investigadores de EU y México:
El gobierno de Fox, ineficaz contra el crimen
Ricardo Ravelo
Engendrada durante más de 70 años de gobiernos priistas, la impunidad prohijó esquemas de corrupción que impiden frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y México luce como un país donde a pesar de la incipiente democracia electoral prevalecen las complicidades entre policías y organizaciones criminales
Por su falta de experiencia y desconocimiento en muchas áreas, el gobierno de Vicente Fox no garantiza el abatimiento de la corrupción ni de la inseguridad en el corto plazo, pues la transición política que vive México genera vacíos que aprovecha el crimen organizado para operar con libertad
Frente a este panorama, los estadunidenses observan “que el público más exigente y con mayor voz percibe que el gobierno (mexicano) es incapaz de garantizar la seguridad ciudadana y, lo que es aún peor: la policía y los organismos de procuración de justicia se consideran como parte integral del problema de la inseguridad”
Eso dice el informe Seguridad pública y gobernabilidad democrática: desafíos para México y Estados Unidos -cuya copia fue entregada en exclusiva a Proceso-, elaborado por un grupo de investigadores estadunidenses de la Universidad de Georgetown, de Washington, DC, encabezados por John Bailey -experto en los temas del narcotráfico y seguridad pública-, en el cual participaron académicos mexicanos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), representados por el profesor Jorge Chabat Madrid
El estudio es producto de indagaciones y discusiones entre académicos e investigadores estadunidenses y mexicanos Las conclusiones del trabajo fueron avaladas por los exprocuradores Sergio García Ramírez y Antonio Lozano, investigadores de la UNAM y de la Universidad de Georgetown
También por Moisés Moreno, exfuncionario de la PGR y actual presidente del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales; Rafael Ruiz Harrel, criminólogo e investigador de la UNAM;Ramón Cosío, director del Departamento de Derecho del ITAM, y Guillermo Estévez, del ministerio del Interior de Argentina
El informe forma parte de un libro que con el mismo título será publicado a mediados de este año, con artículos y ensayos de 16 investigadores mexicanos y estadunidenses Es producto de poco más de un año y medio de trabajo, y será presentado en el Senado estadunidense y en México el próximo lunes 19 y el jueves 22, respectivamente
El diagnóstico
Al analizar los retos de México, sostiene que por muchos años las instituciones judiciales y de procuración de justicia han funcionado inadecuadamente Los académicos estadunidenses observan que lo más grave es que el país está pasando por una transición política y económica profunda que ha exacerbado una gran cantidad de problemas de inseguridad en un período muy corto (100 días), durante el cual las instituciones de reciente creación no han podido operar con eficiencia
Aunque aceptan que en Estados Unidos hay elevados índices de corrupción, colocan a México como un país donde este problema tiende a penetrar más profundo en las instituciones, porque el sistema político está altamente centralizado y se carece de un servicio civil profesional de carrera
Sobre el narcotráfico, se dice: México es un gran productor de drogas ilegales y los problemas del consumo están creciendo rápidamente Esto significa que, como un embudo, las actividades ilegales están canalizadas a través del país, concentrándose marcadamente en la frontera norte La corrupción resultante es, de este modo, focalizada y multiplicada
Indica que a Estados Unidos le crea graves problemas la corrupción y la ineficiencia de la policía y las instituciones judiciales de México, pues permiten a los grupos del crimen trasnacional organizado operar sin control suficiente el crimen, la corrupción y la violencia, concentrados a lo largo de la frontera sudoeste, crean tensiones y puntos de conflictos entre los dos países
En el combate al crimen, México está en desventaja frente a Estados Unidos, pues el país del norte tiene los más altos índices mundiales de encarcelamiento de delincuentes ligados a las drogas México, en cambio, atraviesa un momento vulnerable: Está inmerso en una profunda transición económica y política, y la inseguridad ha empeorado precisamente en el momento en que los añejos problemas de las instituciones de procuración de justicia se encuentran más expuestos al escrutinio público En este momento, el crimen organizado presenta una amenaza particularmente seria debido a su capacidad para penetrar y corromper a las fuerzas de seguridad y a las instituciones judiciales
