El ayuntamiento de Guadalajara demandó penalmente a 13 funcionarios de la administración panista de Alfonso Petersen por un presunto fraude en varias obras urbanas. Las graves anomalías administrativas y de construcción están comprobadas, pero la PGJ puso la averiguación en cámara lenta, y los representantes del municipio lo atribuyen a que el procurador Tomás Coronado protege así a sus compañeros de partido.
Con tal de encubrir a sus correligionarios panistas, el procurador general de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, mantiene a paso lento la averiguación previa 723/2010, que se abrió en contra de 13 exfuncionarios de la administración de Alfonso Petersen Farah en el municipio de Guadalajara, acusados por un presunto fraude en la pésima ejecución de varias obras.
El ayuntamiento, ahora encabezado por el priista Aristóteles Sandoval, demandó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ) a las empresas Inmobiliaria y Constructora Helfy y Tekton Constructora, además de los citados exfuncionarios, al comprobar que la remodelación de calles y banquetas en 36 manzanas y en la avenida Juárez-Vallarta, desde el centro de la ciudad a la avenida Arcos, quedaron malhechas, se pagaron a sobreprecio e inmediatamente empezaron a deteriorarse o quedaron inconclusas.
El 4 de febrero de 2010, el síndico Héctor Pizano Ramos presentó la demanda por peculado, simulación, falsificación y otros delitos contra quienes resulten responsables. En la presentación de pruebas se menciona como encargados directos de las obras mal hechas y caras a los directores de Servicios Municipales, Fernando Dessavre Dávila, y de Obras Públicas, Gilberto Toscano García de Quevedo.
El 2 de junio de 2010, el síndico Pizano solicitó al agente del Ministerio Público que ordenara la comparecencia, en calidad de inculpados, de los siguientes exfuncionarios: el presidente municipal interino Juan Pablo de la Torre; la síndico Verónica Rizo y su suplente, Felipe Macías; el secretario general Alfonso Rejón Cervantes; el tesorero Gilberto Toscano y su sucesor, Armando González; Fernando Dessavre; el jefe del departamento de Construcción, Jorge Schalk, y el jefe del departamento de Contratación de Obra, Fernando Gómez, aparte de Petersen Farah, quien permitió la realización de los trabajos con todas las anomalías señaladas.
Pizano argumentó que estos exservidores públicos “actuaron de manera dolosa para obtener un lucro o beneficio para sí o para otros”, pero ninguno fue llamado. De hecho, la Dirección Jurídica y de lo Contencioso del ayuntamiento ha solicitado en cinco ocasiones a la PGJ que “cite a las personas que considere como posibles indiciados o, en caso de no considerarlo necesario, se consigne la averiguación al juez de lo penal por lo menos en contra de Fernando Dessavre”, ya que fue el único funcionario que firmó los contratos de prestación de servicios, además de que autorizó pagos indebidos a Helfy.
En un comparativo que hizo personal de la Dirección Jurídica municipal con otras denuncias presentadas ante la procuraduría en las que no se involucra a panistas, resultó que éstas últimas se resuelven en un periodo de seis meses a un año como máximo. Sin embargo, en la averiguación 723/2010, que se abrió hace año y medio, ni se cuenta con la declaración de los involucrados.
Simulación
En el texto de la averiguación –radicada en la Agencia 6B de la Subprocuraduría B de Delitos Patrimoniales No Violentos– se establece que los convenios con las tres empresas participantes en la obra no presentan las firmas de todos los funcionarios, como estipula la ley.
El contrato del ayuntamiento con Vite Arquitectura para los Sentidos sólo presenta la rúbrica del exdirector de Obras Públicas, Toscano García de Quevedo, cuando requería las del presidente municipal, el síndico, el secretario y el tesorero municipal. No obstante, a Vite se le pagaron 589 mil 720 pesos por el proyecto ejecutivo y 207 mil para supervisar la obra. La misma anomalía se detectó en el contrato con Helfy: únicamente lo firmaron Dessavre Dávila y el representante legal de la empresa, Gerardo Arturo Vargas Montes.
En su denuncia, el síndico Pizano explica que, al no presentar todas las firmas legalmente requeridas, “se presume que quien autorizó los pagos de los contratos y convenios” efectuó un acto ilegal. Además, “se presume que los servidores públicos que intervinieron en estas actuaciones solicitaron o recibieron indebidamente dinero o cualquier otra dádiva o servicio a cambio de obrar de tal forma”.
