Los recortes como presión

Los recortes como presión
De los trucos priistas a las tretas foxistas
Carlos Acosta Córdova
En aras de terminar el sexenio priista con un final relativamente feliz, el gobierno de Ernesto Zedillo manipuló las cuentas públicas para ofrecer una imagen de solvencia financiera y atraer capitales extranjeros
En su afán por sacar al PRI de Los Pinos, a Vicente Fox y a su equipo de campaña no les importó montarse en la mercadotecnia del ofrecimiento de un paraíso imaginado por ellos y soñado por el enorme número de mexicanos que finalmente votó por el cambio
Aquel optimismo desbordante, engaño foxista sobre el engaño priista, ha tenido su continuación en la retórica que, desde la Presidencia, insiste en ocultar las debilidades de la economía, por un lado, y en exacerbarlas por otro, para alcanzar el objetivo central de la primera parte del gobierno: la aprobación del proyecto de nueva ley hacendaria
Ante el rechazo generalizado a su propuesta de reforma fiscal, y en caída libre los ingresos públicos —en el primer trimestre dejaron de ingresar 3 mil 375 millones de pesos por exportaciones petroleras—, el presidente Vicente Fox cambió de estrategia: de los llamados a la reflexión, del cabildeo para convencer sobre las bondades de la reforma, pasó al uso de la presión, sobre todo al Congreso
Contra su persistente optimismo, más bien de corte mercadotécnico —“la economía está mejor que nunca”—, sugiere ahora el advenimiento de una crisis económica en el mediano plazo de la que serán responsables los legisladores renuentes a aceptar su reforma fiscal
Así lo entendieron por lo menos los senadores y diputados de la Comisión Permanente —en la sesión del viernes 11— pertenecientes al PRI, PRD, PT y PVEM que, en bloque, arremetieron contra el recorte presupuestal anunciado horas antes en Los Pinos:
“Es una estrategia para presionar a los legisladores a fin de que voten a favor de la reforma fiscal de Fox, pues hasta hace unas semanas los mercados financieros no daban síntomas de una crisis severa” También: “Si la amenaza catastrófica fuera real —dijo la senadora priista Laura Alicia Garza Galindo—, ante la falta de consenso para la aprobación de la reforma fiscal, los mercados hubieran reaccionado negativamente, pero se mantuvieron estables, con un peso sólido, tasas de interés que se reducen y un mercado de valores con estabilidad y altos volúmenes de operación”
Durante más de una semana la población se había visto atosigada con mensajes de que se anunciarían medidas implacables para frenar el deterioro ocasionado por la desaceleración de la economía estadunidense
La espera del anuncio no sólo creó algo de nerviosismo en los mercados financieros, sino también la percepción pública generalizada de que México estaba a las puertas de una nueva emergencia y de que habrían de tomarse medidas drásticas
Llegó el día del anuncio —viernes 11—, pero el parto de los montes arrojó sólo un ratón: el gobierno recortará el gasto público en la misma proporción —3 mil 375 millones de pesos— en que cayeron los ingresos durante el primer trimestre Es decir, una medida sin mayor impacto macroeconómico, pues ese ajuste al gasto apenas representa de 03 a 04% del gasto programable —según la propia Secretaría de Hacienda—; en relación con el gasto público total es irrelevante, y respecto del PIB realmente no pinta
Muy lejos quedó del recorte al que se vio obligado en enero de 1998 el gobierno de Ernesto Zedillo, por casi 16 mil millones de pesos, para enfrentar la abrupta caída de los ingresos públicos a causa del desplome de los precios petroleros
El minirrecorte —que le pellizca a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua, a los programas carreteros, al sector agropecuario y pesquero, a algunas secretarías de Estado, a las tareas de promoción del TLC con Europa, a los proyectos de impulso a las “pymes”, a los programas de apoyo a estados y municipios y a los gastos de difusión del gobierno, entre otras áreas— sirvió más bien como advertencia
En efecto, en la presentación del paquete de medidas —en algunos medios se anticipaba como “paquetazo” al estilo argentino o venezolano—, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, advirtió que en la medida en que sigan cayendo los ingresos y no se cuente con una reforma fiscal, se seguirá recortando el gasto, inclusive mensualmente
Dijo Gil en Los Pinos, ante más de un centenar de periodistas: “Durante los próximos meses, en lugar de estar haciendo cortes trimestrales, vamos a hacer cortes mensuales Se seguirá haciendo eso porque el gobierno va a actuar de manera responsable” para “no exceder sus posibilidades de endeudamiento”
Un día antes, el subsecretario de Egresos de la SHCP, Carlos Hurtado, le daba forma al amago: En cada recorte —porque ya no existe “grasa” en el Estado, que hace años dejó de ser “obeso”— se afectarán metas y programas importantes