En cuanto a la introducción de drogas a Estados Unidos, los investigadores reconocen que ambos países no han hecho lo suficiente para disminuir el consumo y frenar la producción y el tráfico
Lejos de los resultados, México ha respondido con una rápida introducción de leyes y organizaciones para detener la producción y el tráfico, junto con una creciente tendencia hacia la militarización de las fuerzas policiacas, acompañada de niveles más altos de violencia entre y a través de las fuerzas policiacas y bandas criminales La falta de voluntad de las autoridades mexicanas para reprimir el crimen trasnacional, ocasionalmente tientan a Estados Unidos para que tome decisiones unilaterales
Uno de los viejos lastres es la policía, la cual ha operado con base en un mecanismo histórico de lealtad política a cambio de impunidad y relativa autonomía El eje de su comportamiento, al igual que el del régimen en su conjunto, ha sido político, no jurídico La policía no fue introducida en las políticas de modernización del Estado y se consolidó como un instrumento privilegiado de represión y corrupción
Otro problema es la falta de policías: De los 2 mil 395 municipios del país, 335 carecen de fuerza policiaca; 69% de la policía preventiva se concentra en 87 municipios grandes
Además, la policía enfrenta graves deficiencias: La falta de criterios de planeación que guíen la organización y la operación de los servicios policiacos, presupuestos inadecuados, distribución de recursos sin criterios específicos, falta de criterio para la determinación de salarios, sueldos bajos, altos índices de rotación de personal lo cual, a su vez, complica la distribución de recursos Las fuerzas policiacas sufren cambios constantes de personal y muchos agentes abandonan el servicio para entrar al mercado laboral delictivo
Cifras negras
Con base en estadísticas oficiales y en datos aportados por criminalistas, como Rafael Ruiz Harrel, se afirma que, entre 1980 y 1996, el número de presuntos delincuentes creció 14%, mientras que la población aumentó poco más de 2% Así, en México la delincuencia registrada crece siete veces más rápido que la población
El crimen tendió a regionalizarse Por ello, las tasas fueron notablemente altas en el Distrito Federal, Baja California, Baja California Sur, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Yucatán En términos de ciudades, las de México, Tijuana y Ciudad Juárez sobresalieron con tasas altas El robo es el crimen más común y el que más se ha incrementado desde 1993 a 1997
Al analizar las agravantes de la delincuencia, se cita al criminólogo Ruiz Harrel: “Hay, sin duda, un problema nacional de gravedad extrema, pero no está en el monto de la delincuencia, sino en la decidida incapacidad de las autoridades para lograr que la ley se cumpla”
En algunos estados, la violencia está ligada a las drogas: en Sinaloa, diariamente 12 personas son asesinadas en actos de violencia; en Baja California, aproximadamente 65% de los homicidios cometidos en 1999 estaba relacionado con el narco; en Jalisco, 17% de un total de 344 crímenes con violencia fueron considerados como ajustes de cuentas
De 117 páginas, el informe señala que México padeció su más profunda crisis -de la cual poco se ha recuperado- con los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu Una tendencia regresiva se experimentó con los asesinatos del cómico Francisco Stanley y de Alfredo de la Torre, jefe de la policía de Tijuana
La desconfianza en las instituciones prevalece y en ello han contribuido los escándalos de alto nivel, provocados por generales del Ejército en servicio activo y gobernadores -Jorge Carrillo Olea y Mario Villanueva, los mejores ejemplos-, así como agentes federales acusados de colaborar con narcotraficantes
Sobre estos escándalos, se dice que los arrestos y las acusaciones no implican su culpabilidad, más bien este tipo de incidentes crean preocupación en el sentir público acerca de la creciente violencia, corrupción e impunidad gubernamental
