Desde el año pasado, vecinos de Vallarta y dirigentes del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos han denunciado ante instancias municipales, estatales y federales a las firmas Grupo Continental de México y Gracoil por la instalación clandestina de dos depósitos para almacenar hidrocarburos. Y aun cuando en sus querellas enumeran los riesgos ecológicos, hasta ahora ninguna autoridad les ha respondido.
Pese a que no cuenta con los permisos de Protección Civil correspondientes ni ofrece los mínimos requisitos de seguridad, la empresa Grupo Comercial de México se empeña en construir una distribuidora de hidrocarburos, sostiene la activista María Nicolasa García Reynoso, al tiempo que acusa de solapamiento al ayuntamiento de Puerto Vallarta, encabezado por Salvador González Reséndiz.
La dirigente del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos comenta que esa obra es un riesgo para la ciudadanía. También se dice indignada porque, arguye, la obra es similar a la que construyó el año pasado la firma Gracoil (hoy denominada San Roberto), aun cuando los vecinos han presentado sus quejas ante las autoridades vallartenses por la presunción de que esa compañía manejará combustible robado a los ductos de Pemex. Hasta hoy no han tenido respuesta del municipio.
En el caso del Grupo Comercial de México, su propósito es convertirse en distribuidora de la paraestatal aun sin autorización, según la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de la entidad (UEPCB). Su plan es instalar un depósito para la venta de gasolina y diesel con una capacidad de almacenamiento de 103 mil litros de hidrocarburos.
Por lo que atañe al depósito de Gracoil, la empresa maniobró para evadir la ley e instalar sus tanques de almacenamiento. Y aun cuando no cuenta con los permisos correspondientes, instaló dos tanques para almacenar 50 mil litros de diesel en avenida Las Palmas 220, junto a un restaurante muy concurrido de la ciudad. Ahí camufló los tanques al colocarles un letrero con la palabra “agua”.
Al principio, la empresa escogió el poblado de Boca de Tomates, en el ejido Las Juntas. Los tanques de almacenamiento se colocaron a 90 metros del aeropuerto y a 300 metros de la pista aérea y de la zona de cultivo. Sin embargo, los padres de familia del Instituto Pierre Faure, que se encuentra a 100 metros del lugar, se organizaron para protestar y lograron que Gracoil saliera de ahí.
Negligencia
Comisionada por la organización Mensajeros de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas para defender a los vallartenses en el caso de los depósitos de hidrocarburos, García Reynoso relata que hace seis meses, el 12 de enero último, presentó su denuncia contra Grupo Comercial ante el titular de Protección Civil municipal, Alejandro Arias García, y ante la UEPCBJ. En ella argumenta que si no se cancela la instalación “se pondrá en peligro la vida de los habitantes y el entorno ecológico”.
En su escrito, la dirigente expone que la empresa construye de manera clandestina un establecimiento de hidrocarburos en el predio ubicado en la calle Pino Suárez 456-C, delegación de Las Juntas, en Puerto Vallarta, a 600 metros del río Ameca, cuyas aguas se desbordan cada temporada de lluvias.
Y advierte: “Sus aguas destruirían los almacenamientos de gasolina y diesel y envenenarían las tierras de cultivo de frijol y frutas del ejido Las Juntas; las aguas contaminadas desembocarían en el océano Pacífico y afectarían la pesca, lo que provocaría la muerte de millones de especies”.
Lo peor de todo, puntualiza García Reynoso, es que los ejidatarios de Las Juntas “no han otorgado autorización para que se instale ese centro de almacenamiento de hidrocarburos”, menos aún el ayuntamiento.
La activista comenta que, el 14 de febrero, el director general de la UEPCBJ, Trinidad López Rivas, emitió el oficio UEPCB/DG-0718/CSVA-0518/2011 en el que asevera que tras la denuncia se realizó una visita al predio para verificar las “labores constructivas (sic) para un proyecto de almacenamiento y distribución de combustibles” y verificar si “cuenta con la autorización de algunas instancias estatales y municipales”.
Prosigue el escrito: “Sin embargo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, la empresa responsable del proyecto no ha cubierto las obligaciones a que se refiere el citado artículo, es por ello que esta obra no está autorizada (por la UEPCB) y se emitirá el dictamen (sólo si se cumplen los requisitos de seguridad)”.
La activista refiere que también solicitó a Ensayes para la Construcción y Asesoramientos Técnicos un estudio de mecánica de suelos en el predio de Las Juntas donde se pretende instalar “un tanque superficial montado sobre silletas de concreto armado o de tipo metálico”.
