Serias dificultades para comprobar delitos e iniquidades

Serias dificultades para comprobar delitos e iniquidades
Crecientes dudas sobre el proceso electoral, y el IFE se deslinda
Guillermo Correa y Álvaro Delgado
Conforme se acerca el 2 de julio, las dudas sobre la calidad del proceso electoral se multiplican Proliferan denuncias de compra y coacción del voto, irregularidades en la designación de funcionarios de casilla, iniquidad de las campañas en los medios de comunicación, desvío de recursos públicos con fines electorales
A tal punto ha crecido la preocupación, que Alianza Cívica (AC) solicitó el miércoles 7, en una carta enviada al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), “respuestas claras con relación a los problemas identificados a lo largo del proceso electoral”, pero hasta el viernes 16 no había tenido contestación oficial
Hugo Almada, representante de la organización no gubernamental con mayor experiencia en el país en materia de observación electoral, aclaró que si bien el IFE tiene una credibilidad bien ganada, “es importante que responda a la carta con claridad y de cara a la opinión pública”
Proceso obtuvo el borrador de la respuesta que darán los consejeros del IFE a las preguntas de Alianza Cívica y que, de acuerdo con el documento, “tocan muchas de las dudas más recurrentes que han aparecido en la discusión pública durante las últimas semanas”
Se trata de un documento preliminar elaborado en la oficina del presidente del Consejo General del IFE, José Woldenberg, que será enriquecido con las observaciones que realicen los otros ocho consejeros electorales, dos de los cuales, Mauricio Merino y Jaime Cárdenas, las adelantan en entrevistas con estos reporteros
En el proyecto de respuesta a AC se establece que las denuncias sobre la elaboración de listas sobre intención del voto, presumiblemente por el PRI, no pueden ser tipificadas como delito “Lo que ustedes nos narran es un hecho demasiado general”
Se explica que el Código Penal tipifica como delitos solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero, y se castigará a quien atente contra la secrecía del voto o lo oriente por la fuerza en favor de algún partido
Hasta el momento, las instancias del IFE, los partidos y las agrupaciones de observadores no han presentado denuncia concreta Si ustedes conocen de ello, si hay elementos de coacción, ojalá pudiéramos contar con esa información para atacar y castigar a los responsables
Por su parte, Merino se muestra preocupado por el cuestionario de AC que, si bien no cuestiona el desempeño del IFE, puede producir la sensación de que este organismo no está realizando bien su trabajo “Ésa es una sensación que, en este caso, sería profundamente injusta”
Y por ello recomienda a la organización no apuntar hacia el IFE, sino detectar a quienes cometen delitos electorales, para que luego sean sancionados en las urnas: “La mejor respuesta que se le puede dar a quien pretenda coaccionar el voto, es castigándolo votando en contra”
Subraya: “La puntería hay que afinarla contra quienes pretenden falsear la voluntad del voto, contra quienes, en efecto, pretenden presionar a los electores El mapache no está en el IFE”
Más aún, explica, el IFE no es el responsable de perseguir delitos, porque cualquier ciudadano lo puede hacer ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR)
“Ojalá haya responsabilidad política suficiente entre todos los actores políticos y sociales para entender que el IFE no es el Ministerio Público y que está haciendo su propia tarea”, destaca Merino
El papel de la Fepade es otro de los “puntos flacos” del engranaje electoral que concita desconfianzas Ninguna de las dos coaliciones de oposición confía en ella y tampoco AC
Hugo Almada afirma que la Fepade se creó antes de las elecciones de 1994 y, desde entonces, sólo ha significado pérdida de tiempo, pues se presentan las denuncias sin que se investigue ni se castigue a los responsables
“Es un organismo que, en términos prácticos, no ha acreditado su existencia Casi nadie la conoce, muchas veces ni los propios actores políticos importantes saben qué es Hoy se repiten las prácticas delictivas y parece que la Fiscalía no existiera Sus problemas son, entre otros, depender del Poder Ejecutivo y en ese sentido su margen de acción está acotado”
Coincide Germán Martínez, representante ante el IFE de la Coalición Alianza por el Cambio, quien formuló, el 6 de junio, una denuncia contra Manuel Bartlett por haber declarado “cínicamente” que los programas sociales Progresa, Procampo y los recursos del ramo 33 son para beneficiar al PRI
“Fui a ratificar la denuncia la semana pasada ante el agente del Ministerio Público, David Martínez Soto, y me encontré con un defensor de Bartlett Así no se puede”
-¿No confían entonces en la Fiscalía que encabeza Javier Patiño Camarena?
