La construcción de la Ciudad Judicial de Jalisco ya rebasó el doble de su costo previsto, al pasar de 325 millones de pesos a más de 730 millones. Así, el búnker de la justicia estatal queda cimentado en flagrantes violaciones a la Ley de Obras Públicas y la sospechosa discrecionalidad de los funcionarios encargados de asignar los contratos… Y para que nada falte, el representante legal de una de las compañías favorecidas, el Grupo Nova, es Édgar Aarón González Márquez, hermano del gobernador.
En noviembre de 2007, el entonces gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, colocaron la primera piedra del edificio que se ubica en el poniente de la zona metropolitana, entre las avenidas Vallarta y Guadalupe, en Zapopan. En ese entonces se estimaba que la obra concluiría a finales de 2008, con una inversión total de 325 millones de pesos, pero a cuatro años de su inicio y cuando va a la mitad se calcula su costo en unos 730 millones de pesos.
Proceso Jalisco solicitó información por medio de la Ley de Transparencia a las secretarías de Finanzas (Sefin) y de Desarrollo Urbano (Sedeur) para conocer a cuáles empresas habían contratado desde que se proyectó la Ciudad Judicial, en 2005, hasta la fecha, y a cuánto asciende el presupuesto ejercido. Las respuestas variaron.
Mientras que la Sefin aseguró que el primer contrato se firmó en 2006 y que sólo se erogaron 547 millones 671 mil 136 pesos hasta 2010, la Sedeur sostuvo que firmó el primer contrato en 2007 y que en los tres últimos años se invirtieron 594 millones 663 mil 421 pesos. Por su parte, el área de Comunicación Social de la Sedeur informó que hasta el momento se han ejercido 599 millones de pesos en la construcción del sótano, la planta baja y el primer nivel, con capacidad para 18 juzgados.
El entonces titular de la Sedeur, Claudio Sainz David, ni siquiera se molestó en hacer una licitación pública y asignó las obras de manera directa a siete constructoras, contraviniendo las disposiciones legales.
La Ley de Obras Públicas del Estado establece en su artículo 49 que las obras se harán por asignación directa sólo en los siguientes casos: “Trabajos que requieran de mano de obra campesina o urbana marginada; cuando se quede sin efecto un contrato de obra y falte por ejecutarse menos de 50% de la misma; cuando el contratista tenga la patente del equipo necesario para ejecutar la obra; por tratarse de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración, en los que no sea posible precisar su alcance, cantidades de trabajo o especificaciones para elaborar el programa; (y) cuando se requiera efectuar una obra por urgencia”.
Ninguna de las empresas constructoras elegidas por Sainz David entra en esas categorías. La primera favorecida por el exsecretario fue Ibáñez Arquitectos, S.C., a la que le encargó “la elaboración de cinco propuestas conceptuales para el proyecto de la Ciudad Judicial” mediante el contrato DGOP010.01/2005-SEDEUR-DGOP-PDI-VIAL-AD, con un valor de 287 mil 500 pesos. La labor de Ibáñez Arquitectos consistió únicamente en concentrar cinco propuestas, de las que al final sólo elegiría tres.
En dos ocasiones la compañía favorecida fue Organización Korko, para realizar el “proyecto ejecutivo arquitectónico” de la obra; su costo fue de 21 millones 114 mil pesos. La segunda fue para “dar seguimiento y complemento de los estudios y servicios de consultoría”, concepto por el que se pagaron 7 millones 576 mil 200 pesos.
El mismo Sainz David –titular de la Sedeur en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña y durante el interinato de Solís Gómez– decidió, por su cuenta, que se aceptara como tercera propuesta a la constructora Cautín, la cual haría el proyecto ejecutivo de ingeniería, por el que pagó más de 9 millones de pesos. El funcionario fundamentó su determinación “en lo dispuesto en el artículo 104, fracción 1, que dice que los contratos de obra pública pueden celebrarse mediante adjudicación directa, concurso, por invitación y licitación pública”.
Otra empresa favorecida por Sainz David fue la de Francisco Pérez y Asociados, S.C., a la cual le encargó “el estudio de accesibilidad de la Ciudad Judicial en conjunto con el tramo del Periférico entre avenida Vallarta y avenida Guadalupe”.
El presunto dueño de esa empresa registrada como sociedad civil, Francisco Pérez Arellano, entregó su propuesta junto con un recado para el entonces secretario, en el que se lee: “Claudio: Te mando lo de la Ciudad Judicial, por favor avísame con quién debo ver lo del contrato y si lo que te mandé está bien. Saludos. Paco”. Y en la parte inferior de esa misma hoja con letra distinta, otra mano escribió: “Atender, gracias, ya tiene el visto bueno”.
