“El Fobaproa es la expresión de los contubernios y de la ilegalidad”

“El Fobaproa es la expresión de los contubernios y de la ilegalidad”
Abiertas, las vías fiscal, penal y política para esclarecer el origen de los fondos del PRI: exconsejeros ciudadanos
Antonio Jáquez
Presumidas en su momento como las “más limpias” en la historia de México, las elecciones de 1994 que llevaron a Ernesto Zedillo a la Presidencia empiezan a mostrar cuatro años después su lado oscuro: las aportaciones a la campaña priísta por empresarios y entidades ligadas al aparato de poder
Y es que mientras los reflectores estaban encima del padrón, al ser considerado el rubro más sospechoso de la organización electoral, fluía libremente un río subterráneo de recursos hacia la campaña de Zedillo, proveniente de fuentes que empiezan a identificarse por la vía inesperada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y de pesquisas judiciales
De ahí la demanda creciente de que se reabra el expediente de la campaña priísta de 1994
Esos comicios son cosa juzgada desde el punto de vista electoral, pero no desde otros ámbitos, coinciden en señalar Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti, exconsejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral
Creel: “No puede cerrarse un expediente en el que afloran situaciones graves, sobre todo ahora cuando se intenta cubrir los quebrantos de los bancos y de las empresas que apoyaron al PRI con fondos del contribuyente; esto no se vale y es ahí donde se llega al límite de los límites”
Ortiz Pinchetti: “No se pueden atacar jurídicamente las resoluciones del consejo general del IFE que validaron las elecciones, pero quedan pendientes las pesquisas fiscal, penal y política, para que se esclarezca el origen de los fondos del PRI Una pequeña muestra es lo que se logró descubrir, como una plumita del gran pájaro, en las cajas de Tabasco”
Hace cuatro años, para el cierre de campaña de Ernesto Zedillo, el 7 de agosto de 1994 en Mérida, el PRI de Tabasco rentó 116 camiones Su costo: 404,000 nuevos pesos El pago a 14 empresas transportistas se hizo el 24 de agosto El 17 de agosto, cuatro días antes de las elecciones federales, el CDE del PRI giró el cheque 964091, por 500,000 nuevos pesos, por concepto de “proceso electoral” La póliza no registra quién recibió el cheque
En documentos originales de la Secretaría de Finanzas del PRI tabasqueño (exhibidas el 9 de junio de 1995 por el hoy dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador) quedaron pruebas de la compra de votos, acarreos, publicidad local y nacional, hospedajes, alimentos, compra de dirigentes y candidatos de oposición, pagos a supuestos organismos no gubernamentales, observación electoral y conteos de salida, renta de celulares, equipo de cómputo, boletos de avión, guardias de seguridad, pagos a sacerdotes evangélicos y católicos (Proceso 971)
El actual secretario ejecutivo del IFE, Fernando Zertuche (también exconsejero ciudadano), coincide: “Para la institución es cosa juzgada, como lo dijo el maestro José Woldenberg (actual consejero presidente del IFE) pero eso no significa que no haya otros caminos a los que pueden acudir los afectados por ese exceso en la entrega de recursos”
Las lagunas legales
“Tal vez haya algo de cierto en que no fueron equitativas” las elecciones de 1994, debido a las diferencias en el financiamiento de las campañas y en el acceso a los medios de comunicación, reconoció Zedillo en enero de 1996, en Londres, en una reunión con académicos en el Instituto Real de Asuntos Internacionales
En esa misma ocasión el presidente dijo que las elecciones fueron legales pero injustas, mas no entró en detalles Antes, en Barranca del Cobre —en lo que sería su última rueda de prensa—, Zedillo habló del donativo por 8 millones de dólares que hizo Gerardo de Prevoisin, que en esos días de agosto de 1995 reveló The New York Times:
“El donativo fue al PRI, no fue, como lo ha aclarado el propio partido, un donativo a la campaña presidencial En la aclaración del PRI dice que de ninguna manera el señor De Prevoisin dio ese monto de recursos al partido, y que además, no fue una donación única de él, sino que encabezaba a un grupo de personas”
Los datos duros llegaron hace unas semanas, procedentes de Europa: la declaración judicial de De Prevoisin en Niza, Francia, en la que confiesa que como director de Aeroméxico desvió 8 millones de dólares de la empresa para la campaña de Zedillo
“Para nosotros era un tema importante —el de los donativos a los partidos—, pero nuestra limitación mayor estaba en la pobreza del régimen legal”, cuenta Ortiz Pinchetti en entrevista, y recuerda que ya se habían hecho las reformas cuando “nosotros entramos de consejeros, nuestro nombramiento es producto de una reforma de la ley”
Puntualiza que esa reforma fue negociada por el gobierno y los partidos de oposición “en condiciones de premura Y el gobierno no quiso ceder en ese renglón Como había algunos avances importantes, los partidos de oposición no insistieron en la necesidad de controlar los gastos de las campañas y las aportaciones”
—¿Ninguno de los partidos de oposición pidió un mayor control?
