Con el nombramiento que hizo Fox de su “equipo de transición” se han desatado ya los complicados procesos de la transferencia del gobierno federal. En el medio educativo hay inquietudes, temores o esperanzas, según las particulares ópticas personales. Sé de varios grupos que están estudiando sistemáticamente las propuestas de Fox en educación con objeto de construir escenarios y ubicarse ante ellos; otros procuran informarse sobre lo que ha sucedido en esta materia en Guanajuato y demás estados gobernados por panistas; otros, pocos, desempolvan los Principios de doctrina del PAN y estudian sus sucesivas plataformas electorales. Y no pocos discuten ya candidatos al puesto de secretario de Educación Pública, en escéptica espera del oráculo de los head hunters.
¿Qué reformas pueden esperarse a partir de diciembre en el ámbito educativo? Si el siguiente gobierno es incluyente y de transición (“no será un gobierno del PAN”, ha asegurado tajantemente Fox), la educación no estará normada por la doctrina de ese partido. Esto no obstante, será inevitable que algunos principios panistas inspiren las decisiones, por lo que conviene conocer esa doctrina, la cual, por cierto, ha variado en el tiempo: hay cambios importantes de los Principios de doctrina de 1939 a la Proyección de los principios de doctrina de 1965; cambios aún mayores con el surgimiento del neopanismo en las plataformas electorales de 1988 y 1994 y en las propuestas de campaña de Fox. Esta doctrina, por lo demás, será sometida próximamente a revisión, según anunció hace unos días el presidente del PAN.
Durante el siguiente sexenio oiremos, probablemente, algunas referencias discursivas a “la eminente dignidad de la persona humana”, al “bien común”, al “principio de subsidiaridad” o a “la preeminencia de la familia” en la educación. Pero el gobierno foxista no promoverá -a estas alturas es perfectamente claro- ninguna reforma legal que modifique la laicidad escolar en aras de aplicar tajantemente en las escuelas públicas la tesis del “derecho preferente de los padres para escoger, conforme a sus convicciones, el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Vicente Fox ha sido muy enfático en asegurar que la educación pública seguirá siendo laica y no enseñará valores religiosos.
Tampoco se modificarán sustancialmente las atribuciones del Estado en materia educativa como están establecidas en la Constitución y la Ley General de Educación, con el propósito de minimizar la injerencia estatal, como lo pediría la concepción de la libertad de enseñanza tradicionalmente sostenida por el PAN: “La libertad de enseñanza -se lee en los Principios de doctrina de 1939 y 1965- ha de ser garantizada sin otros límites por parte del Estado que la determinación de los requisitos técnicos relativos al método, a la extensión (de los ciclos escolares) y a la comprobación del cumplimiento del programa educativo mínimo, o concernientes al otorgamiento de grados o títulos…”. Tampoco se echará marcha atrás en los textos gratuitos y únicos (rechazados en la doctrina del PAN de 1965). El carácter incluyente y de transición del próximo gobierno obligará a renunciar a aplicar estas tesis y principios.
Si en el orden doctrinal no son esperables virajes en asuntos sustanciales, en otros aspectos sí lo son. Aunque mi bola de cristal es de responsabilidad limitada, opino que es muy probable, en congruencia con el principio panista de subsidiaridad, que la federalización educativa aumente las atribuciones y obligaciones de los gobiernos estatales, y proyecte esta tendencia hasta los municipios (o propicie otras formas de regionalización, como está sucediendo en Guanajuato); así mismo, que se estimule la participación de los padres de familia en las escuelas; que se refuerce la formación en valores, especialmente los éticos; probable, también, que la educación sexual se enmarque en valores humanos como el respeto entre hombre y mujer, la responsabilidad reproductiva y la dignidad humana; que se introduzca la deducibilidad fiscal de las colegiaturas y se establezcan incentivos a las inversiones en educación; y, desde luego, que se aumenten gradualmente los recursos educativos federales de modo que “al término del sexenio” (así se prometió) se alcance el nivel de 8 o 9% del PIB, muy por arriba del actual 5.1%. Así se confía en que en 2006 el promedio nacional de escolaridad llegará a 10 grados, lo que es perfectamente posible.
