Exlíderes del 68 acusan de genocidio a militares y civiles
En la denuncia ante la PGR, testimonios y evidencias de los preparativos y las acciones de comando en Tlatelolco
Antonio Jáquez
La represión del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco fue un acto “planeado, dirigido, coordinado y ejecutado” por funcionarios civiles y militares de alto rango, según denuncia presentada en la Procuraduría General de la República por líderes estudiantiles del 68, en la que se pide abrir la averiguación correspondiente y castigar a los responsables
En la lista de acusados sobresalen:
El entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz; el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez; el secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán; el jefe del Departamento del Distrito Federal, general Alfonso Corona del Rosal, y el titular de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios
En la denuncia —suscrita por Raúl Alvarez Garín, Roberto Escudero y Roberto Vázquez Camarena, ente otros— se acusa centralmente al Ejército Mexicano de reprimir a los manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas:
“La presencia del Ejército no se puede explicar en Tlatelolco sin la intención de masacrar a los participantes del acto”, señala el texto, en el que aparecen también como demandantes Félix Lucio Hernández Gamundi, César Tirado y José Piñeiro Guzmán
En el capítulo de “Hechos”, recuerdan que varios —como Alvarez Garín y Hernández Gamundi, representantes del Consejo Nacional de Huelga— recibieron “injustas sentencias que tanto el juez del fuero federal como los jueces del fuero común dictaron en contra nuestra”, violando garantías constitucionales al no observar las formalidades elementales del procedimiento
Y señalan: “Durante el desarrollo de esos acontecimientos y aun después de concluido el movimiento estudiantil popular, el gobierno federal actuó como si hubiese un Estado de excepción en el país, suspendiendo de facto las garantías individuales, disolviendo violentamente con el uso de la fuerza pública las reuniones para hacer peticiones o para protestar por actos de las autoridades, y todos quienes fuimos aprehendidos, sin que se hubiesen girado las órdenes de aprehensión o detención por las autoridades judiciales como consecuencia de denuncia, acusación o querella, fuimos también procesados y encarcelados en franca violación a nuestras garantías individuales”
Puntualizan que los funcionarios del gobierno federal en 1968 violaron reiteradamente derechos fundamentales: la libertad de expresión, el derecho de petición, las libertades de reunión y asociación, la libertad de tránsito, el derecho al respeto a la integridad personal y a la inviolabilidad del domicilio, además del derecho “a que se nos administrara justicia”
Aseguran que “la utilización del Ejército en diversas acciones, aun las reservadas a la Policía Judicial y al Ministerio Público Federal, deteniendo e interrogando a cientos de personas en el Campo Militar Número Uno, se hizo con abierta violación a los artículos 21 y 129 de la Constitución Política, como culminación de la represión sangrienta a los manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas”
Ese 2 de octubre, “hubo un número considerable de muertos y heridos entre los manifestantes () lo cual nos lleva a concluir que entre otros delitos de lesa humanidad se configuró el delito de genocidio”
Mencionan enseguida los nombres de personas de las que “fue posible obtener información fidedigna de su muerte”, tales como Agustina Matus de Campos, Antonio Solórzano García, Guillermo Rivera Torres, Reynaldo Monsalvo Soto, Ana María Teuscher Kruger, Jorge Ramírez Gómez, María Maximiana Mendoza, Cecilio León Torres, y se refieren a “muchos más cuyos nombres se desconocen”
Los demandantes —representados entre otros abogados por Luis Javier Garrido y Emilio Krieger, quien en el 68 destacó como defensor de los líderes procesados— afirman que las acciones para determinar la responsabilidad y el castigo a los culpables del genocidio no han prescrito, conforme al Código Penal y a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, suscrita por México en 1948
Por lo tanto, dicen, “venimos a presentar formal denuncia penal por el delito de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad en contra de las siguientes personas”:
Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez, Marcelino García Barragán, Fernando Gutiérrez Barrios; Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial; Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal; Julio Sánchez Vargas, procurador general de la República, y Gilberto Suárez Torres, procurador general de Justicia del Distrito Federal