-Absolutamente no
Preguntas y respuestas
Las numerosas denuncias de ciudadanos y partidos, en el sentido de que se están recrudeciendo prácticas que constituyen delitos, y las dudas que han surgido en la designación de funcionarios electorales, hicieron que Alianza Cívica presentara 11 preguntas a los consejeros del IFE, con la aclaración de que no pretende poner en entredicho la legitimidad del órgano electoral
“Ante la inminencia de la elección presidencial más competida de nuestra historia, el IFE tiene frente a sí una inmensa responsabilidad La sociedad mexicana tiene derecho a saber con anticipación cuáles son las condiciones precisas que las autoridades electorales enfrentan al preparar la elección”, dice la carta firmada por Rogelio Gómez-Hermosillo, coordinador general, y Silvia Alonso, secretaria ejecutiva, de AC
En las primeras preguntas, se piden al IFE detalles sobre la campaña en los medios de comunicación contra la compra y coacción del voto y la pauta de transmisión de los spots para que lleguen a la población más pobre
El IFE responde, de acuerdo con el borrador aludido, que la campaña está al aire, “por mediación de RTC”, en los 97 canales de televisión abierta del país, con siete “impactos” al día, y en mil 286 estaciones de radio, con de 14 mil 146 impactos diarios, todas con repercusión en las zonas rurales
Según nuestros informes de monitoreo, las campañas del IFE hasta el mes de abril no habían alcanzado niveles óptimos de exposición Hasta abril, la campaña reportaba 38%; sin embargo, ya para el mes de mayo no sólo tocó la barrera de 50%, sino que incluso alcanzó 7083% a nivel nacional y 7422% en el Distrito Federal, con lo que podemos hablar de una campaña institucional de alto impacto en la audiencia
AC alude a la “grave omisión” de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación por consentir que los concesionarios y permisionarios suspendieran la campaña en marzo, y pregunta por qué no se presentó una queja administrativa formal
El IFE contesta que las elecciones son una obra concurrente que requiere de la participación de diversas instancias, por lo que se deben sumar esfuerzos Señala que la interpretación de la ley por los industriales de la radio y la televisión canceló la campaña, y acepta que RTC no ha expresado su opinión al respecto
Sin responder por qué no procedió formalmente contra RTC, el documento del IFE asienta que a partir del 26 de abril se reanudó la campaña con base en un acuerdo con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT):
El IFE cumplirá con su parte del acuerdo y discutirá el diferendo enérgica y respetuosamente en las instancias que sea necesario No obstante, en pleno proceso electoral hemos buscado la colaboración y la comprensión de todos: insistir ante el gobierno, empresas y sociedad en torno del objetivo común, legal y constitucional: elecciones limpias y bien hechas
AC también pregunta si el IFE difundirá un anuncio sobre el “delito” que cometen quienes levantan listas entre los ciudadanos con su nombre y número de credencial, y si dichas listas no comprometen el voto
Lo que ustedes nos narran -levantamiento de listas de intención del voto- es un hecho demasiado general El Código Penal tipifica con claridad, y castiga con prisión de seis meses a seis años y con multa adicional ,“a quien solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante la campaña o durante la jornada electoral”, “a quien viole de cualquier manera el derecho de los ciudadanos a emitir su voto en secreto”, “a quien transporte votantes coartando la libertad para la emisión del voto”, “a quien obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que mediante amenaza o promesa de pago o dádiva comprometan su voto a favor de candidato o partido alguno”
Hasta el momento, las instancias del IFE, los partidos, las agrupaciones de observadores no han presentado denuncia concreta Si ustedes conocen de ello, si hay elementos de coacción, ojalá pudiéramos contar con esa información para atacar y castigar a los responsables
No obstante, para reforzar la campaña en contra de la coacción y para adicionar instrumentos que permitan la secrecía y la libertad del voto, en todas las casillas colocaremos un anuncio con la leyenda: “Una vez que votaste, ¡no le enseñes tu boleta a nadie!”
