A casi un año de haber asumido la presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos rompe con su predecesor Álvaro Uribe e impone su propia agenda, que en muchos puntos difiere de la aplicada por su predecesor, quien lo tupe de críticas por ello. En este pleito Santos cuenta con un arma muy poderosa: las investigaciones por corrupción que ya han llevado a la cárcel a varios colaboradores de Uribe.
BOGOTÁ.- “La distancia entre los dos es cada día más grande”. Los colombianos utilizan esta frase de la popular canción mexicana La retirada para referirse a lo que ocurre en la compleja relación entre el expresidente colombiano Álvaro Uribe y su sucesor, Juan Manuel Santos.
Los frecuentes roces y el cruce de mensajes entre los dos políticos son pan de cada día en este país, sacudido recientemente por graves escándalos de corrupción y por las crecientes acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Reporteros y analistas siguen de cerca la manera como Santos –ministro de Defensa de Uribe por cerca de tres años– se ha distanciado de su antiguo jefe, de cuya mano llegó al poder en agosto de 2010 tras obtener más de 9 millones de votos en las urnas, muy por encima de su contendiente, Antanas Mockus.
Para nadie era un secreto que Santos sucedería a Uribe, pues su campaña se basó en la preservación de sus principales políticas, entre ellas la de Seguridad Democrática. Sin embargo, seis días después de salir elegido dio la primera señal de que tendría agenda propia. Ocurrió el 26 de junio de 2010, cuando dio a conocer el nombre de su ministra de Relaciones Exteriores: María Ángela Holguín, exembajadora en Venezuela entre 2002 y 2004, y quien le renunció a Uribe en marzo de 2005, cuando se desempeñaba como embajadora ante las Naciones Unidas. La razón: el gobierno pretendía que nombrara en esa sede diplomática a hijos de reconocidos políticos, sin experiencia alguna.
Una señal más del distanciamiento entre Santos y su predecesor se produjo al día siguiente de su toma de posesión, el 8 de agosto de 2010. En esa fecha el mandatario venezolano Hugo Chávez anunció en su programa de radio y televisión Aló Presidente que el día 10 sostendría su primer encuentro oficial con el presidente Santos, en la ciudad de Santa Marta, ubicada en la costa norte colombiana.
Así, no quedaba duda de que los dos gobiernos avanzarían en el restablecimiento de las relaciones binacionales, rotas en julio de 2010 cuando Uribe arremetió contra Chávez. Lo acusó de permitir la presencia en Venezuela de importantes jefes de las FARC y el ELN, así como de facilitar el narcotráfico en su territorio. “Tenemos confianza en que el nuevo gobierno comenzará a construir todo lo que Uribe destruyó”, planteó Chávez.
Horas después del mensaje de Chávez, apareció Uribe por primera vez como expresidente y de paso inauguró su cuenta de Twitter que en la actualidad tiene casi 500 mil seguidores. Ahí escribió, irritado:
“Notifico al presidente Hugo Chávez para que deje de ser cobarde lanzando insultos a distancia.”
Mientras en privado la canciller Holguín dedicó sus esfuerzos a limar las asperezas con Caracas, en el frente interno Santos hizo movimientos que molestaron a las huestes uribistas.
En primer lugar, nombró en puestos clave a reconocidos detractores de Uribe, como los ministros del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras –que pasó de ser aliado incondicional a severo crítico del exmandatario– y el de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, un excandidato presidencial conservador que atacaba a Uribe desde sus columnas periodísticas.
Además, Santos se las arregló para organizar una coalición de partidos, como el Liberal, Polo Democrático y Cambio Radical –que en tiempos de Uribe estuvieron en la oposición–, para no depender del Partido de la U, de clara tendencia uribista. Con esta fuerza política, el mandatario logró que el Congreso aprobara importantes leyes, como las de Víctimas, de Regalías, así como la desaparición de la cuestionada Comisión Nacional de Televisión.
La siguiente demostración del distanciamiento de Santos frente a Uribe tuvo las características de un desafío. Ocurrió el 7 de noviembre de 2010 en Mérida, Yucatán, a donde el mandatario acudió a la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Durante una rueda de prensa al término del evento escuchó con atención a un periodista que le preguntó por las relaciones con Venezuela. Santos sorprendió a los reporteros cuando dijo: “¿Quieren que les hable de mi nuevo mejor amigo?”, y soltó una leve sonrisa.
