190,000 millones se utilizaron para salvar casas de bolsa
La mitad del Fobaproa, en el 0 13% de los créditos de banqueros a parientes, amigos, socios y ellos mismos
Carlos Acosta Córdova
El acuerdo entre todas las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, decidido la semana pasada, en el sentido de realizar una exhaustiva auditoría al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), frenó de momento la pretensión del gobierno del presidente Ernesto Zedillo de convertir formalmente en deuda pública sus pasivos que, a la fecha, se acercan a 580,000 millones de pesos y que, agregados a los 267,000 millones de la deuda interna ya existente, suman 847,000 millones
Espectacular cantidad que deberán pagar todos los mexicanos O al menos eso es lo que quieren las autoridades
Pero en la cuenta, quieren cargar a los contribuyentes toda suerte de anomalías perpetradas por banqueros, accionistas y funcionarios bancarios y empresarios que, en connivencia o por inexperiencia en el negocio bancario, provocaron cuantiosos quebrantos a las instituciones
Aun cuando la información para los legisladores fluye a cuentagotas, se ha detectado que una gran parte de los pasivos de Fobaproa se debe a autopréstamos, créditos entre banqueros, créditos irregulares a subsidiarias de grupos a los que pertenecen los bancos; también créditos a empresas fantasmas o propiedad de los mismos accionistas, préstamos sin garantía, o para proyectos inviables, y todo tipo de operaciones irregulares
Todos esos créditos cayeron en cartera vencida; no fueron pagados, y a la hora de intervenir unas instituciones y rescatar a otras, el Fobaproa —es decir, el gobierno— los asumió
En el colmo, muchos de los créditos —de un banco a accionistas de otro, o del gobierno a futuros accionistas que sirvieron para la compra de bancos —entre 1991 y 1992— también se hicieron perdedizos
“Y ahora quieren que todos paguemos por eso”, dice el diputado independiente Marcelo Ebrard, uno de los legisladores que se oponen a que se consoliden los pasivos del Fobaproa en la deuda pública Y reclama información oficial que permita definir cuáles pasivos sí pueden pasar a la deuda, “que no son todos por supuesto”
Dice: “Sería absurdo e inmoral que a los bolsillos de todos los mexicanos se cargaran los créditos que, en Banco Unión, Carlos Cabal Peniche se prestó a sí mismo; o los que, en Banpaís, Angel Rodríguez (El Divino) le prestó a su hermano, a su papá, al propio Cabal Peniche o a Jorge Lankenau, y que nunca pagaron”
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado perredista y dirigente del El Barzón, coincide: “El Fobaproa tiene cartera de todo tipo, pero mucha es producto de créditos cruzados, garantías insuficientes, financiamientos para empresas que no existían o que eran de los propios accionistas Son créditos que no se pagaron y los asumió el Fobaproa”
La información oficial, dice, poco ilustra sobre el tratamiento “excesivamente preferencial” que las autoridades dieron a grandes acreditados, empresas y grupos corporativos propietarios de los créditos superiores a 50 millones de pesos De los 440,000 créditos en poder del Fobaproa, son pocos los que están en ese monto: 604, pero concentran cerca de la mitad del costo fiscal que el gobierno quiere que pague toda la sociedad
Ramírez Cuéllar dice que, de acuerdo con sus propias indagaciones, para los grandes créditos “no sólo hubo auxilio financiero para paliar su deuda, sino inyección directa de recursos y hasta una especie de salvamento jurídico y un apuntalamiento económico a través de gestiones ante el gobierno federal”
Ejemplifica con el caso del Grupo Lomelí, una poderosa empacadora de hortalizas que fue rescatada por el Fobaproa: “La intervino, asumió su dirección, la auxilió para hacer frente a sus juicios penales y mercantiles; le consiguió créditos blandísimos, al 3% anual, la saneó y se las regresó limpia a sus dueños”
Felipe de Jesús Cantú, joven diputado panista, advierte sobre un punto respecto del cual las autoridades son particularmente enfáticas en no dar información: de los 580,000 millones de pesos que el gobierno quiere convertir en deuda —en marzo, cuando se presentó la propuesta, los pasivos ascendían a 552,300 millones—, “cerca de 190,000 millones se utilizaron para salvar casas de bolsa”
En general, coinciden los diputados, hay una absoluta falta de información oficial sobre las operaciones del Fobaproa; de cómo contrajo la deuda que ahora se quiere distribuir entre toda la población
