A Roberto Micheletti, cabeza del golpe que hace dos años depuso al presidente hondureño Manuel Zelaya, lo cobija la impunidad en su país… pero no fuera de él. Los padres de un muchacho asesinado durante una de las manifestaciones de apoyo a Zelaya interpusieron una demanda contra el golpista, pero en Texas, donde éste tiene propiedades y un representante comercial. Los cargos son ejecución extrajudicial, asesinato, persecución, muerte incidental, imposición intencional de angustia emocional y negligencia.
Dos años después del golpe de Estado contra el presidente de Honduras Manuel Mel Zelaya Rosales, uno de sus principales autores, Roberto Michele-tti, enfrentará a la justicia… en Estados Unidos.
Se trata de la primera demanda interpuesta con motivo del golpe de Estado de 2009 en Honduras. El miércoles 22, la presentaron David Murillo y Silvia Mencías, padres de Isis Obed Murillo, joven de 19 años asesinado el 5 de julio de 2009 por militares durante una manifestación de apoyo a Mel Zelaya en las afueras del aeropuerto internacional Toncontín.
En la querella –radicada en la corte del distrito sur de Texas– Murillo y Mencías acusan a Micheletti –quien presidió el Congreso hondureño y sustituyó al depuesto presidente– de ejecución extrajudicial, asesinato, persecución, muerte incidental, imposición intencional de angustia emocional y negligencia, según el documento de la demanda, de 25 páginas, que Proceso pudo consultar.
“La situación de derechos humanos, a partir del golpe, se encuentra en situación de gravedad porque a dos años se ha perdido y no tenemos estado de derecho. Ya era frágil, y con el golpe, la ruptura ha generado profundas y terribles violaciones”, dice a Proceso Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que apoya la demanda interpuesta por el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) con sede en Nueva York.
Zelaya fue depuesto por el ejército la madrugada del 28 de junio de 2009 y trasladado a Costa Rica esa misma mañana. Luego de su remoción forzada, el Legislativo aprobó el decreto 141-09 con el que cesó a Zelaya en sus funciones y cedió la presidencia a Micheletti, quien a su vez traspasó el poder, el 27 de enero de 2010, a Porfirio Lobo, ganador de las elecciones de noviembre de 2009.
El asesinato de Murillo “fue cometido dentro de la severa represión llevada a cabo por el gobierno de facto inmediatamente después del golpe”, así como “en el contexto de un ataque extenso y/o sistemático contra la población civil, incluyendo represión severa y persecución política de miembros de la oposición al golpe”, dice el texto legal firmado por Pamela C. Spees y Anjana Samant, abogadas del CCR.
Y señala que dicha represión y ataques fueron ejecutados “bajo la autoridad y/o la dirección del acusado (Micheletti)”.
El 5 de julio de 2009, Zelaya intentó regresar a Honduras, pero las fuerzas armadas le impidieron aterrizar. En los alrededores del aeropuerto cientos de opositores al derrocamiento se reunieron para apoyar su reinstalación, pero fueron reprimidos por los militares. Murillo, originario del nororiental departamento de Olancho, murió después de que soldados le dispararan en la cabeza.
Inicialmente el CCR introdujo la demanda el martes 14 ante la Corte del distrito de Columbia, pero el miércoles 22 los padres de Murillo la retiraron para presentarla en Texas, debido a que Michele-tti posee una casa en ese estado, adquirida luego del golpe, así como “intereses comerciales y un representante comercial”.
Represión
“La impunidad en Honduras tiene raíces históricas que se profundizaron con el golpe de Estado, al romperse la débil institucionalidad que existía. No se cuenta con un sistema de justicia que funcione de manera diligente, independiente e imparcial, que investigue, sancione y repare las violaciones de derechos humanos”, señala a Proceso Yadira Minero, coordinadora del proyecto Mujer y Maquila del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) de Honduras.
Luego del derrocamiento de Zelaya, organizaciones de derechos humanos contabilizaron al menos 21 ejecuciones extrajudiciales, 108 amenazas de muerte a activistas, 133 casos de tratos crueles, 21 de lesiones graves y 453 de lesiones y golpes a manos de policías y militares, así como 3 mil 33 detenciones arbitrarias y 110 acusados de delitos políticos. Además, 597 mujeres sufrieron alguna forma de violencia –incluyendo 343 asesinatos– en 2010, según el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres.
A estas estadísticas se suma el asesinato de 12 periodistas desde enero de 2010 que han convertido a Honduras –junto con México– en uno de los países más peligrosos de América Latina para el ejercicio del periodismo.
En su informe Honduras: derechos humanos y el golpe de Estado del 30 de diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio cuenta de numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto. Entre ellas: asesinatos, declaraciones arbitrarias de estado de emergencia, uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones públicas, detención arbitraria de cientos de personas y restricciones arbitrarias del derecho a la libertad de expresión y otras serias violaciones de los derechos políticos.
Luego del golpe de Estado, la CIDH dictó medidas cautelares para más de un centenar de defensores de los derechos humanos e identificó siete casos de ejecución extrajudicial, incluyendo el de Isis Murillo.