Pablo Barajas Contreras, ingeniero de la constructora, expone en su análisis que “el reporte de estratigrafía muestra en los seis primeros metros una arcilla inorgánica de baja compresibilidad tipo CL”. Y añade: “Con la presencia de la humedad (ese tipo de arcilla) se hace muy susceptible a presentar deformación”.
Asimismo, Barajas precisa que el predio está ubicado a 545 metros del cauce principal del río Ameca, el cual presenta “una franja de inundación de aproximadamente 720 metros”. El dato, indica, está plasmado en el Atlas de peligros naturales de Puerto Vallarta de 2006; e insiste sobre el riesgo de que la cimentación que sostiene al tanque sufra un daño estructural.
“Por estar apoyada sobre arcillas susceptibles a deformarse con la presencia de humedad –arguye–, podrá reflejarse en un incremento del riesgo de un colapso del tanque y su consecuencia de un derrame que en caso de originarse creará un riesgo para el entorno, para el medio ambiente del río, de la costa y de la bahía, que es donde desemboca el río Ameca”.
Tras conocer ese dictamen técnico, García Reynoso envió otro escrito a la Subdirección Comercial de Pemex Refinación, en el que solicita suspender de forma definitiva toda relación comercial con Grupo Comercial. De no hacerlo, dice, “habrá una clara complicidad y omisión irresponsable en detrimento de la comunidad de Puerto Vallarta”.
Comenta que ya está cansada de las evasivas. Y critica a los directivos de la paraestatal porque, dice, aun cuando su responsabilidad es vigilar el funcionamiento de los depósitos, como el del Grupo Comercial de México, responden que no pueden hacer nada a pesar de saber que esa firma opera en la clandestinidad.
El caso de Gracoil
María Nicolasa García Reynoso comenta que la norma no permite que se instalen dos distribuidores en un mismo poblado –ya existe la de Gracoil–, e insiste en que el Grupo Comercial México mintió para obtener la autorización de Pemex, pues aseguró que los hidrocarburos serían para autoconsumo.
Relata que, hace un año, Gracoil pretendió instalarse en el camino a Boca de Tomates, en la parcela 160 Z1 P3/5, delegación de Las Juntas, donde colocó dos tanques de 50 mil litros cerca de una zona habitacional y del aeropuerto.
En esa ocasión García Reynoso presentó una queja ante el ombudsman estatal. Recuerda que, como estaban involucrados algunos servidores federales, principalmente de Pemex, la querella se canalizó también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los visitadores de la CNDH se enteraron de que, a raíz de las quejas vecinales, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente realizó una visita de inspección el 14 de julio de 2010 y detectó que la empresa no tenía la autorización condicionada de impacto ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), “por lo que se procedió a la clausura temporal hasta que se obtuviera la citada autorización”.
La Semades impuso una sanción de 54 mil 470 pesos a Gracoil. La empresa optó por cancelar su proyecto de Boca de Tomates y lo trasladó a la delegación Ixtapa, a la avenida Las Palmas 220, junto a un restaurante muy concurrido.
García Reynoso asegura que, “como parte de su estrategia para seguir operando en la clandestinidad”, Gracoil cambió de razón social, ahora con el nombre de Energéticos San Roberto, S.A. de C.V., que opera en el mismo domicilio de Gracoil, avenida Las Palmas 220, pero agregó la letra C, aunque sigue operando sin ajustarse a la norma, insiste la activista.
Para corroborar que Energéticos San Roberto trabaja de manera irregular, el pasado 14 de junio ella presentó un oficio ante la Unidad Municipal de Protección Civil para preguntar si la empresa cuenta con autorización.
El titular de la dependencia, Alejandro Arias, le respondió por escrito al día siguiente –oficio UMPC/0425/2011– para decirle que la Unidad Municipal de Protección Civil “no ha otorgado ningún visto bueno o documentación alguna a la empresa Energéticos San Roberto para su establecimiento u operación en esta ciudad”.
Según García Reynoso, “el negocio es de gente que viene de Nuevo León. El apoderado legal –dice– es Arturo Treviño de la Garza. Me puse a investigar a la empresa y sé que se dedican al robo de hidrocarburos. Sí tienen contratos con Pemex, pero (por) las pipas que han asaltado en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León se presume que son atribuibles a ellos…
“Los grupos poderosos que manejan hidrocarburos tienen la capacidad de comprar conciencias y a mí me queda claro que compraron la conciencia de autoridades estatales, federales y municipales. Además, Pemex se deslinda y el municipio culpa a Pemex; se echan la bolita.” l