El mensaje: La responsabilidad, pues, toca ahora al Congreso Del llamado urgente a los legisladores para que se decidan por la reforma fiscal dio cuenta un documento entregado a la prensa el día del anuncio, que en uno de sus párrafos medulares no oculta el apremio:
“La ausencia de una hacienda pública sólida —como le dio en llamar el gobierno a su propuesta de reformas fiscal, financiera y presupuestaria—, al impedir el balance adecuado entre la política fiscal y monetaria, limita las oportunidades para suavizar el impacto externo sobre el ciclo económico interno”
Sueldos y prebendas intocables
De que el publicitado recorte era una fórmula para presionar a los legisladores, da cuenta el hecho de que el gobierno no buscó otros rubros de gasto susceptibles de ser recortados sin afectar metas y programas Así lo cree el doctor en economía Juan Moreno Pérez, especialista en programación financiera que trabajó 14 años en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto
Al hacer una exhaustiva revisión de los más de 40 tomos del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, se percató de que en los sueldos de los altos funcionarios (de director general adjunto para arriba, que suman 3 mil 38) y en la serie de prebendas que reciben mediante el rubro de “servicios oficiales” (concepto 3800 del presupuesto), la Federación se gasta un poco más de 10 mil millones de pesos
Según el presupuesto de egresos del 2001, los sueldos de esos altos funcionarios —que van de 80 mil 436 pesos mensuales (965 mil 241 anuales) para los directores generales adjuntos hasta los 194 mil 903 pesos mensuales (2 millones 338 mil 831 al año) de los secretarios de Estado— representan en total 5 mil 469 millones 348 mil pesos
Si a esa cantidad se agregan 4 mil 538 millones 580 mil pesos por concepto de servicios oficiales (en muchos casos, verdaderas prebendas: comidas, viajes, regalos, viáticos, asesores, publicidad, entre otras), resulta que los 3 mil 38 altos funcionarios cuestan al erario más de 10 mil millones de pesos
Según el análisis de Juan Moreno, doctor en economía por la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), tan sólo con una reducción de 15% en los sueldos y otra de 55% en los gastos superfluos y discrecionales, el gobierno obtendría, sin afectar programas y metas de las funciones productivas, una cantidad similar a la que ahorrará con el recorte anunciado el viernes 11
Éste sirvió también para dar la puntilla a los engañosos pronósticos de crecimiento económico hechos por Vicente Fox En la campaña presidencial y aun como presidente electo, Fox aseguraba que desde su primer año de gobierno la economía crecería a 6%, y en los siguientes a 7% Si no se alcanzaba ese ritmo, decía, no podrían generarse el millón 350 mil empleos que permitirían a México “dejar de ser un país sólo de maquiladoras y de salarios mínimos de miseria”
Pronto topó con la realidad Al presentar su programa económico para este año, en diciembre, el presidente debió aceptar que la economía sólo crecería 45% en el 2001 Durante meses no salió de ahí, y tanto defendió sus cálculos que hubo de enfrentar al propio Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, quien a mediados de abril ya decía que la economía no crecería sino a 3% “Él (Ortiz) podrá decir lo que quiera, tiene sus propios cálculos; pero el gobierno tiene los suyos y la economía crecerá al 45%”, dijo Fox entonces
Otra vez la realidad se impuso y, el viernes 11, su equipo económico debió aceptar que el Producto Interno Bruto este año podría crecer, inclusive, sólo a 25%
Y aunque no cejó en su optimismo —el mismo día insistió en que la economía está “de maravilla”—, lo cierto es que, lejos de crearse los empleos prometidos —1 millón 350 mil—, la desaceleración estadunidense ya ha puesto a cientos de miles de mexicanos en la calle
De acuerdo con el secretario de Hacienda, el recorte anunciado de 3 mil 375 millones de pesos es para mantener estables las finanzas, es decir, para no aumentar el déficit público Durante su exposición en Los Pinos argumentó que únicamente la estabilidad garantiza el crecimiento económico y que el sobreendeudamiento es lo que atenta contra la estabilidad
Sin embargo, Juan Moreno, una vez que analizó toda la justificación del recorte, expuso que el gobierno, dentro del paquete de medidas previstas, nada hace para abatir el sobreendeudamiento real que existe en las finanzas públicas, no obstante que tanto el Banco de México como la propia Secretaría de Hacienda han reconocido que existe una serie de deudas que no se contabilizan como tales, que permiten presentar un déficit público menor que el real, pero que significan presiones brutales y magros márgenes de maniobra en la conducción de la economía
