La Organización de Estados Americanos reincorporó en su seno a Honduras, a pesar de que los autores del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya se mantienen impunes y en el poder y de que permanecen sin aclarar decenas de asesinatos contra periodistas y opositores al golpe que este martes 28 cumple dos años. El precedente es grave, advierte Alejandra Nuño, directora para los proyectos de México y Centroamérica del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), pues lanza el mensaje de que “sale barato dar un golpe de Estado en América Latina”.
SAN SALVADOR.- La mexicana Alejandra Nuño, directora para los proyectos de México y Centroamérica del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), considera que el retorno de Honduras al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene un mensaje claro: “Sale fácil y es barato dar un golpe de Estado en Latinoamérica”.
Honduras, una nación pobre que vive de las exportaciones de plátano y de las remesas que sus ciudadanos residentes en Estados Unidos envían mensualmente a sus parientes, fue suspendida de la OEA después de que un grupo de militares derrocara al presidente constitucional Manuel Zelaya el 28 junio de 2009.
Efectivos del ejército sacaron a Zelaya de la residencia presidencial a punta de fusil y lo subieron a un avión que lo llevó a Costa Rica.
Tras la asonada se desencadenó la represión que ocasionó el asesinato de más de una veintena de periodistas y líderes populares, así como amenazas en contra de opositores y violaciones al estado de derecho.
La muerte del reconocido presentador de noticias Héctor Medina, ocurrida el pasado 10 de mayo, se sumó a los homicidios de otros 13 periodistas ejecutados después del golpe de Estado, sin que sus casos se hayan resuelto judicialmente. Todos fueron asesinados con armas de fuego en atentados expresamente dirigidos contra ellos.
Está el caso de Nahum Palacios Arteaga, de 34 años, asesinado el pasado 14 de marzo en la localidad caribeña de Tocoa mientras iba a su casa en un vehículo. Trabajaba para Canal 5 y Radio Tocoa. Desde el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido protección para él luego de que recibió amenazas de militares.
No obstante, en declaraciones a la prensa nacional e internacional, en San Salvador, en el marco de la Asamblea General de la OEA, el secretario general de este organismo, José Miguel Insulza, trató de minimizar las consecuencias del golpe en Honduras. Aseguró que “nunca” fue igual que el ejecutado el 11 de septiembre de 1973 por el general Augusto Pinochet contra el presidente de Chile Salvador Allende.
La representante de Cejil asegura: “Lamentamos que la Organización de Estados Americanos haya tenido un estándar tan bajo para reincorporar a Honduras al seno de la organización”.
La experta argumenta que actualmente en Honduras no han cambiado mucho las cosas desde el derrocamiento de Zelaya: “Tenemos un sistema judicial con un pleno de la Corte Suprema de Justicia que avaló el golpe de Estado”.
Es decir, el mismo 28 de junio de 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que justifica la expulsión del presidente Zelaya debido a su insistencia en realizar la consulta popular, la cual consideró parte de su intento para reelegirse.
“Tenemos un Congreso en el que se le otorgó el cargo de diputado vitalicio a Roberto Micheletti –quien ejerció como presidente de facto–, aunque ello no exista en la Constitución, pero con lo que se le brinda la inmunidad”, explica Nuño.
Al momento del golpe de Estado, Micheletti era el líder del Congreso, y además dirigente del Partido Liberal (PL), del derrocado Zelaya. El mismo día del cuartelazo, el Congreso legislativo “destituyó” a Zelaya y tomó el juramento de Micheletti como nuevo presidente.
Las irregularidades no fueron pocas: Micheletti presentó una carta de renuncia de Zelaya ante los diputados, cuya firma era falsa. El mismo Zelaya desde su exilio forzado en Costa Rica lo denunció.
Desde el Congreso Micheletti justificó la acción del ejército: “Lo que hubo aquí fue un acto democrático, porque nuestro ejército sólo cumplió lo que le ordenó la fiscalía, la Corte Suprema de Justicia”, argumentó.
La dirigente de Cejil afirma: “en la actualidad tenemos un fiscal general, Luis Alberto Rubí, que toleró el golpe de Estado y que sigue en funciones”.
El 30 de junio de 2009, en una cadena de actos que pretendían reforzar la legalidad del golpe, el fiscal Rubí declaró que Zelaya actuó por encima de la ley y que se aplicarían las acciones correspondientes. Confirmó la orden de captura contra el mandatario derrocado, acusado por al menos 18 delitos, entre los cuales se incluyeron “abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y traición a la patria”.
“Igualmente el comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, aprobó y justificó desde sus inicios el golpe de Estado. Es decir, tenemos una institucionalidad que auspició y toleró el golpe de Estado”, apunta Nuño, quien cuestiona el hecho de que la OEA no haya exigido el retiro de esas personas del actual gobierno ni se les haya sometido a juicio por los delitos cometidos.
