Sobre retrasos educativos y el tiempo del ciudadano
Señores:
En Proceso 1132 me referí a la problemática del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina (Crefal), inmerso en un proceso de confiscación patrimonialista de su función pública en favor de los intereses creados de un grupo que se forma paulatinamente, desde el inicio de cada administración, en torno de la dirección general entrante
Pues bien, considero que no es otra la explicación del “retraso en la reforma de los modelos de educación de adultos” —dos años y medio con respecto al Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000— que menciona el doctor Pablo Latapí en su artículo de Proceso 1147 (Por un “ombudsman” que vea el reloj)
En efecto, tanto en el INEA —responsable de esa reforma— como en el Crefal, aparte del desprecio por el tiempo del ciudadano, no hay un sentido de responsabilidad ante la función pública, y los grupos burocráticos que dominan no conciben el progreso institucional a largo plazo, pues sus miembros se circunscriben en el sentido de pertenencia a dichos grupos y no a la colectividad
Así, por ejemplo, el material didáctico para alfabetización que el INEA acaba de editar (¡en un tiraje de 300 mil ejemplares!) significa un retroceso —técnica y empíricamente demostrable— con respecto al que elaboraba en 1995 ¿Cómo explicarlo? Porque hubo un cambio de administración Proseguir el trabajo técnico-didáctico de la administración precedente es, cualquiera que sea su legado, impensable, porque significaría zaherir el narcisismo del grupo que llega La lucha de egos es primordial El ciudadano puede esperar
Esta conclusión es dura pero no dolosa Tampoco es una diatriba contra una determinada administración de INEA y en favor de otra Hay ejemplos anteriores al de hoy La propia administración de 1995 cortó con lujo de estulticia el desarrollo de un modelo de educación primaria respaldado en varios años de maduración y seis meses de trabajo efectivo Aunque esa administración había ya reconocido los avances, quien tenía la decisión técnico-institucional nunca justificó la decisión ni pensó que debía justificarla, como en una burocracia virreinal
A pesar de que en las instancias superiores se resaltaron las incongruencias, no se rectificó, y aunque los diseñadores del modelo, contratados ex profeso, advirtieron que se estaba incurriendo en un retraso —calculado entonces en alrededor de diez años—, fueron escuchados con indolencia
El dispendio de fondos implicado tampoco hizo cavilar a nadie sobre la pertinencia de la decisión y se recomenzó de cero
En suma, pues, el problema es recurrente Y recurre porque es cultural Así, como sugiere Pablo Latapí, quizás un ombudsman que cuide el tiempo y el bolsillo del ciudadano sea una vía de solución (Carta resumida)
Atentamente
Oscar Zires
Exinvestigador de Crefal
 |
 |
 |
 |
 |
