Medidas injustas, afrentosas y aun ilegales contra empresarios, asalariados, consumidores
Desesperado, y con el rechazo general, el gobierno de Zedillo busca sacar dinero a costa de lo que sea
Carlos Acosta Córdova y Agustín Vargas Medina
Asfixiado por una deuda interna que se ha triplicado en el sexenio —Fobaproa y altas tasas de interés, las causas— y en medio de la persistente caída de los ingresos petroleros, la desaceleración de la economía estadunidense, la reticencia de los capitales extranjeros a invertir en el país y el difícil acceso a los mercados de capitales, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo no encontró mejor fórmula para allegarse recursos que exprimir aún más los bolsillos de la población
Lejos del prometido consenso, y con el argumento de que “no había de otra”, impuso —pues, por ley, no requiere de la autorización del Congreso— alzas en los precios de las gasolinas y otros combustibles —15% a partir del sábado 14, más 1% mensual a partir de enero próximo, que darán un incremento superior a 30% al término de 1999—, en las tarifas eléctricas (13%), en el consumo de agua (14%) y en autopistas (15%)
Tan sólo por el ajuste en el precio de las gasolinas, el gobierno espera recaudar 18 mil millones de pesos adicionales
Como eso es poco para hacerle frente, entre otras cosas, a un pago de intereses de la deuda interna por casi 137 mil millones de pesos —es el gasto propuesto para 1999 en ese rubro; más del doble de lo presupuestado para este año—, el gobierno propuso al Congreso una política tributaria que pretende, como acusaron empresarios en la semana, “sacar dinero hasta por debajo de las piedras”
En efecto, con un nuevo impuesto de 15% sobre el servicio telefónico, un aumento embozado al Impuesto al Valor Agregado, el alza del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas, la persecución de quienes trabajan en la economía informal, las mayores cargas fiscales para los contribuyentes y el recrudecimiento de acciones intimidatorias del fisco, el gobierno buscará obtener los ingresos necesarios para financiar el programa económico de 1999
Apenas presentada ante la Cámara de Diputados, el viernes 13, la propuesta gubernamental de ingresos y gastos recibió el rechazo generalizado Gobernadores, partidos políticos, legisladores, la Iglesia, empresarios, contribuyentes, organizaciones sociales, instituciones académicas, se manifestaron con severidad en contra de una política que cancela cualquier expectativa de mejoría social
“Estoy totalmente convencido de que no es el mejor momento para aumentar impuestos ni para aplicar una política fiscal agresiva en contra de quienes producen”, dijo el gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Avila, el viernes 20, momentos antes de reunirse con el secretario de Hacienda, José Angel Gurría
En el mismo sentido se expresó el gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, aunque confió en que el Poder Legislativo sea el que diga la última palabra Por lo pronto, Monreal Avila augura: “Creo que no va a pasar así” la propuesta económica del gobierno
Ante el rechazo generalizado, Gurría tuvo una semana agitada: debió cabildear, él y sus tres subsecretarios —Martín Werner, de Hacienda; Tomás Ruiz, de Ingresos, y Santiago Levy, de Egresos—, para convencer sobre las bondades de su programa económico En efecto, juntos o por separado, se reunieron con gobernadores, legisladores, empresarios y líderes del PRI, para solicitarles su apoyo al programa económico
Pero nada bien les fue A Gurría lo increparon representantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) El propio líder nacional de esta última, Leonardo Rodrígez Alcaine, le dijo que las políticas oficiales, en particular la salarial, eran “una verdadera afrenta ante el sacrificio que han hecho millones de trabajadores” A Martín Werner, diputados de oposición le demandaron su renuncia y le exigieron pedir perdón “a la sociedad”, lo mismo por haber firmado los pagarés del Fobaproa que por anunciar, entre carcajada y carcajada, la liberación del precio de la tortilla y la reestructuración de la política de subsidios; a Tomás Ruiz le hicieron el feo diputados del PAN y del PRD, que abandonaron la reunión en la que detallaba la política recaudatoria
En todos los casos, en todos los foros, el secretario de Hacienda no bajó un ápice su defensa de las propuestas gubernamentales Las medidas que se tomaron, y las que se proponen al Legislativo, dijo, “son las correctas, porque es lo que hay que hacer” Además, reiteró, las decisiones que se tomaron “no son para ganar popularidad” Confió en que con el programa económico de 1999 “vamos a tener un año tranquilo, sin crisis” Y aventuró: “En el 2000 vamos a tener un cambio de gobierno tranquilo, sin crisis y con crecimiento”