Sobre los factores que incrementan el crimen en México, los investigadores no encuentran una explicación concisa, pues las tasas criminales varían en cada país Sin embargo, al analizar a fondo el caso mexicano, coinciden en que parece existir una clara correlación entre iniquidad económica y el crimenpor lo que países con distribución más desigual del ingreso tienden a tener mayores tasas de criminales que aquellos con patrones más equitativos del ingreso
También se encontró apoyo a la concepción popular de que en México los delitos violentos se incrementan con el narcotráfico, a pesar de que no quedó claro si esto fue porque los incrementos estaban directamente relacionados con el narcotráfico o porque las organizaciones establecidas para traficar drogas también se involucraron en otras formas de crimen
El mejor ejemplo de la relación con la iniquidad en el ingreso se presentó en 1995, ya que las tasas del crimen se dispararon con la crisis económica de ese año Actualmente, el incremento delincuencial tiene que ver con la transición política, pues en los casos en los que los partidos de oposición llegan a gobernar en ciertas ciudades o estados, se necesita tiempo para ensamblar equipos y adquirir el conocimiento y la experiencia para administrar la procuración de justicia Éste es el caso del gobierno de Vicente Fox
Las fallas
Una de las fallas que resalta el estudio en el caso de México es que se ha puesto mucho énfasis en la expansión del número de las fuerzas de la policía, y en el endurecimiento de las penas impuestas por los delitos cometidos, en comparación con el relativo olvido en que ha quedado el mejorar los procesos judiciales La relativa certeza de que existe un castigo, aun uno moderado, tiene un efecto de disuasión mayor que el que tiene la gama de penas severas aunadas a una alta expectativa de impunidad
Un área clave no ha recibido una atención adecuada: el papel de los ministerios públicos y de los peritos técnicos La percepción generalizada respecto de la ineficiencia, genera impunidad
El sistema judicial mexicano sufre de ineficiencia y una policía corrupta son una combinación perversa que contribuye a los abusos a los derechos humanos y empeora la seguridad de los ciudadanos La gran mayoría de los delincuentes verdaderos eluden la justicia totalmente y son los inocentes quienes quedan atrapados en el sistema judicial penal, los que a menudo sufren graves abusos
A esto se suma que el talón de Aquiles de la justicia (mexicana) es una excesiva sobrecarga de casos Este exceso de trabajo, aunado a la amplia discrecionalidad de las autoridades en el manejo de los procesos, genera condiciones propicias para la corrupción que aqueja a las procuradurías de justicia de todo el país
En el sexenio de Ernesto Zedillo, los esfuerzos emprendidos con la Cruzada Nacional contra la Delincuencia y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) generaron desconfianzas, pues recordó el viejo sistema represor cuyo brazo operativo era la Dirección Federal de Seguridad Así, el programa se sumó a la lista de fracasos
Además, el Programa enfrentó un grave problema: la falta de datos confiables Sin embargo, fluyó el dinero para apoyar este esquema, como nunca antes en la historia del país: en 1996, el SNSP recibió 253 millones de pesos En el 2000, 12 mil 5554 millones, equivalentes a 23% por encima de 1999 y 267% respecto del presupuesto de 1997
Lo grave de estas inversiones es que hasta la fecha no ha habido una evaluación pública de la eficacia del sistema en la prevención del crimen y la aplicación de la ley El gasto enorme de recursos, aunado a una aparentemente modesta disminución en los delitos reportados, sugiere que una evaluación es muy necesaria Podría ser el caso que los gastos produjesen efectos en algún momento del futuro
Ante los fracasos del Estado para dar seguridad, se multiplican las empresas dedicadas a ese giro: en diciembre de 2000 había, según el reporte, 2 mil 984 compañías de seguridad privada registradas, con 153 mil 885 empleados Pero este aumento de empresas representa un grave problema, en la medida en que muchas de ellas no están reguladas Existe una posibilidad seria de que algunas de éstas se dediquen a delinquir, en lugar de proteger a sus clientes Existen casos de elementos de seguridad privada involucrados en delitos, que permiten suponer que este riesgo va a estar presente en los próximos años
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