Inútiles, todos los salvavidas de Zedillo tras el naufragio del 94

Inútiles, todos los salvavidas de Zedillo tras el naufragio del 94
La banca “rescatada” no reacciona y requerirá de un nuevo salvamento
Carlos Acosta Córdova y Antonio Jáquez
No fueron suficientes los más de 633 mil millones de pesos utilizados en el rescate de los bancos Tampoco los múltiples programas de intervención, recuperación, venta o liquidación Menos aún, las insólitas facilidades y maniobras gubernamentales para que las cuentas de esas instituciones parecieran viables o sanas
Aunque, según el gobierno, el rescate bancario de México fue tan “exitoso” que es digno de imitación en otros países, el informe de Michael Mackey es contundente:
“El sistema bancario es aún débil”: los activos de los bancos están deteriorados; la morosidad sigue alta y no cesa; muchas instituciones están subcapitalizadas; en otras, el capital es de mala calidad; sus reservas son insuficientes y, lo peor, son incapaces de reiniciar su función básica, que es la de prestar dinero
Además, tras su análisis del rescate de la banca —hasta donde se lo permitió la información limitada y filtrada a la que tuvo acceso—, el informe de Mackey advierte que si la economía nacional no crece lo suficiente de manera sostenida, y si persiste la cartera vencida alta, “existe una alta probabilidad de que se requiera mayor soporte al sistema bancario y protección a los depositantes por parte del IPAB”
En suma, pues, el rescate no ha terminado, y otro Fobaproa está en puerta
El error de diciembre
Buena parte del informe final de la auditoría realizada a las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), encabezada por el despacho del canadiense Michael Mackey y apoyada por cinco firmas de auditores mexicanos, es la historia de los esfuerzos del gobierno del presidente Ernesto Zedillo —limitados unos, infructuosos otros— por salvar de la quiebra a los bancos, tarea en la que no reparó ni en formas ni en gastos “Para evitar la bancarrota, es preciso incurrir en el costo que sea necesario”, ha dicho el propio presidente
En efecto, apenas estalló la crisis devaluatoria de diciembre de 1994, los bancos fueron sorprendidos en toda su fragilidad —vicios acumulados desde la nacionalización; errores y corruptelas en la privatización—, y el gobierno se apresuró a socorrerlos Todo lo intentó
Uno a uno, evalúa Mackey esos programas de auxilio El primero fue el Programa de Ventanilla de Liquidez, que surgió a principios de enero de 1995, en plena conmoción nacional por la devaluación, que disparó las deudas en dólares de los bancos El objetivo, ofrecer a éstos, a través del Banco de México, créditos de corto plazo en dólares para que pudieran cubrir sus obligaciones con el exterior
El apoyo total a los bancos bajo este programa —dice el informe— fue de 355 mil 108 millones de pesos Y todo se pagó, junto con intereses por 24 mil 91 millones Por ello, el programa no tuvo costo fiscal Por la urgencia que experimentaban los bancos, la Comisión Nacional Bancaria creyó que no había incentivo para que hicieran mal uso del dinero, y no consideró necesario supervisar su destino
Sin embargo, dice Mackey, esa posición de la Comisión Nacional Bancaria “es inconsistente con el hecho de que dos bancos habían sido intervenidos recientemente (Unión y Cremi, que no son expresamente citados), y se sabía que algunos bancos eran administrados por banqueros sin experiencia, algunos de los cuales habían emprendido prácticas bancarias imprudentes”
Un mes después de que empezó a operar la ventanilla en dólares, se puso en marcha el Programa de Capitalización Temporal (Procapte) Otra vez, por efecto de la crisis que se iniciaba abruptamente, los bancos vieron descender su coeficiente capital/activos muy por debajo del mínimo exigido El programa, como su nombre lo indica, “fue diseñado para proporcionar un alivio temporal al sistema bancario”, mientras que cada banco buscaba por su parte capital adicional
Pero ese programa, según el informe, “no ofreció en sí mismo una solución en términos de proporcionar nuevo capital adicional” Sirvió más bien para mandar a los mercados un “mensaje claro” de que el gobierno mexicano respaldaría a los bancos
De acuerdo con el auditor, la supervisión del programa fue adecuada y se cumplieron sus objetivos limitados, aunque sólo en lo general, pues en el caso de Serfin el apoyo recibido de Procapte fue convertido a capital permanente y posteriormente fue castigado: es decir, se dio por perdido
Este programa tampoco impuso un costo fiscal, pues todas las disposiciones fueron pagadas por los bancos, salvo en el caso de Inverlat, el cual recibió 1 mil 400 millones de pesos (más intereses acumulados por 700 millones) que fueron convertidos en acciones del banco Pero, según apunta Mackey, “el valor de esas acciones es cero y los importes fueron cargados a resultados y las pérdidas fueron reconocidas por el Fobaproa”