APOYOS CREDITICIOS OTORGADOS POR FOBAPROA 1994-1998
(Cifras en millones de pesos)
BANCO
MONTO
Serfin
58,0643
Banpaís
47,5244
Inverlat
41,8395
Confía
26,5342
Mexicano
24,3209
Bancentro
14,0621
Unión
12,0900
Atlántico
6,5993
Cremi
5,3000
Obrero
3,0990
Capital
2,5000
Oriente
2,0000
Sureste
5200
Interestatal
3500
TOTAL
244,8043
Fuente: Fobaproa Resumen Ejecutivo de Operaciones Sólo incluye bancos intervenidos y en “situación especial” Excluye Banamex, Bancomer, Bital, Banorte, Promex, Bancrecer, Probursa (BBV)
Créditos para todos
Y las autoridades financieras, con el pretexto de resguardar el secreto bancario, se resisten a entregar esa información No obstante, la poca que han dado, a cuentagotas y seleccionada, revela el festín que se daban los nuevos banqueros con los recursos del público
Ilustran algunos ejemplos
Banpaís, el banco comandado —hasta marzo de 1995— por Angel Rodríguez, El Divino, que está a punto de ser extraditado desde España, se dio vuelo: le prestó 529 millones de pesos al grupo financiero Asemex-Banpaís, del cual formaba parte
Con la familia fue generoso: a su hermano Mario le prestó 7 millones de dólares, y a su padre, Isidoro Rodríguez, el magnate del transporte, 44 millones de pesos Con sus pares, lo fue aún más, y sin reservas: a Jorge Lankenau Rocha (cuando tenía a Confía) le prestó casi 22 millones de pesos y cerca de 25 millones de dólares; a Carlos Cabal Peniche (expresidente de Banco Unión y hoy prófugo de la justicia) le dio dos créditos de 60 millones de pesos cada uno; a los nuevos banqueros (ahora ex) Arturo Covarrubias Valenzuela y Fernando Obregón, les prestó casi 5 millones de dólares y 30 millones de pesos, respectivamente
Con otros magnates, socios suyos en Banpaís, tampoco tuvo empacho para concederles créditos: a Pablo Fountanet, 31 millones de pesos y más de 2 millones de dólares; a Guillermo Padilla, 12 millones de pesos y 45 millones de dólares; a Elías Sacal, poco más de 4 millones de dólares y un millón de pesos; a los hermanos Jack y Aron Kahan, más de 125 millones de dólares y casi 3 millones de pesos
Varias empresas también supieron de la bondad de Banpaís y de Angel Rodríguez Por ejemplo, a Autobuses Estrella Blanca le prestaron casi 200 millones de pesos Andando el tiempo, dos meses después de que se descubrieron los fraudes de El Divino a su banco, por lo que se vio obligado a huir del país, la empresa —que también obtuvo un préstamo de Bancrecer por 470 millones— fue demandada por fraude y lavado de dinero
Ninguno de esos préstamos fue pagado; cayeron en cartera vencida; el Fobaproa intervino el banco y asumió todos los compromisos
Caso similar fue el de Carlos Cabal Peniche, exaccionista mayoritario del que fue banco BCH y que luego renombró como banco Unión Correspondió a la generosidad de El Divino: le prestó poco más de 1565 millones de pesos Y mostró cierta proclividad a favorecer a otros defraudadores: Julio Mariscal Domínguez y su hijo Eduardo Mariscal Barrios, gozaron de créditos de Cabal Peniche por más de 450 millones de pesos
Los Mariscal protagonizaron, en 1994, el escándalo del Grupo Financiero Havre, del que eran accionistas principales: no le pagaron 600 millones de pesos a Nacional Financiera y 28 millones de dólares a Bancomext, además de que se les descubrieron, entre otras irregularidades, la omisión y alteración de registros contables; entrega de información falsa a las autoridades de inspección y vigilancia; datos falsos y creación de empresas fantasmas para la obtención de créditos; operaciones financieras ilícitas, falsificación de firmas, defraudación fiscal; emisiones de pagarés sin soporte y hasta tráfico ilegal de oro
Del mismo tipo, José Ortiz Martínez (no tiene nada qué ver con el gobernador del Banco de México) obtuvo de Unión préstamos por 306 millones de pesos A finales de 1995, Ortiz Martínez provocó a Nacional Financiera un quebranto de más de 1,000 millones de pesos a través de la Unión de Crédito de Fomento para la Empresa (Unicref), del que era socio principal
También fueron beneficiados por Cabal Peniche varios de sus socios, como Alvaro López Castro, que obtuvo del tabasqueño 270 millones de pesos, y algunas de sus empresas, en las que eran socios ambos, como Real Turismo y los hoteles de la cadena Camino Real, con más de 1,000 millones de pesos Caso similar, el de Abel Vázquez Raña, que obtuvo un crédito cercano a los 60 millones y otros 383 millones de pesos para su empresa mueblera, K2
