Un procurador acosado

Un procurador acosado
Dentro y fuera del gobierno se han coaligado intereses oscuros, criminales, perversos: Del Villar
Raúl Monge
Blanco de la más feroz embestida orquestada desde diferentes frentes contra funcionario alguno del gobierno de la ciudad, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, se defiende y acusa:
“Estamos frente a un sistema de corrupción, de impunidad, de perversión, y ante intereses criminales que conspiran para que no se cumpla la ley, para que en México no prevalezca el Estado de derecho ”
Convencido de que su actuación como Ministerio Público ha estado siempre apegada y fundada en la Constitución y en el derecho (“nunca me he dejado llevar por el estómago ni por intereses políticos ni nunca he cometido una actuación indebida”), Del Villar advierte, sin embargo, que nada ni nadie podrá impedir que cumpla y haga cumplir la ley en la Ciudad de México
Dice: “La Procuraduría responderá con pruebas y sustentará sus actos en la Constitución y en la ley; es lo más que puede hacer”
En entrevista efectuada en sus oficinas del undécimo piso de la torre de Fray Servando Teresa de Mier, del cual sobresale al centro una escultura de bronce de la Diosa de la Justicia —adoptada como nuevo logotipo de la PGJDF—, el controvertido funcionario capitalino acepta que nunca como ahora se habían “coaligado intereses oscuros, criminales, perversos, de dentro y de fuera del gobierno”, para entorpecer la acción de la justicia
Concreta:
En el caso Stanley subyacen “los intereses criminales más significativos, los que no sólo corrompen, cuentan con redes de información por todos lados y afectan la seguridad de las personas, sino, peor aún, los que son capaces de desafiar la seguridad del Estado”
Y estos intereses, según Del Villar, tienen su origen en el narcotráfico, como ha quedado plenamente establecido
Destaca que, aún así, Televisión Azteca ha hecho el juego a ese tipo de “intereses oscuros al montar la más feroz campaña de desinformación” en la historia de un proceso penal, que, desde su óptica personal, nada tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión y de información, sino, por el contrario, con el “ocultamiento de información”
Altos ejecutivos de TV Azteca están actualmente sujetos a investigación por haber asumido “conductas evidentemente irregulares” —ocultar información relevante y chantajear a la autoridad—, desde el mismo día en que fue asesinado Francisco Stanley, el 7 de junio de 1999
En esa condición están, por lo menos, tres directivos: el vicepresidente, Jorge Mendoza Garza, quien de acuerdo con la versión de Del Villar, le advirtió que si informaba que se había encontrado cocaína en la ropa de Stanley, “difundiría” que la droga había sido sembrada por la PGJDF; Raúl Sánchez Carrillo, director de Noticias, quien recibió y ocultó “información relevante” de un testigo —fotos, un croquis y tres cartas—, y Jesús del Pozo, jefe de Seguridad, quien llegó al lugar de los hechos antes que la policía, alteró la escena del crimen y fue quien avisó a sus superiores que la Procuraduría sabía que Stanley tenía en su poder cocaína
Además, en calidad de testigos, han tenido que rendir declaración ministerial el dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego; Tristán Canales Nájar, vicepresidente de Noticias, y Arturo Borrego Hinojosa, director del área jurídica
“Si hay responsabilidad, procederemos conforme a la ley porque no se vale que, en aras del derecho a la libertad de prensa, se defiendan intereses criminales con campañas de desinformación; los conductores no puede erigirse en jueces”, sentencia el procurador
El pleito con la CDHDF
Extraño le parece también que en medio de la campaña orquestada por TV Azteca, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que encabeza Luis de la Barreda, haya asumido insólitamente el papel de “defensor de oficio” de Paola Durante Ochoa, una de las implicadas en el asesinato de Stanley
