Organizaciones civiles y empresariales condenan al auditor superior Alonso Godoy por hacer negocio con su cargo y obtener indebidamente millones de pesos, pero los diputados lo han declarado inocente. Sin embargo, es tal el calor político que se prepara su salida para no quemar a los exlegisladores de todos los partidos, que –según documentos y declaraciones ampliamente difundidas– compartieron el botín y encubrieron al funcionario.
El auditor superior de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, fue objeto de un juicio popular en el que una veintena de organizaciones sociales lo culparon de haber cobrado ilegalmente 9.8 millones de pesos y de proteger negocios entre el Congreso y su suegro por otros 5 millones, a cambio de ocultar las corruptelas de diputados de la 58 Legislatura y con el silencio cómplice de la actual.
Fuentes legislativas confirman que los diputados locales del PRI, el PAN y el PRD, que lo defendieron con su voto o su silencio, ahora le preparan una cómoda salida del cargo pese a que las citadas organizaciones y organismos empresariales como la Coparmex, la Canaco y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco reclaman su cese inmediato.
En menos de cuatro años (2007-2011) el auditor acumuló tres solicitudes de juicio político y tres denuncias penales promovidas por organismos ciudadanos, el Instituto de Transparencia el Información Pública de Jalisco (Itei) y particulares que lo acusan de beneficiarse personalmente de su cargo mediante maniobras con el Congreso, el gobierno estatal, la Universidad de Guadalajara y los municipios.
El domingo 3, a las afueras de las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Aldo Estrada Casarín dio lectura a la “sentencia” del jurado popular: se señaló a Godoy Pelayo culpable de enriquecimiento ilícito por el cobro indebido de 9.8 millones de pesos y la transferencia ilegal de 30 millones a las cuentas particulares de varios diputados, en particular los coordinadores partidistas de la anterior legislatura.
De igual forma lo señalaron de “lavar” cuentas públicas de ayuntamientos y del gobierno estatal, así como de ocultar información violando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad.
Según el despacho Russell Bedford, contratado por la actual legislatura, las anomalías detectadas en el periodo legislativo anterior (2007-2009) superan los 579 millones de pesos, es decir, cerca de 35% de los mil 777 millones de pesos del presupuesto del trienio, de acuerdo con el portal de Transparencia de la Secretaría de Finanzas del estado.
Entre las irregularidades más escandalosas está la apertura de una cuenta bancaria no registrada en la contabilidad del Congreso, que varios diputados “saquearon” en los últimos días del trienio. Se trata de la cuenta CH-0001499881-5 del banco IXE, abierta el 10 de diciembre de 2009, con 30 millones de pesos entregados por la ASEJ.
Una investigación de este semanario en el Registro Público de la Propiedad muestra que 16 empresas fueron creadas al vapor para justificar los egresos millonarios y que desaparecieron una vez concluida la legislatura y vaciada la cuenta (Proceso Jalisco 319).
Según la auditoría de Russell Bedford, el excoordinador perredista, Samuel Romero Valle, recibió un depósito de 3.5 millones y otro de 2 millones. Su esposa, Belia Vargas Sandoval, recibió un cheque de 2 millones, y su hija, Belia Romero, otro por 140 mil pesos, y endosó uno a favor del exdiputado perredista Carlos Orozco, por 500 mil pesos.
Romero Valle, ligado al grupo UdeG, al igual que el resto de los legisladores recibió fondos adicionales a su salario y deberá dar cuenta de ellos. Distintos medios de comunicación han informado que, de los 189 millones de pesos que según el despacho Russell-Bedford se repartieron los legisladores en 2009, casi 20 millones se depositaron directamente en una cuenta del exdiputado.
También recibieron dinero en forma irregular Alfredo Zárate, del PT (4.5 millones); Guadalupe Madera, de Nueva Alianza (3.5 millones), y Luis Vélez, del PVEM, quien ya cobraba como alcalde de Etzatlán y de todas formas sacó 4.5 millones de la cuenta del Congreso.