—Que yo recuerde, no hubo ninguna propuesta específica para que se establecieran lineamientos más rigurosos de los que se determinaron en febrero de 94 por el antiguo Consejo Nosotros no sólo llegamos acotados por una ley imperfecta, sino por disposiciones reglamentarias que había dado el Consejo anterior, que estaba totalmente dominado por la estructura oficial
El caso es que, entre abril y agosto de 94, fue evidente el derroche de recursos en la campaña de Zedillo, —lo mismo en los actos de masas que en la propaganda en los medios electrónicos—, sin que se diera explicación creíble sobre el origen del financiamiento
En su libro Reflexiones privadas, testimonios públicos, Ortiz Pinchetti apunta que ante la debilidad de la candidatura de Zedillo — dado su carácter de relevo y la “figura gris” del personaje—, el presidente Carlos Salinas se enfrentó al reto de salvar la elección “y hacer ganar al PRI a como diera lugar”
La vigilancia de los comicios, impedía organizar una caída del sistema como en 1988 o un fraude cibernético “como los que se ensayaron en Uruapan y en el Estado de México unos años antes; la única forma de ganar era ‘comprando la elección’, es decir, hacer una inversión tan cuantiosa en obra pública, una derrama de recursos a los sectores más necesitados, que volcara el voto real suficiente para garantizar” el triunfo
Agrega:
De ahí la resistencia del PRI a no aceptar ninguna restricción legal en materia de gastos de campaña o en el uso y abuso de medios electrónicos Era necesaria la realización de una campaña de dimensión colosal que superara todos los precedentes Así empezaron a circular, en todo el país, apoyos financieros, técnicos; un enorme caudal, un río de dinero para consolidar la base electoral del PRI muy dañada por la inconformidad
Y pregunta:
¿De dónde venían estos recursos? ¿Adónde iban? ¿Quiénes eran los magnates que colaboraban con el Estado mexicano en esta inversión? Y la gran pregunta: ¿Qué efectos tendría tal dispendio en la estructura financiera, en la economía del país y en la viabilidad del proyecto de Carlos Salinas?