En suma, lejos estuvo de preocuparse por las protestas, airadas las más, contra su política económica: “Los mexicanos se darán cuenta de por qué fue necesario en ’98 tomar decisiones difíciles”
La desesperación
Al fuerte incremento en el precio de los combustibles —la gasolina Magna pasó de 366 pesos por litro a 421 pesos; el diesel, de 288 a 332 pesos—, que de inmediato produjo una cascada de incrementos en el transporte y en los precios finales de muchos productos, la población deberá sumar una serie de medidas tributarias, respecto de las cuales deberá decidir el Congreso, que demuestran la desesperación del gobierno por obtener recursos
Ante la dificultad que advirtió el gobierno, sobre todo en el terreno político, para modificar el IVA —la propuesta original era incrementar la tasa a 18%, o bien dejarla en el 15% actual, pero eliminar exenciones y la tasa cero—, optó por proponer un impuesto especial para el servicio telefónico, en todos sus niveles, y un impuesto al consumo en todas las entidades federativas
En el primer caso, se trata de gravar con 15% el servicio telefónico en casas y empresas, así como en la telefonía celular Como ese 15% es sobre el IVA, resulta que a fin de cuentas la carga adicional sería de 175%, pues al impuesto especial se le cobra el IVA En total, por IVA y el nuevo impuesto, el consumidor tendría una carga impositiva superior a 30% por usar su teléfono
Con todo y que la Secretaría de Hacienda argumentó que ese impuesto se propuso porque “no vulnera la economía de los mexicanos más desprotegidos” —los más pobres no tienen teléfono, pues—, de inmediato recibió el rechazo generalizado La propia Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática hizo pública su protesta en desplegados en casi todos los periódicos La propuesta, dijo, “afecta en forma inmediata el acceso de las clases populares a los servicios básicos de telecomunicaciones” Lo peor, empero, es que “esa medida pone en riesgo la inversión nacional y extranjera y envía una señal negativa a los mercados de capitales mundiales”
En lo particular, las empresas telefónicas también expusieron su rechazo Telmex sostuvo que el nuevo impuesto tendrá un impacto negativo en el volumen y el tráfico de llamadas, lo que repercutirá en una disminución de las utilidades Otras telefónicas coincidieron públicamente en que la medida afectará los proyectos de inversión, castigará el consumo y hará imposible alcanzar las metas de cobertura telefónica
Por el nuevo impuesto telefónico, el gobierno espera recaudar poco más de 11 mil millones de pesos, según la propuesta de ingresos del gobierno federal Esa cantidad, sumada a los 18 mil millones que se espera recaudar por el incremento en los combustibles, es apenas superior a los 25 mil millones que el Ejecutivo tiene previsto —según el proyecto de gasto público— para financiar la deuda generada por el rescate bancario
Una carga más para todos los consumidores es la propuesta de Hacienda de permitir a todos los gobiernos estatales, incluido el del Distrito Federal, el establecimiento de un impuesto local al consumo, adicional al IVA, que es federal, y que podría ser hasta de 2% Es un impuesto directo al consumo que no puede acreditarse contra otro impuesto
En cuanto se conoció la propuesta, fue calificada como una hábil maniobra de Hacienda para camuflar un incremento al IVA, pues dejar en manos de los gobiernos estatales la determinación de ese impuesto le evita cargar con los costos políticos, ya conocidos, de otra alza al IVA El problema, entonces, se transfiere a los gobierno locales que, en medio de su recurrente reclamo de recursos, tendrán que decidir, de aprobarse la propuesta, si asumen el costo político
De entrada, los gobiernos del Distrito Federal y de Guanajuato anunciaron que no establecerán ese impuesto El secretario de Finanzas de Cuahtémoc Cárdenas, Antonio Ortiz Salinas, dijo que “el gobierno de la ciudad no va a imponer este gravamen, porque considera que la población ya está muy afectada por la política macroeconómica que se ha seguido”
El terrorismo
Con otras modificaciones al sistema impositivo, el gobierno pretende obtener aún más dinero Por ejemplo, las empresas con ingresos anuales menores de 10 millones de pesos no pagan el 2% del Impuesto al Activo Hacienda propone eliminar el estímulo y hacer que todas paguen
