El cerco a Espinosa parece cerrarse

El cerco a Espinosa parece cerrarse
Cárdenas dispuso ir a fondo pero faltaban pruebas
Raúl Monge
A mediados de diciembre de 1997, el recién estrenado secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Antonio Ortiz Salinas, descubrió en sus oficinas el soporte documental de dos reembolsos a la hacienda local, por un total de 134 millones 730 mil pesos, realizados por el oficial mayor de la anterior administración, Manuel Merino García
Al solicitar mayor información a sus colaboradores, comprobó que los depósitos se habían realizado los días 4 y 5 de diciembre de ese año: el primero, un día antes de que concluyera el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal, y el segundo, el mismo día en que Cuauhtémoc Cárdenas asumió las riendas de la capital Las devoluciones fueron en efectivo
Como contaba con el antecedente de que Merino García había entregado a la comisión de enlace del gobierno recién elegido información contable sesgada e inconsistente sobre el manejo de los recursos en el último año de la administración de Espinosa Villarreal, Ortiz Salinas puso al tanto del asunto a Cárdenas y éste instruyó entonces al contralor general, Gastón Luken, para que investigara al exoficial mayor
El 29 de abril de 1998, los auditores Fernando Ortiz Marín y Yolanda Razo Soriano entregaron el dictamen de la auditoría practicada a la partida 3605 “Otros Gastos de Información y Difusión”, correspondiente al ejercicio fiscal de 1997, una parte de la cual fue dada a conocer por este semanario (Proceso 1139) en agosto de ese mismo año
Consigna el informe:
De la revisión efectuada a la partida 3605, se observó que, con cargo a la unidad PCO2 (Servicio a las Dependencias), existió un presupuesto original de 100 millones de pesos, con afectaciones de aumento de 134 millones
En el transcurso del ejercicio se elaboraron 24 cuentas por liquidar certificadas con cargo a la partida 3605, cuya suma es de 215 millones de pesos Las cuentas fueron elaboradas por la Dirección de Política Presupuestal y autorizadas por la Dirección de Programación y Presupuesto, y todas ellas mencionan como beneficiaria a la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal
Todas las cuentas por liquidar certificadas fueron comprobadas por Manuel Merino García con recibos simples, sin membrete ni folio, y con la leyenda “Gastos Originados en eventos con los Medios de Comunicación”
Consignaba, así mismo, el reembolso de los 134 millones 730 mil pesos realizado por Merino García; ese dinero quedó amparado en los recibos 069795, 070601, 070602, 070603 y 070604
Pero aclaraban los auditores: “Estos recibos se refieren a devoluciones parciales o totales de 24 cuentas por liquidar certificadas emitidas, por lo que el importe neto fue de 80 millones 270 mil pesos”
Con base en esos elementos, concluyeron que tanto Merino García como el titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del DDF, Jorge Federico Meade y García de León, incurrieron en irregularidades: El primero, al no haber entregado el soporte de la disposición de 80 millones de pesos y, el segundo, por no haber ejercido control alguno en el ejercicio de gasto de la unidad bajo su mando
El hallazgo llevó a Luken a profundizar en la investigación y, el 6 de julio de 1998, ordenó auditar la misma partida, pero ahora las correspondientes a los ejercicios presupuestales de 1995 y 1996
El 7 de septiembre de 1998, el director de Auditoría Financiera Operacional “B”, Fernando Ortiz Marín, emitió los resultados del arqueo
En la revisión del programa AA (Administración) de 1995, encontró que el presupuesto original se modificó de 70 millones 222 mil 100 pesos a 88 millones, y que durante el ejercicio “se elaboraron 13 cuentas por liquidar certificadas con cargo a la partida 3605 (Otros Gastos de Difusión e Información) números 022-100-001 a la 022-100-013”
Esos documentos tienen como única beneficiaria a la Oficialía Mayor, cuyo titular las amparó bajo el concepto de “Gastos Originados en Eventos con los Medios de Comunicación”
Anomalías similares se detectaron en la partida 3605 correspondiente al ejercicio de 1996
Ortiz Marín encontró también que el pago correspondiente a las cuentas por liquidar de 1995 se hizo con cheques de la Dirección General de Administración Financiera que fueron depositados en la cuenta 646100399-9 de Banpaís, a nombre de Merino
Las correspondientes al ejercicio de 1996 quedaron depositadas en cuentas abiertas por la Oficialía Mayor en Banpaís e Inverlat y/o Nómina
El auditor dictaminó, en suma, que existía un posible quebranto al patrimonio del Gobierno del Distrito Federal por 205 millones de pesos