En la entrevista dice que hasta hoy “tenemos algunos elementos para empezar a responder esas preguntas En el 94 vivimos un proceso alambicado y complejo, en el que se perdió un tiempo enorme y precioso en la revisión del padrón, que finalmente estaba correcto, tan correcto que los partidos de oposición y particularmente el PRD lo han utilizado para sus propios procesos, de modo que nos desviamos en esta tarea”
Se llegó al extremo —por la obstinación del representante perredista Samuel del Villar— de debatir por televisión acerca del padrón En su libro, el entrevistado señala:
Samuel estaba equivocado y desvió a todos Nos obligó a emplearnos a fondo en una causa perdida Los aspectos verdaderamente oscuros del proceso estaban en las condiciones injustas, inequitativas en que se daba la pugna, en los abusos de los medios y en los excesos de los gastos de campaña
En cambio —revela Ortiz Pinchetti—, el entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, que era a la vez presidente del IFE, “se preocupó muchísimo por orientar la atención de los consejeros en la búsqueda de las irregularidades en el área de las iniquidades Hizo todo lo que pudo, y hay que decirlo, porque pusiéramos la vista sobre las condiciones tan dispares en las que se estaba dando el proceso, particularmente en la forma en la que eran utilizados los medios electrónicos”
No obstante, a la hora de que los consejeros rindieron su informe sobre las elecciones, Carpizo les pidió de alguna manera que lo escondieran:
“Al conocer nuestro reporte, se mostró preocupado e incluso propuso una salida que nosotros aceptamos y la salida fue que nuestro informe se presentara junto con muchos otros: el de él mismo, el del director general del IFE, los de los partidos; y así se diluyó el efecto que podía tener nuestro informe, de eso se trataba: de no provocar una reacción en la opinión pública que pudiera demeritar las elecciones”
Justifica: “Hay que recordar que las elecciones fueron muchísimo más limpias de las que se habían dado nunca, en el sentido de que por primera vez tenemos casi la certeza de que las irregularidades fueron menores en el conteo de votos Pero también nosotros señalamos de modo enfático, aunque moderado —porque los seis consejeros no teníamos el mismo criterio, algunos teníamos una posiciones más radicales— las iniquidades”
Admite: “Nuestro informe es crítico, pero no pega en las puntos fundamentales porque buscamos matizar; sin embargo, Carpizo consideró que no era un buen momento para emitir un dictamen tan crítico, lo pidió afablemente, fue una presión amistosa, no una imposición Me resistí un poco, preocupado porque el Consejo iba a exigir que cumpliéramos con nuestro mandato, pero en el Consejo mismo, en los partidos, en todos lados había la voluntad de dar por terminado el proceso electoral y entonces esto pasó prácticamente desapercibido”
—El mismo Zedillo reconoció esa iniquidad tiempo después
—Sí, nos pareció un gesto muy honesto de su parte el reconocimiento de las iniquidades, pero nosotros no sabíamos ni nadie pudo saber hasta qué punto habían llegado Las pruebas que hoy se presentan, a través de una circunstancia impensada, como el esclarecimiento del programa de rescate bancario, nos muestra la verdad terrible de las elecciones mexicanas:
“Nadie podría ganar elecciones luchando contra un partido de Estado que se financiara libremente, porque precisamente aquellos que son beneficiados por la acción de ese sistema serán los que financien las campañas, de modo tal que esta situación se pudre por décadas”
La buena fe
En el informe presentado por la comisión de consejeros del IFE a la Cámara de Diputados, hay un apartado sobre “Control y monitoreo de ingresos y egresos” de la elección de 1994, en el que se dice:
“Aunque por primera vez sucede esto —la revisión—, este es quizá el asunto que reviste mayor importancia La ley obliga a los partidos políticos a tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales de campaña así como de la presentación de informes sobre sus finanzas Sin embargo, los mecanismos de auditoría con que cuenta la autoridad electoral son insuficientes”
Las reglas eran realmente insuficientes, cuenta el exconsejero ciudadano Santiago Creel, hoy diputado por Acción Nacional que preside la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Y es que las revisiones que podían hacer los consejeros que tenían a su cargo la vigilancia de los gastos de campaña —entre ellos Creel—, “se daba a partir de la información que de buena fe dieran partidos y candidatos”
Esa información debía presentarse en unos formatos limitados, en los que no se especificaba el origen de las aportaciones ni si el mismo donante había contribuido con más recursos a la campaña, es decir esos formatos no contemplaban los apoyos en especie
“No salían, por ejemplo, los préstamos de aviones, que supimos tuvo Ernesto Zedillo Y habría que sacar las cuentas del uso de varios jets durante los meses de campaña, incluyendo el pago a los capitanes, el pago de los derechos de pista Y además, todos los camiones que se utilizaron en esa campaña, las comidas, los préstamos de locales para la realización de actos, la aportación de espacios en medios de comunicación”
Todo eso —enfatiza—, partidos y candidatos no tenían la obligación legal de informarlo; “en consecuencia, lo que nosotros revisamos fue un punto muy limitado de un gran universo de los gastos que ocurrieron Si un donante dio más aportaciones de las permitidas, no tuvimos manera de comprobarlo, pero aún: no tuvimos el instrumento jurídico que nos permitiera a los consejeros exigir a los partidos políticos, y en particular al PRI, información distinta a la que nos proporcionaron”
—En el dictamen consolidado que presentó la comisión de consejeros sobre los informes de ingresos y egresos de los partidos, ustedes dicen que parten de la palabra propia de los partidos políticos, “de lo que ellos declaran y no de una indagatoria autónoma o de una auditoría propiamente dicha”; entonces, lo que hicieron ustedes ¿fue más un acto de fe que una revisión?