Son también acusados los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero, jefe y subjefe de la Policía del DF, respectivamente; el general Crisóforo Mazón Pineda, “comandante de la Operación Tlatelolco”; el general José Hernández Toledo, “subcomandante de la misma operación”; el coronel Ernesto Gómez Tagle, comandante del Batallón Olimpia, y Miguel Nassar Haro, comandante de la Dirección Federal de Seguridad
Asientan que la represión del mitin del 2 de octubre fue “un acto de autoridad y un acto de gobierno atribuible al titular del Poder Ejecutivo Federal y a sus colaboradores señalados, que fue cometido por gobernantes en ejercicio de sus funciones, con el propósito de destruir a un grupo nacional, en este caso el estudiantado, en el que se perpetraron delitos contra la vida y ataques a la integridad corporal a los miembros de la comunidad estudiantil”
Que hayan transcurrido 30 años “desde que se cometió ese crimen, no tiene importancia, y los sobrevivientes tenemos el derecho de solicitar al Ministerio Público Federal que, dentro de sus atribuciones, inicie ante los tribunales la persecución de todos los delitos de orden federal”
En consecuencia, advierten los acusadores, al Ministerio Público “le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; y pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine”
Por lo que se refiere a Gustavo Díaz Ordaz, piden que se le condene aunque haya muerto:
“En el caso del expresidente Díaz Ordaz, la extinción de responsabilidad por muerte debe ser rechazada en razón de la culpabilidad real, histórica y moral; pero también jurídica, por la comisión de delitos graves del orden común y exigir una condena de desprestigio a su fama pública”
Los tres cercos
La denuncia argumenta la responsabilidad del Ejército en la masacre
Todos los actos convocados por el Consejo Nacional de Huelga a lo largo del movimiento “fueron pacíficos y realizados en un ambiente de responsabilidad y orden Durante meses, cientos de brigadas actuaron en toda la ciudad y nunca se presentaron incidentes violentos Está claro que si el Ejército no se hubiera presentado en Tlatelolco, el mitin del 2 de octubre habría concluido pacíficamente”
La presencia del Ejército “no se puede explicar en Tlatelolco sin la intención de masacrar a los participantes del acto, por las razones siguientes”:
—Si el gobierno no quería permitir más actos públicos, debió anunciarlo previamente difundiendo las razones que justificaran tal medida Sin embargo, procedió violentamente en contra de gente pacífica
—Cuando se presentaron las tropas, tampoco anunciaron su intención de disolver el mitin, como en la ocasión del 27 de agosto en el Zócalo, en que los mandos del Ejército hablaron por magnavoces pidiéndole a la gente que se retirara pacíficamente y anunciando que si en cierto plazo no lo hacía, actuarían con la fuerza En Tlatelolco, sin previo aviso, el Ejército agredió ferozmente a los asistentes al mitin, con un saldo trágico de muertos y heridos aún no cuantificados con precisión
—Desde el primer momento, el Ejército ocupó la Plaza, y los edificios cercanos, en pocos minutos, lo que demuestra que no hubo resistencia a su avance y toma de posiciones
Como parte de este punto, condensan así el operativo:
“Los primeros disparos partieron de miembros del Batallón Olimpia apostados en los corredores y pasillos del Edificio Chihuahua, e inmediatamente comenzaron a funcionar cientos de armas automáticas; los soldados tiraban contra la gente reunida en la Plaza y contra los edificios en donde había personas asomadas en las ventanas Mujeres de distintas edades, jóvenes y ancianos fueron asesinados con bayonetas, y evidentemente no eran guerrilleros, sino personas inermes que no pudieron huir a tiempo”
Luego desarrollan una de las evidencias esenciales:
—El mitin fue cercado en forma triple por soldados y policías El primer cerco fue en torno del Edificio Chihuahua, por miembros del Batallón Olimpia vestidos de civil, para capturar a los dirigentes del CNH; el segundo, formado por la tropa y los tanques en torno de la plaza para rodear a la multitud y acorralarla; y el tercero, en torno de la unidad habitacional para bloquear toda posible salida y capturar a los escasos grupos que lograran evadir los dos primeros cercos