Un tercer programa, origen del ulterior “escándalo Fobaproa”, fue el Programa de Capitalización y Compra de Cartera Se adoptó para capitalizar a los bancos cuya situación financiera era solvente pero que, debido al deterioro de sus activos crediticios, corrían el riesgo de no cumplir con los requisitos mínimos de capital Fue diseñado, dice el informe, “para apoyar a los bancos que, debido a su importancia y alta concentración en la industria, hubieran puesto al sistema bancario mexicano en riesgo”
Durante la capitalización mediante ese programa, el gobierno se condujo así: Si el problema era de irregularidades y falta de capital, la solución era intervención, recuperación, venta y/o liquidación; si se trataba de una severa falta de capital, el banco sería reestructurado y vendido; si los accionistas no tenían más capital para apuntalar a su banco, el gobierno, vía Fobaproa, le compraba cartera
La mecánica de operación del programa era la siguiente, según el documento de Mackey: Fobaproa adquiría derechos sobre los flujos de efectivo de una cartera seleccionada por el banco, y éste era responsable de la cobranza y la administración de los créditos “Los derechos sobre los flujos de efectivo fueron transferidos por el banco a un fideicomiso administrado por el mismo banco, cuyo beneficiario era el Fobaproa A cambio de estos derechos en el fideicomiso, Fobaproa emitía pagarés pagaderos a 10 años a favor del banco Dichos pagarés estaban respaldados por el gobierno Los pagarés devengaban intereses durante su vigencia, pero eran liquidables al vencimiento”
El salvavidas
De hecho, ha quedado constancia —con información de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores— de que el Fobaproa ha operado como un salvavidas de los bancos, no sólo porque a través del fondo dichas instituciones se deshicieron de buena parte de los créditos irrecuperables, sino porque les ha permitido sobrevivir Las cifras de la CNBV al cierre de 1998 son elocuentes:
Los ingresos de los bancos por concepto de los intereses que cobraron por la cartera vendida a Fobaproa ascendieron ese año a 158 mil 437 millones de pesos, de los cuales 77 mil 193 millones —es decir, casi la mitad— provinieron de los intereses que generaron los pagarés del Fobaproa
Si se compara la primera cantidad con los intereses que los bancos pagaron ese año a sus depositantes, que sumaron 157 mil 34 millones de pesos, resulta entonces que si no fuera por los intereses que el Fobaproa les paga, los bancos no podrían cubrir, con sus ingresos normales, los pagos a los ahorradores
El documento de Mackey recuerda, por otra parte, que “a cambio de que Fobaproa participara en la cartera de créditos designados, se requirió al banco inyectar capital nuevo Esto se hizo generalmente sobre la base de que el banco aportaría un peso de capital nuevo por cada dos pesos de cartera seleccionada para el fideicomiso”
Sin embargo, también es un hecho reconocido por las autoridades que ese criterio no fue uniforme, que hubo favoritismos y privilegios —denunciados incluso por banqueros perjudicados— porque a algunos bancos se les compraba cartera en una proporción distinta Por ejemplo, a Serfin llegó a comprársele cartera a razón de 7 a 1 Es decir, por cada peso que aportaran los accionistas, al banco entonces comandado por Adrián Sada González se le compraban siete de cartera
Las fuentes del desfalco
Otros vicios del Programa de Capitalización y Compra de Cartera —al que se acogieron 12 bancos— fueron fuente de las corruptelas, de los desvíos y del enorme desfalco que luego se descubrió, aunque el auditor Mackey no tuvo acceso a mucha de esa información
Originalmente, al programa no entrarían los créditos irrecuperables (clasificación “E”), los créditos en manos de compañías en quiebra o suspensión de pagos, los descontados con bancos de desarrollo, los denominados en UDI y los célebres créditos “relacionados” (a accionistas, familiares, socios y altos funcionarios del banco, entre otros)
Pero al paso del tiempo y al calor de la devastadora crisis posdevaluatoria, “el sistema de banca múltiple continuó deteriorándose”, además de que “las autoridades financieras (Guillermo Ortiz en Hacienda, Miguel Mancera en Banco de México y Eduardo Fernández en la CNBV, a quienes no cita el informe) no anticiparon completamente la severidad de los problemas ni la duración de la crisis y la complejidad concerniente a la implementación de este programa”
