proceso Jalisco detectó, entre otros directivos, el del propio rector sustituto de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado. Y si bien él no recibe el apoyo económico de ese proyecto por ser funcionario, una vez terminada su encomienda podrá regresar a su labor de docente y gozar de ese pago.
Según los datos del portal de Transparencia de la UdeG correspondientes a junio último, Cortés Guardado gana más de 98 mil pesos al mes. No obstante, fuentes cercanas a la institución aseguran al reportero que en realidad cobra 155 mil pesos, mientras que la mayoría de los maestros de tiempo completo y con estudios de posgrado apenas perciben 12 mil pesos mensuales.
Otro es Pablo Arredondo Ramírez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). En la página de Transparencia de la UdeG consultada aparece que él cobra alrededor de 70 mil pesos, según la información correspondiente al mes de junio pasado.
Uno más es el exrector José Trinidad Padilla López, hermano del líder del Grupo UdeG, Raúl Padilla. Trino, como lo llaman sus amigos, cobra también como diputado en la LXI Legislatura federal, mientras que en la universidad tiene una plaza como investigador C y está asignado al Departamento de Estudios Internacionales.
Su sueldo en la UdeG rebasa los 26 mil pesos mensuales, no obstante que sus labores parlamentarias lo mantienen casi permanentemente en la Ciudad de México, lejos de sus actividades académicas.
Otro nombre que resalta es el de Juan de Jesús Taylor Preciado, un funcionario que recibe tres pagos: uno como director de la División de Ciencias Veterinarias, otro como responsable de Becas y uno más como profesor e investigador C. En total, Taylor se embolsa 42 mil pesos a la quincena, según la página de Transparencia de la UdeG.
Del mismo análisis del listado de beneficiados activos del Proesde se desprende que la mayor parte de los apoyos se concentra en los denominados centros universitarios metropolitanos, donde se incluye el de Arte, Arquitectura y Diseño; el de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), el de Ingenierías; el de Ciencias de la Salud, y el de Sociales y Humanidades. En esos campus son aproximadamente 900 los beneficiarios del programa.
Del análisis de la distribución de Proesde, destaca que de los ocho centros universitarios ubicados fuera de la zona metropolitana, apenas 197 académicos reciben estímulos, mientras que el Sistema de Educación Media Superior tiene anotadas 437 personas. En total, la UdeG tiene a su servicio más de 14 mil 746 académicos, de tal suerte que el Proesde, beneficia a menos de 10% de sus docentes.
El lunes 4, decenas de inconformes acudieron a la rectoría general a entregar un escrito con sus demandas y aprovecharon para manifestar a las autoridades el malestar de cientos de maestros que exigen plena transparencia en el uso de recursos para ese tipo de bolsas; comentaron también que no habían apelado al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (Staudeg) para evitar que éste “se apropie de sus reclamos”.
Pablo Sandoval y varios investigadores aseguran que hasta junio pasado, la universidad ejerció más de 226 millones de pesos, por lo que debe aclarar en qué utilizó los otros 5 millones.
El catedrático Bernardo Jaén Jiménez dice que aun cuando muchos de sus compañeros se niegan a hablar sobre las irregularidades en el manejo de los fondos del Proesde por temor a represalias, son más los profesores que se incorporaron al movimiento.
“No ocultamos nada, no nos escondemos para decir lo que pensamos y creemos que es la forma en la que se debe discutir este asunto, a pesar de las amenazas”, indica Jaén Jiménez.
“La universidad gasta recursos en actividades no prioritarias, fundamentalmente el grueso del presupuesto público se ha ido a la construcción de obras e infraestructura para la promoción de la cultura. Tenemos una Feria Internacional del Libro en Los Ángeles (California), una Feria Internacional de la Música, una nueva Biblioteca Pública del estado; existe también el Auditorio Telmex”, destaca el investigador.
En el caso particular del auditorio Telmex, asegura que los universitarios reconocen poco o nulo beneficio y que en contraparte hay distracción de recursos dentro de la UdeG que deberían canalizarse al apoyo docente.
“Queremos saber cuántas entradas se han cobrado en el Auditorio Telmex, cuánto se recibe por cada uno de los conciertos, cuál es el gasto de la casa de estudios por subrogar esto, y no hay información por ningún lado, y eso que pasa con el Telmex, pasa con el Teatro Diana, con el equipo de futbol de los Leones Negros y con la FIL Guadalajara.”
Justificaciones
Martín Vargas Magaña, dirigente del Staudeg, asegura que el programa de estímulos académicos no responde a las necesidades de la base académica. De entrada, dice, porque no alcanza para toda la comunidad docente, aun cuando muchos de sus integrantes tengan méritos sobrados y una sólida preparación académica.
Para él, los señalamientos de los docentes inconformes son inexactos. Asegura que la casa de estudios tiene uno de los primeros lugares en materia de transparencia en el ámbito nacional, y destaca que cada gasto ejercido corresponde a proyectos aprobados en forma legal por el Consejo General Universitario.
Vargas rechaza también que haya favoritismos en el Proesde. Además, afirma, ese proyecto no resuelve el problema de los bajos sueldos en la casa de estudios. El 30 de junio, antes de la entrevista, el Staudeg publicó un desplegado en diferentes periódicos en el que, dice Vargas, el gremio reconocía la necesidad de promover modificaciones a los lineamientos de ese programa para garantizar la equidad y el beneficio a un mayor número de docentes.
Los firmantes incluso sentenciaban que “es inadmisible que los académicos tengamos que estar a la caza de complementos para nuestro salario”.
Y el viernes 8, las autoridades universitarias informaron que en una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México solicitaron una ampliación presupuestal para responder a los reclamos de los docentes, quienes exigen el pago de 86 millones de pesos que aún no recibe la UdeG.
Ese mismo día, el titular de la SEP, Alonso Lujambio, realizó una gira por Guadalajara con motivo del cierre del ciclo escolar. El funcionario tuvo que enfrentar la crítica de los universitarios por el recorte en la lista de beneficiarios de los estímulos académicos y por la falta de recursos para la universidad.
A tono con ese señalamiento, la UdeG insiste en que aún no recibe 52% del presupuesto general que demanda. Por lo pronto, la institución reclama la entrega de 960 millones de pesos para pagar su deuda con la federación y advierte que sólo tiene recursos para los próximos dos meses. Incluso publicó un desplegado el martes 12 en el que expone que está a punto del colapso financiero.
El rector sustituto, Marco Antonio Cortés Guardado, declaró: “Ojalá lleguen pronto los recursos faltantes” y comentó que es falso que los directivos cobren sueldos elevados. Lo cierto es que, según información oficial, él gana alrededor de 100 mil pesos al mes; el vicerrector ejecutivo, Miguel Ángel Navarro, cobra 102 mil pesos, y el secretario general, Alfredo Peña, cerca de 91 mil pesos.
Enrique Cuevas, otro de los docentes inconformes, asegura que el anuncio del supuesto acuerdo entre UdeG-SEP para la entrega de 86 millones de pesos extra al programa de estímulo no resuelve el problema. Dice que las autoridades aún no informan sobre la entrega de los recursos faltantes ni sobre quiénes serán los beneficiarios, mucho menos qué pasará con los 679 maestros que fueron suprimidos de la lista del Proesde.