En el mismo tono se pronunció una misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al constatar en su reporte del 3 de marzo de 2010 uso excesivo de policías y militares, arrestos masivos, violaciones a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en la imposición de restricciones sobre libertades fundamentales y la aplicación selectiva y discriminatoria de la legislación hondureña.
Además, hizo notar que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo serias agresiones contra las personas luego del golpe de Estado, incluyendo tortura, maltrato de detenidos y el uso sistemático de fuerza excesiva contra manifestantes.
La organización estadunidense Human Rights Watch llegó a conclusiones similares en su reporte Honduras después del golpe: violencia recurrente, intimidación e impunidad en Honduras, de diciembre de 2009, en el que reveló que oficiales militares obstruyeron las investigaciones de la fiscalía sobre violaciones a los derechos humanos y que la falta de cooperación del personal militar y policial fue absoluta y una práctica común durante el régimen de facto.
“Las condiciones en Honduras obstaculizan cualquier intento de justicia”, denuncia la demanda interpuesta por Murillo y Mencías, la cual resalta que “los fiscales declararon que los militares se negaron a cooperar y que los tribunales se negaron a ordenar esa cooperación”, en relación con la ejecución de Murillo, cuyo nombre ya ostenta una plaza en Tegucigalpa.
Luego de la defenestración de Zelaya, el Departamento de Estado estadunidense retiró las visas a los principales implicados en el derrocamiento, entre ellos Micheletti. Pero el Partido Republicano, simpatizante del golpe, presionó al gobierno de Barack Obama para la restitución de esos documentos.
Zelaya regresó a Honduras el pasado 28 de mayo, días antes de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara, el 1 de junio, el reingreso de esa nación al órgano continental, que la había excluido el 4 de julio de 2009.
Por una justicia universal
David Murillo y Silvia Mencías son pastores evangélicos y tienen 12 hijos, de los que Isis era el sexto. David Murillo, militante del Cofadeh, nació en la comunidad de Santa Cruz de Guayape, en Olancho, lugar de origen del propio Zelaya.
“Luego de la muerte de Murillo, su familia padeció amenazas, espionaje y acoso. Varios miembros de su familia perdieron el empleo y han tenido que reubicarse por cuestiones de seguridad”, asegura la demanda contra Micheletti.
“La impunidad es muy fuerte, porque como no hay institucionalidad, aunque acudamos a los escombros que han quedado del Estado, no se le da seguimiento ni investigación a los ataques contra la población y las instituciones.
“Lo que hay como respuesta es una política donde se criminaliza todas las demandas sociales, y las amenazas que presentan las víctimas no son tomadas en consideración. No nos permiten realizar nuestro trabajo, hay una obstrucción”, enfatizó Berta Oliva.
Para esclarecer los hechos antes, durante y después del golpe, Lobo formó en mayo de 2010 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), presidida por el exvicepresidente guatemalteco Eduardo Stein Barillas y compuesta también por el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Omar Casco; la actual rectora de esa institución, Julieta Castellanos; la exministra de Justicia de Perú María Zavala y el diplomático canadiense Michael Kergin.
La CVR, que presentará su informe final el próximo mes, ya adelantó algunas de sus conclusiones, a partir de un informe sobre asuntos constitucionales difundido en marzo de este año y elaborado por los académicos estadunidenses David Landau y Brian Sheppard y el abogado hondureño Leonidas Rosa Suazo.
Los tres expertos señalaron que “tanto el presidente Zelaya como muchas otras instituciones involucradas en su destitución actuaron ilegalmente e inconstitucionalmente en algunos momentos”. Además alertaron sobre el riesgo que representa para la democracia la participación política de los militares y la ambigüedad de la Constitución hondureña sobre el papel de éstos como actores en las crisis políticas.
“La firma de los Acuerdos de Cartagena (que posibilitaron el reingreso de Honduras a la OEA y el retorno de Zelaya a su país) y la posterior incorporación de Honduras a la OEA lleva a niveles extremos la impunidad, al no reconocer la existencia de las violaciones a los derechos humanos, no reconoce estos hechos ni establece un mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. La esperanza está puesta en instancias internacionales”, indica Minero.
Inconforme con el mandato no vinculante y la integración de la CVR, la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras –formada por seis organizaciones, entre ellas la Cofadeh y CDM– constituyó la Comisión de Verdad, integrada por nueve comisionados y encabezada por el Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.
“Hay que buscar justicia, esa justicia en la cual los responsables de hechos tan terribles como los que están sucediendo sean señalados en el mundo entero. Pero también me refiero a que vamos a buscar justicia en tribunales nacionales o internacionales. Como no es posible perseguirlos penalmente en Honduras, no nos queda otra que hacerlo en Estados Unidos”, anticipó Oliva, quien en 2010 recibió el Premio Tulipán de los Derechos Humanos, concedido por el gobierno de Holanda.
Micheletti incumplió su responsabilidad de adoptar todas las medidas “necesarias y razonables” para evitar los abusos o castigar a sus subordinados por la comisión de los hechos señalados, señala la acusación.
Las ONG hondureñas, que efectuarán varias actividades en conmemoración del segundo aniversario del golpe, esperan la visita en las próximas semanas del fiscal argentino de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que investiga los sucesos posteriores al derrocamiento de Zelaya y a quien un colectivo de agrupaciones centroamericanas invitó el martes 14 a realizar una gira al país.