Acto seguido explicó: “Todos saben que no fui santo de la devoción del presidente Chávez y viceversa. Estábamos en la peor posición del mundo. Dos países con una frontera tan larga, sin relaciones diplomáticas, sin diálogo, sin comercio y con el peor peligro del mundo, una guerra, palabra que no existe en mi diccionario”. Y remató: “Ni él pretende que yo vaya a pensar como él ni yo pretendo que piense como yo. Hay diferencias marcadas, pero hicimos lo correcto”.
Uribe guardó silencio en torno al renovado impulso en las relaciones de los dos países, pero pocos días después, el 16 de noviembre, reaccionó al anuncio del presidente Santos de extraditar a Venezuela y no a Estados Unidos, al narcotraficante Walid Makled, capturado por la policía en la zona fronteriza en agosto pasado.
Al realizar un balance de sus primeros 100 días en el gobierno, Santos aclaró que la petición venezolana llegó primero que la estadunidense y dijo que le había dado su palabra a Chávez de que enviaría al delincuente a Caracas y no a Washington.
De inmediato, Uribe publicó en su cuenta de Twitter que “la extradición de Makled violaba el derecho internacional”.
En los siguientes meses Uribe insistió en la conveniencia de enviar al narcotraficante venezolano a Estados Unidos y en uno de sus twitts dijo: “Dónde extraditar a Makled no debe ser por dar gusto a alguien, sino por proteger el bien superior de la comunidad”. No obstante, Santos se mantuvo firme y meses después autorizó la extradición.
Cuestionamientos
El nuevo presidente no se ha detenido en su estrategia de recomponer sus relaciones con el vecindario. El 26 de noviembre pasado se reunió en Georgetown, Guyana, con su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, y al cabo de una larga charla privada anunciaron la normalización de las relaciones entre ambos países. Éstas se rompieron desde marzo de 2008 cuando militares colombianos autorizados por Uribe abatieron en territorio ecuatoriano a Édgar Devia, alias Raúl Reyes, el número dos de las FARC.
Tras la operación, Correa rompió relaciones diplomáticas con Colombia y ese distanciamiento se mantuvo hasta el final del gobierno de Uribe, pese a que el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, había logrado algunos acercamientos entre Bogotá y Quito.
Aun cuando en público Uribe no mostró su desacuerdo con el restablecimiento de las relaciones con el vecino país, el corresponsal de Proceso confirmó en fuentes de la sede presidencial en Bogotá que, durante los días previos al anuncio, Santos habló por teléfono con Uribe y le explicó la importancia de mejorar el clima diplomático con Quito.
“El expresidente Uribe le advirtió a Santos que en el pasado Correa y algunos de sus funcionarios habían sostenido acercamiento con las guerrillas y le pidió prudencia en el manejo público del asunto”, detalló la fuente.
En los primeros meses de este año, Uribe envió decenas de mensajes por Twitter en los que se refirió al paulatino deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones donde las Fuerzas Armadas habían mantenido a raya a los grupos ilegales. Los twitts enviados en ese sentido fueron interpretados por los analistas como una señal clara de que Uribe estaba molesto con las “muestras de debilidad” de la política de seguridad.
Iracundia
Superadas las diferencias con Ecuador y Venezuela, la agitación cotidiana de un país tan convulsionado como Colombia contribuyó al paulatino deterioro de la otrora cercanía entre Uribe y Santos. Uno de los puntos de desencuentro es la revelación, por parte de los organismos de investigación y por el propio gobierno, de numerosos casos de corrupción en entidades estatales durante el gobierno de Uribe.
Tal es el caso del fraude en el otorgamiento de créditos de financiamiento agrario en el Ministerio de Agricultura, que tiene tras las rejas a cinco de sus exfuncionarios. De hecho, la Fiscalía de la República se apresta a fincar cargos por fraude contra el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, uno de los colaboradores más cercanos de Uribe durante su administración.
El episodio sacó de sus casillas al exmandatario. “No hay pruebas de apropiación de recursos ni de intención de delito por parte de los funcionarios”, difundió Uribe en un twitt en la primera semana de abril, cuando la fiscalía formuló cargos contra cinco altos exfuncionarios del programa Agro Ingreso Seguro, por autorizar créditos irregulares por casi 12 millones de dólares.
En otro mensaje emitido pocas horas después señaló: “Ni las tentaciones de la comodidad del retiro ni las ofensas diarias nos apartarán de la batalla alegre y firme de todas las horas”.