De esa misma cuenta provinieron 10 pagos de medio millón para Alfredo Vargas, suegro de Alonso Godoy, que no aparece en el padrón de proveedores del Congreso ni tiene un contrato para respaldar los cheques.
Además, el diario Público divulgó entre el 13 y el 25 de enero que Godoy recibió 12 cheques a su nombre en el trienio 2007-2009, para acumular 9.8 millones de pesos adicionales a su salario.
El auditor compareció ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local el 4 de febrero de 2010. Argumentó que los pagos a su favor eran prestaciones, entre ellas las vacaciones que no había tomado desde 2004. Según él, los casi 10 millones formaban parte de acuerdos tomados en las legislaturas 57 y 58.
En declaraciones a una estación de radio, el martes 5, el funcionario atribuyó las movilizaciones en su contra a una estrategia para distraer la atención de las irregularidades detectadas en las administraciones panistas de Zapopan y Guadalajara, encabezadas por Juan Sánchez Aldana y Alfonso Petersen Farah, respectivamente. En su revisión de la cuenta pública de 2009, la ASEJ hizo señalamientos contra el ayuntamiento de Zapopan por más de mil 389 millones de pesos, y por 266 millones en el caso de Guadalajara.
El 28 de junio pasado, la Comisión de Vigilancia concluyó que no hubo irregularidades en el cobro de 9.8 millones de pesos por el auditor ni en la entrega de 5 millones de pesos a su suegro.
Minutos antes de finalizar dicha sesión, los panistas Alfredo Argüelles e Isaías Cortés se salieron del recinto con supuesta molestia. Argüelles fue secretario general del Congreso en la anterior legislatura y quiere ser candidato del PAN a la alcaldía de Guadalajara, por lo que ha mantenido un bajo perfil en el escándalo, en tanto que el segundo es hermano del exdirigente del PAN jalisciense, Hernán Cortés, quien aspira a la gubernatura.
El auditor declaró ante la mencionada comisión que las “prestaciones laborales” (los casi 10 millones) “se encuentran fundadas y motivadas en el acuerdo interno de la Comisión de Administración de la 58 Legislatura, suscrito el 2 de julio de 2008, que a su vez ratifica el acuerdo interno de la Junta de Coordinación Política, en unión de la Comisión de Administración de la 57 Legislatura, suscrito el 14 de diciembre de 2006”.
El 5 de junio dijo a los reporteros que no incurrió en un autopago: “Ese dinero lo recibí vía nómina, lo deposité en mis cuentas bancarias, lo incluí en mis declaraciones patrimoniales y lo declaré ante Hacienda”.
El acuerdo legislativo con el que Godoy ampara sus pagos lo firmaron el priista Jorge Arana, del PRI, presidente de la Comisión de Administración; la panista Norma Angélica Aguirre; el perredista Samuel Romero Valle, y Luis Manuel Vélez Fregoso, del PVEM, identificado por su apoyo incondicional al gobernador Emilio González.
Al finalizar la anterior legislatura, Vélez, hoy alcalde de Etzatlán, fue acusado de apropiarse ilegalmente de una camioneta Comander y otros bienes del Congreso, por lo cual el diputado panista Héctor Álvarez lo denunció penalmente (averiguación previa 6250/2010).
La corrupción los une
El coordinador priista en el Congreso local, Roberto Marrufo, ha reiterado que las acusaciones contra el auditor superior del estado se basan en notas de prensa sin valor jurídico. “El verdadero origen de la enfermedad son los acuerdos de las anteriores legislaturas –dijo–… por lo que no se podía despedir al auditor así como así… ya que habría respondido con demandas y entonces se tendría que reinstalar y pagar salarios caídos”.