El funcionario califica como “una simulación” el hecho de que se eligiera a Helfy por tener la propuesta más económica, ya que en realidad fraccionó el presupuesto “bajo el consentimiento de los funcionarios e, incluso, con la aprobación de la Comisión de Obras Públicas, contraviniendo el Reglamento de Obras Públicas del municipio”. Enfatiza que el costo de la obra se calculó al principio en casi 18 millones de pesos, pero finalmente se elevó a 51 millones.
De acuerdo con la denuncia, el 20 de mayo de 2009 el ayuntamiento suscribió un contrato por 17 millones 985 mil 713 pesos, y cinco meses después, el 8 de octubre, un convenio adicional por 19 millones 849 mil 438 pesos por la misma obra e igual periodo. Además, el 15 de diciembre siguiente la constructora Helfy presentó una factura por 13 millones 235 mil 499 pesos por concepto del pago total de las “estimaciones número 8”. Sin embargo, esta última no se le liquidó.
En la querella se agrega que, con tal de conseguir la asignación de la obra, el representante legal de Helfy declaró datos falsos para aparentar que cumplía los requisitos de la convocatoria. Y como la cantidad y la calidad de los trabajos son inferiores a lo estipulado en el convenio, Pizano presume que hubo un desvío de recursos, “lo cual fue consentido por los funcionarios que en su momento conocieron del asunto, que al parecer se coludieron con los destinatarios de los recursos; se presume que el contratista obtuvo bienes que no fueron aplicados a la obra”.
Obras caóticas
Después de presentar la denuncia del ayuntamiento, el 10 y el 17 de febrero de 2010, Pizano Ramos solicitó a la PGJ que hiciera una inspección ocular a las obras. La dependencia respondió: “Una vez que se haya realizado la diligencia de exhibición, cotejo y certificación de los documentos que se relacionan en el escrito inicial de denuncia, se ordenará se fije día y hora para la práctica de la diligencia”.
El 8 de marzo siguiente, el ayuntamiento de Guadalajara presentó contratos, el convenio adicional, el acta de fallo de licitación y las 11 facturas que se pagaron a Helfy por 34 millones 966 mil 803 pesos.
Tres días después se hizo la inspección. Al recorrer la avenida Juárez-Vallarta desde Marcos Castellanos hasta Emilio Castelar, la agente del Ministerio Público Martha Servín Guzmán, Raúl Ochoa González –uno de los representantes legales del municipio– y la arquitecta Silvia Varela encontraron muchas deficiencias: mangueras de plástico expuestas y sin conectar, registros de drenaje que deberían ser nuevos evidentemente se colocaron ya usados y machuelos de jardineras incompletos.
Las banquetas tienen más estragos: en algunas no se realizó la obra, otras tienen socavones y rampas para discapacitados inconclusas, y unos tramos tienen asfalto en vez de concreto.
El 16 de marzo, la PGJ tomó la declaración de Martín Ramón Palacios Rodríguez y de José de Jesús Preciado López, de la Consultoría Grupo Corporativo (CGC), contratada por el ayuntamiento tapatío para auditar las obras en las banquetas de la avenida Vallarta. Ambos coincidieron en que las constructoras Helfy y Tekton modificaron sus estados financieros para poder concursar en la licitación, que ninguna de las empresas tenía utilidades y que mintieron al ayuntamiento o a la Secretaría de Hacienda al asegurar en su currículo que ya habían realizado obras por más de 40 millones de pesos en el fraccionamiento Fluvial de Puerto Vallarta, ya que en sus declaraciones fiscales manifestaron ingresos anuales de sólo 8 millones.
Palacios señaló en su declaración que en el proyecto ejecutivo realizado por Vite la obra tenía un presupuesto inicial de 47 millones de pesos, pero que Helfy, asociada con Tekton, aseguró que costaría sólo 19 millones con tal de ganar la licitación, “por estos motivos presumo que el proyecto original fue modificado para que pudiera cubrir el monto de dicho presupuesto de la partida asignada, ya que si rebasaba el monto no podía ser autorizada”.