Como en el caso anterior, todos fueron créditos que no se pagaron También, el Fobaproa tomó el control de Banco Unión y asumió todas las obligaciones Pero la benevolencia de Cabal no sólo fue en ese banco sino también en Cremi, del que también se hizo del control una vez que el anterior accionista mayoritario, Raymundo Gómez Flores, le vendió su parte
Eso le permitió a Cabal ser generoso consigo mismo: créditos de Cremi, con saldo de 360 millones, fueron otorgados a Banco Unión Y también, con recursos de Cremi, financiaba subsidiarias del grupo financiero Cremi-Unión
Práctica común, pues, los autopréstamos y los créditos de banquero a banquero Hugo Villa Manzo, principal accionista del Banco del Centro obtuvo créditos de Banco de Oriente por 355 millones El mismo Banorie no reparaba en prestarle a subsidiarias del grupo, como la empresa de factoraje Factor Margen, que se vio beneficiada con 204 millones Los hermanos Marcelo y Ricardo Margáin Berlanga, antes de perder el Banco de Oriente —que quedó en manos del Fobaproa en 1995— no tenían empacho en destinar el dinero de sus depositantes para financiar a sus empresas: al Grupo Industrial NKS le prestaron 182 millones de pesos y a la Promotora de Empresas Arzac, otros 116 millones
Los bancos chicos, creados después de 1990, aprendieron rápido de los 18 que fueron reprivatizados en el sexenio de Carlos Salinas Banco Anáhuac —cuyos principales accionistas son Federico de la Madrid y Jorge Hurtado, hijo y sobrino del expresidente Miguel de la Madrid— cometió pecados similares y padece las mismas consecuencias: aparte de los fraudes y las corruptelas detectados, la mayor parte de sus créditos vencidos fueron otorgados a subsidiarias del grupo financiero del cual forma parte el banco
El grupo adquirió fama pública por el cuantioso fraude al IMSS que llevó a la cárcel al tesorero de la institución, Tomás Peñaloza Webb, y a su agente financiero en la casa de bolsa Anáhuac, José Luis Sánchez Pizzini, suegro de Federico de la Madrid Más aún, antes de ser absorbido por el Fobaproa, el grupo era controlado por miembros del Cártel de Juárez, del narcotraficante Amado Carrillo
Otro banquito que también cayó en manos de Fobaproa fue Banco Capital, que destinaba gran parte de los recursos que captaba del público para beneficio de las subsidiarias financieras del grupo
Bueno para todo
Queja unánime de los diputados de oposición es que la información de la Comisión Nacional Bancaria aparte de que es poca y lenta, es también selectiva: sólo da la de bancos y exbanqueros indiciados; los considerados como “enemigos” de la sociedad, como Cabal Peniche, Angel Rodríguez y Jorge Lankenau Pero de bancos que no han sido intervenidos, pero sí auxiliados con cuantiosas sumas, no suelta nada Es decir, en unos casos sí funciona el secreto bancario y en otros no sirve de argumento
Dice Alfonso Ramírez Cuéllar: “No sabemos qué créditos le compró el Fobaproa a Banamex, Bancomer y Serfin —por citar los más grandes—, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que en esos bancos se realizaron operaciones y prácticas muy similares a las de los bancos intervenidos Pero si no tenemos la película completa, no es posible decidir qué pasivos pueden convertirse en deuda pública El gobierno quiere que sea todo, en bloque Y eso nunca a va ser posible”
La discusión sobre el Fobaproa se atoró en la Cámara no sólo por lo exorbitante de la cifra que se quiere cargar a la sociedad —en dólares, cerca de 68,000 millones—, sino también por los visos de ilegalidad —según diputados de oposición, analistas, expertos y juristas— tanto en la pretensión de convertir los pasivos del fondo en deuda pública como en las mismas operaciones del fondo, particularmente las compras de cartera crediticia
Respecto de esto último, la Ley de Instituciones de Crédito señala que la finalidad del Fobaproa “es la realización de operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que pudieren presentar las instituciones de banca múltiple, así como procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones”
Sin embargo, dice Ramírez Cuéllar, bajo esa facultad “el fondo hizo prácticamente de todo: desde salvar empresas —las que ellos querían—, comprar cartera a los bancos —la que ellos querían y al precio que ellos querían, con un trato diferenciado para cada uno de los bancos—, o intervenir bancos O sea, usaron con manga ancha la facultad de realizar ‘acciones preventivas’, pero el caso es que en ninguna ley hay una referencia expresa a que podían comprar cartera Allí hay un vacío legal y se aprovecharon de eso para hacerlo”