Pero una declaración de Santos, difundida el pasado 12 de abril durante una entrevista con Televisión Española, en Madrid, levantó una nueva polvareda con Uribe. En la charla, el mandatario reconoció que habían desaparecido de territorio venezolano los campamentos ubicados por la inteligencia colombiana. Añadió que estaba satisfecho con la “manifestación del presidente Chávez de que no permitirá en su territorio la presencia de campamentos de guerrilleros para atacar a Colombia. Yo le creo y confío que continúe cumpliendo su palabra”.
Estas palabras desataron nuevamente la ira de Uribe, quien de inmediato envió media docena de twitts: “Escondite terrorista: ¿Dónde están cabecillas narco FARC: Iván Márquez, Romaña, Grannobles, Timochenko?”, escribió el exmandatario. En un segundo mensaje dejó entrever que el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, y el narcotraficante Daniel Barrera, El Loco Barrera, estarían refugiados en Venezuela.
“Sí hay conflicto armado”
De regreso a Colombia tras su periplo europeo, Santos aprovechó un foro sobre educación en el que le preguntaron por su futuro una vez retirado del gobierno, para lanzarle un dardo a su antecesor: “Posiblemente me verán, después de esta responsabilidad que el pueblo colombiano me dio, dictando clase como expresidente y no molestando a los presidentes de turno”.
Pocos días después de este incidente, el 4 de mayo último, el presidente Santos dio otra clara señal de distanciamiento con su antiguo jefe: anunció que el gobierno se proponía incluir en la Ley de Víctimas que avanzaba en el Congreso, el reconocimiento de que en Colombia sí existe un conflicto armado. Ello contradice de manera directa a Uribe, quien durante los ocho años de su mandato sostuvo que en el país no existe un conflicto armado, sino una amenaza terrorista.
El anuncio dio paso a un forcejeo con Uribe, quien de inmediato instó a la bancada del Partido de la U para que se aparte de la tesis presidencial e inició una ofensiva por Twitter:
En sus mensajes advierte que el reconocimiento de un conflicto devuelve poder a los terroristas de las FARC en Europa y ello implica un grave retroceso. Indica que tampoco existen fuerzas disidentes con control territorial y asegura que los terroristas no reúnen elementos para otorgarles el estatus de beligerancia. Como remate afirma que durante su gobierno, sin necesidad de reconocer conflicto interno, se desmovilizaron más de 50 mil integrantes de grupos terroristas.
Al preguntarle a Santos qué opinaba de los señalamientos de Uribe, aquél se limitó a decir: “Hace rato hay conflicto armado en este país”.
Pese a que en las siguientes semanas Uribe mantuvo su férrea oposición, el 25 de mayo el Senado en pleno aprobó la Ley de Víctimas con el reconocimiento del conflicto interno en el país.
Superados los temas relacionados con los países vecinos y sin el debate por las víctimas, durante este mes Uribe se ha dedicado a defenderse y defender a sus antiguos colaboradores de escándalos que han empañado sus dos administraciones.
Además del proceso judicial por el fraude en los subsidios agrícolas, el gobierno y los organismos de control, como la fiscalía y la procuraduría, han destapado malos manejos en el sistema de salud lo cual llevó a la cárcel a cinco funcionarios. Asimismo, se detectaron irregularidades en la administración de bienes decomisados a la mafia, asunto que tiene en la mira de la Corte Suprema a 13 congresistas.
Según Uribe el actual gobierno es responsable del escarnio público. Así lo expresó el domingo 12 en una extensa entrevista con el diario La Tarde, de Pereira, en la que por primera vez cuestionó la tarea de Santos en varios aspectos:
“Este gobierno no necesita graduarnos de corruptos para adelantar su política contra la corrupción, por eso tengo que seguir explicándoles a los colombianos la tarea que adelantamos”, dijo al reprochar los recientes escándalos que ponen en tela de juicio a sus dos administraciones.
Asimismo, criticó el deterioro de la seguridad en algunas regiones y las debilidades en el control del precio del dólar, que empieza a poner en problemas a los exportadores. “El gobierno nuestro, que tuvo ese problema de la revaluación, por salvar el empleo les ayudaba, pero al ministro de Agricultura se le metió en la cabeza que esas ayudas eran corruptas”.
Ante esas declaraciones Santos guardó silencio. Sin embargo, una semana después, el lunes 20, en una entrevista con Caracol Radio y Caracol Televisión se limitó a decir: “Espero que Uribe no está decepcionado conmigo”.