A finales de abril de 1998, con los resultados de la primera auditoría, la Contraloría había abierto ya un proceso disciplinario administrativo, el CG DRS 40/1645/98, contra Merino y Meade García de León, como presuntos responsables de haber causado daños a la hacienda pública capitalina durante el ejercicio de 1997
El oficio inculpatorio
En el desahogo del mismo, Federico Meade ofreció, en descargo de culpa, copia certificada de un acuerdo del 5 de enero de 1995 firmado por Óscar Espinosa, por medio del cual se facultaba al entonces oficial mayor del DDF a ejercer los recursos de la partida 3605 bajo el rubro de “Otros Gastos de Difusión e Información”
Se trata del mismo documento con el que ahora la Procuraduría capitalina sustenta la acusación contra Óscar Espinosa Villarreal por la probable comisión del delito de peculado, en perjuicio de la hacienda local
Dice textualmente el documento, de cuya existencia y validez dan cuenta, en sus declaraciones ministeriales, varios colaboradores de Espinosa, entre ellos: Javier Beristáin, secretario de Finanzas; Claudio Urencio Castro, director general de Programación y Presupuesto; Mario Alberto Sanstoscoy Fregoso, director de Comunicación Social, y el propio Meade
Le comunico a usted que he tenido a bien determinar el agilizar los procedimientos y actos administrativos vinculados con los mencionados servicios, disponiendo que en lo sucesivo el ejercicio de la partida que se indica, se realice conforme a lo siguiente:
Cada erogación que se haga con cargo a la partida 3605 “Otros Gastos de Difusión e Información”, será realizada directamente por usted (Merino), por lo que deberá firmar el recibo correspondiente, para ser presentado posteriormente ante la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, a fin de que sea ésta la dependencia que expida, firme y tramite las cuentas por liquidar certificadas respectivas, con cargo a la unidad “Servicio a las dependencias”
Las erogaciones que se originen con motivo de los gastos a que se hace referencia en los incisos anteriores, se harán con cargo a la partida 3605, “Otros Gastos de Difusión e Información”
Lo anterior, sin perjuicio de su ejercicio por parte del suscrito
Luken Garza supo de la existencia del oficio, pero nunca dio con el original, lo que frenó entonces cualquier posibilidad de proceder penalmente contra Espinosa Villarreal Aunque, el 4 de septiembre, presentó denuncia penal “contra quien o quienes resulten responsables” del quebranto patrimonial a la hacienda pública local, la cual se integró a la presentada el 22 de febrero por su sucesor, León Alazraky, ésta sí contra Espinosa
Y es que Cárdenas había dado instrucciones precisas de ir hasta el fondo siempre y cuando se tuvieran pruebas irrefutables, y la copia simple de documentos inculpatorios no tiene validez jurídica en un proceso penal
Más elementos
En la denuncia penal contra Espinosa, Alazraky Gaysisky sustenta su acusación en la copia certificada de ese oficio, en las testimoniales de los excolaboradores del actual secretario de Turismo, en resultados de auditorías practicadas al rubro 3000 (Servicios Generales) y en copia certificada de 49 recibos suscritos por Merino, entre otros documentos
Ante la imposibilidad de llevar a Espinosa a la cárcel, el gobierno del DF enfocó sus baterías contra Merino, quien, sin embargo, recurrió a todas las argucias legales —promovió juicios de nulidad y de incompetencia— para echar abajo el proceso administrativo en su contra
Si bien inicialmente el inculpado había confiado al entonces director general de Auditoría de la Contraloría, Roberto Muñoz, que parte de los recursos recibidos mediante las cuentas por liquidar fueron utilizados en diversos rubros, desde el pago de alojamiento de huéspedes distinguidos de la Ciudad de México hasta la dotación de alimentos y traslado de manifestantes a sus lugares de origen, nunca reconoció su responsabilidad
La Contraloría cerró el caso el 3 de septiembre de 1998 con una decisión sin precedentes: Inhabilitó a Merino por 20 años para ocupar cargos en la administración pública local, además de imponerle una multa de 235 millones 322 mil 672 pesos
Merino apeló y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le concedió la razón La Contraloría interpuso un recurso de queja, que no prosperó Y en los próximos días, ratificará su decisión de declarar inválido el castigo administrativo impuesto a Merino
El exdirector de Servicios al Transporte, Fernando Peña Garavito, fue el primer alto funcionario del gobierno de Espinosa que pisó la cárcel, luego de descubrirse una serie de irregularidades cometidas durante su gestión Su estancia en prisión fue corta debido a que la Procuraduría capitalina cometió una serie de errores en el proceso
A finales de enero pasado, después de una escaramuza verbal de dos semanas con el secretario de Turismo, la jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, volvió a la carga contra Espinosa Villarreal, al declarar ante la diputación permanente de la Asamblea Legislativa: “Su expediente no está cerrado”