Por todo ello, al Comité Técnico del Fobaproa no le quedó más que “aceptar créditos que habían sido excluidos anteriormente” A la panza del Fobaproa, pues, llegó de todo O sea que, como lo han afirmado los legisladores de oposición, el fondo recibió fundamentalmente cartera chatarra, créditos que nunca se iban a recuperar
Y aunque Mackey descubrió en el Fobaproa créditos relacionados de Banamex, Atlántico, Promex y Bancomer —hecho “que pudo crear la percepción de que recibieron un trato preferencial”—, las autoridades lo niegan: “La CNBV y la dirección del Fobaproa nos han dicho que ningún crédito de accionistas mayoritarios ha sido aceptado en la compra de cartera”
El auditor, por supuesto, no les creyó “De nuestra revisión de los diversos bancos, resultaron evidentes un gran número de créditos a accionistas efectuados con el fin de adquirir acciones En la medida en que tales créditos se efectuaban sin recurso o en donde la única garantía eran las mismas acciones, surgen serias dudas respecto a su cobrabilidad”
Y puso un ejemplo, el de BCH de Carlos Cabal que luego se llamó Unión, al que no cita por su nombre:
“En el caso de un banco en particular, conforme a la información recibida de la CNBV, en 1991 un grupo de compradores adquirió el 100% de las acciones del banco en manos del gobierno federal a un precio aproximadamente de 800 millones de pesos Más tarde, la CNBV determinó que los créditos que ascendían aproximadamente a 600 millones habían sido emitidos por el banco a 714 accionistas para la adquisición de las acciones del banco y que tales acciones eran dadas en prenda como garantía colateral para los créditos en cuestión”
Y luego, también sin citar nombres, da cuenta de cómo los accionistas encabezados por Cabal se hicieron de Banca Cremi:
“En 1993 un grupo de accionistas de este primer banco (Unión) adquirió un bloque de acciones de manos de un grupo que era propietario de otro banco (Cremi, de Raymundo Gómez Flores, que tampoco cita) a un precio que se aproximaba a los mil 600 millones de pesos Los productos de la venta se aplicaron en su mayor parte contra los saldos de créditos pendientes por mil 300 millones que los vendedores debían a ese banco en particular Más adelante la CNBV determinó que los créditos otorgados por diversos bancos los utilizaba el grupo adquirente para financiar la adquisición de las acciones del grupo”
Para el auditor, la decisión de modificar los criterios de restricción de créditos y ajustar el programa a términos más realistas para algunos de los bancos “fue la respuesta de las autoridades financieras al hecho de que el programa (de capitalización y compra de cartera) no fue instrumentado de manera eficiente y a que éste no solucionó el problema fundamental” En otras palabras, la mayoría de los bancos siguieron con niveles bajos de capitalización y reservas, y con activos en continuo deterioro
De hecho, el informe refiere que el programa tuvo resultados disparejos: para cinco de los 12 bancos el nivel de capitalización fue suficiente, pero para los siete restantes no, pues siguieron requiriendo reservas y capitales adicionales, “lo cual nos da como resultado que la efectividad de este programa fue limitada”
El nuevo engendro
En suma, iban ya tres programas y la banca no levantaba cabeza La amenaza de quiebra estaba latente: la crisis calaba hondo, el “efecto tequila” hacía estragos y los banqueros no hallaban capital nuevo por ningún lado Nació así un cuarto programa, el de Intervención y Saneamiento, “para salvar a los bancos de su liquidación”
Llegaron con él nuevas inyecciones de capital del gobierno a cambio de acciones del banco; venta de paquetes accionarios a bancos extranjeros o nacionales en mejor posición; fusiones; venta de sucursales en fin Fobaproa, por esa vía, se convirtió en el principal banquero del país A junio de 1998 estaban intervenidos 12 bancos: Anáhuac, Cremi, Oriente, Unión, Banpaís, Industrial, Confía, Capital, Interestatal, Obrero, Del Sureste y Pronorte
Durante las intervenciones, dice el auditor, la CNBV tomó el control de los bancos y suspendió los derechos de los accionistas, reemplazó a la administración existente en la institución y designó a un interventor-gerente Pero no deja de acotar Mackey que “la legalidad de Fobaproa de tomar posesión de los activos de las instituciones insolventes ha sido sujeta de un considerable escrutinio La manera en la que Fobaproa obtuvo las acciones de algunos bancos ha sido atacada como inconstitucional A la fecha, los tribunales no han dado su veredicto final a este respecto”
Además de esas intervenciones, prosigue el documento, hubo otras que no fueron reconocidas públicamente como tales Son las intervenciones de facto, como las aplicadas a Serfin, Inverlat y Bancrecer, cuyos administradores fueron reemplazados al tiempo que se iniciaban pláticas con terceros interesados en invertir o, de plano, comprar
