impunidad documentada

Impunidad documentada
El Ejército bajo sospecha
Miguel Cabildo y Ricardo Ravelo
A pesar de contar con un Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos, el Ejército Mexicano sigue violando las garantías individuales, y diversas denuncias, algunas documentadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, permanecen archivadas tanto en la Procuraduría de Justicia Militar como en la Procuraduría General de la República (PGR)
Tras el crimen de la abogada Digna Ochoa, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, nacionales y extranjeras, centraron las sospechas en el Ejército, pues la defensora mantenía frecuentes confrontaciones con mandos militares, contra quienes interpuso diversas denuncias, muchas de ellas no resueltas
Entre 1994 y 1999, por ejemplo, el Centro Pro -organización de la que Digna Ochoa fue subdirectora del área jurídica- acreditó ocho casos de violación a los derechos humanos, en los que aparecen involucrados militares, de los cuales siete siguen impunes y sólo uno ha sido resuelto
A su vez, entre 1993 y 1999, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió ocho recomendaciones contra la Secretaría de la Defensa Nacional, en las que concluyó que varios militares eran responsables de torturas Ningún soldado u oficial acusado ha sido arrestado o juzgado por esos hechos
Uno de los casos más relevantes denunciados por el Centro Pro es la detención y tortura, en 1999, de los campesinos ecologistas de Guerrero, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, presos desde hace más de dos años por defender los bosques de la deforestación
Según Pilar Noriega, primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y compañera de trabajo de Digna Ochoa, este caso puede estar relacionado con el asesinato de la abogada, pues era defensora de los campesinos
La detención ilegal de Cabrera y Montiel fue denunciada por el Centro Pro en 1999 ante la Procuraduría de Justicia Militar, entonces a cargo del general Rafael Macedo de la Concha, actual procurador general de la República, pero el caso sigue impune, a pesar de que la CNDH emitió, en agosto de 2000, la recomendación 8/2000 contra la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que concluye:
Montiel y Cabrera fueron ilegalmente detenidos por elementos del Ejército; retenidos por lo menos dos días y medio sin justificación en instalaciones militares; los campesinos estaban desarmados en el momento de su detención, en contra de lo que declararon sus captores; los soldados sembraron evidencias (armas y droga)
La CNDH pidió a la Sedena que fueran castigados el comandante de la XXV Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero, general José Toledo; el teniente coronel José Pedro Arciniega Gómez, el capitán segundo Artemio Nazario Carballo, el sargento segundo Calixto Rodríguez Salmerón y el cabo José Calderón Flabiano, adscrito al 40 Batallón de Infantería
Las denuncias
En su página de Internet, la Sedena tiene un capítulo sobre Derechos Humanos titulado “Administración y procuración de justicia”, con el subtítulo: “Situación de las quejas”
Según los datos de la Sedena, el acercamiento con la CNDH ha permitido al Ejército conocer las quejas desde su génesis hasta su conclusión, con el objetivo de prevenir su existencia Sostiene que las quejas contra miembros del Ejército, desde la creación de la CNDH, han tenido una tendencia “sostenida de decremento” Señala, por ejemplo, que hasta febrero de este año la CNDH ha recibido 76 mil 226 quejas, aproximadamente, de las cuales 2 mil 88 son contra el Ejército, lo cual representa 273% del total
Expone que de las 2 mil 88 quejas, 2 mil 19 se concluyeron, lo que representa 967% de avance, y sólo 69 casos están en trámite, es decir, 33% Además, de 1990 a febrero de este año, la CNDH emitió mil 514 recomendaciones, de las cuales cuatro se dirigieron a la Sedena y 20 a la PGJM (Procuraduría General de Justicia Militar), y representan 158% del total
De las 24 recomendaciones contra el Ejército, la Sedena señala que 17 están totalmente cumplidas y siete en proceso de resolución Y reconoce que 12 fueron por tortura (ocho están cumplidas y cuatro por cumplirse), cinco por dilación en la procuración de justicia (todas resueltas) y siete “por motivos diversos”: cuatro están cumplidas y tres en vías de cumplirse
Sin embargo, el Centro Pro ha documentado varias violaciones cometidas por militares, cuyas averiguaciones están archivadas: algunas en la Procuraduría de Justicia Militar y otras en la PGR
Éstos son algunos casos:
-La tortura y muerte de Sebastián Santiz López y Severiano y Hermelindo Santiz Gómez Oriundos del Ejido Morelia de Altamirano, Chiapas, los tres fueron golpeados por militares el 7 de enero de 1994, cuando penetraron a la comunidad Los obligaron a acostarse boca abajo en una cancha de básquetbol Tres días después, los tres campesinos fueron asesinados Los hechos quedaron asentados en la averiguación previa AL/014/994 La Procuraduría de Justicia Militar concluyó que no había responsabilidad de los soldados y la indagatoria fue archivada Según documentos del Centro Pro, meses después expertos en medicina forense de la organización Physicians for Human Rights confirmaron que las osamentas de los campesinos tenían el cráneo perforado por arma de fuego, producidas por disparos hechos a corta distancia
-El 19 de abril de 1999, elementos del Ejército llegaron al pueblo de San Miguel Tejalpa, Guerrero, y acamparon junto al río Verde El día 20, Antonio Mendoza Olivero, de 12 años de edad, y Evaristo Albino Téllez, de 27, salieron de la comunidad de Barro Nuevo a recoger mazorca No regresaron a su casa Francisca Santos, cuñada de Evaristo, y Victoriana Vázquez, abuela del niño, salieron a buscarlos; al llegar a la parcela, se toparon con un charco de sangre y se percataron de la presencia de los militares Atemorizadas, trataron de huir, pero fueron alcanzadas por los soldados y llevadas a una casa abandonada donde fueron violadas