El 15 de febrero, la CDHDF envió a la PGJDF la recomendación 2/2000, en la que solicita el sobreseimiento del proceso penal instruido a Durante Ochoa, al considerar que la única evidencia contra ella era la declaración del cocinero de los hermanos Amezcua, Luis Gabriel Valencia López, a quien “ningún procesalista lo consideraría como testigo digno de fe”, debido a su proclividad a mentir y fantasear
Días después, el 22 de marzo, De la Barreda ratificó su petición, ahora con base en declaraciones de dos excustodios, según los cuales Valencia López ofreció su testimonio a cambio de prebendas
El martes 4, momentos después de que Valencia López —en declaraciones a TV Azteca y Televisa— se desdijo y acusó directamente a Del Villar de haberlo forzado a declarar contra los implicados en el caso Stanley, la CDHDF otorgó, ahora sí, plena validez al dicho del testigo “proclive a mentir”, y pidió directamente a la jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, que invitara al procurador de Justicia a promover el sobreseimiento de la acusación contra Paola Durante, amén de investigar la conducta de los servidores públicos denunciados por el testigo preso en la cárcel de Puebla
En entrevista, Del Villar —consejero del presidente Miguel de la Madrid, promotor de la renovación moral y coautor de la primera legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos— explica por qué se negó a aceptar la recomendación de la CDHDF:
“Con argumentos totalmente inconstitucionales e ilegales, el ombudsman capitalino pretende usurpar, suplantar, la función del Poder Judicial; eso no se vale”
Tampoco se vale, añade, que De la Barreda se preste a la campaña de desinformación montada por TV Azteca y, menos aún, que se ponga a defender “intereses criminales”
Y reafirma que “se necesita mucho dinero, mucha capacidad de influencia, de perversión y de corrupción, para alentar una campaña de desinformación que, contra toda ética moral y jurídica, busca suplantar la función de las leyes y alcanzar la impunidad”
Embestida federal
Dentro de esa “coalición de intereses”, Del Villar inscribe también la inmediata respuesta del aparato gubernamental federal, con el presidente Ernesto Zedillo por delante, luego de que la Procuraduría del DF determinó fincar responsabilidades penales contra el último jefe del Departamento del Distrito Federal (DDF) y actual secretario de Turismo, Óscar Espinosa Villarreal, por el presunto delito de peculado en agravio de la hacienda pública local
En una declaración grabada el sábado 1 por las cámaras de Televisa y de TV Azteca, pero no difundida hasta el lunes 3, Luis Gabriel Valencia se desdijo de sus primeras declaraciones ministeriales —en las que inculpaba directamente a Luis Ignacio Amezcua, Erasmo Pérez Garnica y Paola Durante del homicidio de Stanley— y acusó a funcionarios de la Procuraduría capitalina, incluido Del Villar, de haberlo presionado para declarar contra esas personas:
Yo sé que el licenciado Samuel del Villar me está viendo en estos momentos: Ya no siga con esta farsa, señor Ya me perjudicó a mí ¿En qué aspecto? Usted me amenazó de muerte; ya no cumplí su dicho, ya no seguí con lo que usted quería que hiciera; ya no perjudique a gente inocente
La declaración de Valencia se dio en condiciones totalmente fuera de lo común, según consignó el reportero de Televisa, Santos Mondragón:
Convocados por autoridades del Centro de Readaptación Social de Puebla, la noche del sábado 1, reporteros de Televisa y TV Azteca llegaron al penal Una vez ahí, firmaron en el libro de registro de ingresos, mientras los custodios se encargaban de revisar su equipo “Personal de la dirección estatal de Centros de Readaptación Social nos facilitó el ingreso; demasiado fácil para ingresar a un penal por la noche”, dijo al aire el reportero
Siguió con su relato:
Luis Gabriel Valencia puso como condición que un Notario Público estuviera presente para que certificara que rendía testimonio por su voluntad Nos condujeron a una habitación llamada Aula Magna Felipa de Jesús, donde se encontraban Amador Llaguno Hernández, quien se identificó con una credencial como Notario Público número 41 de Puebla, Puebla, y su asistente, Alejandro Tinoco Amador Llaguno afirmó que no fue Luis Gabriel Valencia quien le habló para solicitar sus servicios, sino un empleado de la dirección de Centros de Readaptación Social del Estado
Hasta el cierre de esta edición, la PGJDF no había podido obtener la declaración ministerial de Valencia ni la del Notario Público que la certificó El primero se había negado insistentemente a recibir a los agentes del Ministerio Público y el segundo no aparecía por ningún lado
Pero, de acuerdo con las primeras indagatorias realizadas por la PGJDF, se tienen evidencias sólidas de que las autoridades penitenciarias del estado de Puebla armaron el escenario para que Valencia apareciera ante las cámaras de televisión Y la investigación llegará hasta la Secretaría de Gobernación
Durante la entrevista, Del Villar recibió una llamada del director general de Delitos Patrimoniales No Violentos, Fernando Castro Hernández, quien le pidió autorización para que agentes del Ministerio Público tomaran declaración ministerial al director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Yunes, por su presunta injerencia en el montaje que rodeo la “conferencia de prensa” convocada por Valencia
El procurador le recomendó que buscara, primero, obtener las testimoniales de los principales protagonistas de la historia ocurrida en la prisión estatal
En medio del escándalo provocado por Valencia, que puso en segundo plano la acusación contra Espinosa, el presidente Zedillo se lanzó contra Del Villar al declarar a Raúl Peimbert, de la cadena Multivisión, que esperaba que la acusación contra Espinosa —encargado de obtener fondos para la campaña del actual primer mandatario como secretario de Finanzas del PRI—, resulte “jurídicamente infundada”, porque “es una persona en la que yo tengo confianza, que conozco como íntegra, trabajadora, con vocación de servicio público”
Y comentó que “lamentaría” que las acusaciones de la PGJDF pudieran estar motivadas “no por cuestiones jurídicas, que yo respeto más que nadie, sino por motivos políticos electorales”
Así, en menos de una semana, Del Villar pasó de acusador a acusado, por lo que la jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, se fajó “la falda” y pidió al presidente que se mantuviera al margen de asuntos que deben ser resueltos en los tribunales
Dijo: “No corresponde al Ejecutivo Federal ni al Ejecutivo Local actuar como defensoría de oficio Nuestra obligación es garantizar que las leyes se cumplan y que la procuración de justicia se coloque por encima de intereses que no son los de la nación Nuestra obligación es actuar con una visión de Estado, con prudencia y con mesura”
Del Villar no le da vueltas al asunto y va al grano:
“En todo esto hay una conjunción de intereses que pretenden mantener privilegios, impunidad; en una palabra: mantener viva la corrupción, que ha sido uno de los males endémicos de nuestro sistema de gobierno”
—Con su experiencia en el servicio público, primero en el PRI, y después en el PRD, usted debe saber de dónde vienen esas fuerzas
—Es difícil hacer una imputación directa, pero está claro que estamos ante la confluencia de intereses que conspiran para que no se cumpla la ley
Va más lejos: Recuerda los atentados que han sufrido su hermano y algunos servidores públicos de la institución que han estado ligados al caso Stanley
Envuelto por el escándalo desde que se convirtió en procurador (“soy falible, ningún ser humano es perfecto”), Del Villar subraya que en el caso particular de Espinosa Villarreal no priva ningún signo de venganza
Asegura, por el contrario, que en ese tipo de casos “uno tiene que olvidarse de consideraciones distintas a las ministeriales”
Además, sostiene que no hay Estado de derecho si no se parte del principio de la igualdad ante la ley
Cuenta que cuando el asunto se discutió internamente la acusación contra Espinosa Villarreal ninguno de sus colaboradores objetó la acción
—¿Y Rosario Robles?
