Tras el escándalo, la puesta en picota (que no en chirona) del auditor del Congreso estatal, Alonso Godoy Pelayo, es comidilla hasta para repetir. Todo mundo sabe detalle y medio sobre el cochinero que se hace de nuestro dinero en las arcas de la casona de la calle Hidalgo. Si sus defensores querían encubrirlo y alejarlo de señalamientos, les salió el tiro por la culata. Lo exhibieron y, de pasada, mostraron el cobre todos ellos, esos grises personajes llamados diputados. La pestilencia que sale del parlamento local infestó la ciudad y al estado entero.
Resulta que la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo le revisó su expediente y lo encontró impoluto. Decidió ratificarlo en el cargo, cuya idoneidad es cuestionada desde hace rato por la ciudadanía enterada. No fue miel sobre hojuelas su ratificación. Los del PAN abandonaron la sesión y el del Verde, Aubry, votó en contra. Pero PRI y PRD, a una mano, la metieron al fuego por él. Ahí va a seguir, dijeron. El escándalo creció y tal vez sea separado, para calmar las cosas. Se habla de llevar el asunto al pleno otra vez. No ha terminado el sainete. Al ratificarlo la comisión, sólo destapó la cloaca. Quizás lo que hay detrás de lo ya destapado nos termine abrumando.
No son pocos los cargos que se le achacan. Godoy Pelayo recibió, por concepto de bonos y posibles prestaciones no disfrutadas, 9.8 millones de pesos adicionales a su sueldo; la maquinaria formal de contabilidad del Congreso lo autorizó. Por eso aducen que es pago legal y no hay ilícito por perseguir. Se le documentó también un traspaso de 30 millones de pesos a una cuenta de cheques, ésta sí ajena a la operación normal del Congreso, de la que desvió a su suegro 5 millones. Con la UdeG realizó otro negociazo. Le vendió en 28.9 millones un predio de 6.2 hectáreas conocido como Las Anonas, en Autlán. Su valor fiscal apenas da en 344 mil 500 pesos (Proceso Jalisco 259).
No acabaríamos de reseñar una lista exhaustiva de irregularidades que van saliendo a flote al revisar los cochupos entre los legisladores y su auditor. Se sabe que, en tráfico de favores, lavan cuentas anómalas de municipios y dependencias del gobierno; que ignoran las denuncias de medios y ciudadanos sobre corruptelas de funcionarios. Trascendió que tiene incoada una denuncia penal por despojo y abuso de autoridad por el terreno para estacionamiento, adquirido a sobreprecio. El Instituto de Transparencia lo acusó penalmente por negarse a dar información a los ciudadanos. Ya debería estar corriendo una solicitud de juicio político en su contra, presentada ante el Congreso, por encubrir las irregularidades de la anterior legislatura. Pero sus amigos legisladores se han dado a la tarea de encubrirlo.
No sólo lo escudaron priistas y perredistas, sino que nos aportaron someros elementos de análisis. Hay que traer a la luz estas tesis de elevada política, para aprender de la alta escuela de nuestros encurulados. Roberto Marrufo, pastor de los priistas, afirmó que la comisión no decide sobre su futuro sino que sólo ventila un punto legislativo en los rubros en que se generó. Este acuerdo ya no irá al pleno. Así que es asunto archivado y muerto. Requiescat, pues. Ana Bertha Guzmán fue más lejos. Ilustró que de darle palo el fondo del Congreso sufriría quebranto. Lo indemnizaban, o se amparaba y les ganaba. Terminaría saliendo más caro. Era preferible exonerarlo, presentarlo como blanca vestal impoluta y dejarlo que siguiera ejerciendo el puesto.
Pero el que no se midió fue el médico nayarita Raúl Vargas López. Como ha habido muchas voces condenatorias, le gustó la de la Canaco, expuesta por su titular, Miguel Alfaro Aranguren, para contravenirla. Funge el médico, o se la ha tomado, como vocero en turno del padillaje. Su perla no tiene desperdicio, aunque sea un auténtico galimatías: “[Que presenten] –dijo– las denuncias penales, las denuncias de juicios políticos. Lo de ellos es el asunto mediático, volverse los adalid (sic) de una autoridad moral que están lejos de tener. Si fuesen congruentes, como dicen por ahí, andando y haciendo, haciendo las denuncias que ameritan, pero no lo hacen porque no tienen interés. Su único interés es convertirse en una autoridad que no son” (La Jornada Jalisco, 2 de julio de 2011).
Vargas tiene la piel sensible. Así de irascible se le miró cuando echaron la caballada encima al extinto rector Carlos Briseño. Supone que su dicho apabulla a los hombres de la clase empresarial. Pero haría bien en solicitar asesoría retórica. Su proclama es hilarante y se desfonda. ¿Cómo que dicen por ahí andando y haciendo? El refrán reza: andando y meando, para no hacer hoyo. Si invoca picaresca coloquial, que lo haga con atingencia. ¿Cómo que muchos se vuelven adalid? No se vale extrapolar fórmulas exclusivas. La costumbre de renunciar al pensamiento propio y enarbolar de manera uniforme y monolítica sólo la consigna del patrón, aunque no se esté de acuerdo con ella, es conducta política exclusiva del padillaje. En la UdeG Raúl Padilla ha uniformado criterios, excluyendo disidentes. Bien haría Vargas en cuidar sus exabruptos y no dejarse traicionar por el subconsciente.
Pero el fondo real y doloroso de la cuestión reside en la puntada de todos estos defensores mostrencos cuando invocan la legalidad, para ponerla de su lado. El hervor de la cólera colectiva ha subido de tono precisamente por el manejo desaseado y encima cínico que hacen con la justicia desde el poder. Ya no es sólo el reclamo por la corrupción, siempre condenable, sino por el descaro con que la niegan y la tapan. No repugna más el peculado, el atraco a campo raso del erario, del dinero común, sino los subterfugios amañados que ensayan hacer deglutir al público para desmentirlo. Querer mirarnos la cara de tontos a todos y tenernos por tales y sin remedio, es lo que ya viene resultando demasiado grosero. Por eso está irritada la opinión pública.
La zahúrda en que está convertida la ASEJ debe ser depurada y desinfestada. Llevar al auditor a tribunales, para trasladarlo luego tras las rejas, y no estarle buscando trucos y triquiñuelas a los reglamentos y a los códigos, para escabullirlo al brazo de la justicia verdadera y exonerarlo de su responsabilidad republicana, que la lleva y pesada. Mas no se distinguen nuestros diputados por su clarividencia. Ahora sí perdieron toda compostura. Tienen que reconocer que se equivocaron, sentarse humildes en el banquillo de los acusados y corregir la plana, como en la primaria. ¿O será que ni los elementales cursos de la primaria aprobaron? Tamaña testarudez genera esta duda atroz. Sea pues. l