El último contrato que asignó Sainz David de manera directa está fechado el 23 de febrero de 2007 y fue para Tei Construcción, por 975 mil pesos, para efectuar los “trabajos preeliminares para la primera etapa de la Ciudad Judicial”.
Favoritismo
Ya en la administración de Emilio González Márquez, el nuevo titular de la Sedeur, José Sergio Carmona Ruvalcaba, entregó 31contratos para la misma construcción: 27 mediante licitación pública, dos por adjudicación directa y otros dos por invitación.
Aunque en esos casos predominan las licitaciones públicas, llama la atención que la Sedeur eligió a las mismas constructoras en repetidas ocasiones para hacer el mismo edificio. Aparte, en la mayoría de las actas de fallo no están las firmas de los representantes de las empresas ni las de los funcionarios estatales que fungen como testigos.
La primera empresa que ganó una licitación pública para construir la Ciudad Judicial fue Obras y Comercialización de la Construcción, propiedad de Miguel Ángel Romero Lugo, hermano de los empresarios Víctor y Mauricio, quienes viajaron en un avión privado a Las Vegas con el excontralor tapatío Víctor Urrea Stettner, quien a consecuencia de ello tuvo que dejar el cargo por la presunción de tráfico de influencias.
Obras y Comercialización firmó un primer contrato por 95 millones 317 mil 161 pesos para “la construcción de la cimentación y de la estructura del nivel inferior (estacionamiento) del edificio de la Ciudad Judicial”. Su segundo contrato, asignado por licitación pública, fue para la “elaboración de la albañilería y acabados en planta baja de la Ciudad Judicial”, por 44 millones 478 mil 75 pesos.
De acuerdo con la página de Transparencia del gobierno del estado, en lo que va del gobierno de Emilio González, Obras y Comercialización ha facturado por diversos trabajos en dependencias estatales un total de 258 millones 859 mil 664 pesos. Prácticamente la mitad de este monto corresponde a los dos contratos de la Ciudad Judicial.
La empresa Cinco Contemporánea fue elegida en dos ocasiones por Carmona Ruvalcaba, una mediante asignación directa y otra por concurso por invitación para participar en la edificación de la misma Ciudad Judicial. Dicha compañía es propiedad de Paulino Mario DiVece Roux y de los hermanos Felipe y Rodrigo Ramos Garibi. El segundo es socio del secretario de Promoción Económica del ayuntamiento de Guadalajara, Mauricio Navarro Gárate, en la empresa NCR Desarrollos Inmobiliarios.
A Cinco Contemporánea se le adjudicaron de manera directa los “servicios de supervisión y control de calidad para la primera etapa de la Ciudad Judicial”, por 3 millones 23 mil 961 pesos. Asimismo, se le asignó “la segunda etapa de la supervisión y control de la calidad del edificio”, por 2 millones 340 mil 436 pesos.
La Constructora Ral de Occidente ganó la licitación pública para construir “la segunda etapa de estructura y la primera etapa de instalaciones y acabados en sótano y planta baja en la Ciudad Judicial”. El monto: 40 millones 813 mil 864 pesos. Esta empresa participó en la construcción de la segunda etapa del paso a desnivel ubicado en la avenida López Mateos en su cruce con Las Rosas, 12 de Diciembre y Cubilete, lugar donde colapsó el colector y se puso de manifiesto la baja calidad de la obra y los errores en su construcción (La Jornada Jalisco, 20 de junio de 2008).
Pese a este tropiezo, a lo largo de este sexenio la Constructora Ral ha facturado al Poder Ejecutivo 138 millones 659 mil 552 pesos, según los datos de la página de Transparencia del gobierno estatal.
Licitaciones a modo
En asociación con Zebring Industrial, el Grupo Nova ganó la licitación pública para instalar los sistemas eléctricos en la primera etapa de la Ciudad Judicial, por 17 millones 330 mil 364 pesos. Llama la atención que el representante legal de Grupo Nova, según la escritura pública 4852, es Édgar Aarón González Márquez, hermano del gobernador.
Precisamente a partir de 2009, cuando nombró a Édgar González su representante legal, el Grupo Nova comenzó a obtener contratos de la Sedeur, por lo que a la fecha ha facturado al Ejecutivo 17 millones 438 mil 364 pesos.
En 2007, el Grupo Nova había sido contratado por la Secretaría de Desarrollo Urbano sólo dos veces, por un total de 108 mil pesos, y en 2008 no obtuvo ningún contrato del gobierno estatal. No fue sino hasta mayo de 2009, ya con el hermano del gobernador como representante legal, cuando recibió un cheque por 8 millones 665 mil 182 pesos, correspondientes al anticipo de 50% para la instalación eléctrica de la Ciudad Judicial.