“Pero si ello no fuera suficiente, tenemos al jefe militar que dio el golpe de Estado en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (Hondutel), el general Romeo Vásquez Velázquez; es decir, forma parte del gabinete del presidente Porfirio Lobo”, sostiene Nuño, algo que también criticó Catherine Ashton, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el 5 de octubre de 2010 en Bruselas.
El Acuerdo de Cartagena
La preocupación de la comunidad de derechos humanos es tan grande que el 30 de mayo último unas 20 organizaciones humanitarias emitieron un documento en el que destacan: “Vemos con preocupación la omisión de temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del estado de derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en Honduras, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo de Cartagena”.
Ese documento fue firmado el 22 de mayo pasado por el presidente Lobo y por el exmandatario Zelaya, con los auspicios de Colombia y Venezuela. El citado acuerdo contempló, entre otras cosas, el retorno de Zelaya a Honduras, así como el reingreso de Honduras en la OEA, lo cual se verificó el miércoles 1 en la sede el organismo hemisférico en Washington, con una votación de 32 votos a favor y uno en contra por parte de los 33 Estados miembros.
“Después del golpe de Estado, tenemos a 13 comunicadores sociales o periodistas asesinados; existen decenas de comunicadores sociales protegidos con medidas cautelares emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); tenemos también persecución y asesinatos hacia líderes campesinos e indígenas”, apunta la dirigente de Cejil.
Pone como ejemplo de lo anterior a la zona del Aguán, donde campesinos e indígenas reclaman tierras para trabajar, muchas de las cuales permanecen ociosas y en manos de grandes terratenientes. Según el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), esta ha sido una lucha que ha costado el asesinato de 42 campesinos por parte de escuadrones de la muerte al servicio de los terratenientes.
El periodista y activista social Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, lidera a varias organizaciones campesinas e indígenas de Honduras que protestaron por el reingreso del gobierno de Lobo a la OEA. Lo hicieron en las calles de San Salvador entre el domingo 5 y el martes 7, justo cuando se celebraba en esta ciudad la XLI Asamblea General Ordinaria de la organización continental. “Queremos dejar constancia histórica por la inclusión de Honduras en la OEA. Fue una decisión equivocada e incrementa más las violaciones a los derechos humanos”, afirma Moreno.
Por su parte, Nuño señala otro caso de graves violaciones a los derechos humanos: “El asesinato, después del golpe de Estado, de 34 personas de la comunidad lésbico-gay. Estas personas han sido perseguidas y lesionadas sin que las autoridades hayan procesado ni investigado a los responsables. Tenemos el caso de una persona, cuyo nombre no puedo dar, que está asilada en otro país, quien de milagro salvó su vida en un atentado en el que sufrió 20 puñaladas”.
Y manifiesta: “El mensaje del retorno de Honduras al seno de la comunidad, sin cumplir con las medidas mínimas para restablecer el estado de derecho, es este: Das un golpe de Estado y no pasa nada… en pocos meses todo vuelve a la normalidad”.
El analista chileno Patricio Zamorano, quien trabajó para la OEA en el momento del golpe, aseguró en un artículo escrito en el diario digital ContraPunto, de El Salvador: “El gobierno de Lobo comenzó una lenta y desesperada campaña de reconocimiento. Pronto Colombia, Perú, Panamá, Chile y otros países de gobiernos conservadores reanudarían vínculos diplomáticos, mientras Estados Unidos lideraba los esfuerzos para que Honduras volviera a la OEA sin considerar la solución a la grave crisis de derechos humanos en el país como precondición, como lo declaró oficialmente el gobierno del presidente Barack Obama a través de sus portavoces.
“Pero en rigor –agregó–, fueron los países aliados del mandatario derrocado los que terminaron ratificando la legitimidad de la presidencia de Lobo, y en dos meses, abril y mayo (2011), modificaron el discurso, comenzaron a llamarlo “presidente”, y destrabaron, con el beneplácito de Estados Unidos, que no tuvo que abrir la boca, el retorno de Honduras a la OEA. La élite conservadora que participó en el golpe, y quienes lo apoyaron tampoco tuvieron que hacer absolutamente nada para que Honduras volviera a la OEA. Ninguna concesión de importancia.”
“El regreso de Zelaya a Honduras es un triunfo pírrico… Su retorno a Honduras no se puede negar que sea positivo, pero se ha hecho a costa de que el proyecto de la derecha conservadora se lleve adelante. Este Pacto de Cartagena, un acuerdo entre cúpulas, nos quiere dejar reducidos a una especie de resistencia bonsai”, apunta el Padre Melo. l