Otro de los legisladores inmiscuido en el mal manejo de recursos es Jorge Arana, exalcalde de Tonalá y actual diputado federal. De acuerdo con la auditoría de la firma Russell Bedford, el priista cobró 569 mil pesos en dos cheques, uno fechado el 13 de octubre y otro el 30 del mismo mes de 2009, aunque ya había pedido licencia para integrarse a la 60 Legislatura federal a partir del 1 de septiembre siguiente.
En la fracción del PRI las posturas son ambiguas; sólo la diputada Rocío Corona Nakamura se mantiene a favor del cese del auditor.
Godoy también utiliza en su defensa el acuerdo suscrito el 14 de diciembre de 2006 en la Junta de Coordinación Política de la 57 Legislatura, firmado por Salvador Cosío, Enrique García, Luis Alejandro Rodríguez y José María Martínez, actual coordinador de la bancada panista (Proceso Jalisco 330).
Apenas el lunes 4, José María Martínez anunció en rueda de prensa que los diputados panistas promoverían un acuerdo para votar en el pleno la permanencia del auditor; esa misma tarde el nuevo presidente estatal del PAN, Iván Argüelles, giró instrucciones para votar por la salida de Godoy.
El 30 de junio, el presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Alfaro Aranguren, cuestionó la corrupción de la clase política en una clara alusión a los diputados que defienden al auditor, por lo cual los exgobernadores Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña se pronunciaron por la salida de Godoy y que se le investigue.
Por su parte, el diputado panista Héctor Álvarez se protege de las acusaciones contra la 59 Legislatura: “Esto es como lo que está de moda ahorita –argumenta–; vinieron a tirarnos un muerto que lleva muchos días de estar occiso y ya en estado de putrefacción. Quieren que en esta legislatura lo lavemos, velemos y demos cristiana sepultura, y yo no estoy de acuerdo con eso”.
Por eso exige que la procuraduría del estado investigue a la legislatura actual y a las dos anteriores. Ofrece pistas: por ejemplo, dice, pueden obtenerse copias de las pólizas de todos los cheques emitidos por el Congreso de diciembre de 2006 a febrero de 2007, sobre todo para observar el manejo que se le dio a la cuenta 04011000866 del Banco Bital, en la cual aparecen nombres de exfuncionarios y exdiputados de todos los partidos en la 57 Legislatura, quienes indebidamente recibieron dinero del Congreso.
Destaca que él presentó denuncia penal por el presunto desvío de recursos públicos (averiguación previa 51204/11) en contra de quien resulte responsable. De hecho, añade que ha señalado la opacidad en el manejo de recursos en las dos anteriores legislaturas, pero está convencido de que la actual le va a ganar a las otras dos en señalamientos de corrupción.
Sin embargo, enfatiza, en cada caso se tiene que aclarar que los responsables directos de disponer de los recursos son cinco o seis personas, los coordinadores, que en la 57 Legislatura cobraron sumas similares a las del auditor.
Algunas de las solicitudes de instauración de juicio político que llegaron al Congreso y que involucran a Godoy se sustentan en la falta de transparencia y la negativa para informar sobre el manejo de recursos de la famosa partida 8000 de 2007.
Contra los argumentos de Godoy Pelayo, Gabriel Valencia López –el particular que recurrió a la Ley de Transparencia para conocer los detalles de la cuenta sospechosa– asegura que hay un gasto de 59 millones de pesos del que nadie quiere informar, por lo cual se presume que el auditor y los diputados incurrieron en diferentes grados de responsabilidad civil o penal.
Agrega que, por lo tanto, la petición de un juicio político contra el auditor no es una de las vendetas entre los partidos políticos, y prueba de ello es que también se intenta proceder en contra de los diputados Roberto Marrufo (PRI), Raúl Vargas (PRD), Jesús Casillas (PRI), Enrique Aubry (PVEM) y José María Martínez (PAN). l
Alberto Osorio, Esperanza Romero y Julio Ríos