Días después, los cadáveres de Antonio Mendoza y Evaristo Albino fueron encontrados Como presuntos responsables son señalados el coronel Juan Manuel Corona Armenta, el capitán primero de Infantería Jaime Darío Aguirre Sagaón, el sargento segundo de Infantería Fausto Castañón de la Paz y el cabo de Infantería Cándido Morales Román Ninguno de ellos ha sido castigado por la Procuraduría de Justicia Militar
-El 7 de junio de 1998, en la comunidad El Charco, Guerrero, entre las tres y cuatro de la madrugada, un grupo de militares de la Base de Operaciones Mejía, pertenecientes al 78¼ Batallón, abrieron fuego contra decenas de indígenas que dormían en una escuela, a la que acudieron un día antes para asistir a un taller sobre proyectos productivos El tiroteo duró 30 minutos, fallecieron 11 personas y 26 fueron detenidas y torturadas De estos hechos son acusados el comandante Jorge Alberto Guerra Tenorio y los subtenientes de Infantería Virgilio Antonio Gómez Campos y Eduardo Sánchez Mejía Según el Centro Pro, hasta la fecha “no se tiene conocimiento de que los militares hayan sido investigados ni juzgados”
-La tortura de Alberto Gómez García, agente del Ministerio Público Federal, quien fue acusado del robo de 4739 kilogramos de cocaína, la cual fue sustraída en 1997 de una bodega de la Policía Judicial Federal de San Luis Río Colorado, Sonora Los datos que recabó el Centro Pro revelan que “engañosamente” Gómez García fue comisionado a la guarnición militar de Mexicali, Baja California, para investigar los hechos Pero los militares le tendieron una trampa: “Le vendaron los ojos, lo desnudaron y lo amarraron con un tapete húmedo, poniéndole una toalla mojada en los pies y en la boca, para proceder a darle descargas eléctricas
“Así mismo, lo golpeaban y le echaban agua en la boca tapándolo con un trapo para impedirle respirar, alternando así las descargas y la asfixia; durante la tortura lo interrogaban sobre la droga robada y le advertían que en caso de no encontrarla, tendría que confesarse culpable”
Junto con Gómez García, 16 personas más fueron detenidas arbitrariamente y torturadas La denuncia no fue escuchada por el Ejército Presunto responsable de estos hechos, Gómez García -dice el Centro Pro- fue sometido a proceso judicial por tráfico de mariguana, comercio de cocaína, ejercicio indebido del servicio público, operaciones con recursos ilícitos y asociación delictuosa
-Tampoco se ha castigado a los militares que el 5 de abril de 1997 detuvieron ilegalmente a Miguel Castro Monillo, de Atoyac de Álvarez, Guerrero Esta persona estuvo desaparecida un año y cuatro meses, lapso en el que permaneció incomunicado, con los ojos vendados y sometido a torturas físicas y psicológicas El 23 de agosto de 1998, la Secretaría de Derechos Humanos del PRD presentó una queja ante la CNDH, pero no se ha emitido la resolución del caso Debido a la negligencia gubernamental, el expediente fue enviado por el Centro Pro al Relator Especial sobre la tortura de la ONU
Ejército y derechos humanos
La Sedena difunde en su página de Internet su Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos, y señala que esos derechos “se han constituido en una conciencia moral de la humanidad y en consecuencia no pueden ser abolidos, sino únicamente pueden y deben ser respetados y defendidos con la certeza de su pleno conocimiento”
Explica que trabaja en dos acciones concretas: fortalecer entre el personal militar una cultura de respeto a los derechos humanos, lo cual implica una difusión del conocimiento del derecho internacional humanitario, y atendiendo las quejas presentadas ante la CNDH contra personal militar
El programa está apoyado por cursos, conferencias y diversos manuales de información sobre los convenios que ha suscrito México
Preso por proponer la creación de un ombudsman militar, el general José Francisco Gallardo Rodríguez considera que reducir el poder y la injerencia del Ejército en tareas de seguridad es el primer paso que debe darse para que los militares respeten los derechos humanos
Gallardo Rodríguez acusa: “El procurador Rafael Macedo de la Concha se perfila como principal sospechoso en el crimen de la abogada Digna Ochoa”
Y expone sus razones: “Por lo menos en seis de los últimos siete casos que la abogada manejó, tuvo que confrontar al general Macedo como procurador de Justicia Militar, y en todos lo puso en evidencia”
Con base en los datos de que dispone, Gallardo Rodríguez señala que, como procurador de Justicia Militar, Macedo “dejó en la impunidad muchos casos, no obstante las recomendaciones de la CNDH, de organismos internacionales y una recomendación de Amnistía Internacional”
Gallardo Rodríguez, quien lleva ocho años preso, pide la desaparición del Fuero de Guerra y que se respete el principio de civilidad, lo que obligaría a las Fuerzas Armadas a no asumir funciones que corresponden a la sociedad civil, como las de seguridad pública y las de procuración y administración de justicia
Un segundo paso, dice, es acabar con los pilares del viejo régimen, como el corporativismo y el poder de facto que tiene el Ejército y que utiliza para reprimir “Como el Ejército no puede desaparecer, hay que modernizarlo”, señala
-¿Cómo puede modernizarse una institución tan cerrada?
-Se debe desmilitarizar a las instituciones y acotar las funciones del Estado Mayor Presidencial, que es un Ejército dentro del Ejército; proceder a una revisión profunda de la legislación castrense y crear un ombudsman militar
Pero el general Gallardo Rodríguez, cuya liberación fue exigida al gobierno mexicano por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tiene claro un aspecto:
“La desmilitarización de la PGR conllevaría a la renuncia del general Macedo de la Concha, lo que facilitaría llegar a la verdad del asesinato de la abogada Digna Ochoa”