—No hicimos un acto de fe, porque no creímos que lo que estábamos recibiendo como gastos del PRI era, digamos, lo que realmente había erogado; lo que arguyo es que no teníamos instrumentos jurídicos para poder seguir una indagatoria y fehacientemente comprobar lo que suponíamos, lo que intuíamos o lo que percibíamos de la realidad
Sin embargo, ante las revelaciones recientes —como las de De Prevoisin y las del banquero Angel Isidoro Rodríguez, quien confesó el apoyo “institucional” de Banpaís a la campaña de Zedillo—, se pueden “seguir las indagatorias, ya no por la vía electoral, pero sí por otros caminos”
Propone líneas de investigación:
—La fiscal, en la que se indague cuál es el origen de las aportaciones millonarias y si se pagaron impuestos por esos ingresos
—La penal, en la que se averigüe el origen de los donativos: ¿Son negocios lícitos o ilícitos? ¿Son negocios que provienen de lavado de dinero o provienen de empresas? Hay que recordar que las empresas mercantiles no pueden hacer aportaciones a las campañas políticas; le aseguro que en los informes que revisamos no había nombres de empresas, de sociedades mercantiles
—Y la del juicio político, como la que se le sigue al gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo
Subraya que la campaña de 1994 es cosa juzgada desde el punto de vista electoral, “pero no lo es desde el punto de vista fiscal, hay que recordar que los adeudos y pasivos fiscales tienen un periodo de prescripción que va de los 5 a los 10 años; tampoco las posibles conductas delictivas, cuyo periodo de prescripción tienen más o menos el mismo lapso”
En el caso de los juicios políticos, se tienen sólo por un año después de que haya terminado el cargo o cuando la conducta sea recurrente en un funcionario en pleno uso de sus atribuciones y facultades “Por ejemplo, una de las denuncias que actualmente está en trámite, y que se conducirán hasta que concluya en todos sus términos, es contra el gobernador Roberto Madrazo, por una cuestión vinculada a los gastos de su campaña”
Aclara que el trámite de juicio político no tiene que ver directamente con la denuncia que hizo el dirigente perredista Andrés Manuel López Obrador sobre los gastos excesivos en la campaña de Madrazo, fundada en la presentación de miles de documentos
“Cuando la PGR le turna el asunto a la procuraduría de Tabasco diciéndole que efectivamente hay un gasto excesivo, lo que hace la instancia local es mandar el asunto a archivo y decir que no había materia de investigación Entonces, el juicio que se le sigue a Madrazo no es por los gastos en sí, es porque siendo gobernador y dependiendo de él la procuraduría de Tabasco, se decide archivar el asunto”
De manera que Madrazo incurrió en una de las causales de juicio político: “Ataque en contra de las instituciones democráticas, dado que puso escollos a la investigación por los gastos de campaña”
—Hay datos, además, sobre los vínculos entre la campaña de Madrazo y la de Zedillo, ¿no?
