En repetidas ocasiones funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se han doblado ante el embate de poderosos depredadores del patrimonio cultural y han terminado haciendo el triste papel de comparsas, cómplices o alcahuetes.
En Jalisco hay ejemplos significativos de esta renuncia a la noble y necesaria razón de ser de dicha institución federal. El permiso que funcionarios capitalinos del INAH acaban de conceder a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que siga adelante en su proyecto de inundar tres poblaciones patrimoniales de la zona de Los Altos (Acasico, Palmarejo y Temacapulín) con la construcción de la presa de El Zapotillo, es sólo el ejemplo más reciente de esa claudicación, que en el caso presente raya en la esquizofrenia, pues previamente la delegación del mismo INAH en Guadalajara había desautorizado dicha inundación al dictaminar que “casi el 70% del territorio (de Temacapulín) contiene monumentos” de valor patrimonial dignos de ser preservados (La Jornada Jalisco, 26 de mayo de 2011).
En las dos décadas recientes el historial negro del INAH en Jalisco ha crecido de manera preocupante: el desmantelamiento del ciprés o altar mayor de la Catedral tapatía en el periodo de vacaciones de Semana Santa de 1993; el añadido, poco antes, de una torre postiza al templo de Mexicaltzingo, que data de la época colonial; la arbitraria remodelación del barrio de las Nueve Esquinas entre 1997 y 1999, principio y fin del descocado proyecto de las 100 Manzanas; el pretendido “traslado” (destrucción en términos prácticos y no eufemísticos) del puente de Arcediano, hace cuatro años, con motivo de otro proyecto fallido para construir una represa en el fondo de la barranca de Huentitán y, ahora, el arrasamiento de los tres pueblos alteños mencionados.
El caso de las 100 Manzanas fue gestionado por un particular, el empresario Óscar García Manzano; detrás de la remoción del ciprés de la Catedral y de la torre “hechiza” de Mexicaltzingo estuvo la mano no siempre virtuosa de la Arquidiócesis de Guadalajara. Los otros proyectos patrimonialmente depredadores han sido responsabilidad de autoridades estatales (puente de Arcediano) y federales (la anunciada inundación de Acasico, Palmarejo y Temacapulín). Pero todos tienen algo en común: funcionarios del INAH que se han hecho de la vista gorda, han sido cómplices abiertos, o ambas cosas.
García Manzano no sólo consiguió la aprobación del entonces Centro Regional del INAH, encabezado por Alejandro Canales Daroca, sino que contrató los servicios de un perito del mismo instituto, Ignacio Gómez Arriola, para que participara activamente en la “restauración” (en realidad remodelación) de las Nueve Esquinas.
Ese conflicto de intereses se repitió, igualmente, con el fementido y absurdo “traslado” del puente de Arcediano. Hace cerca de cinco años el delegado del INAH en Jalisco, Javier Masimi, aprobó el desmantelamiento del histórico puente colgante y otra vez Gómez Arriola fue contratado –ahora por la Comisión Estatal del Agua– para dirigir las obras del “traslado” a 800 metros río abajo, cuyo costo fue tasado inicialmente en 13 millones de pesos.
Cabe decir que, en este último caso, la pretendida preservación patrimonial ha sido un fraude por partida múltiple: porque la mayoría de los elementos del puente, con 120 años de antigüedad, fueron destruidos o no pudieron ser recuperados a la hora del desmontaje; porque dicho inmueble fue sacado de su contexto original y porque esencialmente su valor patrimonial residía en su ubicación, vecina, por cierto, de los restos del puente primigenio de mampostería, construido a principios del siglo XVIII. Además, porque lo que ha empezado a construirse como parte del “traslado” no pasa de ser un mal pastiche (imitación) del verdadero puente de Arcediano. Moraleja en forma de pregunta: ¿si los funcionarios del INAH son custodios del patrimonio cultural, quién custodia a esos custodios?
Por lo que corresponde a los mencionados embates en contra del patrimonio de la nación a cargo de la curia tapatía –cometidos, paradójicamente, por el mismo clero católico–, nadie puede negar que funcionarios del INAH facilitaron ese proyecto, gestionado a principios de los noventa por el finado arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo, para remover el altar mayor de la Catedral, el cual fue desmontado pocas semanas antes del asesinato de dicho prelado. Desde entonces –y de esto ya hace más de 18 años– nada se ha vuelto a saber de ese monumento patrimonial, elaborado en mármol de Carrara y que data de mediados del siglo XIX.
Respecto de la construcción de la torre postiza de Mexicaltzingo, atentado deformante al patrimonio cultural de Guadalajara y homenaje al mal gusto arquitectónico, el INAH-Jalisco fue omiso o impotente. Y es que, en la práctica, la reforma al artículo 130 de la Constitución, emprendida por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en no pocas ocasiones ha sido utilizada como patente de corso por el clero católico.
Pero tal vez el caso más grave en que hasta ahora se ha visto comprometido el buen nombre del INAH sea el mencionado al principio: el dictamen favorable, aunque “condicionado”, emitido el pasado 31 de mayo por tres funcionarios de esa dependencia (Agustín Salgado, coordinador nacional de Monumentos; Arturo Balandrano, director de Apoyo Técnico, y Ana María Lara, directora de Licencias, Inspecciones y Registros) para que, como consecuencia de la construcción de la presa de El Zapotillo, la Conagua pueda destruir por inundación tres poblaciones de Los Altos de Jalisco.
Con su aval, esa tercia de funcionarios, residentes en la capital del país, dejó sin efecto el dictamen elaborado por el arquitecto Cuauhtémoc de Regil, del Centro INAH Jalisco, el cual concluía que, con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Temacapulín se debe preservar de manera “íntegra” por su alto valor patrimonial, pues 70% de su territorio tiene monumentos relevantes. Este dictamen fue entregado el 14 de abril a la entonces delegada del INAH, Angélica Peregrina, quien por cálculo o pusilanimidad optó por “clasificar como reservado” ese documento a petición de la Conagua, dependencia que había solicitado a la administración central del INAH una revisión del dictamen elaborado por De Regil.
El chilangazo del INAH llegó pocas semanas después, desestimando el primer dictamen, minimizando el valor patrimonial de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, solicitando únicamente que se desmonten algunos haberes de las poblaciones desahuciadas (canceles, jambas de puertas, gárgolas, arcadas…), a fin de que se resguarden en la “Casa Museo” del lugar concebido para los desplazados (Talicoyunque), “para que “constituya un espacio para la memoria y el registro histórico” (La Jornada Jalisco, 9 de junio de 2011). Por lo visto, estos cómplices de la destrucción patrimonial están decididos a convertir al INAH –creado por decreto presidencial, en 1939, a instancias de don Alfonso Caso– en un simple bazar de antigüedades y baratijas.