Y otra: Con el propósito de promover las inversiones, Hacienda propone reducir la tasa del Impuesto Sobre la Renta de las empresas, de 34% actual a 30%, en caso de que reinviertan utilidades; si no es el caso, la tasa aplicable será entonces de 35%, un punto porcentual arriba de la tasa vigente Adicionalmente, se cobraría un impuesto de 5% cuando las utilidades que se distribuyen “provienen de la cuenta de utilidad neta reinvertida Cuando no provengan, el impuesto del dividendo es de 35%”
Es decir, explica el contador público Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey y coordinador de la Consulta Nacional sobre la Reforma Fiscal Integral, “por la manera en que se presentó la modificación, una empresa que no reinvierta pagará un ISR de 75% sobre la utilidad obtenida”
Precisa: “Cuando la persona moral opta por no reinvertir las utilidades, paga ISR a la tasa de 35% Asimismo, cuando se distribuyen dichas utilidades, como no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, ni de la cuenta de utilidad fiscal neta (por no sumarse a esta cuenta el resultado del ejercicio a partir de 1999), el ISR sobre dividendos es la tasa de 35%, y si a ello se suma además la retención de 5% sobre dividendos a personas físicas, resulta que se estará pagando 75% sobre las utilidades”
La reducción de 34% a 30% en el ISR de las empresas que reinviertan utilidades tampoco fue vista con optimismo por los especialistas Un estudio de Oxford Economic Forecasting —una de las empresas de consultoría económica más influyentes en el país, cuya filial en México es el Centro de Análisis y Proyecciones Económicas (CAPEM)— revela que la reducción del ISR para las empresas podría tener un efecto totalmente contrario al deseado:
Al castigar el consumo de la población con la infinidad de aumentos de precios y el retroceso del poder de compra, las compañías corren el riesgo de llenarse de inventarios y paralizar la producción en determinado tiempo
Para las grandes empresas también hay dedicatoria Hacienda propone eliminar la deducción inmediata, al 100%, de las inversiones nuevas, beneficio que hoy incentiva la productividad y las ventas Según Hacienda, el propósito de eliminar la deducción inmediata es porque de ella sólo se benefician 400 grandes empresas, que concentran 70% de ese estímulo fiscal
Polémico será, sin duda, el aumento de las tasas del ISR a personas físicas de mayores ingresos: de 35% actual a 375% para quienes ganen entre 15 y 2 millones de pesos, y a 40% para quienes tengan ingresos superiores a 2 millones de pesos al año
Una medida destinada a las grandes empresas es la imposición de límites al beneficio de la consolidación, instrumento que permite posponer en ocasiones de manera indefinida el pago del ISR, pues en la actualidad se da ese trato a los grupos empresariales que pagan impuestos como si fueran una sola unidad económica, lo cual les permite que las pérdidas fiscales se amorticen anticipadamente contra las utilidades fiscales de otras empresas del grupo
La propuesta de Hacienda es limitar la consolidación a 50% únicamente, lo que significaría que las empresas de un grupo por lo menos harán un pago mínimo de impuestos por la otra mitad de las utilidades que no se consoliden
Según la diputada perredista Dolores Padierna —en la reunión del miércoles 18 con el subsecretario Tomás Ruiz—, el fisco ha beneficiado a unas 300 empresas que eluden el pago del ISR mediante esos artificios Entre ellas, de acuerdo con la información de la legisladora, se encuentran Cifra, Alfa, Cemex, Carso, Vitro, Cintra, Bimbo, Celanese, Casa, Tubacero, Maseca, Bachoco, Estrella Blanca, Sidek, Sears, Situr y Minsa
Hay más En un regreso a los ánimos intimidatorios de Pedro Aspe y Francisco Gil Díaz en el sexenio pasado —secretario de Hacienda y subsecretario de Ingresos, respectivamente—, el gobierno propone ahora considerar como delito grave la defraudación fiscal Equiparable, pues, a los delitos de violación, asesinato y traición a la patria Quien incurra en la defraudación fiscal tiene asegurada la cárcel: no alcanza fianza
“Está bien como fórmula contra quienes tienen por deporte burlarse sistemáticamente del fisco”, dice el contador Miguel Eduardo Jaimes, asesor fiscal de la Coparmex y miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal El problema es, dice, que van a faltar cárceles, pues Hacienda impone límites muy bajos para penalizar Explica: “Cuando hay dolo, o se hace una maquinación para evadir el pago de un impuesto, Hacienda propone que basta un adeudo de 500 mil pesos —por esas vías— para imponer al contribuyente la pena por delito grave A ese monto se puede llegar muy rápido: basta que el contribuyente haya dejado de pagar impuestos por 100 mil pesos, pero si a esa cantidad se le suman recargos, multas y actualizaciones, su adeudo, en dos años, llega a los 500 mil Y 100 mil pesos, a nivel empresarial, son nada: hasta un mero error contable puede inducir al monto que señala Hacienda”