Como tónica general se concentrarán los esfuerzos de reforma en mejorar la calidad educativa, entendiéndola como la impartición de conocimientos más pertinentes y actualizados, el énfasis en la formación “integral” y en valores de responsabilidad, eficiencia y competitividad, y el acento en una concepción de la escuela como “comunidad”; habrá evaluaciones rigurosas, tanto de alumnos como de profesores, mayor atención a los maestros en su formación y actualización, mejoría de sus sueldos y condiciones de trabajo, mejoras (por cierto muy urgentes) a la infraestructura material de los planteles, y un decidido impulso a la educación física y al deporte. Advertiremos también esfuerzos encomiables y urgentes por combatir la corrupción y las simulaciones que tanto han dañado la calidad de la educación.
Importantes innovaciones, aunque graduales, se esperan en la educación de los adultos: se impulsará la “educación permanente” y la “educación para la vida cotidiana”; para esto se establecerá el reiteradamente anunciado instituto nacional de educación permanente, sea para remplazar al actual INEA o para compartir sus funciones. Se intentará armar el sistema nacional de formación y capacitación profesional de que siempre hemos carecido. Y hay también una propuesta de campaña de crear la secretaría de la mujer, que obviamente tendría mucho qué hacer en el ámbito educativo.
Otros cambios probables: en los niveles posbásicos se acentuarán los esfuerzos por mayor “pertinencia” de la educación vinculándola más estrechamente con las necesidades de la producción (quizás se invite a representantes empresariales a participar en la definición de algunos programas de enseñanza tecnológica y superior); se mantendrán las cuotas en el nivel superior, pero se establecerá un sistema nacional de becas y créditos para todos los estudiantes que lo requieran. Quizás se envíe pronto al Congreso de la Unión la iniciativa de ley que defina con claridad el sentido de la fracción IV del artículo tercero (“Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”).
No deberíamos olvidar otra propuesta de Fox de enorme trascendencia: la de reasignar la regulación de los medios de comunicación a la Secretaría de Educación Pública; las consecuencias de esta medida se entrevén por ahora sólo en los territorios de la imaginación.
Queda una infinidad de temas fuera de esta enumeración. Pero un asunto que provoca enormes expectativas es el de la relación del gobierno con el SNTE. Por una parte, el próximo presidente ha prometido cancelar el corporativismo sindical y devolver a los maestros su libertad de afiliación; por otra, su actuación en Guanajuato (después de los dos primeros años de confrontación con las secciones sindicales) fue de negociación y concertación con las secciones sindicales, a la vez que procuró inspirar una nueva cultura laboral en el magisterio. ¿Cómo evolucionará esta transición laboral, ahora que el SNTE no puede presionar con su oferta de votos priístas? ¿Terminará la práctica de que sea el gobierno el que recauda las cuotas sindicales y las transfiera a la organización gremial? ¿Se romperán los arreglos de favores políticos recíprocos entre el SNTE y la SEP? ¿Se alentará el surgimiento de otros sindicatos magisteriales dejando a los maestros escoger libremente entre ellos? Si surgieran varias agrupaciones sindicales, ¿cómo se llevarán a cabo las negociaciones laborales y salariales? Son muchas las incógnitas. Por lo pronto, es esencial que el próximo gobierno logre establecer cuanto antes el anunciado “acuerdo nacional en torno de los fines y objetivos de la educación”, concertándolo tanto con los partidos y fuerzas políticas, como con los actores educativos, principalmente los maestros y sus dirigencias; sólo así estará la educación a salvo de los embates y ambiciones del poder; este acuerdo será un elemento crucial en la transición.
Hasta aquí he aventurado un recuento de lo esperable y lo no esperable, a la luz de las propuestas de campaña de Fox y de sus actuaciones, y con referencia, también, a los principios de su partido. Será materia obligada de futuros artículos examinar si lo esperable es deseable y conveniente, y, además, si es factible. Pero ante algunas expresiones que se han apresurado a anunciar una “revolución educativa” o una “reforma integral de la educación”, es importante advertir desde ahora sobre la necesidad de continuidad en las líneas fundamentales de la política educativa. Desde el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa de 1992, la educación básica del país ha seguido lineamientos de reforma sólidos y valiosos que han ido ganando el consenso de los maestros. Arrasarlo todo sería un gran error; rectificaciones e innovaciones bien fundadas serán bienvenidas, pero respetando lo fundamental. Los próximos funcionarios de la SEP harán bien en meditar en que los tiempos de la educación no coinciden con los sexenales ni lo que sucede en los salones de clase tiene gran semejanza con lo que se decide desde los escritorios.
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