El acta de fallo de la licitación que ganó Nova sólo tiene la firma del director de Programas y Presupuestos de la Sedeur, Rafael Salazar Razo, y faltan las de los representantes de las secretarías de Finanzas y de Administración, así como de la Contraloría del Estado y de la Dirección General de Obras Públicas.
En la licitación pública para la elaboración de la albañilería y acabados se registraron 16 empresas. Resultó ganadora Urbanizadora 2000, en asociación con Urbapav. En el contrato de obra se presentaron Ricardo Casillas como apoderado legal de Urbanizadora 2000, y Miguel Ángel Prado Mendoza por la empresa asociada.
La realidad es otra: aunque se pretendió que se trataba de dos empresas, según las escrituras públicas 7064 y 1094, los accionistas de Urbanizadora 2000 y de Urbapav son los mismos: el propio Prado Mendoza y Marcela Ivette Godoy Padilla.
Prado Mendoza ha conseguido dos contratos por licitación pública, uno por 45 millones de pesos para la albañilería y otro por 7 millones 761 mil pesos por construir las escaleras, los cubos de elevadores y la rampa de minusválidos. Al igual que el acta de fallo de Nova, la correspondiente a Urbanizadora 2000 sólo cuenta con la firma de Salazar Razo y en la lista de empresas participantes sólo viene la signatura de Prado, los demás espacios están en blanco.
Con todo, la empresa que ha ganado el mayor número de licitaciones públicas –seis en total– para construir la Ciudad Judicial es RRG Instalaciones y Construcciones Especializadas, con una asignación total de 155 millones 897 mil 939 pesos.
En asociación con Gal Gar Construcciones, dicha empresa ganó dos licitaciones, una por 52 millones 620 pesos para la instalación del aire acondicionado del edificio y otra por 40 millones 833 mil 845 pesos para la instalación hidrosanitaria.
De nueva cuenta, cuando se levantó el acta de fallo de la licitación por 52 millones sólo firmó Salazar Razo. En el acta de fallo de la licitación por 40 millones, de cuatro empresas participantes, la única a la que no se le rechazó su propuesta fue a RRG; las otras tres se consideraron “insolventes de acuerdo con los criterios de evaluación”. Esta vez el acta cuenta con tres firmas: las de Salazar Razo y los representantes de la Contraloría –sólo una firma, sin el nombre– y la de Juan Antonio Alatorre, sustituto de Salazar.
Las otras cuatro licitaciones que ganó sola RRG fueron para instalar el sistema de iluminación de la planta baja y sótano, así como del segundo nivel, que todavía no se construye. Además, obtuvieron el contrato para la terminación de la red de media y baja tensión, así como la construcción de la red contra incendios en el segundo nivel. Las cuatro obras por un total de 31 millones 222 mil 47 pesos.
Otras dos empresas consiguieron al menos dos contratos mediante licitación pública para participar en la construcción de la Ciudad Judicial: Torvi Ingenieros y el Grupo Bufete Arquitectónico. A Torvi se le encargó la “construcción acometida de media tensión en 23 KVA”, por 10 millones 430 mil pesos, y la instalación eléctrica del sótano, la planta baja y el primer nivel del edificio, por casi 9 millones de pesos. Al Grupo Bufete Arquitectónico se le otorgaron por licitación pública dos contratos que suman casi 14 millones de pesos.
Cabe señalar que Carmona Ruvalcaba declaró públicamente que aún faltan 129.5 millones de pesos para terminar el segundo y el tercer nivel del inmueble. No obstante, ya se han entregado varios cheques para el sistema de iluminación del segundo nivel, así como sus acabados y la construcción de la red contra incendios. A RRG se le pagaron ya los 6 millones 169 mil 405 pesos del contrato para el sistema de iluminación del segundo nivel, aunque éste todavía no está concluido.
En el mismo sentido, ya se hicieron los pagos completos a Kiper, Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, Mantilla & Delgado, Grupo Constructor JCR y Gotop.
La Ciudad Judicial tendrá 64 mil metros cuadrados de construcción y contará con estacionamiento para 626 vehículos. En la planta baja se ubicarán, en principio, nueve juzgados y cuando se concluya el edificio se trasladarán los 33 que ya existen; también albergará la oficialía de partes, el área de archivo y de copiado, los sanitarios y el ágora central.
En el primer nivel se tienen las mismas zonas mencionadas anteriormente, excepto el ágora. También está listo otro estacionamiento con capacidad para 521 autos y vialidades internas.
En esta construcción se concentrarán también el Consejo de la Judicatura, una biblioteca y un auditorio para 400 personas. Los juzgados penales continuarán en el centro penitenciario de Puente Grande.