Por su parte, Preciado indicó que los recursos para la obra salieron de la partida 6106 de Servicios Municipales, correspondiente a bacheo y pavimentos, cuyo monto anual era de 30 millones de pesos. Sin embargo, el ayuntamiento sabía gracias al proyecto que hizo Vite Arquitectura que ese dinero sería insuficiente, por lo que fraccionó la obra, violando el artículo 82, párrafo segundo, del Reglamento de Obras Públicas.
En tanto, la arquitecta Varela, contratada por CGC para auditar la remodelación de las banquetas, declaró que la obra permanecía inconclusa y que faltaban documentos “necesarios para la revisión y cobro de los trabajos, como son la bitácora” y el peritaje que obligó a cambiar los ductos hidráulicos y sanitarios, “conceptos que encarecieron la obra” de 17 millones a 51 millones de pesos.
El 17 de mayo del año pasado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) le precisó por escrito a la agente del Ministerio Público Servín Guzmán que se necesitan tres catálogos de conceptos como base para hacer un análisis a la obra de las banquetas de la avenida Vallarta. El 6 de julio, el síndico Pizano le informó a la agente que esas constancias las habían entregado desde cuatro días antes (el 2 de julio) para que Salvador Figueroa Madrigal, perito del área de Arquitectura e Ingeniería del IJCF, realizara el dictamen correspondiente.
Dos meses después, el 11 de agosto, el representante legal municipal Ochoa González reiteró la petición a la agente Servín Guzmán para que comparecieran los exfuncionarios señalados como responsables de los delitos denunciados. Dos días después el MP respondió que “en caso de considerarlo necesario serán llamadas las personas que se desprenden de la promoción”.
El 25 de agosto, la Agencia 6B recibió el dictamen del análisis de la obra que firmó Salvador Figueroa, en el cual se determinó que la pasada administración municipal pagó a Helfy 37.8 millones de pesos, de los cuales 4.4 millones “no se aplicaron”. El perito subraya que por la falta de equipo no puede observar que realmente se hayan hecho todas las instalaciones subterráneas y en consecuencia se da “por hecho que se realizaron los trabajos”.
El documento del IJCF establece que se emplearon materiales de baja calidad, por lo que 60% de los aproximadamente seis kilómetros de banquetas así reconstruidas presentan fracturas y desgastes importantes en losas de concreto y mosaicos, igual que desprendimiento de machuelos y de las tapas de los registros.
Figueroa confirmó que también se dejaron trabajos sin concluir, que algunos registros se hundieron y se traslaparon, lo mismo que la “utilización de diferentes materiales al de las losas de las banquetas”. Asimismo observó registros sin tapas y losas con espesores menores que los especificados en los catálogos de conceptos, poliductos expuestos, mala planeación y ubicación de instalaciones, además de niveles mal establecidos.
El 22 de septiembre, el agente del MP de la agencia 6B, Gustavo Rogelio Rivera Delgadillo, solicitó al ayuntamiento el contrato que la pasada administración firmó con Vite y que se le informara quién era el director de Obras Públicas cuando se realizó la obra. El 13 de octubre, Pizano “de nueva cuenta” entregó copias certificadas de los cheques que se expidieron a Helfy, el contrato de prestación de servicios con Vite y los nombramientos de los funcionarios involucrados.
El síndico le reiteró al funcionario de la PGJ que el contrato con Vite “no estuvo autorizado o firmado debidamente, por lo que es de considerarse desde este momento que existe posiblemente algún delito o conducta antijurídica que perseguir”. En consecuencia, el 18 de octubre Rivera Delgadillo citó a Fernando Dessavre y al representante de Helfy, Gerardo Arturo Vargas, para que rindieran su declaración. Como no se presentaron, los volvieron a citar el 3 de noviembre.
El 28 de octubre, el representante municipal Ochoa González solicitó copias certificadas de “todo lo actuado” para reclamar las cinco fianzas que puede hacer válidas el ayuntamiento. No obstante, personal de la Dirección Jurídica informó que no se han cobrado porque no ha concluido el proceso de investigación.
Helfy depositó tres fianzas emitidas por la Afianzadora Insurgentes The St. Paul Group por 9 millones 179 mil 227 pesos. Las otras dos fueron expedidas por Primero Fianzas para Tekton Constructora por un total de1 millón 291 mil 596 pesos.