AC pregunta sobre la visita domiciliaria a funcionarios de casilla por personas que se hacen pasar como personal del IFE y qué medidas se han tomado para garantizar que aquellos no sean amenazados para cumplir con sus funciones
Partidos a la caza de funcionarios
En su respuesta, el IFE confirma que se recibieron denuncias en ese sentido, en 29 casos, en Puebla y Estado de México, por lo que se inició una investigación y se presentó una denuncia penal “El PRI en el estado de Puebla argumentó que ellos habían convocado a los ciudadanos para que respondieran al llamado del IFE”
Debido a eso, añade el documento, se instruyó a las 32 juntas locales ejecutivas del IFE para que elaboren un informe al respecto, y más adelante se elaboró un cuestionario en la segunda etapa de la insaculación, con una muestra de 62 mil 155 funcionarios de casilla
Los datos preliminares informan que de 366 ciudadanos sorteados, 058% del total fueron visitados por partidos políticos: 173 por el PRI, 59 por Alianza por México, 35 por Alianza por el Cambio, uno por el Centro Democrático y 98 no especificaron la procedencia partidista En 213 casos (03%) les solicitaron su credencial El informe final sobre los resultados de los cuestionarios aplicados en los 300 distritos está procesándose, pero cuenten que se los enviaremos en cuanto sea conocido y aprobado por los órganos correspondientes del IFE
Más adelante, AC pregunta al IFE sobre las garantías de que los funcionarios de casilla sean ciudadanos sin filiación partidista, y en cuántos distritos y estados se ha tratado de suplantar a los principales cargos modificando ilegalmente la escolaridad
La respuesta en el borrador del IFE es amplia al detallar los mecanismos y requisitos de insaculación ciudadana
Nosotros no podemos objetar ni poner reparos a ningún ciudadano designado como funcionario de casilla, aunque tenga filiación partidista Él tendrá la obligación de acatar y hacer cumplir la ley, pero su inclinación política hace parte de sus derechos constitucionales Lo que la ley trata de preservar es que los enormes contingentes de ciudadanos, aquellos que se hacen cargo de la elección, en su conjunto no tengan sesgo especial, sino que sea al azar, no una decisión partidista o centralizada la que defina a esos funcionarios
Refiere los mecanismos de seguridad para garantizar imparcialidad, y aunque “entendemos y compartimos sus inquietudes”, en el proceso hay una serie de factores que no dependen del IFE, como el azar y la voluntad de los 795 mil 228 ciudadanos necesarios para integrar las casillas
Para una mejor comprensión del fenómeno, se describe en el documento el complejo proceso de selección, que muchas veces tiene que ver con el rechazo de ciudadanos a participar “Así, las juntas locales deben ir en busca de otro ciudadano que lo reemplace de entre los que están en la lista surgida del azar”
Al respecto, el consejero Jaime Cárdenas asegura que un informe preliminar de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica señala que sí se presentan esas irregularidades, pero en un porcentaje muy pequeño
“Lo que estamos evaluando en la respuesta es el porcentaje en el que ocurre eso y la razón por la que ocurre A veces ni siquiera es mala fe, sino errores de dedo en la captura de datos”
De paso, aborda el tema del litigio entre el IFE y la CIRT por la transmisión de los spots institucionales y la indiferencia de RTC, contra cuyo titular, Alejandro Montaño, formuló una denuncia administrativa ante la Secretaría de Gobernación
-Pero, ¿por qué, como dice Alianza Cívica, el IFE no la presentó formalmente?