Y es que el diputado del Partido del Centro Democrático (PCD), Alejandro Rojas Díaz, fue insistente en pedir una explicación del por qué a pesar de lanzar tantas acusaciones sobre presuntos malos manejos en su administración, no se había ejercitado acción penal contra Espinosa
La respuesta llegó dos meses después, en plena batalla electoral, con la solicitud promovida por la Procuraduría capitalina ante la Cámara de Diputados, para iniciar un juicio de procedencia de la acción penal contra Espinosa por el presunto delito de peculado La Fiscalía lo acusa de un presunto quebranto de 420 millones de pesos
En capilla
Funcionarios y exfuncionarios del actual Gobierno del DF están, también, en la mira de la Contraloría General
León Alazraky asegura, sin embargo, que entre 90 y 95% de las anomalías detectadas tienen que ver con violaciones a la normatividad, no con actos de corrupción o deshonestidad
Entrevistado en sus oficinas de avenida Juárez, el funcionario explica que los “casos gordos” que tiene en cartera no pasan de 10, en algunos de los cuales ya se inició el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente
En esa situación se encuentran empleados y exempleados de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), de Promoción Deportiva, de la Caja de Previsión de la Policía (Caprepoli) y de la Policía Auxiliar
Promoción Deportiva, registra, por ejemplo, irregularidades de todo tipo:
Delegó indebidamente la organización del XVI Maratón de la Ciudad de México en 1998 en una asociación civil denominada “Cuidado del Deporte”, la cual se constituyó 13 días antes de formalizarse el convenio respectivo; no comprobó los ingresos del mismo, que ascendieron a 14 millones de pesos, ni tuvo control sobre los ingresos autogenerados por la inscripción, casi 600 mil pesos
En el ejercicio de 1998, arrendó 27 vehículos por 27 millones de pesos, en forma directa y sin autorización de la Oficialía Mayor; realizó compras directas, sin autorización del Comité de Adquisiciones, por 570 mil pesos, y no ejerció ningún control en la compra y distribución de uniformes
Además, la Contraloría detectó algunas irregularidades cometidas por su director, Carlos Albert, en las obras de remozamiento de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca Los trabajos se hicieron sin contar con el proyecto ejecutivo obligatorio
Alazraki menciona que el proceso administrativo disciplinario está en curso para castigar al o a los responsables de las anomalías detectadas por la Dirección General de Auditoría
“Estamos en la etapa de las audiencias de ley, por lo que dentro de 50 o 60 días procederemos conforme lo establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”
Peor están las cosas en la Caja de Previsión de la Policía La Contraloría descubrió, en diciembre de 1998, que la administración de la Caja pagó a la constructora Grupo Geo el importe de 340 viviendas, que nunca fueron recibidas Por esa razón, la Dirección General de Auditoría presentó denuncia penal ante la PGJDF, en mayo de 1999, sin que a la fecha se hayan ejecutado las acciones correspondientes
Por instrucciones del Consejo de Administración, que preside el oficial mayor Porfirio Barbosa, la Caprepoli demandó, a su vez, por las vías civil y mercantil, a la constructora, por no haber cumplido con los términos del contrato
La Contraloría capitalina procederá administrativamente también contra el personal administrativo de la Policía Auxiliar, en la que, en junio de 1999, se descubrió uno de las más grandes fugas de recursos (Proceso 1180)
León Alazraky comenta que la investigación sobre la presunta responsabilidad en que incurrieron los 26 comandantes de la corporación, al desviar los recursos a una Asociación Civil, sigue su curso
Sobre las anomalías detectadas por la Contraloría en el área de Reclusorios, en abril de 1999, sólo menciona que el asunto sigue en el área de Legalidad
Con 36 años activo en el servicio público, el funcionario justifica la inobservancia de la normatividad en algunos casos Explica que la legislación no sólo es obsoleta, sino que no está diseñada para lograr eficiencia y eficacia
“Hay funcionarios que ante las emergencias deciden transgredir la ley y eso no lo podemos castigar”
—¿No habrá mano blanda contra los funcionarios surgidos del PRD?
—No, para nada Lo que sí puedo decirle es que aquí no he visto deshonestidad
La Contraloría General tiene presencia sólo en 42 de las 129 unidades administrativas ejecutoras de gasto (32% de cobertura) del gobierno capitalino
Ni la Jefatura de Gobierno ni la Secretaría de Gobierno tienen un área que fiscalice el uso de los recursos presupuestales, no obstante que ambas áreas crecieron en recursos humanos y materiales en la presente administración