Esas intervenciones de facto fueron para “evitar la percepción negativa de las repercusiones de intervenciones anteriores (por ejemplo, altos costos de liquidación, grandes pérdidas crediticias, pérdidas de los depósitos centrales, y unos costos de captación más altos)”
Este programa de saneamiento es el que ha salido más caro a la nación, según Mackey El costo fiscal estimado al 30 de junio de 1998 es de 337 mil 800 millones de pesos, pero el costo total, advierte el auditor, no puede precisarse aún: “será conocido cuando todos los activos remanentes, incluyendo los créditos, sean liquidados y (se realicen) las ventas pendientes”
Solución diferida
Por lo pronto, en un primer balance, Mackey sostiene que los programas del Fobaproa sólo han “diferido la solución del problema principal, que es la falta de capital en el sistema bancario”
Y esto incluye a los bancos no intervenidos Manifiesta el informe: “Los problemas comunes que se identificaron en los bancos no intervenidos fueron la falta de capital, reservas insuficientes para pérdidas por créditos, créditos a accionistas no recuperables y deficiencias administrativas De los 12 bancos no intervenidos, cuatro fueron vendidos (Bancen, Inverlat, Probursa y Mexicano), dos están en espera de ser vendidos (Atlántico y Promex), cuatro están operando en la actualidad (con los accionistas originales): Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, y dos permanecen con problemas importantes (Bancrecer y Serfin) Atlántico, Bancrecer, Promex y Serfin son sujetos de intervención de facto”
De acuerdo con el documento, la situación actual de los bancos acogidos por los programas del Fobaproa durante el período de crisis es, suponiendo que las fusiones propuestas se hagan bajo el IPAB: 11 bancos en operación, ocho en proceso de ser liquidados y cinco que han sido efectivamente fusionados
Por otra parte, los programas de apoyo a deudores —que también lo eran, en realidad, para los bancos, pues buscaban desacelerar los problemas de cartera vencida y aumentar el flujo de efectivo— tampoco beneficiaron gran cosa a las instituciones de crédito Con todo y su feria de siglas (UDI, Ade, Finape, Fopyme, Punto Final), dice, esos programas aumentaron los costos del Fobaproa, pues “pocos deudores pudieron pagar”
Y, en medio, el gobierno sale peor librado:
“Si la intención del gobierno era beneficiar a los deudores, como política social, lo hubieran hecho sin utilizar Fobaproa como el vehículo a un costo importante y hubieran proporcionado beneficios directos en efectivo a los deudores”
Desde la introducción de su informe, Mackey se queja de las limitaciones que tuvo para realizar su revisión y expresa sus dudas sobre el futuro del sistema bancario mexicano:
“Tuvimos acceso a los bancos formalmente intervenidos, pero las autoridades restringieron severamente nuestro acceso a los bancos intervenidos de facto Tales bancos representan una porción más grande del sistema (y los costos potenciales) que los bancos formalmente intervenidos Además, aunque identificamos algunos bancos intervenidos de facto, es posible que haya más bancos que sean pronto intervenidos del mismo modo”
En el mismo apartado, el auditor apunta:
Incluso en un México con un mejor entorno económico, muchos de los bancos seguirán significativamente subcapitalizados y sujetos a las presiones y riesgos que representan una cartera pobre, propiedad concentrada, administración inexperta y un marco regulatorio y de supervisión que no está preparado para dejar que fracasen los bancos insolventes o fuertemente subsidiados
Y advierte: “Hasta que el proceso de consolidación en el sector bancario se complete para que ayude a la inyección de capital nuevo y hasta que el riesgo del fracaso sea compartido tanto por el sector público como por el privado a través de un esquema funcional de seguros de depósitos, México seguirá enfrentando costos importantes para apoyar su sistema bancario”
Al final, en su evaluación del rescate, insiste:
“Al 30 de junio de 1999, el sistema bancario sigue estando significativamente subcapitalizado, y parte de este capital tiene una calidad cuestionable Las razones para esto incluyen la renuencia de los inversionistas para inyectar capital adicional al sistema bancario, con un marco legal que protege los derechos de los acreditados, sobre todo en un entorno en donde el no pago de deudas es aceptable”
En el futuro, Mackey avizora más rescates:
“Con la ausencia de crecimiento económico y, si continúan los niveles actuales de morosidad en créditos, existe una alta probabilidad de que se requiera mayor apoyo al sistema bancario y protección a los depositantes por parte del IPAB”