—Ella no intervino en el proceso legal Lo único que me preguntó fue si el caso estaba suficientemente sólido y mi respuesta fue afirmativa
—¿Por qué se activó este caso ahora, cuando había suficientes elementos para actuar penalmente desde 1998?
—Lo que sucedió es que se quedó congelado en la Dirección de Legalidad y Responsabilidad de la Contraloría General, porque faltaban algunos elementos
La Procuraduría retomó el asunto en febrero, dice, cuando el nuevo contralor, León Alazraki, presentó una denuncia de hechos por el presunto delito de peculado contra Espinosa Todo se manejo con la mayor discreción hasta que Espinosa se negó a comparecer ante el Ministerio Público, amparándose en el fuero que le otorga la ley como alto funcionario federal
—¿No teme que la presión política eche abajo las acusaciones de la PGJDF en los casos Stanley y Espinosa?
—Puede ser, pero lo único que puedo decir es que las actuaciones judiciales, las imputaciones, se han hecho dentro del marco de la ley El juez tendrá, sin embargo, la última palabra
—¿Espera más sorpresas?
—Estoy preparado para todo
Los escándalos
Después de Cuauhtémoc Cárdenas, ningún otro funcionario de la administración perredista en la capital ha estado sujeto a un escrutinio público tan severo como Del Villar Su gestión ha estado marcada por los escándalos:
Primero, con el nombramiento de colaboradores bajo sospecha, como Jesús Carrola Gutiérrez, a quien tuvo que destituir contra su voluntad, debido a la presión pública; luego, con sus pleitos con el Poder Judicial y la CDHDF; más tarde, con los reveses judiciales en los casos IBM y Ericcson y, finalmente, con su frontal enfrentamiento con TV Azteca en el caso Stanley y el supuesto uso político de la denuncia contra Espinosa
Comenta: “Soy falible Ninguna institución, ningún ser humano es perfecto La perfección existe sólo en la divinidad, pero, eso sí, no tengo nada de que arrepentirme”
Primer procurador capitalino surgido de un partido opositor, Del Villar no encuentra ninguna diferencia entre el trabajo que desarrollaba antes, como representante del PRD ante el IFE, asesor legal de las víctimas de Aguas Blancas y consejero jurídico de su partido
“Estoy haciendo lo mismo que he hecho toda mi vida: contribuir a construir un Estado democrático de derecho”
Orgulloso, comenta que en casi dos años y medio se ha logrado reducir la comisión de delitos en la capital: “Estamos recuperando las calles de la criminalidad y devolviendo la seguridad a los habitantes de la Ciudad de México”
Una sonrisa se asoma en su rostro también cuando habla de la investigación del caso del Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República (PGR), José Manuel Izabal Villicaña, quien se suicidó cuando se enteró que su jefe y amigo personal, Jorge Madrazo, sabía que andaba metido en líos
Aunque los resultados se darán a conocer en los próximos días, el reportero conoció, de primera mano, que la mayor parte del dinero que el funcionario tenía en diversas cuentas bancarias lo obtuvo mediante comisiones y prebendas por la adjudicación de contratos de obra, servicios y adquisiciones
Del Villar enciende el séptimo cigarro de la mañana No se termina uno cuando ya tiene el otro en la mano
—¿Se siente víctima?
—No Lo único que siento es que estoy cumpliendo una de las más altas responsabilidades que se me han encomendado en el servicio público y que, desde aquí, tengo la oportunidad de contribuir con mi granito de arena a luchar contra ese mal endémico que corroe al sistema de gobierno, como es la corrupción y la impunidad
—Su nombramiento fue aprobado por el presidente Zedillo como una concesión al gobierno perredista ¿No lastima a la institución que el jefe del Ejecutivo ponga en tela de juicio su actuación?
—La Procuraduría no ha hecho más que responder con pruebas, con elementos fundados en la Constitución y en la Ley