La existencia de esos cercos “queda demostrada con los miles de personas que fueron detenidas ese día En las distintas cárceles de la ciudad fueron recluidas más de 2,000 personas, y otras, que estuvieron detenidas temporalmente en la Plaza para ser liberadas horas después, hacen pensar que la cifra aumentó a 5,000 o 6,000 personas, calculadas conservadoramente”
Citan los nombres de decenas de personas a las que se les siguió proceso penal, entre ellas Roberta Avendaño Martínez (la famosa Tita, delegada de la Facultad de Leyes ante el CNH), Heberto Castillo, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla, Eduardo Valle Espinoza (el Búho)
Aportan datos que “dan una idea de la magnitud de las fuerzas de seguridad desplegadas para reprimir el mitin y masacrar a sus asistentes, no para dispersarlos”:
“Ninguno de los compañeros que estaba en el tercer piso vio que el Ejército avanzaba hacia la tribuna; la multitud en la Plaza se dirigía hacia el edificio Chihuahua, pero frenó de golpe al encontrar las bayonetas, y repelida por los disparos retrocedió de inmediato Parecía una ola humana avanzando hacia el extremo opuesto a la Plaza; ahí también estaba ya el Ejército”
El tercer piso —en el que se encontraban los oradores del mitin— ya estaba tomado por el Batallón Olimpia “Aún sin entender por qué corría y de golpe retrocedía aquella multitud incontrolable, los últimos compañeros que estaban junto al micrófono voltearon y encontraron los cañones de las metralletas”
El barandal también fue ocupado por el Batallón Olimpia A los detenidos, con las manos en alto y de cara a la pared, se les prohibió estrictamente voltear hacia la Plaza; “al menor movimiento recibían un culatazo en la cabeza o en las costillas”
Cerrada la trampa, “se inició el asesinato colectivo”
—La responsabilidad castrense en el operativo se demuestra también por el hecho de que el Batallón Olimpia estuvo integrado por soldados y oficiales escogidos entre diferentes cuerpos del Ejército En Tlatelolco, actuaron como cuerpo especial de élite, presumiblemente coordinados por agentes de la Policía Judicial Federal, Servicio Secreto del DF y soldados y oficiales de Guardias Presidenciales
Las fuerzas reunidas “actuaron como comandos” y se apoderaron del edificio Chihuahua, deteniendo a los miembros del CNH que ahí se encontraban; además, “hicieron los primeros disparos contra la multitud y la tropa y finalmente seleccionaron a los detenidos para formar un grupo de especiales en el que se encontraban los miembros del CNH, periodistas extranjeros y, en general, cualquier persona que les pareciera sospechosa”
Más tarde, “cuando los miembros del Consejo que fuimos testigos presenciales de cómo el Batallón Olimpia disparó primero sobre hombres, mujeres y niños desarmados, y posteriormente sobre la tropa que estrechaba el cerco, lo quisimos hacer constar ante el Ministerio Público, pero se impidió a toda costa que esa afirmación fuera asentada en el acta”
Preparativos del ataque
El carácter deliberado del golpe decisivo contra el movimiento se advierte en otros datos:
Días antes del 2 de octubre fue desocupado completamente el dormitorio 4 de la cárcel de Santa Martha Acatitla, “con el propósito de dar cabida a los cientos de detenidos que se esperaban Lo mismo sucedió en la prisión del Campo Militar Número 1, en donde se desalojaron varias ‘cuadras’ esperando a los detenidos A Santa Martha fueron conducidas más de 700 personas, y a la prisión militar más de 800”
Los miembros del Batallón Olimpia y los agentes embozados llevaban un cartel impreso con las fotografías de los dirigentes del CNH que debían encarcelar
Resumen:
La forma sorpresiva en que actuó el Ejército, la participación de cuerpos de choque como el Batallón Olimpia, la presencia de cuerpos policiacos y militares, el gran número de muertos y heridos, el elevado número de detenidos, el inmediato control policiaco de los hospitales civiles, la rapidez con la que funcionó la censura política, la celeridad con la que actuaron las procuradurías y la coordinación extraordinaria que mostraron todas las dependencias gubernamentales, “demuestran que el gobierno tenía preparado el golpe definitivo contra el movimiento”
La denuncia —presentada el viernes 2, unas horas antes del mitin conmemorativo en la Plaza de las Tres Culturas, que empezó con un discurso de Alvarez Garín— concluye:
“La masacre del 2 de octubre fue un acto planeado fría y cruelmente por funcionarios gubernamentales especializados La responsabilidad completa de lo ocurrido recae directa y únicamente en las más altas autoridades del país de esa época como ejecutores del genocidio”
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