En los últimos 22 años, la vida interna de la Universidad de Guadalajara ha transcurrido siguiendo un guión preestablecido por su nomenklatura, con el exrector Raúl Padilla en el papel de supremo libretista. La mayoría de quienes integran el Consejo General Universitario (CGU), formalmente la “máxima autoridad” de la institución –el rector general, el grueso de los rectores B, buena parte de los mandos medios, las secretarías de los dos sindicatos universitarios y la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU)– tienen bien asignado su papel: sumisión absoluta a los dictados del jeque de jeques (¿eres tú, Raúl?), nada de improvisaciones, renuncia al protagonismo y al criterio propio, o corren el riesgo de salir prematuramente de escena como le ocurrió al finado Carlos Briseño, que por apartarse del libreto fue borrado por la nomenklatura de marras, de la cual también él formó parte durante muchos años.
Salvo el caso Briseño, que tuvo un desenlace trágico el 19 de noviembre de 2009, en las dos décadas recientes no se han visto amagos de ruptura en el campus de la universidad pública de Jalisco. Ningún otro acontecimiento interno podría interpretarse como una salida del guión que se estableció desde el segundo semestre de 1989, cuando el entonces rector Raúl Padilla afianzó el control casi absoluto de la UdeG, dejando en la cuneta a la otrora poderosa Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), que en algún momento fue presidida por el propio Padilla y por otros aliados suyos (entre ellos, su hermano José Trinidad, Tonatiuh Bravo Padilla y Jorge Enrique Zambrano Villa).
Aun cuando nadie pueda asegurar que la época de calma interna de la UdeG esté ahora amenazada, y menos aún que haya llegado a su fin, tampoco se debe soslayar el reciente movimiento magisterial independiente y de regulares dimensiones que, a la manera de los indignados españoles del 15M, ha salido a cuestionar la manera anómala en que se ha manejado la UdeG.
Hasta ahora este movimiento se ha presentado como una indignación un poco tardía y light –sin ánimo peyorativo–, al calor de una coyuntura desfavorable para un segmento de la planta docente udegeísta, luego de que el pasado 27 de junio se anunciara que 679 de los poco más de 2 mil 200 profesores que recibían un sobresueldo llamado Programa de Estímulos al Desempeño Docente (Proesde) quedaban excluidos de ese beneficio, el cual constituía la mitad de los ingresos para muchos de ellos.
Ante la protesta de los profesores afectados, la directiva universitaria argumentó que esa responsabilidad no es suya, sino del gobierno federal y específicamente de la Secretaría de Educación Pública, que aplicó un recorte de 87 millones de pesos al Proesde y a la que, aparte, la UdeG le reclama un adeudo de 960 millones de pesos. Agregan que como autoridades responsables (es un decir) de la segunda universidad del país, sólo les corresponde insistir para que la SEP reponga el dinero faltante del Proesde y cubra el presunto adeudo por cerca de mil millones de pesos, que según cierta versión alarmista puede poner en riesgo el siguiente ciclo escolar de la UdeG.
En las últimas semanas, autoridades universitarias y directivos del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (Staudeg) acudieron a la sede de la SEP en la Ciudad de México y atajaron al secretario Alonso Lujambio durante su visita del viernes 8 a Guadalajara. En términos reales no consiguieron nada. La comisión que fue recibida por mandos medios de la SEP trajo noticias vacías: “Funcionarios de la SEP manifestaron interés por otorgar una ampliación presupuestal para hacer frente a la problemática que generó el Proesde” (La Jornada Jalisco, 11 de julio). No hubo ningún compromiso para reincorporar al Proesde a los 679 profesores damnificados, sólo una muestra de “interés” en el caso.
Peor les fue a los integrantes del Staudeg que le hicieron corralito a Lujambio en las afueras del Centro de Bachillerato Tecnológico número 10 en Guadalajara. Al reclamo de los 960 millones, Lujambio respondió que la SEP “no adeuda nada a la UdeG” (Milenio Jalisco, 9 de julio), y sobre los 87 millones necesarios para completar el sobresueldo del Proesde a fin de reincorporar a los académicos que se quedaron sin ese “estímulo”, el funcionario respondió: “No es un asunto estrictamente de Jalisco…, es un problema nacional aqueja a 34 universidades (públicas) y no sólo a profesores de la UdeG”.
Antes de estas frustraciones, los profesores inconformes comenzaron a cuestionar el estilo frívolo y derrochador que caracteriza a los altos mandos formales e informales de la UdeG. Cabe aclarar que esos centenares de docentes y académicos no sólo han hecho patente su independencia del Staudeg, al que no sólo califican de “charro” por responder a los intereses de la directiva de la UdeG, antes que a los de sus agremiados, sino lo acusan de querer “aprovechar” y “mediatizar” el movimiento de indignación contra el turbio manejo de la universidad pública de Jalisco.
Los cuestionamientos de los indignados de la UdeG se dirigen hacia tres aspectos: 1) la forma antidemocrática en que se gobierna la institución; 2) el despilfarro de recursos fiscales que va a parar a actividades y proyectos “no prioritarios”, y 3) los desmesurados sueldos de la cúpula directiva universitaria, a la que califican de una “burguesía dorada”, término usado por Emilio González Márquez en 2006, cuando era candidato del PAN a la gubernatura de Jalisco.
Bernardo Jaén, uno de los indignados, describe la forma caciquil en que se designa a directivos y representantes: “La UdeG no es una institución democrática, existen órganos de gobierno suplantados por poderes reales que no son visibles y que operan en la opacidad… es gobernada de forma patrimonialista por un grupo político que se reparte cuotas de poder, léase centros universitarios y preparatorias” (Mural, 10 de julio).
El académico del CUCEA remata su diagnóstico señalando las “planillas únicas”, a las que oficiosamente se llama “candidatos de unidad”, así como la condición sumisa de la mayoría de personas y funcionarios que integran el CGU.
Entre los gastos multimillonarios en actividades “no prioritarias” se ha señalado la Feria del Libro en Los Ángeles, el campus de la UdeG abierto en la misma ciudad californiana, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y, entre otras ocurrencias descocadas y deficitarias, la reciente Feria Internacional de la Música. A lo anterior se puede añadir los onerosos contratos de publicidad con Televisa Guadalajara, que a lo largo de una década han acumulado un gasto de cientos de millones de pesos para las finanzas universitarias.
En cuanto a la justicia salarial en la UdeG, basta comparar el sueldo mensual del rector sustituto (155 mil pesos) con el de un maestro de tiempo completo, posgraduado y con antigüedad (no más de 12 mil pesos).
Por el bien de Jalisco, es de desear que el movimiento de los indignados de la UdeG no sea en vano.
