México, D F, 15 de mayo (apro-cimac)- Esposas de los cinco miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me´phaa (OPIM), detenidos durante una incursión militar en abril pasado, acusados del asesinato de un informante del Ejército, solicitaron a ocho embajadas que intervengan ante el gobierno de Felipe Calderón para que liberen a sus maridos y cese la militarización en La Montaña de Guerrero
Reyna Soto, Eusebia Villa, Fortina Cruz, María Ortega y Celestina Remigio se reunieron el pasado 13 de mayo con representantes de ocho distintas embajadas acreditadas en México, a quienes les hicieron el planteamiento
Durante el encuentro, sobre el cual aún no se han manifestado oficialmente las embajadas, y que se concretó a través de las Brigadas de Paz Internacional y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, las mujeres expusieron el acoso que viven por la intensa militarización que se ha desatado en la zona Me´phaa para desmantelar a la OPIM, organización que se ha dedicado a la defensa de los derechos colectivos del pueblo tlapaneco
El asesor jurídico de los detenidos y abogado del Centro Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, recordó que la organización ha denunciado la esterilización forzada de 14 indígenas de la comunidad El Camalote; la violación sexual de las indígenas Valentina e Inés cometida por soldados fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En un comunicado el Centro Tlachinollan agregó que las cinco mujeres indígenas están convencidas de que, como no pudieron culpar a sus esposos por la emboscada en que murieron cuatro policías municipales y un pagador de Telecomm-telégrafos que entregarían recursos del programa federal Oportunidades, ahora les fabrican pruebas para encarcelarlos por el asesinato de Alejandro Feliciano –señalado como informante del Ejército–, ocurrido el 31 de diciembre del año pasado
Rosales Sierra señaló que las mujeres se quejaron del “clima de hostigamiento” que están viviendo sus hijos en la escuela primaria de El Camalote, pues son presionados y se han convertido en objeto de burla por parte de los maestros que son familiares de quienes acusan a sus esposos por el homicidio de Alejandro Feliciano
Tlachinollan recordó que ante la situación que viven tanto los presos como sus familias, diputados federales de Guerrero presentaron ayer, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo en el que se exige la libertad inmediata aquéllos por no haber pruebas en su contra
La presentación de este punto de acuerdo fue posible, agregó el Centro, gracias por la visita que realizaron los legisladores, el pasado lunes 12 de mayo
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso; el secretario de la Comisión de Educación, Odilón Romero, diputado por el Distrito VIII con sede en Ayutla de los Libres; y el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cuauhtémoc Sandoval, visitaron a los cinco indígenas presos y a sus esposas, con quienes acordaron que propondrían el punto de acuerdo el 14 de mayo
En el punto de acuerdo se reasalta que varios líderes de la OPIM, como su secretaría técnica, Otilia Eugenio Manuel, e integrantes como Inés Fernández y su esposo Fortunato Prisciliano cuentan con las medidas cautelares 6/05 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano, porque corren peligro sus vidas e integridad física
También hace referencia a los “acciones urgentes” que ha emitido por estos casos la organización de derechos humanos Amnistía Internacional
Aunque el escrito se turnó a Comisiones, esperan que el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, y el juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez, tomen en cuenta esta acción para hacer justicia a los indígenas presos y se reconsidere dar marcha atrás a la militarización excesiva en la región Me´phaa, para que las autoridades civiles se encarguen de la investigación y no los soldados
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