Las deudas escondidas
Moreno Pérez fue el primero en sacar a colación el tema de las deudas escondidas Lo hizo a finales de 1999, cuando se discutía el programa económico para el 2000 Entonces asesor parlamentario del PRD, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, “descubrió” el engaño del gobierno de Ernesto Zedillo al ocultar deudas que irremediablemente harían una “presión brutal” en el siguiente gobierno
Se refería a que el equipo económico de Zedillo nunca contabilizó como deudas los pasivos del IPAB, el costo de la reforma a la seguridad social (el pago de las pensiones, sobre todo), la intermediación de la banca de desarrollo y de los fondos de fomento (los rescates carreteros y las carteras vencidas de los bancos de desarrollo), así como el costo de los proyectos de inversión con registro diferido en el gasto, los famosos “Pidiregas”, que son proyectos de inversión públicos pero financiados con capital privado
Eso fue lo que permitió al gobierno de Ernesto Zedillo presentar déficit públicos muy bajos, con lo que daba la imagen de una administración responsable que mantenía sus finanzas en equilibrio, conforme al gusto de los inversionistas extranjeros, que con esa carátula veían una economía estable, digna de captar sus capitales
Y así, cada año, hubo engaño tras engaño En 1995, Zedillo presentó un déficit público de 038% del PIB cuando en realidad, ya contabilizadas las obligaciones contraídas por aquellos conceptos, fue de 396%; en 1996, el déficit público oficial fue de 003, pero en realidad representaba 557% del PIB Y así sucesivamente 1997: 032% contra 561%; 1998: 105% contra 633%; 1999: 124% contra 630%, y al final del sexenio, en el 2000, el déficit público oficial fue de 110%, aunque rigurosamente alcanzó 396% del PIB
En los primeros meses del año, el secretario de Hacienda, Gil Díaz, tuvo que reconocer que las cifras del sexenio pasado eran engañosas porque no consideraban el total de las obligaciones del gobierno Para el 2001, incluso cuando ya se había definido una meta de déficit público de 065% del PIB, Gil Díaz tuvo que aceptar —al hacer la presentación de los argumentos para la reforma fiscal— que si se reconocían todos los requerimientos financieros del sector público, el balance sería de 350% del PIB
Ahora bien, cada una de las obligaciones no contabilizadas es una carga brutal para las finanzas públicas El propio Banco de México, en su más reciente informe anual, señaló que la deuda pública ascendió al término de diciembre de 2000 a 1 billón 180 mil millones 700 mil pesos, equivalentes a 2174% del PIB, pero si se agregan las deudas contingentes —IPAB, 5634 miles de millones de pesos (mmdp); rescate carretero, 1054 mmdp; programas de reestructura en Udis, 349 mmdp; Pidiregas, 149 mmdp, y apoyo a deudores, 325 miles de millones de pesos, la deuda total del sector público llegó el año pasado a 2 billones 66 mil millones de pesos, equivalentes a poco más de 38% del PIB
En el fondo de buena parte de esa deuda contingente, dice Juan Moreno, se halla el saqueo que significó el Fobaproa De manera clara están los pasivos del IPAB que deberán ser pagados por todos los contribuyentes del país, lo mismo que el rescate de bancos y de empresas constructoras que perdieron con las carreteras concesionadas Así como los Pidiregas
Explica: Los proyectos de inversión con registro diferido en el gasto existen porque al exprimir el gobierno a Pemex y a la CFE dejó a esas paraestatales sin posibilidades de invertir sus ganancias Lo que hizo el gobierno de Zedillo —y no se ven cambios en el de Fox— fue utilizar los excedentes, por lo menos los de Pemex —así consta en la Cuenta Pública federal de cada año de ese sexenio—, para financiar de manera subrepticia al Fobaproa y luego al IPAB, pues el presupuesto asignado oficialmente no alcanzaba ni para pagar el total de los intereses de la deuda del rescate bancario
El gobierno de Fox, apunta el entrevistado, reconoce la herencia que le dejó Zedillo, el total de la deuda acumulada; tiene claros los fuertes vencimientos que desde este año empezarán a presionar vigorosamente a las finanzas públicas, pero de alguna manera se encuentra atado de manos Podría decir: no es mi responsabilidad esa deuda fenomenal
“Pero no lo va a hacer —concluye Juan Moreno— y sí, en cambio, tratará de disimular en la medida de lo posible todo esto Porque si no lo hace estará obligado a fincar responsabilidades y a buscar a los culpables del saqueo Es decir, no sólo tendrá que enfrentarse a Zedillo, a Gurría, a Ortiz, sino también a los banqueros, a empresas extranjeras y a empresarios nacionales, muchos de los que le ayudaron en la campaña Le será más fácil, como lo está haciendo, cobrar más impuestos a todos los mexicanos”