-Eso Woldenberg lo tiene que contestar Yo sí formulé la denuncia
Zedillo no es cualquier mexicano
A Mauricio Merino se le recuerda que AC habla de una “grave iniquidad a favor del candidato del PRI” en el uso de los medios electrónicos de comunicación, lo cual acepta, y aclara que eso se sabe gracias a los monitoreos que el propio IFE realiza
“¿Por qué hace monitoreos? Justamente para llamar la atención y alertar sobre la necesidad de producir una contienda equitativa”, dice Y algo se ha ganado, aclara: hasta el 12 de junio los noticiarios de radio y televisión capitalinos y que tienen alcance nacional, reflejan que los tiempos asignados a la Alianza por el Cambio superaron a los del PRI, aunque Alianza por México conserva el tercer lugar
“Pero si uno observa la agregación de los datos, ya no sólo del Distrito Federal sino de todo el país, sobre todo con énfasis en las estaciones de radio que tienen alcance local, la situación se modifica y tenemos que el PRI vuelve a aparecer por delante con 37%, Alianza por el Cambio, 29% y la Alianza por México 19%”
Respecto a la fiscalización de los gastos que inquieta a AC, pues existen casos en que un mismo spot alude a dos campañas distintas -como el que dice “Vota por los senadores del PRI”, cuando el contenido es de su candidato presidencial-, dice que los gastos deben de contabilizarse dividiéndose por la mitad
Sobre la acreditación de la Organización Nacional de Observación Electoral del Magisterio (ONOEM), Alianza Cívica pregunta si el IFE sabe que se trata de un organismo adscrito al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que cuenta con candidatos a puestos de elección popular en este proceso electoral
Y más: “¿Sabe el IFE que el SNTE ha informado que apoya económicamente las campañas de todos sus candidatos? Queremos recordar al IFE que, con ocasión del intento de registro de AC como Agrupación Política Nacional (APN), el Tribunal Electoral prohibió realizar actividades de observación electoral a organizaciones que presentaran candidatos”
Merino dice “lamentar mucho” que una organización por la que siente respeto y afecto traiga al 2000 un asunto que fue debatido con ellos “Da la impresión de que ese litigio no acaba de resolverse AC quería ser al mismo tiempo APN y observadora electoral y fueron ellos mismos quienes tomaron, en su momento, la decisión de retirarse del registro, ésa es la verdad
“Eso fue lo que pasó y aquí lo que tenemos es una organización nacional de observación electoral del magisterio, que es lo que le produce preocupación a AC, y sí se ha considerado que tiene un vínculo con el SNTE, ¿cuál es el asunto? Que no existe una prohibición en la ley, de manera que la analogía planteada, con todo respeto, está equivocada”
Pero advierte que si los maestros que actuarán como observadores electorales no se comportan adecuadamente y lo hacen a favor de algunos candidatos, “estarían, entonces, cometiendo un delito electoral tipificado por el Código Penal”
Y una vez más, pide que la puntería se afine hacia quienes están pretendiendo o pretendan alterar la transparencia de la jornada electoral “No es el IFE el que está metido en ese puesto, si Alianza Cívica considera que otra organización de ciudadanos no se está ajustando a las reglas del juego, pues nos va a ayudar mucho encontrando elementos duros para denunciarlo”
La onceava y última pregunta contenida en la carta de AC se refiere a la posibilidad real de un conflicto laboral en el IFE La especie obedece a que desde principios de junio han aparecido en las oficinas centrales comunicados de supuestos grupos de trabajadores inconformes por “la carga laboral excesiva” y se llama a un paro de labores para el mismo día de los comicios
En el IFE, que cuenta con un personal de 40 mil personas, Merino no ve ningún riesgo de conflicto “Lo que vemos es muy mala fe, eso sí, en eso tiene razón Alianza Cívica y coincido con ella, más si el anónimo se cuela a los medios de comunicación inventando un problema que no hay”
Durante la entrevista, el consejero del IFE adelanta que este lunes 19 habrá reunión con la Comisión de Fiscalización para conocer los términos de la queja de la Alianza por México en contra de la Alianza por el Cambio con respecto a que la campaña de Vicente Fox ha recibido financiamientos del exterior
“Vamos a estudiar y si existen pruebas suficientes para actuar en ese sentido, lo haremos, como siempre Si no las hay, también lo tendremos que decir”
-¿Se haría lo mismo con el candidato Francisco Labastida en el caso de que se presente una denuncia?
-Por supuesto
-¿Se ha presentado alguna?
-Que yo sepa no
Y sobre la polémica que ha desatado la actuación del presidente
Zedillo al publicitar las obras de gobierno, Merino aclara que “declarar no es ilegal” El asunto es que “no es cualquier mexicano ni cualquier declaración, es el presidente de la República y esa investidura convierte sus opiniones en un dato políticamente relevante”
Afirma que el Consejo General del IFE ha invitado al presidente, los gobernadores y a la jefa de Gobierno del Distrito Federal a que se abstengan de hacer publicidad sobre sus obras “Nuestra petición original era desde 30 días previos a la jornada electoral del 2 de julio, a sabiendas de que no contamos con un instrumento legal, pues de tenerlo simplemente hubiéramos aplicado la ley”