En caso de que no haya dolo, el castigo viene cuando el monto de lo defraudado —impuesto no pagado, más recargos, actualizaciones y multas— alcance el millón y medio de pesos
Permanente dolor de cabeza de secretarios de Hacienda ha sido la economía informal Año tras año se instrumentan medidas —infructuosas siempre— para hacer que paguen impuestos quienes trabajan en ella, que son cerca de 18 millones de personas, según la Concamin No hay excepción ahora Este año Hacienda propone —amenaza— embargar precautoriamente las mercancías de quienes no estén registrados ante el fisco o no acrediten la legítima propiedad de las mismas
También propone sancionar con tres meses a seis años de prisión a quienes reproduzcan sin la autorización correspondiente comprobantes fiscales, y desplegar a todo un ejército de supervisores para que verifiquen fuera de los más de 16 millones de establecimientos comerciales que hay en país —desde estanquillos hasta grandes almacenes— si el cliente exigió el comprobante fiscal de sus compras Si no lo obtuvo, podrá ser sancionado con una multa que va de los 50 a los 300 pesos
Esa medida, además de ser inconstitucional porque ningún ciudadano puede ser molestado ni en su persona ni en sus bienes, salvo que medie una orden judicial expresa, es inoperante, indica el estudio de la consultoría Oxford Economic
Para no dejar resquicios, el fisco inclusive la emprende contra los contadores públicos que hacen auditorías a las empresas Si el contador que revisa la contabilidad de la empresa no aplica correctamente las normas y procedimientos de auditoría, será “responsable solidario” por los impuestos que no pague su cliente
Eduardo Alós Salas, presidente del Instituto Mexicano de Administración Tributaria, que concentra a varios grupos académicos y especialistas fiscales, luego de revisar todo el paquete fiscal propuesto por el gobierno, señala en entrevista que “la angustia de las autoridades por recaudar es muy grande” Con pesimismo, dice que las medidas propuestas están lejos de generar confianza en los contribuyentes
“Generar confianza —afirma— no es poner a una persona afuera de los comercios para detectar a los consumidores que no piden su nota de compra Generar confianza es mover las fuerzas sociales, inculcar la educación fiscal, tener una legislación tributaria justa, equitativa y proporcional con la capacidad de ingresos de las personas, como marca nuestra Constitución Política Eso no lo veo por ningún lado”
En esta materia, recalca, no salen bien “porque la tributación y las finanzas públicas requieren de un manejo artístico Quien conduzca el sistema tributario debe ser como el torero, que se ha preparado toda su vida para torear No es gente que se pueda improvisar”
“Faltó tiempo”
Desde su campaña para la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo propuso impulsar una reforma fiscal integral A lo largo del sexenio, cada año, se dijo que en ese periodo sí se haría realidad Este año, inclusive, hubo al respecto toda una consulta nacional Se presentaron múltiples propuestas para fortalecer las finanzas públicas y, en particular, los ingresos tributarios Sin embargo, de nada hizo caso el gobierno
El propio secretario de Hacienda admitió que “faltó tiempo” para analizar con los sectores las medidas fiscales, pues legisladores y los funcionarios de Hacienda se mantuvieron ocupados, todo el año, en el asunto del Fobaproa, que sigue sin resolverse
Lo dijo así: “El Fobaproa consumió la mayor parte del tiempo de los legisladores y del propio gobierno Esto (la reforma fiscal integral) hubiera requerido consensos muy cuidadosos con los distintos partidos políticos, con los sindicatos, con las cámaras (empresariales); en fin, se optó por esos dos tipos de impuestos, el de la gasolina y el del servicio telefónico”
A falta de consenso, entonces, la decisión vertical: nuevos impuestos, más cargas en los existentes, y alzas en precios y tarifas del sector público, que se suman a reducciones del gasto público en renglones sociales —sobre todo, una readecuación de los subsidios—, las cuales impactarán a sectores populares
“No había de otra”, sentenció el secretario Además, dijo que al tomar esas medidas “no se actuó para ganar popularidad, sino para garantizar la transición política en el 2000, sin crisis, sin sobresaltos”
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