El Fobaproa tiene actualmente una cartera bruta que ronda los 400,000 millones de pesos —60% era cartera de los bancos intervenidos y el 40% restante, activos provenientes de los programas de capitalización y de compras de cartera de bancos comerciales—, cifra que lo hace ser, de hecho, el banquero más grande del país, pues absorbe más de una cuarta parte de los activos totales del sistema bancario
El otro aspecto de ilegalidad que frenó en la Cámara la propuesta de convertir los pasivos del Fobaproa en deuda pública, es el hecho de que el gobierno —dicen los diputados— pretende violentar la Ley de Deuda Pública y la misma Constitución General de la República, que señalan expresamente que la contratación de deuda pública debe ser para proyectos productivos, para regulación monetaria y para financiar acciones que se deriven de una declaratoria de emergencia nacional hecha por el presidente de la República
Y el caso es que la mayor parte de los pasivos del Fobaproa —sobre todo los pagarés avalados por el gobierno con que se pagaron las carteras adquiridas de todos los bancos— no se ajusta a esos preceptos
El otro problema detectado es que justamente para que el gobierno pudiera avalar o dar garantías para ese tipo de operaciones —las compras de cartera—, las deudas adquiridas debieron ajustarse a la ley de Deuda y a la Constitución Pero nunca se hizo El gobierno, dicen, se pasó por alto el mandato expreso de que cualquier crédito que se contrate debe estar “destinado a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo; que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y que tenga las garantías adecuadas”
Marcelo Ebrard señala que en todo momento los pasivos del Fobaproa han sido deuda pública, pero de manera encubierta, pues se emitieron los pagarés, los avales, las garantías del gobierno, y se han estado pagando los intereses
Pero, dice, antes que presentarla como deuda —que debe ser sancionada por el Congreso— optaron por encubrirla como “pasivos contingentes”, cuando de contingencia no tienen nada: al emitir los pagarés sabían que tenían que capitalizarlos y de hecho se han estado pagando los intereses a los bancos Es decir, afirma, nunca hubo la incertidumbre —en este caso, para cubrir los montos adeudados a los bancos— que define la contingencia
Fue, remata, “un ardid del Ejecutivo; una operación pensada para evitar el debate público y la previa autorización de la Cámara de Diputados Y ahora nos quieren pasar la cuenta a todos, de golpe y, lo peor, violentado leyes y la propia Constitución”
Finalmente, aun cuando las autoridades presionan a los diputados para que discutan y aprueben cuanto antes la consolidación de los pasivos del fondo en la deuda pública —han “advertido” que cuanto más pase el tiempo más nerviosismo se genera en los mercados y más se corre el riesgo de provocar fugas de capital—, estos señalan que si bien le va al gobierno, el tema estará en la Cámara hasta octubre —en pleno periodo ordinario—, pues la auditoría al Fobaproa, acordada por consenso, se llevará mínimo unos cuatro meses
La razón: esa auditoría —que será costeada con recursos de la Cámara y realizada por un despacho externo también elegido por consenso— deberá responder los siguientes “cuestionamientos básicos”, según el plan de trabajo preliminar para esa auditoría, elaborado por diputados de oposición:
“¿Cuál es el verdadero valor de los activos del Fobaproa? Dicho de otra forma, ¿cuál es el verdadero costo fiscal del programa de saneamiento financiero? ¿Fueron legales los procedimientos de capitalización directa, compra de cartera y venta de activos del Fobaproa? ¿Por qué se paga una tasa tan alta en los pagarés del Fobaproa?
“¿Por qué las instituciones más pequeñas han absorbido el mayor costo fiscal? Por ejemplo, a Confía se le inyectaron casi 27,000 millones de pesos y luego se vendió en poco más de 1,000 millones al Citibank; otra: a Banpaís se le apoyó con más de 47,000 millones de pesos cuando que, en su momento, el gobierno recibió apenas un poco más de 10% de esa cantidad cuando lo vendió”
También: “¿Por qué se determinó el apoyo a través de pagarés y mediante deuda pública desde un principio? ¿Por qué no se habían registrado anteriormente las aportaciones del Fobaproa dentro de los reportes de deuda pública, cuando ya se publicaba el pago de intereses sobre dichas aportaciones?”
 |
 |
 |
 |
 |