—Por supuesto, porque como lo hemos visto por las propias declaraciones de los involucrados, se están echando unos a otros la pelota de que si fueron recursos para campañas locales o federales; lo importante es que se estaban violentando los topes legales de las aportaciones y que de manera ilegal se estaban canalizando recursos de empresas comerciales, de empresas privatizadas, en un contubernio ciertamente perverso y en contra del más elemental sentido democrático de competencia
Se le recuerda a Creel que De Prevoisin declaró que había sacado fondos de Aeroméxico y que Rodríguez reconoció que Banpaís pagó gastos de campaña De ser cierto lo que afirma De Prevoisin, su contribución por 8 millones de dólares (unos 24 millones de pesos, al tipo de cambio de entonces) rebasó los topes permitidos, lo mismo si se considera el límite para persona física (1% del financiamiento público) que para persona moral (5%)
Comenta: “Si revisamos el listado del PRI que obtuvimos en 1994, vemos que nadie rebasa los topes de aportación de gastos de campaña Entonces, es obvio que no checan las cifras, pero no teníamos manera de profundizar la indagatoria”
—En uno de sus alegatos ante el Tribunal Federal Electoral, el PRI sostiene que exhibió como “prueba documental” de las aportaciones una lista de 418 fojas
—En esa lista —le puedo asegurar— no hay nadie que rebase los topes de campaña, es obvio que se trata de una lista arreglada y poco creíble
De hecho, puntualiza Creel, la iniquidad de las elecciones del 94 desencadenó la reforma del 96, en la que ya se establecen candados y mecanismos de revisión en materia de ingresos y gastos “Al no contar con reglas, empezamos a denunciar esta situación y nos confrontamos con el PRI y con el gobierno, pero fue lo que finalmente orilló y motivó la reforma electoral de 1996”
Con todo y esa reforma, el escándalo del Fobaproa reabrió el expediente de la campaña de Zedillo, por lo menos en la línea de las aportaciones
La pretensión oficial de convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa —acusa—, cubriendo las quebrantos de bancos y empresas que apoyaron las campañas del PRI a costa de los contribuyentes “llega al límite de los límites El Fobaproa es la expresión de los contubernios y de la ilegalidad con la cual se operó en muchas instancias”
En ese sentido, destaca que en la propuesta de salida a la crisis del Fobaproa que presentó el PAN —el jueves 20—, uno de los aspectos centrales es la posición de que “los créditos otorgados de manera fraudulenta y vendidos posteriormente al Fobaproa, no deben ser pagados por el pueblo de México, menos aún aquellos que subrepticiamente y de manera ilegal financiaron campañas políticas”
Otras demandas
No sólo los exconsejeros se preocupan por la campaña de 1994 El tema ya provocó chispas en la sesión del 10 de agosto último del Consejo General del IFE, es decir poco después de que fue arrestado De Prevoisin en Suiza:
—La reflexión que quiero hacer es por una serie de hechos que la opinión pública ha conocido los últimos días —dijo el diputado perredista Isael Cantú, consejero del Poder Legislativo
Y señaló que la falta de equidad en la competencia electoral y el uso de recursos “de parte del propio Estado o de instituciones financieras, generaba una situación totalmente adversa para la democracia en el país”
El consejero electoral Jaime Cárdenas comentó luego los señalamientos de Cantú “que aluden a estas informaciones periodísticas respecto de presumibles o presuntas irregularidades cometidas durante el proceso electoral del 94, de financiamiento a las campañas políticas”
Me parece —añadió— que el PRD “tiene todo el derecho para promover una queja de carácter administrativo ante este Instituto, utilizando la vía que establece el artículo 49, párrafo cuarto del Cofipe, para que haga alusión a estas presuntas irregularidades y en su momento este Consejo General pueda determinar si hay o no responsabilidad a cargo de un partido político”
Indignado, el representante del PRI, Enrique Ibarra saltó:
“No puedo pasar por alto lo que me parece un grave exceso y me apena externar del consejero Cárdenas, quien una vez más muestra la incontinencia verbal y la imprudencia en que incurre en ocasiones, al tratar de convertirse aquí en un asesor voluntarioso y oficioso del PRD al ofrecer alternativas distintas a las que ese partido había propuesto en el tema que nos ocupa”
Cárdenas reviró: “Lo que mencioné fue el contenido de una norma y eso no implica ninguna incontinencia verbal, es simplemente el uso de mi libertad de expresión que, pienso, no puede ser coartado por ningún otro miembro del Consejo ni por ningún partido político”